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Purga precoz: Fernández, obligado a soltar lastre a cuatro meses de arrancar

     

El despido de un funcionario de Desarrollo Social podría no ser el único. La crisis se inscribe en la saga de errores no forzados de la nueva administración.


El escándalo por los sobreprecios en la compra de alimentos en plena crisis del coronavirus se cobró la primera cabeza de un funcionario de la administración de Alberto Fernández, a cuatro meses del desembarco del Gobierno. Obligado a cortar de raíz el tema para evitarle un nuevo dolor de cabeza a la Casa Rosada tras una sucesión de errores de políticos en plena pandemia, el ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, le pidió la renuncia al secretario de Articulación de Política Social, Gonzalo Calvo, responsable de la adquisición de los productos.

Afuera. Gonzalo Calvo, el funcionario echado por Arroyo para bajar la espuma del escándalo.

Arroyo tomó la decisión este martes, luego de escuchar al Presidente, quien le pidió que actuara «con determinación» para resolver el tema. Fue luego de que Fernández debiera volver a intervenir personalmente para resolver un problema político generado en la gestión. Pocas horas antes, había puesto la cara por la falta de coordinación entre la ANSES, que conduce Alejandro Vanoli, y el Banco Central, que preside Miguel Pesce, que derivó en que miles de jubilados se agolparan el viernes frente a los bancos para cobrar jubilaciones. Molesto, Fernández admitió el error y mandó a los funcionarios a enmendarlo. Tres días después, mandaba a Arroyo a desactivar la bomba en Desarrollo.

El ministro avanzó con el pedido de renuncia un día después de que se conociera el escándalo, tras mantener una reunión privada en el ministerio con referentes del conurbano bonaerense. Allí estuvieron los intendentes Mariano Cascallares y Juan Zabaleta y el ministro de Obras Públicas y exintendente Gabriel Katopodis.

Calvo responde a la línea de intendentes. Fue secretario de Seguridad de Almirante Brown, donde gobierna Cascallares. En 2019, renunció al municipio tras ser acusado de pedirle coimas a una empresa de seguridad privada, aunque el presunto delito no pudo ser probado en la Justicia y fue sobreseído.

Calvo fue quien autorizó la operatoria para adquirir los productos por sobre los precios testigo establecidos por la Sindicatura General de la Nación (SIGEN), que derivó en una denuncia del diario La Nación.

Tras conocerse la noticia, el Presidente mandó a Arroyo a dar explicaciones públicas sobre el episodio. Más tarde, lo respaldó públicamente y dejó en claro que no dudaba de su honestidad pero marcó la cancha hacia abajo. «El primero en perseguir a un corrupto es el Presidente», dijo en TN. Horas después, el ministro abrió una investigación interna para determinar lo sucedido y luego les anunció la decisión a los intendentes.

«Alguna cabeza tenía que rodar», dijeron fuentes de la Casa Rosada, donde creen que el Gobierno no tiene margen para seguir cometiendo errores no forzados en pleno combate del coronavirus. La reacción fue rápida y en línea con la idea de dar respuestas a la sociedad, la que Fernández ordenó a sus funcionarios.

Según pudo saber el portal Letra P, la decisión de pedirle la renuncia a Calvo fue «el primer resultado de la investigación», que ahora seguirá con la revisión del circuito administrativo de compras del ministerio. En la cartera anunciaron que «no se descartan más cambios» y resolvieron revocar las licitaciones de aceite y azúcar. (Letra P)