El Movimiento Popular Patria Grande y el Movimiento Justicia y Libertad realizarán este martes 7 de octubre un señalamiento al Colegio de Martilleros y las distintas inmobiliarias que especulan con las necesidades del pueblo platense fijando costosísimas condiciones para el acceso a un alquiler, un terreno o una vivienda propia.
En el marco de la Semana Mundial del Hábitat y bajo la consigna “La Tierra y la Vivienda son un Derecho: por una Ciudad Integrada y con Igualdad”, militantes de las dos organizaciones populares se concentrarán desde las 10 horas en Plaza Paso (13 y 44) para iniciar una caminata y señalar al Colegio de Martilleros y a las principales inmobiliarias estafadoras de la capital provincial como responsables de este problema que afecta a miles en beneficio de pocos.
El referente de Patria Grande, Leandro Amoretti, afirmó que “vamos a hacer esta intervención para reclamar por el Derecho a la Ciudad. Los alquileres, las condiciones y requisitos suben por encima de la inflación y se llevan una parte cada vez mayor de nuestros salarios. Los grandes promotores inmobiliarios que compran, venden, construyen, prestan y, por sobre todo especulan, han sido los grandes beneficiados del crecimiento de nuestra ciudad y también han sido los impulsores del actual Código de Ordenamiento Urbano que debemos derogar”.
Por su parte, el dirigente de Justicia y Libertad, Cristóbal “Toto” Marcioni, sostuvo que estos sectores conforman “un conglomerado de poder y negocios multimillonarios junto a constructoras, financieras, sectores del poder judicial y del poder político y llevan de voceros al multimedios más grande de La Plata. Los martilleros se han vuelto un poder oculto que fijan precios y deciden quien accede y quien no”, en tanto que “los que alquilamos, los que ganamos el Procrear y no conseguimos terrenos, los que compramos en los barrios lo que no se puede escriturar, los que vivimos al lado de los arroyos, en zonas bajas, los que ocupamos para poder vivir, somos los grandes perdedores”.
Por último, Amoretti y Marcioni pidieron la intervención del Estado para fijar un límite a los abusos de inmobiliarias y martilleros contra los inquilinos; el cese de la especulación inmobiliaria; y la urbanización, servicios y espacios públicos para todos los barrios.
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