Este martes, desde las 9 de la mañana, miles de campesinos y campesinas de todo el país realizaran un Feriazo Nacional en Plaza de Mayo en defensa de la soberanía y la seguridad alimentaria del país y para denunciar las condiciones laborales y la crisis económica que viven los pequeños y medianos productores del país.
La medida se dará en el marco de una jornada nacional de lucha donde se realizarán 1000 Feriazos en todo el país y estará acompaña de la presentación de un plan de reactivación económica y productiva de 12 puntos para el Gobierno Nacional. Los campesinos y campesinas denuncian que el plan económico del presidente Mauricio Macri los condena a la pobreza y “pretende expulsarlos del campo” y que sólo favorece “a los grandes terratenientes”.
El dirigente de la Federación Nacional Campesina (FNC), Roberto Solano, denunció que “la concentración de la tierra, la suba de los servicios públicos y la desregulación de las importaciones hacen inviable la continuidad de la pequeña y mediana agricultura”. “Este gobierno sólo favorece al campo que produce comodities y nos perjudica a los que producimos el 80% de la comida que llega a todas las casas del país”, aseguró.
Asimismo, Solano afirmó que la administración de Cambiemos llevará a cabo “un brutal ajuste” el próximo año debido al presupuesto 2019 recientemente aprobado en el Congreso. En este sentido, sostuvo que el Programa Por Huerta del Ministerio de Desarrollo Social se verá reducido en un 86% y que las partidas para convenios provinciales y municipales destinadas a pequeños y medianos productores serán reducidas en 700 millones de pesos.
Ante la crisis que atraviesan, los pequeños y medianos productores de todo el país presentarán un programa de 12 puntos de los cuales destacan, como urgentes, “asistencia por la emergencia agropecuaria en las Economías Regionales, subsidios para la producción y una línea de créditos especiales para la compra de insumos y maquinaria”.
Además, los campesinos y campesinas reclaman “un plan de mejoramiento de la infraestructura agropecuaria, compra pública de las producciones, reparación histórica a los pueblos originarios y la reincorporación de los 900 trabajadores y trabajadoras del ex Ministerio de Agroindustria nacional”. En este sentido, expresaron su rechazo a la “entrega del patrimonio nacional para el pago de la deuda externa” y “a la ley Bayer-Monstanto”.
