Luego de un intenso pero maduro debate dentro de la coalición gobernante, el Gobierno Nacional dispuso otorgarle a la Administración General de Puertos la concesión de la operación para el mantenimiento del sistema de señalización y tareas de dragado y redragado y el correspondiente control hidrológico de la Vía Navegable Troncal.
La decisión del Gobierno de dejar a la Vía Navegable Troncal Paraguay-Paraná por los próximos 12 meses bajo control estatal, que quedó oficializada este jueves con su publicación en el Boletín Oficial, generó alivio por parte de los sectores que cuestionaban la gestión otorgada por el gobierno de la presidencia peronista de Carlos Saúl Menem.
Se trata del Decreto 427/2021 que lleva la firma del presidente Alberto Fernández, que le otorga a la Administración General de Puertos (AGP) la concesión de la operación para el mantenimiento del sistema de señalización y tareas de dragado y redragado y el correspondiente control hidrológico de la Vía Navegable Troncal comprendida entre el kilómetro 1.238 del Río Paraná, punto denominado Confluencia, hasta la Zona de Aguas Profundas Naturales en el Río de la Plata exterior.
Para ello, el mismo decreto incorpora como segundo párrafo del artículo 5° del Estatuto Administración General de Puertos, que el organismo “también podrá asumir la concesión de obras y la administración, prestación de todo tipo de servicios de mantenimiento y operación de las vías navegables que se le otorguen o se le encomienden, realizando los actos que le corresponda ejecutar en tal carácter, por sí o a través de terceros”.
El ministro de Transporte, Alexis Guerrera, había adelantado el martes último a Télam que se estaba “trabajando para asegurar el mantenimiento del servicio de la Vía Navegable Troncal Paraná-Paraguay durante un año”, de manera de poder contar con “tiempo suficiente para preparar una licitación grande y así garantizar la navegabilidad” como está sucediendo en la actualidad.
Guerrera dijo que hay “un trabajo conjunto, desde el Consejo Federal de la Vía Navegable, con la participación activa prevista de las provincias vinculadas con la vía navegable”.
“También participan del proceso universidades públicas como la Universidad del Litoral, que trabaja los aspectos más técnicos; de la Universidad de Rosario, que aborda los temas ambientales y la Universidad de San Martín que analiza los aspectos técnicos; con Medio Ambiente de Nación y de todas las provincias, con las que vamos a abordar de manera integral los pliegos que se pondrán a consideración para la vía navegable para los próximos 15 años”, había señalado el funcionario.
Repercusiones
Para el presidente de Astilleros Río Santiago, Pedro Wasiejko, en declaraciones radiales manifestó su satisfacción por la medida: ”Es un paso importantísimo”, aseguró, y . agregó, “se estaba cobrando U$S 3.06 por tonelada cuando la media internacional es de 2.06 dólares la tonelada”.
Por su parte, la diputada nacional por el FdT, Fernanda Vallejos, coincidiendo con Wasiejko también declaró que es un “primer paso importantísimo para resolver las vulnerabilidades que presenta el actual sistema logístico, como la subdeclaración de exportaciones o sobrefacturación de importaciones”, al tiempo que destacó las implicancias, también estratégicas, como “la integración y la planificación territorial y del modelo de desarrollo que queremos para la Argentina”.
Opositores
Empresarios agroindustriales en declaraciones al diario La Nación, expresaron sus reservas a que la medida afecte “la competitividad del agro”. Nicolás Pino, titular de la Sociedad Rural, dijo que “el sector agropecuario quiere ser parte del nuevo armado de la hidrovía. Hoy no somos tenidos en cuenta en su reconfiguración, estamos afuera de las discusiones y debemos ser incluidos”.
En tanto para Gustavo Idígoras, presidente de la Cámara de la Industria Aceitera y el Centro de Exportadores de Cereales (Ciara-CEC), sostuvo que la decisión del Gobierno “es un grave error. No tiene los recursos económicos ni tecnológicos para hacerlo, menos aún frente a una bajante histórica del Paraná. El Estado debe llamar a licitación de forma urgente manteniendo el cobro directo de la tarifa en el concesionario” (InfoGEI)
