Luego de sorpresivo ataque a la comisaría Primera de San Justo, el Ejecutivo Bonaerense anunció su intención de endurecer penas en lo concerniente la portación ilegal de armas. El proyecto elaborado incluyó una elevación de la condena mínima por este crimen y la imposibilidad de una excarcelación.
El audaz asalto a la comisaría de San Justo, en el que resultó gravemente herida la sargento Rocío Villarreal, motivó al gobierno a anunciar otro punto fundamental en su proyecto de Reforma del Código Penal. El encargado de anunciar y explicar mediante declaraciones a la prensa estas reformas, fue el ministro de Justicia de la provincia de Buenos Aires, Gustavo Ferrari.
El ministro afirmó que “En la medida que una persona es sorprendida con un arma ilegal, queremos que ese delito no pueda ser excarcelable. ¿Para qué sale una persona a la calle con un arma no declarada? Por lo menos tiene que explicar su situación”.
Además, Ferrari aseguró que el gobierno de María Eugenia Vidal pretende que “en el Código Penal, se establezca una pena mínima de 3 años y medio para quien cometa un delito con utilización de armas de uso civil”.
El ministro informó también que la pena mínima actual para portación ilegal de arma civil, establecida por el código penal es de tan solo 1 año. Según opinó Ferrari, con el endurecimiento impulsado por el gobierno se “emparejara” la pena prevista para este crimen, con lo estipulado para los casos en que se utiliza “armas de guerra”. Además, el funcionario ponderó la modificación de la condena, ya que de aprobarse “un imputado de cometer un delito con armas de uso civil, queda expuesto a un mínimo de pena que está por encima del límite excarcelable”.
Por otro lado, el asalto a la comisaría desnudó una vez más la incapacidad del gobierno provincial para solucionar la sobrepoblación de detenidos en las comisarías. La problemática salió a la luz en esta ocasión, porque en el momento del asalto se encontraban encerrados en la dependencia 46 detenidos, cuando la comisaría solo estaba diseñada para albergar a 18 reclusos. Al respecto, Ferrari aseguró que “hemos trasladado ya a todos los detenidos de esta comisaría. Estamos en una situación complicada. Lo que debió ser un tema de coyuntura a lo largo de la evolución de la política criminal de este país se transformó en un tema estructural, que es la carencia de espacios”.
Finalmente, y en concordancia con el discurso oficialista, el funcionario culpabiliza a los gobiernos anteriores afirmando que “Estamos corriendo contra 20 años donde no se construyeron cárceles grandes en la Provincia”.
