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No al ajuste en Niñez

El día 10 de septiembre, se publicó la Decisión Administrativa 1605/18 con modificaciones al presupuesto 2018 de la Administración Pública Nacional por parte del Jefe de Gabinete de Ministros (Marcos Peña), donde incluyen reducciones presupuestarias a programas del Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología y de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Juventud (SENAF) del ahora Ministerio de Salud y Desarrollo Social de la Nación.

Según la resolución, en su Anexo 1 la reducción presupuestaria que se realiza en particular a la SENAF se compone de $117.866.560 provenientes de Promoción y Asistencia Espacios Primera Infancia; $ 2.814.659 de Políticas federales para protección NNyA; $2.282.780 Promoción y protección Adultos Mayores y $3.354.135 de Acciones promoción y protección integral de Derechos NNyA, millones que a partir de la fecha se reasignan a fuerzas de seguridad, turismo, entre otros.

UNICEF advierte, que la medida desconoce la imposibilidad de reducir los fondos destinados a la niñez, adolescencia y familia e intangibilidad, establecida en el artículo 72 de la Ley 26061 de Protección Integral de los Derechos de NNyA, como tampoco contempla la recomendación de protección y no reversión de la inversión social destinada a la niñez, incluida en las últimas observaciones emitidas por el Comité de seguimiento de los Derechos del Niño.

En nuestro país, casi el 50% de los pibes son pobres y de ese porcentaje poco más del 10% se encuentra en situación de indigencia. En el marco de la brutal crisis económica y social reconocida hasta incluso por el propio Presidente, y quien además afirma que la devaluación aumentará los índices de pobreza, desde el Foro por la Niñez rechazamos la decisión administrativa y apelamos a que el Gobierno Argentino de marcha atrás en la reducción del presupuesto de las áreas de niñez.

Camino al 3er Encuentro Nacional por la Niñez el próximo 9 y 10 de noviembre, en Viedma, Río Negro, seguimos organizándonos y llamamos a las organizaciones y a la población en general, a articular aquellas acciones necesarias para cambiar el rumbo de toda decisión que atente contra los derechos de niños, adolescentes y/o jóvenes.


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