Mientras esta semana comenzó a aplicarse el aumento dispuesto por Agua y Saneamientos (AySA), el Defensor del Pueblo Adjunto de la Provincia, Walter Martello, elaboró un informe donde advierte sobre el impacto del nuevo esquema tarifario. Afirmó que puede ocasionar problemas adicionales como consecuencia de la quita de descuentos y la disminución de los recursos destinados a sostener las tarifas de los sectores más vulnerables. Mientras tanto, la facturación de la empresa sube año a año.
Martello también advirtió que cada vez son más los usuarios que dejan de pagar las tarifas: las cuentas incobrables se incrementaron en casi 400% en los últimos tres años.
“A través de sus resoluciones ,donde consagra al Derecho al Agua como un Derecho Humano y apunta a los sectores de niñez como los más vulnerables frente a ese derecho, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) sugiere que el costo del agua no debería superar el 3% de los ingresos del hogar, situación que se vulneraría a partir de facturas que superen los $600 en hogares cuyos ingresos no superen los $20.000″, destacó Martello, quien está a cargo del Observatorio de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes de la Defensoría.
En ese sentido, el defensor del Pueblo Adjunto puso como ejemplo un hogar del Conurbano, que en el año 2016 pagaba 234 pesos por mes, siendo una vivienda con una valuación fiscal de 110 mil pesos. “Dos años después, esta misma familia deberá abonarle a AySA $814,25, muy por encima de las recomendaciones de los organismos internacionales”, señaló el Defensor del Pueblo Adjunto.
El informe del Observatorio destaca que AySA aumentará su facturación este año en $4.372 millones más respecto al año pasado, pese a los cual habrá un recorte de $433 millones en los fondos que se destinan a la tarifa social. Según informó la propia empresa en la última audiencia pública, en 2017 se previó un presupuesto de $1.153 millones destinado a la Tarifa Social que se esperaba fuera cubierto con aportes del Tesoro Nacional, el cual incluía $733 millones correspondientes al “Subsidio Zonificado- Programa Tarifa Social” y $420 millones destinados a la Tarifa Social original. Pero la propia compañía reconoció que los resultados no fueron los esperados.
“Con la ejecución presupuestaría se evidenció que las necesidades de este último subsidio fueron inferiores a lo previsto llegando a ejecutarse $292 millones, y por otra parte, no se logró que el Tesoro Nacional aportara los fondos necesarios para financiar el programa”, informó AySA. En 2018, el presupuesto inicial –que podría ser ampliado a solicitud del Ente Regulador de Agua y Saneamiento- para financiar la tarifa social es sensiblemente menor: $720 millones que, según la compañía, deberían alcanzar para asegurar el acceso (estimado) de 375.000 beneficiarios.
Según el Defensor del pueblo Adjunto, la instalación de medidores también es una falencia de AySA. “La empresa presentó un plan del cual surge que pueden a llegar a tardar veinte años en cubrir la totalidad de los usuarios que están fuera del sistema medido”, remarcó.
