Luego de la repercusión sobre el rescate de cinco abuelos que estaban alojados en un geriátrico “trucho” instalado clandestinamente en el barrio de Los Hornos, el secretario General de ATSA-La Plata, Tesorero de la FATSA y también saliente concejal por el FPV, Pedro Borgini, pidió a las autoridades municipales de la capital bonaerense la aplicación de una ordenanza aprobada hace años pero que nunca se hizo efectiva y que tiene directa relación con relevamientos, seguimiento en el funcionamiento y aplicación de sanciones en los casos de denuncias contra establecimientos dedicados al alojamiento de adultos mayores.
“No es la primera vez que ocurre algún hecho trágico en lugares que no cuentan con habilitaciones y controles para asistir y acoger a nuestros abuelos. Por eso hace años impulsamos y logramos que se apruebe una comisión interdisciplinaria que garantice el buen funcionamiento de estos centros respetando los derechos de los adultos mayores que allí se alojan. Pero hasta la fecha no se aplicó” explicó Borgini.
Se trata de una Ordenanza promulgada en 2012, que estableció la creación de la Comisión de Control y Seguimiento de establecimientos geriátricos de la capital bonaerense con competencia en el control de funcionamiento, condiciones de habitabilidad y situación en general de las personas alojadas en dichos centros.
De aplicarse, la delegación debería estar integrada por representantes del municipio, Concejo Deliberante, del gremio de la sanidad, IOMA, PAMI regional, Agremiación Médica, Cámara empresarial de la actividad y organizaciones no gubernamentales. “Estaba previsto además que se invite a integrantes del Ministerio de Salud provincial, ya que es el Organismo encargado de habilitar y sancionar a los establecimientos que no prestan la asistencia adecuada” aseguró Borgini.
Según la Ordenanza serán los encargados de realizar un relevamiento para determinar los centros habilitados para la actividad, y podrá gestionar además todos los mecanismos para lograr la asistencia integral del adulto mayor, posibilitar que las personas alojadas en los establecimientos puedan ejercer sus derechos y actuar de oficio –aplicando sanciones inclusive- ante denuncias de anomalías en el funcionamiento como situaciones de riesgo, malos tratos, hacinamiento, falta de higiene, desnutrición y mala alimentación.
