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La Defensoría del Pueblo de la Nación publicó las principales normas sobre el Coronavirus en explicación clara

En la nueva sección en la página web de la Defensoría del Pueblo de la Nación (www.dpn.gov.ar), se encuentra la explicación de las principales normas sobre el Covid-19 divididas según las áreas de interés.

Las mismas fueron segmentadas de la siguiente forma: Emergencia Sanitaria, Circulación durante la cuarentena – Excepciones y permisos, Usuarios y Usuarias, Servicios Públicos, Bancos, Ciudadanía, Salud, Trabajo y Seguridad Social y Educación.

Esta sección facilita la comprensión del contenido de las normas para acercarlas al público en general de manera directa, simple y sin pérdida de contenido.

Estas normas son actualizadas diariamente de acuerdo a las publicaciones que se van realizando en boletín oficial.

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Reclamos ante la Defensoría del Pueblo de la Nación por aumentos en telefonía móvil, fijo y TV por cable

Desde la semana pasada la Defensoría del Pueblo de la Nación Argentina (DPNA) se están recibiendo numerosas consultas y reclamos vinculados con los aumentos de la telefonía fija, celular y la televisión por cable.

Desde el organismo recordó que previo a la declaración de aislamiento social preventivo y obligatorio, desde el Poder Ejecutivo Nacional se solicitó a las empresas que retrotraigan los aumentos y la respuesta de las empresas de telefonía fue solicitar 48 hs. para analizarlo.

Sin ninguna novedad al respecto, las empresas mantuvieron el incremento y hoy existen clientes que no pueden abonar las facturas. Los usuarios manifiestan que resulta abusivo que en el contexto actual las empresas mantengan el incremento y por otra parte, en virtud de la “cuarentena”, no tuvieron ingreso alguno, razón por la cual no cuentan con el dinero para afrontar el pago. 

Algunas empresas se encuentran ofreciendo beneficios extras a sus clientes, claramente ello no resuelve la imposibilidad de pago manifiestan desde el órgano público.


La Defensoría destaca que están recibiendo reclamos de clientes de telefonía fija e internet que se encuentran sin servicio desde principios de marzo y están obligados al pago sin contar con el mismo.

«Podrá decirse que a través del Decreto N° 311/20 se estableció que no se podía suspender o cortar el servicio en caso de no abonar facturas cuyo vencimiento opere a partir del 1/3/20. La medida abarca a un numeroso grupo de usuarios que claramente se encuentran en situación de vulnerabilidad, pero quedan excluidos de este beneficio un importante número de usuarios que actualmente se encuentran atravesando una grave situación económica», acotaron.

En los últimos años, en distintas Audiencias Públicas esta Defensoría manifestó que los pagos por los servicios no deben disminuir la capacidad de las personas para adquirir otros bienes, que se relacionen con el derecho humano a una vida digna; a la salud; a la educación, a una vivienda digna y a la alimentación.

«Está claro que hoy los usuarios afrontan incrementos en productos que hacen a su subsistencia y existe una crisis en el nivel de ingresos del sector asalariado y de los pequeños comerciantes en general -agravado por el cierre de sus locales-, lo que requiere especial atención», enfatizan.

y suman: «No es coherente someter a los usuarios a nuevos incrementos tarifarios ni puede suponerse que pueden soportar el pago de tarifas superiores a las vigentes».

La Observación General Nº 4 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales del Alto Comisionado de Naciones Unidas sobre el derecho a una vivienda adecuada (Art.11, párr. 1 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales), refuerza el concepto de lo que se concibe como una vivienda adecuada. Entre varios aspectos a tener en cuenta y que se vinculan con la asequibilidad de servicios básicos fundamentales se encuentran: a) la disponibilidad de servicios y b) los gastos soportables. Los gastos personales o del hogar que entraña la vivienda deberían ser de un nivel que no impidiera ni comprometiera el logro y la satisfacción de otras necesidades básicas.

«En el actual contexto de emergencia sanitaria y económica, esta Defensoría considera que las empresas de telefonía (básica y celular) como también las de televisión por cable, deberían retrotraer los incrementos y permitir abonar las facturas de los servicios al valor anterior»expresan.

«En función de las consultas recibidas, las empresas de telefonía móvil deberían evaluar la rehabilitación de aquellas líneas que fueron suspendidas por falta de pago con anterioridad al 1/3/20, y cuyos titulares resulten ser adultos mayores, que no posean línea fija y no encuadren como beneficiarios del Dec. 311/20, dado que son considerados grupo de riesgo y el servicio en este momento les resulta esencial», puntualizó la Defensoría Nacional.

Finalmente, el Ministerio de Desarrollo Productivo, aseguran que «debería analizar la incorporación de otros beneficiarios del Dec. 311/20, con fundamento en la afectación en la capacidad de pago por la situación de emergencia sanitaria que estamos atravesando».

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Autismo: pictogramas para integrar y concientizar en tiempos del Covid-19

En el marco del Día Mundial sobre Concientización del Autismo, que se celebra el 2 de abril, el Observatorio de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Defensoría del Pueblo bonaerense elaboró una cartilla de pictogramas para ayudar a explicar durante la cuarentena qué es el COVID-19, las formas de prevención y la importancia de quedarnos en casa.


Walter Martello, Defensor del Pueblo Adjunto y responsable del Observatorio, explicó que en tratamientos para personas con Trastorno del Espectro Autista (TEA) suelen usarse pictogramas “como herramientas de comunicación y organización, ya sea en agendas visuales o en la clarificación de distintos escenarios que se encuentran en los hogares”.

Las deficiencias en la protección de las personas con discapacidad, entre ellas quienes presentan TEA, es una problemática a nivel internacional que se ha visto agudizada por la pandemia. En ese sentido, Catalina Devandas, relatora especial de la ONU, recalcó: “Las personas con discapacidad sienten que las han dejado atrás. Los Estados tienen una responsabilidad mayor con esta población debido a la discriminación estructural que enfrentan. Las medidas de contención, como el distanciamiento social y el aislamiento personal, pueden ser imposibles para quienes requieren apoyo para comer, vestirse o ducharse. Este apoyo es básico para su supervivencia y por eso deben tomarse medidas adicionales de protección social para garantizar su continuidad, de una manera segura, a lo largo de la crisis”.

Martello destacó que nuestro país cuenta desde hace más de cinco años con una normativa de avanzada en lo que se refiere al abordaje integral e interdisciplinario de quienes presentan condiciones del espectro autista, pese a lo cual “aún queda mucho por hacer debido a que la implementación de la norma –Ley 27.043– se aplicó de forma muy deficiente”.

Dicha Ley, que se promulgó a fines de 2014, y que recibió la adhesión de la provincia de Buenos Aires en 2018, recién se reglamentó a nivel nacional un lustro después de su sanción (noviembre de 2019). Esa reglamentación parcial no contempló varios artículos claves y estructurales de la norma.

“En los últimos tiempos, se viene imponiendo un nuevo paradigma médico-científico que considera que el autista es una manera de ser y mirar la vida; una especie de lupa o vidrio a través del cual se ve la vida de forma diferente respecto a la población normotípica que suele manifestar incomprensión a lo que no es igual a ella”, agregó Martello.

“¿Para qué sirve entonces concientizar? La respuesta la podemos encontrar con solo analizar el enorme esfuerzo que hacen las personas con TEA por encajar en entornos que no aceptan sus características y necesidades, viéndose obligadas incluso a ´perder´ parte de su propia personalidad. Por ello, es importante habilitar formas de comunicación que las y los integren, crear condiciones apropiadas para hacer que tanto la educación como el empleo de calidad sean viables para el colectivo con autismo”, concluyó.

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Derechos Humanos Institucionales La Plata

Garro y su gabinete recibieron la primera capacitación de género por la ‘Ley Micaela’

El intendente de La Plata, Julio Garro, encabezó la semana pasada la capacitación en género y violencia contra las mujeres desarrollada en el marco de la ‘Ley Micaela’. El encuentro contó con la participación de secretarios y concejales platenses. “Las políticas de género no tienen banderas, nuestra responsabilidad es trabajar para que no haya más víctimas”, expresó el mandatario.

De esta manera, el Jefe Comunal estuvo presente en el Salón Dorado del Palacio Municipal para participar de la jornada de formación, la cual fue coordinada por la diputada provincial y secretaria contra la Violencia de Género y Asistencia a la Víctima local, Carolina Píparo; y contó con la participación de secretarios y concejales platenses.

“En nuestra ciudad, en el país y en el mundo, estamos viviendo un momento muy particular, mujeres de todas las regiones reclaman que se respeten sus derechos y que se ponga fin a la violencia de género”, enfatizó Garro durante el encuentro.

En esa línea, agregó: “Las políticas de género no tienen banderas. La violencia contra la mujer es un fenómeno mundial que nos involucra a todos, por eso como Estado tenemos que generar políticas que las acompañen en los momentos más difíciles y estar preparados para asistirlas”.

“Nosotros como funcionarios tenemos la responsabilidad de pensar distintas herramientas para que no haya más víctimas de violencia de género, porque es una tarea que necesita de todos”, manifestó.

Por su parte, Piparo expresó: “Celebro la respuesta a ésta convocatoria que se tradujo en la presencia de todos y generó un debate muy enriquecedor, del que todos aprendimos”, y aseguró: “Esta es la primera capacitación de muchas en el municipio, es un primer paso y cada paso nos acerca a la igualdad, porque lo que genera la violencia de género es la desigualdad de poder”.

Cabe recordar que la Ley 27.499 o “Ley Micaela” obliga a todas las personas que trabajan en los 3 poderes del Estado a recibir capacitaciones en temas de género y violencia contra las mujeres. La norma fue impulsada tras el femicidio de la joven entrerriana Micaela García.

Según se precisó, la ley dicta que deben recibir capacitación las personas que trabajan en la función pública, cualquiera sea su nivel o jerarquía. Asimismo, las jornadas tienen que cumplir la normativa, recomendaciones y otras disposiciones de los organismos que controlan el cumplimiento de las convenciones internacionales sobre género y violencia contra las mujeres firmadas por Argentina.

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Derechos Humanos Política Provincia

Derechos Humanos de la Provincia participó del Consejo Federal

El Subsecretarios Derechos Humanos de la Provincia, Matías Moreno, participó de la 32° Reunión Plenaria del Consejo Federal de Derechos Humanos convocado por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, que se realizó en el Espacio Memoria y Derechos Humanos ex Esma, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Estuvieron presentes representantes de derechos humanos de todo el país, quienes reafirmaron el compromiso de trabajar políticas públicas enfocadas en la temática en sus provincias.

El Secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla dio inicio al plenario junto al secretario Ejecutivo del CFDH, Agustín Di Toffino y la Madre de Plaza de Mayo-Línea Fundadora, Taty Almeida. Allí, el secretario resaltó la necesidad de llevar a cabo una gestión profundamente federal donde la igualdad de derechos sea para todxs. Taty remarcó la importancia de que los pañuelos vuelvan a estar presentes.

El Subsecretario de Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires, Matías Moreno, asistió a la reunión acompañado por el pleno de su gabinete. A su turno dijo: “El gobernador Axel Kicillof tomó la decisión política de aprobar la estructura más ambiciosa de la historia para los Derechos Humanos en la Provincia. Eso nos va a permitir trabajar con fuerza en los diferentes campos de los Derechos Humanos”.

Tras repasar la situación de tierra arrasada en que la nueva gestión encontró a la provincia y particularmente la Subsecretaría, subrayó la importancia de que el Estado asuma su responsabilidad como garante de los derechos de todos y todas las bonaerenses.

En ese camino, Moreno remarcó: “Tenemos en claro una cuestión: para los que venimos de la militancia en el campo nacional y popular siempre los derechos humanos tuvieron que ver con los derechos sociales”. Y completó: “La única manera de que los derechos humanos sean cada vez menos vulnerados es que todos y todas estemos cada vez más incluidos”.

El Consejo Federal comenzó este jueves en el Salón Rodolfo Puiggrós del Archivo Nacional de la Memoria del Espacio Memoria y Derechos Humanos ex Esma. El cierre será este viernes 6 con los ejes de trabajo puestos en las propuestas de articulación y cooperación entre la Nación, las Provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y de las propuestas de acciones y programas de la Secretaría Ejecutiva del Consejo Federal de Derechos Humanos para la creación de una Agenda Federal.

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Berisso Derechos Humanos Gremiales Política Tercera Sección

La directora municipal de Derechos Humanos de Berisso participó de una charla-debate a 44 años del Golpe de Estado

En el marco de la inauguración del Salón Auditorio de la Asociación de Docentes de la Universidad Nacional de La Plata (ADULP), la Directora de Derechos Humanos de la Municipalidad de Berisso Adriana Caballero, participó de la charla-debate «A 44 años del golpe cívico-militar-eclesiástico».

El encuentro contó con la presencia de la histórica militante de los derechos humanos y presidenta de “Abuelas de Plaza de Mayo”, Estela de Carlotto.

De la charla, que estuvo organizada por la Secretaría de Derechos Humanos de ADULP, participaron también el Subsecretario de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires, Matías Moreno, el subsecretario de Derechos Humanos de la Municipalidad de Ensenada, Carlos Dabalioni, y el secretario General de ADULP, Octavio Miloni.

Por su parte, la titular de Abuelas de Plaza de Mayo agradeció al gremio de docentes universitarios: “Es para mí una gran emoción, es muy lindo y muy grato que hayan decidido ponerle el nombre de nuestra institución a este lugar, porque significa que hay cariño, que hay reconocimiento”.

En tanto, la directora de Derechos Humanos de Berisso Adriana Caballero indicó: “ADULP nos invita a participar de esta charla debate por los 44 años del Golpe y a compartir esta Mesa junto con Estela de Carlotto”.

“La participación del área de Derechos Humanos tuvo que ver con dar cuenta de cómo está pensando el Municipio de Berisso la perspectiva de Derechos Humanos. Este trabajo está enmarcado en dos líneas de acción. Una es la Mesa de Memoria, Verdad y Justicia, espacio por donde pasan las decisiones respecto de políticas públicas de memoria, y la segunda es una Mesa de Gestión Institucional que busca generar un mismo diálogo entre las instituciones estatales a fin de garantizar una mirada de derechos humanos en la atención a los usuarios de dichas instituciones”, puntualizó Caballero.

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Análisis - Opinión Derechos Humanos Institucionales Política Provincia Salud Sociedad

Adicción al juego: deben fortalecerse las políticas de Estado

Hace más de dos años que no se realizan campañas nacionales de prevención de la ludopatía en medios masivos de comunicación. Dos personas por día recurren a pedir ayuda a los centros de asistencia al juego compulsivo de la provincia de Buenos Aires. Pero el universo real de personas afectadas, que no reciben contención del Estado, sería mucho mayor. Las plataformas de apuestas on line generan nuevos desafíos.

En los últimos 4 años, distintas fuerzas políticas presentaron alrededor de 30 con iniciativas en el Congreso nacional tendientes a conformar un programa nacional de prevención y asistencia. Sólo uno de estos proyectos, que se fusionó con otras dos iniciativas, recibió media sanción en el Senado y hace un año que se encuentra virtualmente cajoneado en la Cámara de Diputados.

A la ludopatía la podemos definir como una alteración progresiva del comportamiento a través de una inhabilidad para resistir los impulsos de jugar por apuestas o por azar, consistente en una adicción patológica que llega a afectar el funcionamiento a nivel personal, familiar, emocional, social, económico y financiero del jugador. Es decir, es una enfermedad con todas letras, reconocida como tal por la Organización Mundial de la Salud desde 1992.

La ludopatía es un flagelo que crece a pasos acelerados en todo el mundo, a la par del desarrollo incesante de las nuevas tecnologías de la comunicación y del entretenimiento. El juego es un negocio que factura miles y miles de millones de dólares, con empresas y empresarios con fuerte poder de lobby. Por este motivo sus utilidades parece no verse demasiado afectadas por las crisis.

Uno de los motores principales de este crecimiento son las plataformas digitales -se destacan los sitios de apuestas deportivas y las comunidades on line de póker- que dejan como daño colateral cada vez más enfermos, familias endeudadas, lazos sociales destruidos y hasta suicidios. La Argentina no se encuentra al margen. Por el contrario, nuestro país exhibe algunos indicadores sumamente preocupantes, que repercuten fuertemente en la provincia Buenos Aires. No es para menos ya que la ludopatía está estrechamente asociada a un modelo de negocio que torna obsoleto los marcos regulatorios del Estado nacional y de las jurisdicciones provinciales.  De esta forma, se pone en riesgo el derecho a la salud que, en todas sus formas y a todos los niveles, abarca los siguientes elementos esenciales e interrelacionados: disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y calidad[1].

La ausencia de una política federal para el abordaje de la ludopatía implica serios trastornos. Por ejemplo, al no existir un registro nacional de autoexclusión, aquellos jugadores con problemas de juego patológicos, que pidieron ser incluidos en el registro bonaerense para que no se les deje entrar a bingos o casinos, no encuentran ningún escollo si producto de la adicción deciden concurrir a salas de juego ubicadas en otras jurisdicciones.  A su vez, al no existir protocolos nacionales de actuación, todo queda supeditado a los recursos de cada jurisdicción que, a todas luces, resultan insuficientes.

En la provincia de Buenos aires, donde viven más de 16 millones de personas, funcionan apenas 10 centros de atención y asistencia al juego compulsivo, creados en 2005 a partir de un convenio entre el Instituto Provincial de Lotería y Casinos (IPLyC) y el Ministerio de Salud. La mayoría de estos centros están ubicados en el Conurbano bonaerense. Es decir, si una persona tiene problemas de juego patológico en General Villegas, para poder recibir ayuda profesional gratuita y personalizada deberá viajar más de 280 kilómetros hasta el centro más cercano, que en este caso está localizado en Pergamino.

A su vez, la línea telefónica de atención (0800-444-4000) también tiene limitaciones. Funciona de lunes a viernes, de 9 a 20 horas, no brindando cobertura nocturna ni los fines de semanas. Cabe recordar que, en la provincia de Buenos Aires, las salas de bingo con tragamonedas están abiertas las 24 horas, los 365 días del año.

El programa de Prevención y Asistencia al Juego Compulsivo, durante el gobierno de María Eugenia Vidal, estuvo a punto de ser absorbido por los Centro Provinciales de Adicciones (CPA) y sufrió un fuerte desfinanciamiento. Los últimos datos de ejecución presupuestaria disponibles hablan por sí solos, mostrando que apenas se le destina el 0,01% (año 2018) de los recursos del Instituto de Loterías y Casinos, perdiendo incidencia respecto a lo registrado tres años antes.

El Estado tiene la obligación -en particular respecto a quienes carezcan de medios suficientes- de garantizar la atención y proporcionar servicios de salud. En ese sentido, una asignación inadecuada de recursos puede dar lugar a una discriminación.

En cierta forma, ante la ausencia del Estado, fue creciendo la presencia del tercer sector. En los años 90 había alrededor 12 grupos de autoayuda orientados a apostadores compulsivos; una década después esos grupos llegaban a 60 y actualmente solo Jugadores Anónimos cuenta con más de 70 grupos.

Sin estrategia federal

Pese a la multitud de proyectos presentados por distintas fuerzas políticas, aún no se logró aprobar una ley para que funcione un programa nacional de asistencia y prevención. En total, en los últimos cuatro años, se presentaron alrededor de 30 iniciativas, y solo una logró media sanción del Senado, encontrándose desde hace un año durmiendo el sueño de los justos, en comisión, en la Cámara de Diputados de la Nación. Este proyecto, que fue el resultado de la fusión con otras dos iniciativas, establece:

  • Desarrollar campañas educativas, informativas y de publicidad para concientizar a la población sobre la problemática de la ludopatía, sus formas de detección y consecuencias nocivas de la misma, informando además acerca los mecanismos de prevención.
  • Implementación de una línea telefónica gratuita y accesible en forma articulada con las provincias a través de los organismos gubernamentales pertinentes, destinada a dar contención, información, brindar asesoramiento y asistencia a todas las personas que padecen las consecuencias de la ludopatía.
  • Registro Nacional de Autoexclusión. Establecer una modalidad de colaboración entre la autoridad nacional y las jurisdicciones provinciales para la provisión y derivación de información a todas las salas de juego de azar relativas a las personas anotadas, incluyendo todas las altas y bajas que se produzcan.
  • Arbitrar medidas que alienten a los actores de la industria del juego a promover una gestión responsable del juego, la cual incluye, entre otras buenas prácticas, el diseño de entornos no adictivos, la protección de personas riesgo, la fijación de límites a las apuestas, la fijación de límites y controles al consumo de alcohol y tabaco en las salas de juego.
  • Colocación de mensajes sanitarios en salas de juego y páginas web que deben ocupar una dimensión no menor al 25% de la superficie de la puerta de ingreso, mostrador de venta de fichas, tickets o facturas y de un 15 % de los avisos publicitarios.
  • Relojes: todos los establecimientos y/o locales donde se desarrollen juegos de azar deben instalar en lugares visibles relojes con el horario oficial, de un mínimo de uno cada 50 metros cuadrados.
  • Ventanas: todos los establecimientos y/o locales donde se desarrollen juegos de azar deben contar, al menos, con dos ventanas dispuestas de forma tal, que se pueda apreciar el exterior de la sala en todo momento.
  • La autoridad de aplicación, en coordinación con el Banco Central, debe adoptar medidas necesarias para prohibir la instalación y funcionamiento de cajeros automáticos en todas las salas de juegos habilitadas en el ámbito de la nación. Se fija un plazo de 90 días para cumplir esta disposición.
  • Se prohíbe toda publicidad y promoción sobre juegos de suerte que sea dirigida a menores de 18 años; que asocie directa o directamente al juego con la ayuda social; que no incluya en letra y lugar visible la leyenda sanitaria y que no exhiba el número de la línea telefónica de ayuda.

En caso de sancionarse esta ley, se podría cubrir algunos baches del marco normativo bonaerense. Por ejemplo, impediría que quienes van a jugar con las tragamonedas terminen en salones sin ventanas y sin relojes, con luces y sonidos que contribuyen a que se pierda la noción del tiempo y del espacio. También habría límites más estrictos para el consumo de alcohol y tabaco. Asimismo, se podrían desarrollar estrategias de concientización permanentes. La última campaña nacional sobre adicción al juego, en medios masivos de comunicación, se realizó en 2017, hace más de dos años, a partir de una iniciativa de Jugadores Anónimos, en el marco del espacio que le otorga la ley de Medios a las entidades sin fines de lucro.

Y con el juego on line, ¿qué hacemos?

Un claro ejemplo de cómo el Estado está llegando demasiado tarde es lo que ocurre con el juego on line. Pese a que el proceso de adjudicación instrumentado por la provincia durante el año 2019 quedó en stand by, se registran cada vez más casos de personas que utilizan plataformas digitales para realizar apuestas y que padecen problemas vinculados al juego compulsivo.

Es una realidad que, según informan profesionales, se viene detectando en los 10 centros de Prevención y Asistencia al Juego Compulsivo, que dependen del Estado bonaerense, como así también en los grupos de autoayuda. En la mayoría de los casos, se trata de jóvenes que acceden, con mucha facilidad, a web de apuestas europeas.

El proceso de adjudicación del juego on line incluyó un apartado específico respecto a las medidas que deben adoptar las empresas para la prevención de la ludopatía:

a) mecanismos para que los participantes puedan -tanto al momento de la registración como al inicio de cada sesión-, configurar su acceso a la plataforma de juego, estableciendo límites temporales o bandas horarias en las cuales el acceso le sea denegado, como también establecer topes o límites de depósitos -por sesión/día/mes-, los cuales deberán ser aplicados de manera inmediata por el operador

b) emisión de alertas -visuales y sonoras- informando al usuario que ha iniciado sesión hace más de 3 horas, repitiendo la misma por cada nueva hora cumplida, y una notificación al final de cada sesión informando: el tiempo transcurrido de juego desde el inicio de la sesión, los tipos de juegos realizados, el estado actual de su cuenta, el monto apostado y los premios obtenidos

c) la difusión permanente, en lugar visible, de una leyenda advirtiendo sobre los riesgos del juego y de las vías de ayuda de dispuestas por la Provincia, incluyendo el trámite de autoexclusión.

Si bien es un hecho más que positivo que las empresas apliquen estas medidas, cabe preguntarse: ¿si se puede acceder a las plataformas on line durante las 24 horas, los 365 días del años, de qué forma se prevé dar asistencia a quienes padecen una adicción si la línea de atención (0800) en la Provincia tiene un horario acotado y solo funciona los días hábiles?, ¿no habrá llegado el momento de obligar a que las empresas estén obligada a dar asistencia inmediata, con profesionales, teniendo en cuenta sus enormes márgenes de rentabilidad?

Cualquier marco normativo en materia de juego responsable debe contener normas encaminadas a fortalecer la responsabilidad social por parte de los operadores ya que su actividad puede causar adicción y problemas de salud pública. En lo que se refiere a la ludopatía importa, fundamentalmente, que el Estado asegure que las actividades empresariales[2] no se lleven a cabo a expensas de los derechos y libertades fundamentales de las personas.

En ese sentido, tal como lo ha dejado sentado las Naciones Unidas, la responsabilidad social de respetar los Derechos Humanos se aplica a todas las empresas de todos los tamaños, sectores, contextos operacionales, propietarios y estructuras (si bien habrá diferencias naturales en los medios y formas de asumir esta responsabilidad), indistintamente de la capacidad o voluntad de los Estados.

Los administradores de juegos de azar, tanto del sector privado como del público, deben ser conscientes de la importancia que tiene la responsabilidad social empresarial para la prevención y control de la ludopatía El Estado, además, debe tomar las medidas necesarias para asegurar no sólo que las acciones de sus agentes cumplan las obligaciones jurídicas tanto nacionales como internacionales sino también, en este caso, verificar que el comportamiento de las empresas bajo su jurisdicción esté ajustado a los estándares reconocidos por el derecho internacional de los derechos humanos.

Si bien el marco normativo vigente en la Argentina delega en las provincias la gestión y administración de los juegos de azar, por nuestra parte entendemos que la competencia es concurrente. Es decir, que puede ser ejercida tanto por la Nación como por las provincias –y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires– en el marco de sus respectivas atribuciones, teniendo en cuenta que también goza de protección estatal el derecho a salud. Si una provincia no puede garantizar el uso de este derecho, nacerá la obligación del Estado Nacional para asegurar dicho goce. En ese sentido, en el caso de un eventual conflicto entre la Nación y alguna jurisdicción, siempre debe predominar el principio “pro homine” y de allí que debe regir la legislación más favorable a la persona humana.

[1] Observación general Nº 14 (2000) del Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas. El derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud está contemplado en el artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales

[2] COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS ( CIDH) Informe Empresas y Derechos Humanos: Estándares Interamericanos, 2019.

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Consumos problemáticos y acceso a la salud desde una perspectiva de género

Muchas mujeres con consumo problemático de alcohol, psicofármacos y/o distintos tipos de estupefacientes, que requieren tratamiento para superar sus adicciones, permanecen invisibilizadas bajo ciertas creencias, prácticas y pautas culturales que dejan de lado la perspectiva de género. Se trata de una problemática enmarcada en el vertiginoso crecimiento que han tenido las adicciones en nuestro país, lo cual torna imperiosa la necesidad de adoptar un enfoque de salud pública centrado en el bienestar de la persona y en el respeto por los derechos humanos[1].

¿Qué respuesta está dando el sistema de salud? Nuestra hipótesis de trabajo es que la mayor parte de las terapias existentes, vinculadas con las adicciones, han sido diseñadas pensando en los hombres. Ello dificulta, cuando no impide, el adecuado tratamiento de las mujeres. Un dato habla por sí solo: solo en la provincia de Buenos Aires, existe siete comunidades terapéuticas dependientes del Estado bonaerense. Todas ellas están destinadas a la atención de pacientes hombres[2].

En tanto, respecto a los dispositivos de la Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas de la Nación (Sedronar), existe un total de 85 Casas de Asistencia y Acompañamiento Comunitario[3] (CAACs) en la Provincia,  y solo cinco ofrecen la opción de alojar mujeres, mujeres embarazadas y mujeres con niños. Cabe destacar que estas cinco casas son, en realidad, dispositivos mixtos.

Esta situación de discriminación y exclusión pone a la Argentina en una verdadera encrucijada ante la comunidad internacional. Justamente, este año se celebra el 25° aniversario del momento en que la Plataforma de Acción de Beijing [4] de las Naciones Unidas estableció el modo de eliminar las barreras sistémicas que impiden la participación igualitaria de las mujeres en todas las esferas de la vida, ya sea en lo público o en lo privado. En particular, el objetivo estratégico C.2 de esta plataforma hace hincapié en el desarrollo de políticas para la prevención y asistencia de las adicciones, y en la promoción de la salud de la mujer. Dice textualmente:

“Formular y aplicar campañas de difusión y programas de información y educación que informen a las mujeres y a las muchachas sobre los riesgos para la salud y los riesgos conexos que plantea el uso indebido de drogas y la adicción, y preparar estrategias y programas que desalienten el uso indebido de drogas y la adicción y promuevan la rehabilitación y la recuperación”.

Asimismo, a nivel de regional, conforme la Declaración de Antigua de la Organización de Estados Americanos (OEA, 2013), las políticas públicas relacionadas con el problema mundial de las drogas necesariamente deben ser diseñadas e implementadas con un enfoque de género[5]. En la Argentina, lamentablemente, no existen políticas públicas consistentes que tengan un enfoque diferenciado que dé cuenta de soluciones fácticas a la cuestión. Las mujeres que padecen consumos problemáticos tropiezan con obstáculos considerables, inherentes a los sistemas, de índole estructural, social, cultural y personal, para tener acceso al tratamiento del abuso de sustancias.

Cabe recordar que el enfoque de género es uno de los ejes del Plan Nacional de Reducción de la Demanda de Drogas que la Sedronar consensuó con las provincias. El objetivo declamado fue superar estereotipos y garantizar la igualdad de oportunidades, haciendo especial énfasis en el acceso equitativo de mujeres y hombres a los servicios de salud en general. Pero la realidad, como muchas veces sucede en la Argentina, fue por otro andarivel.

La realidad en números

La prevalencia de vida es una tasa que expresa la proporción de personas que alguna vez en su vida hicieron uso de las sustancias indagadas. En este porcentaje están incluidos todos los usuarios sin distinción: experimentadores, abusadores, dependientes y ex usuarios. Es una tasa global que indica, en un territorio determinado, qué porcentaje de personas tuvieron contacto y probaron alguna de las sustancias.

Si trazamos una comparación respecto al consumo por parte de hombres, las mediciones realizadas por la Sedronar –Estudio Nacional en población de 12 a 65 años sobre consumo de sustancias psicoactivas en la Argentina[6] muestran una tasa de prevalencia mayor en mujeres en lo que se refiere a algunas drogas específicas, sin prescripción médica. Nos referimos concretamente a los medicamentos opiáceos[7] y a los adelgazantes, siendo estos últimos donde mayor diferencia se registra: la tasa en mujeres es casi cuatro veces superior.

Ahora veamos qué ha ocurrido respecto al consumo de sustancias enfocado específicamente en las mujeres.

Como puede observarse -salvo la heroína y los tranquilizantes- se registraron aumentos en el consumo de casi todas las sustancias. Algunos indicadores son por demás alarmantes: éxtasis (+266,67%), cocaína (+237,5%) y marihuana (+195%).

En tanto, el aumento del consumo de alcohol en mujeres va en sintonía con los resultados de la Encuesta 2019 sobre Consumo de Alcohol en Niñas, Niños y Adolescentes, elaborada por el Observatorio de Adicciones y Consumos Problemáticos de la Defensoría del Pueblo bonaerense. El estudio mostró que el Consumo Episódico Excesivo de Alcohol (CEEA) – también conocido como “Binge Drinking” (BD)- apareció en 132 casos, representando más del 22% de la muestra, constituida por 632 chicos y chicas de entre 12 y 18 años de edad. De los 132 casos de consumo excesivo, el 57% son mujeres (75 casos) y el 43% hombres (57 individuos)[8].

El Ministerio de Salud de la Nación define que al CEEA como “la ingesta de gran cantidad de alcohol (más de 5 copas = 60 Gr/cc alcohol puro) en una sola ocasión o en un período corto de tiempo (horas). Esta práctica se registra con mayor frecuencia durante los fines de semana, en escenarios nocturnos, por fuera del marco de la alimentación y del ámbito familiar, siendo su motivación principal la búsqueda del estado de embriaguez. Este tipo de consumo produce significativas alteraciones comportamentales y del estado de conciencia, ocasionando daños en el individuo que ingiere la sustancia además de efectos sociosanitarios negativos”.

Pedidos de ayuda

Conforme al ya mencionado “Estudio Nacional en población de 12 a 65 años sobre consumo de sustancias psicoactivas en la Argentina”, aparece que la incidencia de mujeres con consumos problemáticos que decide pedir ayuda profesional (0,5%) es menos de la mitad que la incidencia de la población masculina (1,2%)

Asimismo, en proporción, son muchas menos las mujeres que finalmente deciden iniciar un tratamiento por adicciones tras haber consultado y/o buscado la ayuda de un profesional, respecto a los hombres.

Las mujeres que demandaron tratamiento pero, por alguna razón, no lo realizaron presentaron una media de 38 años, mayormente con nivel educativo superior o universitario (38,3% completo y 14,6% incompleto). El 37,5% declaró trabajar en jornada completa y el 21,6% en jornada parcial. Algo más de la mitad reportó ser casada (55,7%); y cerca del 60% se atendía por obra social.  Asimismo, los estudios de la Sedronar también remarcan que las mujeres permanecen menos tiempo en los dispositivos de rehabilitación.

Otras variables a tener en cuenta son

  • Como la mujer afronta obstáculos considerables de acceso al tratamiento, se cree que está subrepresentada en todo contexto terapéutico. Los tabúes y estigmas culturales determinan que sus problemas de consumo de sustancias no sean frecuentemente reconocidos por ellas mismas, ni por sus familiares o por los profesionales de los servicios que podrían ayudarlas a recibir tratamiento.
  • Las embarazadas y las madres que consumen drogas afrontan una condena social especialmente dura. Las embarazadas suelen tardar en acudir a los servicios, lo que tiene graves consecuencias para la madre y para el feto.
  • Las madres son por lo general las principales responsables de cuidar a sus hijos y además tienen las tareas domésticas. Sin embargo, son pocos los servicios de tratamiento que funcionan también como guardería, y en algunos casos es impensado que las mujeres abandonen su hogar y sus responsabilidades familiares para someterse a tratamiento. En ese marco, los conceptos y datos relacionados al consumo de sustancias por parte de éstas deben ser tratados desde los diversos elementos contextuales que dan forma a la construcción del “ser mujer” en nuestra sociedad.

Al predominio de un enfoque científico, sanitario y político sesgado e indiferente se le suma el hecho de que –ciertamente– en volumen y en frecuencia, los varones son mayores consumidores de sustancias que las mujeres. En cierta forma, ello ha ocultado casi completamente la situación y las necesidades genuinas de las mujeres.

Al imponerse estrategias diseñadas casi exclusivamente para hombres, el resultado fáctico, comprobable, conocido, es que las mujeres sufren mayores dificultades y reciben menos ayuda en todo el arco que abarca un tratamiento, desde el diagnóstico hasta la reinserción social[9].

Muchos programas terapéuticos no responden al tipo de problemáticas y consumo que muchas mujeres padecen. A saber:

  • Consumo de psicofármacos y alcohol en soledad: ámbito de ‘lo privado’.
  • Malos tratos en la relación de pareja
  • Sexualidad y relación con el cuerpo (autoestima de género devaluada). Presencia de hijos/as en el tratamiento (“cargas familiares no compartidas”)
  • Falta de apoyo familiar y social por una doble penalización moral y social ante el consumo[10].

La Igualdad y la No Discriminación en las políticas públicas.

Si bien en la “Convención sobre la Eliminación de toda forma de Discriminación contra la Mujer”[11], que tiene jerarquía constitucional en la Argentina, solo se menciona la discriminación por motivos de sexo, al interpretar el artículo 1 junto con el párrafo f) del artículo 2 y el párrafo a) del artículo 5 se pone de manifiesto que la Convención abarca la discriminación contra la mujer por motivos de género.

La perspectiva de género permite hacer un mejor diagnóstico de la realidad, así como diseñar intervenciones estratégicas que tengan en cuenta este factor.  Este enfoque supone la incorporación de las herramientas necesarias para visibilizar los efectos del género en nuestra sociedad y en las personas, en los procesos macro y en los micro, en una interrelación constante de los mismos.

La discriminación[12] no suele manifestarse de forma abierta y claramente identificable; de allí que su prueba con frecuencia resulte compleja. Lo más habitual es que la discriminación sea una acción más presunta que patente[13]. En efecto, la discriminación que afecta a las mujeres no puede abordarse con las herramientas tradicionales fundadas en la concepción de aplicación injusta de la norma, sino desde la conceptualización de la discriminación sistémica y/o indirecta.

La discriminación indirecta[14] contra la mujer tiene lugar cuando una ley, una política, un programa o una práctica parece ser neutra por cuanto se refiere tanto a los hombres como a las mujeres, pero en la práctica tiene un efecto discriminatorio porque las desigualdades preexistentes no se han tenido en cuenta en la medida aparentemente neutra.

Además, la discriminación indirecta puede exacerbar las desigualdades existentes por la falta de reconocimiento de los patrones estructurales e históricos de discriminación y el desequilibrio de las relaciones de poder entre la mujer y el hombre[15].

Las mujeres presentan una serie de características que condicionan tanto su decisión de abandonar el consumo, como su acceso al tratamiento y su eficacia. Asimismo, presentan una serie de necesidades específicas que no siempre son correctamente atendidas por los servicios existentes para el tratamiento de las adicciones. Estos son algunas de las principales barreas o dificultades con que encuentran las mujeres a la hora de recibir tratamiento:

  • La dependencia afectiva de la pareja es más intensa en el caso de las mujeres, que se inician con frecuencia al consumo para compartir experiencias con su pareja (conseguir su aceptación y una mayor vinculación) y cuya opinión suele ser determinante a la hora de abandonar el consumo e iniciar tratamiento.
  • Tienen cargas y responsabilidades familiares que dificultan el tratamiento: el inicio del tratamiento supone con frecuencia abandonar sus responsabilidades en el cuidado del hogar y de las/os hijas/os.
  • Presentan sentimientos de culpabilidad y baja autoestima y estados depresivos y de ansiedad que dificultan el acceso a los tratamientos y el éxito en los mismos.
  • Han sufrido experiencias traumáticas (violencia de género, abusos sexuales, intentos de suicidio, etc.) que no siempre son abordadas en el marco de los tratamientos.
  • Son objeto de una especial estigmatización o rechazo social, que se intensifica entre aquellas que tienen hijas/os, y que se traduce en el silenciamiento u ocultación del problema (negando su existencia) y en el retraso o la no demanda de apoyo para superarlo.  Cuentan con menos apoyo familiar y social.
  • Los recursos disponibles no se adaptan a sus necesidades: dificultades de acceso a los tratamientos residenciales cuando existen hijos/as menores (que no están adaptados para su acogida), horarios rígidos en los programas asistenciales o la usencia de servicios de guardería que permitan compatibilizar el tratamiento con las responsabilidades familiares.
  • Dependen económicamente de la familia o la pareja. Tienen una importante precariedad laboral (desempleo, contratos temporales, etc.).
  • Las mujeres están en situación de clara desventaja respecto de los hombres a la hora de acceder a tratamiento por el riesgo adicional que sienten de fracaso en el ejercicio de su rol y de aislamiento y rechazo social.

¿Qué hacer?

Las políticas públicas a desarrollar deberían contemplar:

  • Contar con conocimientos específicos sobre aspectos diferenciales de hombres y mujeres: a nivel físico, sicológico, social y sus implicancias
  • Analizar los propios estereotipos de hombres y mujeres que tenemos interiorizados a fin de cuestionarlos y liberar de prejuicios la terapia
  • Revisar las actitudes propias ante los hombres y mujeres y sus relaciones para establecer relaciones de respeto con ambos
  • Contar con herramientas terapéuticas diversas (cognitiva, conductual, psico-dinámica y relacional
  • Se necesitan medidas de corto plazo para dar respuesta las urgencias de la problemática, pero también el trabajo profundo e invisible de una real transversalización en materia de género y derechos humanos que responda a la complejidad de la problemática.
  • La Reglamentación, por parte del Poder Ejecutivo, de la ley 26.934 que crea el Plan Integral para el Abordaje de los Consumos Problemáticos con perspectiva de género.
  • Habilitar recursos dónde las mujeres adictas en tratamiento puedan estar con sus hijos y haya equipos preparados para atenderles. En prisión existen programas de madres con hijos/as antes de escolarizar.
  • Desarrollar un trabajo de pareja en centros ambulatorios o incluso con la ex pareja en la medida en que ésta pueda apoyar el proceso y siempre que no existan antecedentes de malos tratos.
  • Fomentar la corresponsabilidad en la crianza de los/as hijos/as mientras la construcción social del género. Actualmente, los programas en general no responden al tipo de problemáticas y consumo que muchas mujeres presentan.
  • Revisión integral de los protocolos y programas de inserción socio laboral para personas con problemas de drogodependencias, ya que las dificultades de acceso y permanencia en los tratamientos para las mujeres son de carácter social-estructural. Ésta le añade una serie de problemáticas que en estos programas ya se tienen en cuenta, pero a la inversa (las problemáticas derivadas de una construcción social del género) no se ha incorporado a los programas de atención a drogodependencias, con lo que las mujeres se ven muchas veces desatendidas en este sentido. Se las atiende en tanto que “drogodependientes” (bajo un análisis androcéntrico, como hemos visto), pero no en tanto que “mujeres” (en el sentido de discriminaciones producidas por cuestión de género).
  • Sin una voluntad política implicada en el cambio de las redes de atención, el esfuerzo por incorporar la perspectiva de género recae sobre los agentes sociales e iniciativa privada exclusivamente. Es necesario promover la atención de las administraciones en este sentido, convocando concursos y subvenciones dirigidos a investigaciones y formación.

[1] Informe sobre el consumo de drogas en las Américas, 2019 / Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas ( CICAD), Organización de Estados Americanos (OEA).

[2] Las comunidad terapéuticas se encuentran ubicadas en : Punta Alta (Coronel Rosales), Chapadmalal (Mar del Palta, General Pueyrredón); La Granja (Melchor Romero, partido de La Plata); Almirante Brown; General San Martín, Lomas de Zamora y Morón.

[3] Dentro de las CAACs, se distinguen dos tipos de usuarios:

-Asisitidos: concurren a las CAACs por una problemática específica de consumo de sustancias psicoactivas para recibir asistencia.

-Atendidos: considera el alcance comunitario de las CAACs se incluye a todas aquellas personas que concurren por trámites o gestiones de índole socio-comunitario (tramitación de DNI, solicitud de asistencia o información para obtención de asignaciones familiares, etc.). También se contabilizan como usuarios atendidos a quienes acompañan al asistido en cada consulta, y a los participantes de eventos organizados por las CAACs.

[4] La Declaración y la Plataforma de Beijing de 1995 es una agenda con visión de futuro para el empoderamiento de las mujeres. Todavía hoy en día continúa siendo la hoja de ruta y el marco de políticas internacional más exhaustivo para la acción, y la actual fuente de orientación e inspiración para lograr la igualdad de género y los derechos humanos de las mujeres y las niñas en todo el mundo. Este texto de referencia fue el resultado de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, celebrada en Beijing, China, en septiembre de 1995. Tras dos semanas de debates políticos y de intercambio de información sobre buenas prácticas, lecciones aprendidas, y experiencias, representantes de 189 gobiernos acordaron compromisos sin precedentes. Asimismo, más de 30.000 personas participaron en el foro de organizaciones no gubernamentales que tuvo lugar en Huairou, un espacio único para el establecimiento de redes, la promoción, la capacitación y el intercambio de conocimientos.

[5] Declaración de Antigua Guatemala “Por una política integral frente al problema mundial de las drogas en las américas”  7 de junio de 2013, OEA

https://www.oas.org/es/centro_noticias/comunicado_prensa.asp?sCodigo=D-010

[6] http://www.observatorio.gov.ar/media/k2/attachments/15.pdf

[7] Los más conocidos son fentanilo, metadona, buprenorfina, pentazocina, nalorfina, naloxona y naltrexona. Se conocen como analgésicos opiáceos a los fármacos cuya acción analgésica se produce gracias a su interacción con los receptores opioides de las neuronas del sistema nervioso central. Son los fármacos analgésicos más potentes con los que contamos en la actualidad. El riesgo de adicción es la principal limitación de uso de estos analgésicos. Por ello suelen reservarse para tratamientos médicos de corta duración, en casos de dolor muy agudo o esencialmente para aliviar el dolor en pacientes terminales.

[8] Para ver el informe completo del relevamiento 2019 https://www.defensorba.org.ar/pdfs/Informe_Consumo_de_Alcohol.pdf

[9] MAFFIA, Diana; COLACE. Patricia, LERENA, Santiago El ocultamiento de las mujeres en el  consumo de sustancias psicoactivas. Año 2011

[10] Investigación sobre las dificultades en el acceso al tratamiento y carencias en la intervención con mujeres drogodependientes en los centros de UNAD

[11] La CEDAW es el órgano de expertos independientes que supervisa la aplicación de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. El CEDAW está compuesto por 23 expertos en materia de derechos de la mujer procedentes del mundo entero.

[12] Conforme lo señala la Observación general Nº 16 (2005), la igualdad de derechos del hombre y la mujer al disfrute de los derechos económicos, sociales y culturales (art. 3) del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. El principio de no discriminación es el corolario del principio de igualdad. A reserva de lo que se indica en el párrafo 15 infra sobre medidas especiales de carácter temporal, prohíbe tratar de manera diferente a una persona o grupo de personas a causa de su estado o situación particulares, como la raza, el color, el sexo, el idioma, la religión, las opiniones políticas u otras, el origen nacional o social, el nivel económico, el nacimiento u otras condiciones como la edad, la pertenencia étnica, la discapacidad, el estado civil y la situación de refugiado o migrante.

Constituye discriminación contra la mujer “toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer, independientemente de su estado civil, sobre la base de la igualdad del hombre y la mujer, de los derechos humanos y las libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural o en cualquier otra esfera”

[13] C.S.J.N “Pellicori” -Fallos: 334:1387; “Sisnero, Mirtha G. y otros”, 20/05/2014. IJ-LXXXI-868

[14]  La Corte Interamericana ha señalado que una violación del derecho a la igualdad y no discriminación se produce también ante situaciones y casos de discriminación indirecta reflejada en el impacto desproporcionado de normas, acciones, políticas o en otras medidas que, aún cuando sean o parezcan ser neutrales en su formulación, o tengan un alcance general y no diferenciado, produzcan efectos negativos para ciertos grupos vulnerables. Tal concepto de discriminación indirecta también ha sido reconocido, entre otros órganos, por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, el cual ha establecido que cuando una política general o medida tiene un efecto desproporcionado perjudicial en un grupo particular puede ser considerada discriminatoria aún si no fue dirigida específicamente a ese grupo

[15] Comité CEDAW Recomendación general núm. 28,  párr. 16.

 

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Reunión de trabajo con la Intersindical de Derechos Humanos

El Subsecretario de Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires, Matías Moreno, recibió a la Intersindical de Derechos Humanos para coordinar trabajos en conjunto relacionados con la formación y la promoción de derechos humanos, así como fortalecer las actividades de «Memoria». Además, la Subsecretaría ofreció a los representantes de los trabajadores bonaerenses respaldo en cuestiones de protección ante eventuales casos de violencia institucional o violaciones a los derechos humanos.

En la reunión, Moreno presentó a los dirigentes gremiales la nueva estructura de la Subsecretaría, y puntualizó la preponderancia que la gestión le dará a la formación en derechos humanos y a la promoción de los sitios y espacios de memoria de la provincia.

En la charla los secretarios de derechos humanos sindicales manifestaron la importancia de recuperar experiencias educacionales y formativas para trabajadores y las comunidades educativas de la provincia respecto a los juicios por crímenes de lesa humanidad y los sitios de memoria.

En relación a la cercanía del mes de la Memoria, Moreno convocó a la Intersindical a trabajar en conjunto para recordar que “el principal objetivo de la dictadura cívico militar fue disciplinar a la fuerza de trabajo”.

“Los argentinos pudimos construir un ‘Nunca Más’ a la dictadura cívico militar. Fue gracias a la demanda histórica de los organismos de Derechos Humanos, pero también a la voluntad política de Néstor Kirchner de dar respuesta y transformar esas demandas en política de Estado. Ese Nunca Más se concretizó en la marcha del No al 2×1”, señaló Moreno.

Y agregó: “Ahora tenemos que construir el Nunca Más al neoliberalismo para que no vuelva a ocurrir que se instale en nuestro país una política económica que deja afuera a dos tercios de la población, violando sus derechos sociales, económicos, laborales, políticos y culturales. Es decir, hay que construir un Nunca Más al neoliberalismo desde los Derechos Humanos”.

El encuentro se realizó en La Plata y concurrieron los secretarios y referentes de Derechos Humanos que integran la intersindical. Estubieron la senadora provincial y secretaria de DDHH de la CTA, María Reigada; Daniela Algeri, de la Asociación Argentina de Actores (AAA); Daniel Añón Suárez, de Suteba La Plata; Patricia Romero Díaz, secretaria de DDHH de Suteba y la subsecretaria Mónica Grandoli.

También concurrieron Jorge Jaunarena de Adulp-Conadu; Rodrigo Miguel, de SADOP; Rubén Ciuro, de Fetia-CTA; Miguel González, secretario de DDHH de Metrodelegados; Victor Huaranca, de Ladrilleros (UOLRA); Rubén Schaposnik de ATE Derechos Humanos; Claudia Lázzaro, del Sindicato de Obreros Curtidores; Nené Vidal, de Satsaid y Eduardo Alegre, de Curtidores.

Por la Subsecretaría, además, participaron la Directora provincial de Formación y Derechos Humanos, Rocío Di Bastiani, y la directora de Formación, Sol Logroño.

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Reunión de la Red Provincial de Derechos Humanos

La cartera provincial se reunió con coordinadores, directores, secretarios municipales de Derechos Humanos que integran la Red Provincial de Derechos Humanos, con quienes en los últimos cuatro años trabajaron en el territorio bonaerense.

«La reunión fue para poner en común las líneas de trabajo que llevaremos adelante en conjunto para volver a ubicar a los Derechos Humanos como una política de Estado en la provincia de Buenos Aires», comentan desde el organismo provincial.

Los referentes municipales fueron recibidos este jueves en La Plata por el Subsecretario de Derechos Humanos, Matías Facundo Moreno, junto a su gabinete con el objetivo de poner en valor y dar continuidad a la «tarea de resistencia y construcción que la Red llevó adelante en la anterior gestión cuando la provincia era arrasada».

Moreno manifestó la necesidad de “volver a poner a los derechos humanos como una política de Estado en la Provincia”, y les garantizó “el apoyo de la subsecretaría a las secretarías, direcciones y coordinaciones municipales”.

Entre los principales temas que se trataron en la reunión figuran la preocupación por los llamados «presos políticos», por «la situación de las personas privadas de la libertad en las cárceles y comisarías y por la violencia institucional» con investigaciones, condenas e imputación por malversación de fondos públicos.

También se conversaron sobre la necesidad de trabajar en una Ley provincial de Sitios y Espacios de Memoria, en la necesidad de institucionalizar las acciones de Derechos Humanos y en que todos los municipios de la provincia cuenten con áreas de derechos humanos jerarquizadas.

Al finalizar el encuentro, Moreno garantizó: “Acá hay compañeros para hacer la mejor gestión provincial posible en derechos humanos y también para que cada municipio también haga la mejor gestión”.

Por los municipios estuvieron presentes el secretario de Derechos Humanos de Avellaneda, Claudio Yacoy; el subsecretario de Derechos Humanos de General Rodríguez, Camilo Sueiro; el representante de la Dirección de Hurlingham, Omar Sperle; la concejal de Escobar, Flavia Battistiol; la directora de Derechos Humanos de Malvinas Argentinas, Zulma Vera, y la directora de Migrantes del municipio, Silvia Burgos.

También estuvo el Director de DD.HH de Florencio Varela, Guillermo Ñañez; el secretario de Quilmes, Hugo Colaone, el director de DDHH, Rubén Schell, y el director de Pueblos Originarios, Julio Sosa; el coordinador de Derechos Humanos de Mercedes, Sergio Carini; la Secretaria de Derechos Humanos y Equidad de Marcos Paz, Adriana Ruiz, junto a la operadora Ivana Paz; la directora de Merlo, Marcela Maidana, y el integrante de ese área, Mariano Berlengo; la directora de Almirante Brown, Débora Casado; la directora de derechos humanos de Morón, Antonela Di Bruno, y la subsecretaria de derechos humanos de La Matanza, Amira Curi.