El magistrado rechazó la imputación realizada por el fiscal Gerardo Pollicita, en base a la denuncia que había hecho Nisman.
El juez federal Daniel Rafecas desestimó hoy la denuncia contra la presidenta Cristina Fernández de Kirchner por el presunto encubrimiento de los iraníes acusados del atentado a la AMIA.
Para Rafecas, el "supuesto accionar desplegado por particulares, nos coloca en el tramo aún no punible del camino del delito, por cuanto sólo revelan supuestas concepciones o ideaciones para encaminar u orientar una pretendida decisión criminal del Estado argentino que no logran siquiera aproximarse con seriedad al estado de actos preparatorios que, eventualmente, pudieran tener comienzo de ejecución".
El magistrado rechazó así la imputación realizada por el fiscal Gerardo Pollicita, en base a la denuncia del fallecido fiscal Alberto Nisman, confirmó el Centro de Información Judicial.
En la misma resolución, Rafecas rechazó las denuncias contra el canciller Héctor Timerman, el diputado kirchnerista Andrés "Cuervo" Larroque, Luis D’Elía, y el líder de Quebracho, Fernando Esteche.
Recogiendo lo denunciado por Nisman, Pollicita había impulsado que se investigue "la existencia de un plan delictivo destinado a dotar de impunidad a los imputados de nacionalidad iraní acusados en la causa instruida por el denunciante (en referencia al atentado a la AMIA), para que eludan la investigación y se sustraigan de la acción de la justicia argentina".
Sin embargo, Rafecas sostuvo en su resolución que los elementos aportados a la causa "inhiben el inicio de un proceso penal" debido a que "no sólo dejan huérfano de cualquier sustento típico al hecho descripto como una supuesta maniobra de ‘encubrimiento’ y/o ‘entorpecimiento de la investigación’ del atentado a la AMIA destinado a dotar de impunidad a los acusados de nacionalidad iraní, sino que por el contrario, tales evidencias se contraponen de modo categórico al supuesto ‘plan criminal’ denunciado".
El magistrado consideró que la supuesta maniobra de encubrimiento no tuvo "siquiera un comienzo de ejecución", al destacar que el Memorando de Entendimiento "ha quedado trunco".
"De este modo, todas las supuestas gestiones, tratativas y negociaciones que la denuncia le adjudica a distintas personas que no integran organismos públicos -reflejadas en las escuchas telefónicas aportadas-, quedan –en el mejor de los casos- circunscritas a la antesala del comienzo de ejecución que requiere –como se adelantó- el Derecho Penal para su intervención en el marco de las hipótesis delictivas sostenidas y, en modo alguno, los elementos de juicio reunidos, siquiera por vía de hipótesis, permiten circunscribirlos o conectarlos con un pretendido plan criminal urdido desde el seno de las más altas autoridades de la República Argentina que intervienen en la formación de la voluntad del Estado en el plano de la celebración de acuerdos internacionales con otros países", expresó.
Para el juez, "en la denuncia se pretende que actores que han sido señalados como meros colaboradores, ajenos al dominio y ejecución de actos de gobierno, sean, en definitiva, los que habrían urdido un plan criminal para desincriminar o favorecer a los acusados iraníes, que habría sido llevado a cabo nada más y nada menos que por la presidente de la República y su Canciller".
La "supuesta concepción de un plan criminal" no tuvo "eco ni recepción alguna en el accionar real y formal llevado adelante por las máximas autoridades de la República Argentina en uso de las facultades legales y constitucionales, en especial, en lo concerniente al constantemente enfatizado levantamiento de las circulares rojas correspondientes al pedido de captura de cinco de los acusados iraníes, que se da cuenta en la denuncia", añadió.
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