Trabajadores y jubilados del Banco Provincia realizaron una movilización hasta la Suprema Corte de Justicia bonaerense, en el marco de un paro activo del sector por 48 horas. Los trabajadores reclamaron la reapertura de paritarias y pidieron que se declare inconstitucional la modificación de la Ley de jubilaciones, impulsada por Vidal.
La manifestación, que partió desde la casa matriz del Banco Provincia, ubicada en La Plata, fue impulsada por la Asociación Bancaria (AB). Participaron también de la marcha, los diputados de Unidad Ciudadana, Susana González y Miguel Funes, quien además es trabajador bancario.
El principal reclamo de los manifestantes fue contra la ley 15.008, promulgada por el gobierno provincial el mes pasado. Mediante dicha ley, el ejecutivo modificó el sistema previsional de los empleados del Banco, elevando 8 años la edad jubilatoria y alterando la tasa de sustitución. En ese sentido, el secretario general de la AB, Sergio Palazzo, afirmó que “esta ley le quita derecho a los trabajadores y quieren hacer ver a los trabajadores del Banco Provincia como privilegiados cuando en realidad no es sí, el aporte que hacen es superior en comparación a otros regímenes”.
Por otro lado, los manifestantes también reclamaron, en consonancia con sus compañeros de todo el país, la reapertura de la paritaria del sector. Los referentes gremiales repudiaron el vencimiento de la paritaria; la falta de convocatoria por parte de la patronal, el pase de responsabilidades entre los empresarios y el gobierno de Cambiemos; y la oferta de un magro aumento salarial del 9%.
Al respecto, Federico Bach, secretario general La Bancaria Seccional La Plata, sostuvo que “Seguiremos reclamando porque las medidas de Cambiemos son un atropello hacia los trabajadores, es paupérrimo el 9 por ciento ofrecido”. Por su parte, el diputado Funes denunció “Ataques sistemáticos por parte del Gobierno, persecución a los compañeros del Banco Provincia y despidos sumados a una catarata de políticas neoliberales “.
Finalmente, los dirigentes gremiales también denunciaron la presencia de 200 “ñoquis” ocupando cargos políticos en el Bapro. Los sindicalistas demostraron la contratación de alrededor de 200 asesores , con sueldos que alcanzan los 250 mil pesos mensuales y sin que se pueda comprobar una efectiva prestación de servicios en la entidad.
Santiago Etchemendi, secretario general de la CGI del Bapro, Seccional Buenos Aires, afirmó al respecto que “Consideramos que son contrataciones irregulares, ya que no se conoce la contraprestación que estas personas brindan a la institución, que además no han efectuado carrera bancaria alguna ni trayectoria en el sector financiero y productivo”.
Además, Etchemendi no dudó en calificarlos como “ñoquis políticos”, y ejemplificó con el caso de María Gisela Candarle quien “tiene firmado un contrato por $ 676.000 anuales. Acá no la vimos nunca trabajando y debe ser porque a su vez es secretaria de Coordinación de Políticas Judiciales del Consejo de la Magistratura de CABA”. Por último, el referente sindical concluyó que “la austeridad anunciada por Vidal es sólo para los trabajadores, pero no para la casta política y los amigos del poder”. (Diagonales.com)
