Cientos de trabajadores y trabajadoras cooperativistas de la Confederación Nacional de Cooperativas de Trabajo (CNCT) movilizaron en la mañana de este jueves a las puertas del edificio de YPF, donde funciona la secretaría de vivienda y hábitat del ministerio de Interior, Obras Públicas y Vivienda, para exigir respuestas sobre demandas claras que tienen que ver con la paralización y la falta de pagos de los programas de construcción de viviendas a lo largo y ancho del país.
“Hoy estamos acá porque las promesas del gobierno de terminar con las viviendas sociales que venía haciendo la cnct, las escribió con la mano y las borro con el codo, por lo tanto hoy venimos a pedir para que se pague el trabajo realizado, que bajen los recursos necesarias que ya estaban pactados y que se retomen esas obras. Este gobierno nos está llevando todos los días al caos y a la desocupación”, expresó Luis Coria, de la Red Nacional de Recicladores.
En este marco, el director nacional de vivienda social, Ramiro Masjuan, recibió a un grupo de trabajadores y trabajadoras que llevaron demandas muy claras para el sector, muchas de las cuales ya habían sido acordadas y no se cumplieron.
Entre ellas, se encuentra la reactivación de los programas de construcción de viviendas sociales y obras de infraestructura social para cooperativas de construcción de todo el país. Entre Ríos, Salta, Mendoza, Jujuy y Santa Fe son algunas de las provincias donde más obras paralizadas hay, debido a la falta de pagos de certificados para el avance. Además, la demora del inicio de obras de viviendas ya acordadas en los barrios “El Mercadito” (La Plata), “Pico de Oro” (Florencio Varela); y la falta de pago de certificados de avance de obra con re determinación de precios en los barrios “las margaritas” (Florencio Varela) y “Azul” (Quilmes).
Tras algunas horas de espera, la respuesta por parte del funcionario fue crear una mesa de diálogo que funcionará quincenalmente con la participación de técnicos para ir destrabando los conflictos remarcados. La primera reunión será el próximo miércoles 18 de julio.
A pocos metros se encontraban diferentes organizaciones que componen las dos CTA realizando un frazadazo, en reclamo por tarifas, garrafas sociales y paritarias sociales. Ambas movilizaciones confluyeron en la esquina de Diagonal Norte y Esmeralda.
El panorama del cooperativismo de trabajo desde que asumió Macri
El sector cooperativo, como lo venimos planteando, es uno de los que primero se vio afectado por las medidas económicas del actual gobierno. Las cooperativas, también conocidas como empresas sociales, desarrollan una actividad que depende del consumo interno. Las políticas de apertura de importaciones que excluyen a diferentes sectores -como el textil y metalmecánico- de la industria nacional, imposibilita de sobremanera que éstas puedan competir con productos que vienen de afuera, fabricados en grandes volúmenes, bajo condiciones laborales de semi esclavitud. Es sumamente necesario que se establezca un control de las importaciones. Sobre todo, en aquellos sectores de producción nacional donde las cooperativas tienen principal incidencia, como es el caso de las textiles, gráficas y metalmecánicas.
Otro factor que se le debe sumar a la situación que está atravesando la economía social, es el descomunal aumento de tarifas de servicios básicos. Hay cooperativas que dependen completamente de estos para producir, y las tarifas que se han recibido ya no solo que ponen en serio riesgo la producción sino que también ya se comenzó a ver como muchísimas pequeñas cooperativas y pymes han cerrado sus puertas al no poder afrontar estos gastos.
Respecto de la obra pública, es un secreto a viva voz que el gobierno nacional ha decidido no darle trabajo a las cooperativas porque sostiene que no dan garantías para terminar las obras. Ahora bien, 50 mil viviendas realizadas a lo largo y ancho de todo el país -muchas en condiciones que ninguna empresa de capital aceptaría, como es el caso de las obras en el Impenetrable salteño- con el 99.9% de efectividad en el plazo de tiempo de entrega, ¿no son una garantía?
No queda claro en qué se basa para esgrimir un diagnóstico poco serio. Pareciera que más que una cuestión de garantías, es un tema de ideologías.
La demanda es clara: el Estado debe establecer un cupo de obras públicas para las cooperativas de trabajo, específicamente en construcción de viviendas y subprogramas de mejoramiento urbano, como cordones cuneta, veredas, redes de agua y cloacas.
