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En una violenta sesión, Diputados sancionó la ley que declara la Emergencia Administrativa

El oficialismo apuró la votación y sancionó el proyecto enviado por el Poder Ejecutivo que declara la Emergencia Administrativa y Tecnológica en territorio provincial. Tras la votación, los legisladores de Cambiemos, el FR y el FpV protagonizaron fuertes cruces que llegaron a empujones.


En medio de un clima tenso, la Cámara de Diputados bonaerense sancionó la ley que declara la Emergencia Administrativa y Tecnológica en territorio provincial, muy resistida por los gremios que marcharon hacia la Legislatura.

El proyecto, que otorga al Gobierno de María Eugenia Vidal una herramienta que el Ejecutivo considera vital para acelerar los procesos de la gestión, fue apoyado por todas las fuerzas políticas con representación parlamentaria a excepción de los tres bloques del FpV y la Izquierda.

El debate de la iniciativa se dio en medio de fuertes cruces entre legisladores oficialistas, del FpV y el presidente de la Cámara de Diputados, Jorge Sarghini. En medio de esos cruces, el presidente del bloque de diputados de Cambiemos, Jorge Silvestre, pidió una moción de orden para cerrar el debate y que se vote el proyecto. Cambiemos, el FR y aliados respaldaron el pedido, en medio de los rechazos de los tres bloques peronistas y el monobloque de la izquierda. Acto seguido, se pasó a la votación, convirtiendo en ley el proyecto.

Culminada la votación, legisladores de Cambiemos y el FR se cruzaron con diputados de los tres bloques peronistas. La discusión fue tal, que hasta hubo empujones entre los legisladores.

Mientras se debatió la ley, los gremios estatales que la rechazaban protestaron en las inmediaciones de la Legislatura e intentaron que la normativa no se sancione. Miles de trabajadores se congregaron en las inmediaciones del palacio legislativo, tumbando uno de los portones y prendiendo fuego en una de las veredas laterales.

La principal resistencia de los sindicatos se concentra en dos artículos del título II del proyecto, que según gremios y oposición “precariza” el empleo estatal y limita los alcances del régimen de contrataciones de servicio al prohibir un “derecho a prórroga” de la relación laboral y la generación de una “relación laboral de dependencia”, al tiempo que los excluye de los beneficios de la Ley 10.430, el convenio colectivo de trabajo de los estatales bonaerenses.


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