Adicciones: piden un nuevo marco normativo en la Provincia

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“Cifras oficiales indican que en la Provincia una de cada cuatro investigaciones por droga es por tenencia para uso personal”

Así lo afirmó el Defensor del Pueblo Adjunto bonaerense y responsable del Observatorio de Adicciones y Consumos Problemáticos, Walter Martello. Advirtió que en algunos departamentos judiciales del interior de la Provincia el consumo personal representa más del 70% de las Investigaciones Penales Preparator (IPP).

También sostuvo que los últimos informes estadísticos dan cuenta de un aumento en la cantidad de IPP vinculadas a infracciones a la Ley de Estupefacientes Nº 23.737: pasaron de 32.739 en 2012 a 51838 en 2017, lo que representa un incremento del 58%. Asimismo, a nivel país, el número de personas encarceladas por este delito creció un 259% en 10 años.

El responsable del Observatorio de Adicciones remarcó que, en la provincia de Buenos Aires, se debería avanzar en un nuevo marco normativo y analizarse la posible instrumentación de distintas iniciativas recomendadas por organismos internacionales como son los Tribunales de Tratamientos de Drogas (TTD).

Fuente: elaboración propia en base a estadísticas de la Procuración bonaerense

Según las últimas estadísticas del Ministerio Público bonaerense, en 2016 el 24,86% de las investigaciones penales por infracciones a la ley de estupefacientes tuvieron que ver con hechos vinculados a la tenencia para consumo personal, mientras que el 5,84% a la tenencia simple.

Llamativamente, en los departamentos judiciales de Necochea y San Nicolás las investigaciones iniciadas a partir de denuncias por tenencia para consumo personal superan el 70%, mientras en regiones como Azul, Trenque Lauquen y Pergamino están por encima del 40%. “Si bien la incidencia de las causas por consumo personal viene bajando a nivel nacional y provincial, en algunos departamentos judiciales se registran tasas muy elevadas y, en algunos casos, incrementos interanuales llamativos en cuanto a la cantidad de investigaciones penales preparatorias iniciadas por tenencia de estupefacientes para consumo personal”, explicó Martello.

Fuente: “Memoria sobre la desfederalización en materia de Estupefacientes – Año 2016”. Ministerio Público de la Provincia

En cambio, en el fuero federal, las investigaciones que se iniciaron entre 2011 y 2016 en la provincia de Buenos Aires representaron el 39%.

Provincia de Buenos Aires – Fuero Federal

Fuente: Procuraduría de Narcocriminalidad –Ministerio Público Fiscal

 

Se estima que en la Argentina se consumen -en promedio- 13.341 kilos de cocaína y 184.991 kilos de marihuana. Y si bien el aumento de incautaciones registrado fue muy importante en los últimos dos años, no debe perderse de vista el enfoque sobre la demanda.

JOVENES

Contrariamente a lo que se cree, la participación de jóvenes de 16 y 17 años en delitos vinculados a la infracción a ley de estupefacientes representaron solo un 2,59 % del total de la IPP iniciadas en el fuero penal juvenil bonaerense durante el año 2017.

No obstante, se registra que son jóvenes los que colman las cárceles de la Provincia: la mayoría de los presos tienen menos de 30 años y uno de los principales motivos que lo llevan a delinquir está estrechamente relacionado con las adicciones.

Un relevamiento realizado el año pasado por el Ministerio de Justicia de la Nación, en base a una encuesta realizada a más de 1000 presos de hasta 25 años, mostró que el 60% dijo haber estado bajo los efectos de la droga o el alcohol durante su primer delito. Y el 65% afirmó haber cometido un robo intrafamiliar para comprar estupefacientes. La gran mayoría también reconoció que compraba droga con el dinero obtenido en hurtos.

Fuente: Informe sobre Jóvenes, Delitos y Justicia Penal – Ministerio de Justicia de la Nación – Año 2017

MUJERES

El Defensor del Pueblo Adjunto bonaerense también describió la cuestión de género y adicciones.
“Encontramos que, de las 726 las cárceles federales en diciembre del 2015, 444 fueron acusadas por infracciones a la Ley 23.737, es decir, el 61,2% de la población total femenina”, destacó Martello.

Esta tendencia también se registra en el sistema carcelario bonaerense: la infracción a la ley de estupefacientes es el principal delito que lleva al encarcelamiento de mujeres (34% de la causas), seguida por el “robo agravado por uso de armas” (18%) y el homicidio (8%). A su vez, la incidencia de los delitos vinculados con drogas en la población carcelaria femenina es casi cuatro veces superior que la población masculina que está tras las rejas o en prisión domiciliaria: 34% contra 9%. Además, el número registrado en 2017 de mujeres encarceladas por este tipode delitosfue 16% superior respecto a 2016.

Mujeres detenidas en la provincia de Buenos Aires
AñoTotalIncidencia Infracción a la Ley de Estupefacientes
2017257834 %
2016220733.58 %

“Es indispensable que las adicciones se traten exclusivamente como un tema de salud pública y se activen todos los dispositivos institucionales que existen, los cuales en muchos casos fueron creados por ley”, explicó Martello. Y puso como ejemplo la ley nacional n° 26586, mediante la cual se crea el Programa Nacional de Educación y Prevención sobre las Adicciones y el Consumo Indebido de Drogas.

La ley 26586 contempla:

-Capacitar al personal docente y no docente de cada institución escolar.

-Complementar esta tarea con la difusión de medidas preventivas, que ayuden a orientar comportamientos y evitar situaciones de riesgo, incluyendo la revisión crítica de actitudes dentro del propio sistema educativo

-Promover la vinculación con distintos sectores e instituciones, con el propósito de sensibilizar a la sociedad toda, sobre la necesidad de actuar conjuntamente en la prevención

-Crear un Consejo Consultivo, de carácter federal, en el que se encuentren representados la sociedad civil, credos, centros académicos y expertos de reconocida trayectoria y experiencia en la materia

El Defensor del Pueblo Adjunto consideró que un nuevo marco normativo también debería contemplar otras propuestas que se debaten en la Legislatura como la realización de un relevamiento anual que incluya información fehaciente, y actualizada, sobre el consumo y la comercialización de drogas ilegales en territorio bonaerense.

 

Tribunales de Tratamiento por Drogas: una alternativa contra las adicciones y el delito

Para Martello es indispensable que la Argentina se encamine a un nuevo paradigma en lo que se refiere al combate al narcotráfico, la reducción de la oferta en materia de estupefacientes y la prevención de las adicciones. “El abordaje debe ser integral, enfocado en una perspectiva de la salud y derechos humanos. Debemos ahondar en debates que admitan situar en el centro al individuo, superando definitivamente los enfoques basados exclusivamente en la represión y la prohibición”, explicó.

Como ejemplo a seguir, el Defensor del Pueblo Adjunto consideró que debería analizarse, a modo de prueba piloto, la implementación de los TTD impulsados por la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD), que depende de la OEA.

“Desde el Observatorio el año pasado participamos activamente en la asamblea de la CICAD y también pudimos indagar y analizar in situ cómo funciona el único tribunal de este tipo en la Argentina, en Salta, a través de una audiencia de seguimiento. Pudimos corroborar que las estadísticas de tratamiento diferenciado contribuyen a una menor reincidencia en el delito”, destacó el Defensor del Pueblo Adjunto.

Los TTD son un programa o procedimiento penal alternativo dentro del sistema de justicia, que está dirigido a infractores cuyos delitos están relacionados con su consumo problemático de drogas.

Funcionan en varios países del continente americano. A grades rasgos, presentan las siguientes características: cuando el juez o la jueza de la causa detecta que la persona sometida a un proceso penal por un hecho padece por la dependencia de sustancias psicoactivas, puede ofrecerle que se someta a un tratamiento de recuperación. Según los casos, puede constituir una alternativa de la pena, distinta a la prisión; o incidir directamente en la disminución de la pena aplicable al sujeto que ha prestado su consentimiento para someterse a dicho tratamiento. En caso de incumplir con el proceso de rehabilitación, se reactiva de forma inmediata el proceso judicial.

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