El objetivo es crear una norma que obligue a poner la leyenda “ALTO EN” en paquetes y envases de aquellos alimentos y bebidas que tengan excesos de calorías, azúcares, sodio y grasas saturadas. Una experiencia similar se viene instrumentado, con éxito, en Chile.
Walter Martello también propuso introducir modificaciones en el sistema impositivo para ponerle un freno a la comida chatarra y estimular la producción, comercialización y consumo de comida saludable destinada a niños, niñas y adolescentes (NNyA).
Un reciente informe del Observatorio de Derechos de NNyA de la Defensoría del Pueblo bonaerense, a cargo de Martello, advirtió sobre la falta de regulación en la Argentina del negocio de las golosinas. Una sola empresa, que concentra el 80% del mercado y obtienen ganancias en la Argentina que no consigue en ninguna parte del mundo, acumuló ventas anuales de golosinas y chocolates por más $13 mil millones de pesos, lo que equivale a casi el 35% del presupuesto anual destinado al Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires. Según lo informado por la propia empresa en su balance 2017, en un año de bajo crecimiento del mercado, el denominado “Negocio Golosinas” siguió creciendo y la compañía invirtió más de $1100 millones para publicitar productos de escaso o nulo valor nutritivo destinado a niños, niñas y adolescentes.
A su vez, una investigación de la Fundación Interamericana del Corazón (FIC-Argentina), que indagó sobre propagandas de distintos alimentos, determinó que el 88% de los productos relevados no cumplían con los requisitos nutricionales necesarios para ser publicitados según el sistema de perfil de nutrientes diseñado por la Oficina Regional de Europa de la Organización Mundial de la Salud. “Es fundamental que los sellos descriptores figuren de manera frontal en el envase, en forma perfectamente visible y destacable”, explicó Martello.
Imagen: Modelo del sistema de rotulado de bebidas y alimentos propuesto por el Observatorio de Derechos de NNyA de la Defensora del Pueblo bonaerense.
América Latina tiene una de las prevalencias más altas del mundo con un 20 y 25% de NNyA con mal nutrición. Para la Organización Mundial de la Salud (OMS), los casos de sobrepeso y obesidad infantil se han casi triplicado en los últimos 30 años. Por ello, los estados Miembros de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) aprobaron por unanimidad, en 2014, un plan de acción para prevenir esta problemática. Y dos años más tarde, la OPS presentó su “Modelo de Perfil de Nutrientes”, con el objetivo de proporcionar una herramienta para clasificar los alimentos y bebidas con excesos de nutrientes críticos, principalmente azúcares libres, sal, grasas saturadas y ácidos grasos trans.
A nivel nacional, existe una preocupante falta de actualización de estadísticas oficiales. Los resultados de la Encuesta Nacional de Nutrición y Salud (ENNyS), realizada durante los años 2004-2005, mostró una prevalencia de obesidad del 10,4% en niños y niñas de 6 meses a 6 años de edad. Recién en 2018, 13 años después de la primera encuesta, el gobierno nacional hizo el llamado a licitación para hacer la segunda ENNyS.
A su vez, los indicadores oficiales disponibles dan cuenta que la Argentina lidera la tasa de sobrepeso infantil en el continente. Este mismo problema es el segundo más frecuente en la población escolar de 5 a 13 años de todas las regiones del país, según el último relevamiento del Programa Nacional de Salud Escolar (PROSANE) que se dio a conocer en el año 2016. En primer lugar, se encuentra la pérdida de piezas dentarías que también está asociada, en muchos casos, a déficit nutricionales.
Desde la Defensoría del Pueblo también proponen una serie de medidas complementarias, en materia fiscal y sanitaria, para hacer frente a la epidemia del sobrepeso y obesidad:
Aumento de impuestos a las bebidas azucaradas y los productos de alto contenido calórico y bajo valor nutricional a fin de reducir el consumo como se hizo, exitosamente, en México. Esta medida posibilitará aumentar la recaudación fiscal y paliar el colapso del sistema sanitario.
Establecer políticas impositivas diferenciadas mediante el aumento de las alícuotas a los productos no saludables, y otorgar beneficios fiscales a aquellos que si lo son.
Nuevas políticas para mejorar la alimentación en el entorno escolar. Países como Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Estados Unidos, México, Perú y Uruguay han adoptado estrategias en ese sentido. En tanto, Brasil requiere en su normativa que al menos 70% de los alimentos que se proporcionan a los estudiantes sean naturales o tengan un procesamiento mínimo, y que al menos 30% del programa nacional de alimentación en las escuelas se use para comprar alimentos producidos por la agricultura familiar.
Seguir el Modelo de Perfil de Nutrientes de la OPS que clasifica los productos alimenticios a partir de la cantidad “excesiva” de uno o más nutrientes críticos.
