En las últimas semanas el debate público giró en torno a la situación presupuestaria de las universidades públicas nacionales. Ello obedeció, entre otros factores, a la profundización del conflicto docente que aún no acordó paritarias para el presente año, donde todos los gremios docentes rechazaron por insuficiente la oferta oficial de 15% en varios tramos en un contexto de creciente inflación. Las organizaciones sindicales docentes y no docentes mantuvieron reuniones con el ministerio durante todo el año, tomando el conflicto estado público a partir de las medidas de fuerza como movilizaciones, abrazos o huelgas en virtud de lo infructuoso de las negociaciones mantenidas. Los consejos superiores de las universidades, por su parte, sancionaron resoluciones remarcando lo acuciante de la situación.
Si bien es parte fundamental de la problemática, la misma no se circunscribe al conflicto específico por las paritarias 2018: el 20 de junio el CIN (Consejo Interuniversitario Nacional) le escribió dos notas al jefe de gabinete de ministros Marcos Peña, solicitando el cumplimiento del acuerdo de recomposición salarial (en relación a las transferencias correspondientes a la ejecución de la cláusula gatillo y las paritarias 2017), y de los planes de infraestructura y, en particular, con obras licitadas que no han comenzado, presentan retrasos o están detenidas, sin recibir a la fecha solución o respuesta alguna. Además, la inflación en los insumos y servicios de las universidades afecta el funcionamiento de las instituciones, más aún cuando se demora el giro de los recursos de infraestructura y otros gastos obligando a constantes reasignaciones y reactualizaciones presupuestarias. La subejecución o finalización de los programas de becas sociales e investigación y el recorte de diversos programas de apoyo por parte del Ministerio de Educación ponen en riesgo el normal funcionamiento de la actividad académica.
En este trabajo analizaremos la situación de las universidades con relación a los salarios docentes considerando que entre el 85% y el 90% del uso de fondos de las universidades se destina al pago de salarios. El salario de los docentes universitarios acumula una caída desde el 2016 que no logró recuperarse en el 2017 y que, en 2018, dada la inflación acumulada al mes de julio y las proyecciones para lo que queda de año, tendrá una nueva caída.
Por otro lado, se analiza la evolución de las partidas presupuestarias de infraestructura, cuyo recorte afecta particularmente a las nuevas universidades. Estas se encuentran en una situación muy crítica ya que deben hacer frente a la apertura de nuevos cursos en los años superiores y un proceso de ampliación de su matrícula que no pueden congelar.
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