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Escuelas técnicas de la provincia: “El desfinanciamiento apunta a la mercantilización de la educación”

Entrevista de Revista Contexto a Gerardo Marchesini, exdirector provincial de Educación Técnica, quien detalló cómo es el estado de situación de las escuelas técnicas en un marco de ajuste en el sistema público.

En medio del ajuste en educación a nivel nacional, con severos recortes previstos en la ley de Presupuesto 2019 a la que Diputados dio media sanción, la educación técnica de la provincia de Buenos Aires atraviesa un momento de intentos de reformas curriculares en detrimento del trabajo docente y de subejecución presupuestaria que afecta su funcionamiento.

El exdirector provincial de Educación Técnica, Gerardo Marchesini, explicó cómo es el proceso a partir del cual el gobierno de María Eugenia Vidal destruye a este sector del sistema educativo. El exfuncionario, a quien el director general de Escuelas, Gabriel Sánchez Zinny, obligó a renunciar ni bien asumió en 2017, detalló que ese proceso conlleva desfinanciamiento a través de subejecuciones presupuestarias y reformas curriculares que reducen horas y tercerizan el trabajo docente, condiciones que sientan el campo para el avance de privados, como ocurrió en la Escuela Técnica Nº 6 (Albert Thomas).

Los gremios docentes denuncian un fuerte ajuste en la educación técnica. ¿Cuáles son las medidas que han impactado en este sector del sistema educativo?

El contexto tiene que ver con los recortes presupuestarios, en particular con la subejecución presupuestaria. Provincia está subejecutando el Fondo Nacional de Educación Técnica Profesional (ETP). Las escuelas técnicas, agrarias, centros de formación profesional e institutos técnicos superiores se sustentan de dos formas: una vía es por el Fondo Nacional que le dio la Ley 26.058 y la otra es el presupuesto provincial. Provincia sólo paga los sueldos. El ajuste en el Fondo Nacional se viene dando desde 2016. El encargado de ejecutarlo es el INET (Instituto Nacional de Educación Tecnológica), que hasta 2016 manejó Sánchez Zinny. La ejecución en ese año de su gestión fue sólo del 12%. En números, se perdieron 2.300 millones de pesos. Como resultado de eso, lo nombraron ministro en provincia para 2017. En 2017, y este año también, se subejecutó. Entre los tres años se perdieron 500 millones de dólares.

¿Cómo se da este proceso de recortes en la provincia y qué aspectos educativos afecta?

La provincia de Buenos Aires tiene el 48% de la matrícula del país, con lo cual se ve enormemente afectada por esta vía de financiamiento a nivel nacional. Por la segunda vía, la provincial, el gobierno intenta desde mitad de año una reforma curricular que baja entre 1.100 y 1.400 horas en el trayecto formativo para los títulos de técnico medio. Esto es un año de estudio. Es un recorte del 20% en los sueldos docentes, con lo cual el ajuste en nación ya se hizo, y si se aprueba el proyecto para 2019 que está en debate, formalmente se cae el Fondo de la ley.

¿Cómo juega en este proceso el avance de las ONG y fundaciones en el sistema público?

En este intento de desregulación del sistema de educación técnico-profesional empiezan a actuar actores externos: fundaciones y ONG. La única plata que se está ejecutando del Fondo Nacional son contratos con fundaciones, como por ejemplo Enseñá por Argentina. Acá lo que llevan adelante Sánchez Zinny y la gobernadora Vidal es claramente un proyecto de mercantilización de la educación, con la educación ya no como bien social, como dicen nuestras leyes, sino como bien de comercio.

Para hacer eso, antes tienen que desfinanciar, que ya lo hicieron. Después modificar los planes de estudio, con lo cual descompromete la validez nacional y la homologación del título. Y el tercer paso, como lo muestra el caso del Albert Thomas, entre otros, es que empieza a haber intentos de cosas que no quedan claras en cuanto al avance de privados, porque el convenio con la Fundación Albert Thomas no sabemos qué alcance tiene. Sí sabemos que la DGCyE firmó de manera específica un convenio. En este contexto de ajuste, uno sospecha intentos de tercerización y mercantilización de la educación. El proceso va en ese sentido.

¿Qué otros casos hay en los que el control de la escuela quede en manos de privados?

Hay distintos ensayos con fundaciones. Por ejemplo, una de las pocas cosas que ejecuta Provincia ahora: hay un plan que costó 16 millones de pesos con una fundación para que los alumnos entren vía online con una aplicación a ver su orientación vocacional. Es un disparate. No se compran los insumos básicos para que se hagan las prácticas, pero compran licencias de una fundación para esto. Cuando uno mira quiénes son, encontrás a Enseñá por Argentina, un cazador de talentos para precarizar el trabajo docente. Todo el tiempo hay fundaciones a las que la DGCyE les contrata servicios que son propios del Estado para que los hagan dentro de la escuela.

Los gremios señalan que la reforma curricular que impulsa Sánchez Zinny crea figuras institucionales que no están avaladas en el Estatuto docente. ¿Cómo es eso?

La Ley Provincial de Educación sostiene en su artículo 14 que cualquier reforma curricular no puede afectar fuentes de trabajo. Entonces, al bajar 1.400 horas, ellos plantean que esas horas sin disponibilidad los docentes no las van a perder, por eso crean “figuras de apoyo”, como tutorías. Eso es insostenible, porque, en primer lugar, no es una figura estatutaria. Si quieren generar figuras nuevas tienen que abrir la discusión en la paritaria. Pero no se puede cerrar la paritaria salarial, mucho menos abrir una discusión en estos términos. Los gremios no han sido siquiera llamados para hablar de esta reforma cuando la ley provincial establece que cualquier reforma curricular se hace con los actores educativos. Si se sabe de esto es porque ha habido filtraciones de los documentos. De lo contrario no se entera nadie.

A nivel nacional hay un proceso de desindustrialización. ¿Cómo se relaciona esta caída de la actividad industrial del país y este nuevo diseño curricular de Cambiemos?

Cada vez que vivimos un proceso de primarización de la economía, como pasa ahora, esto se repite. Se repitió durante el siglo XX varias veces. Durante el último golpe militar, la segunda medida económica de Martínez de Hoz fue desafectar el financiamiento que solventaba el Consejo Nacional de Educación Técnica (CONET) con el que se financiaba la educación técnico-profesional desde 1959, cuando lo creó el presidente Frondizi. Cuando desfinanciás una actividad, como ahora, esa actividad se cae. Este proceso terminó en los noventa con la descentralización del sistema secundario y la transferencia a las provincias y la Ley Federal de Educación. Nos llevó desde 1976 a 2005 tener una ley que otra vez solvente la educación técnico-profesional. Y eso permitió desde 2005 a 2015 crecer desde un 6% durante la crisis de 2001 de los títulos totales emitidos en el país de educación técnico-profesional, a un 15% en 2015.

Estos procesos no son nuevos, ya los hemos vivido. La diferencia que hay ahora con respecto a los noventa es que hoy hay una ley que dice lo contrario, por lo tanto, se está incumpliendo esa ley. Es una versión de los noventa pero más rápida.

¿Cómo son esos índices en países industrializados?

Un país industrializado tiene como mínimo de piso un 30%. Por lo tanto, en Argentina había que sostener no menos de diez o quince años más un proceso de financiamiento como el que teníamos. El 30% es la media europea, y cuando mirás a los países asiáticos que se industrializaron en los ochenta y en los noventa, andan en el 40%, 45% de participación entre los títulos técnicos y las ingenierías universitarias ligadas a educación técnico-profesional. Y eso se hace con financiamiento. Lo primero que hizo este gobierno es desfinanciar, y eso afecta a la matrículas.

Antes de conocerse el caso del Albert Thomas, Sánchez Zinny había dado de baja los convenios entre las escuelas técnicas y la Universidad Tecnológica Nacional (UTN). ¿Qué consecuencias tuvo?

Los convenios con la UTN fueron creados en 1995 para cubrir algunas escuelas del desguace de la educación técnica por la Ley Federal de los noventa. Primero fueron treinta y pico y últimamente quedaban seis. Esos convenios les permitió que no sean destruidas. Desde 2005, la mayoría de las escuelas abandonaron ese convenio. En La Plata quedaban dos, las técnicas Nº 8 y Nº 6, que mantenían el convenio con la UTN básicamente por una cuestión de proyecto de trabajo en común. Cuando se ataca esto, se ataca un fortalecimiento por parte de una institución educativa con una Universidad pública. (Contexto)

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Berisso Política Tercera Sección

Para Paulenko el Ajuste «no cierra con represión»

«El proyecto de Presupuesto 2019 recibió media sanción en diputados en un marco de represión policial a organizaciones sociales y sindicales que se manifestaban en contra del ajuste y con un Congreso militarizado».

De esta forma Alejandro Paulenko, concejal por el PJ-Unidad Ciudadana de Berisso, se manifestó en repudio a la represión de la protesta social: “Con las recetas del FMI, Argentina nunca llegó a buen puerto. Este ajuste no cierra sin represión, nos quieren amedrentar a gases y a palos”.

Con más de 27 detenidos -entre ellos trabajadores del ARS- se destaca la brutal represión sufrida por el secretario de ATE Berisso, Juan Murgia, quien sufrió la fractura de uno de sus brazos.

“Quiero expresar mi repudio a la brutal represión sufrida ayer por los compañeros que se acercaron al Congreso, especialmente con Juan (Murgia). Como hombres del movimiento obrero, somos sujetos de acción, pero esta respuesta represiva es lamentable y antipopular”, agregó Paulenko.

Vale destacar que el proyecto de Presupuesto que tiene como consigna “déficit cero” para 2019, prevé ajustes en distintas áreas -Servicios sociales, Educación y Cultura, Vivienda, Promoción y Asistencia-, excepto en el pago de intereses de la deuda, que se incrementar cerca del 50 por ciento, manisfetó el edil kircnerista.

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Análisis - Opinión La Plata Política

Martelli: «El Presupuesto 2019 es invotable»

Desde el Movimiento de Unidad Popular convocamos al conjunto de los argentinos a manifestarse frente al Congreso Nacional el miércoles 24 de octubre para exigir a los legisladores que no voten el Presupuesto 2019 enviado por el Ejecutivo.

El mismo es una burla ya que está basado en números irreales que solo pueden existir en la imaginación de Mauricio Macri y su equipo económico y plantea un duro ajuste en áreas estratégicas como educación, salud, ciencia y tecnología y trabajo, mientras que incrementa los fondos para pagar la deuda externa y nos ata de pies y manos al FMI.

El Gobierno extorsiona a los legisladores amenazándolos con no transferir fondos a las provincias y quiere hacer a la oposición responsable por gobernabilidad, que sólo está puesta en peligro por un programa económico orquestado para enriquecer a unos pocos a cambio del sufrimiento de la mayoría.

El camino del ajuste, la entrega de soberanía y destrucción del aparato productivo nacional traerá pobreza, crisis social y crisis política. Este camino condujo al abismo a la Alianza en 2001 y vemos con extrema preocupación cómo se repite el mismo experimento.

Ante semejante desacierto que pone en peligro la estabilidad social se hace cada día más necesario un camino de diálogo que ponga al trabajo y la producción en el centro de las preocupaciones.

Federico Martelli
Secretario General del Movimiento de Unidad Popular – Partido Justicialista.

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Análisis - Opinión Destacadas Institucionales Política Provincia

Desafíos y peligros hacia el Presupuesto 2019 en Provincia

El IDESBA realizó un análisiz sobre el Balance Fiscal de los años de gobierno de Cambiemos en la provincia de Buenos Aires y los principales peligros y desafíos del presupuesto 2019 en el siguiente resumen.

  • Bajo la gestión de Cambiemos en la provincia de Buenos Aires los recursos crecieron impulsados por la ayuda nacional, que se pone en peligro ante el acuerdo con el FMI que pretende recortarla.
  • Sin las transferencias del Tesoro Nacional el déficit financiero hubiese crecido enormemente en los años 2016 y 2017 respecto al 2015 (95,9% y 123,5%)

  • Por el lado del gasto hubo un ajuste selectivo dado por un crecimiento de los intereses de la deuda, en el marco del enorme endeudamiento que impulsó María Eugenia Vidal; y un recorte en las capacidades estatales a partir del achicamiento del Estado provincial.

  • La planta estatal se encuentra congelada y las remuneraciones cayeron 4,3% entre 2015-2017.

  • Mientras que el gasto que garantiza el funcionamiento del estado provincial se mantiene estancado desde 2015, los intereses de la deuda se incrementaron en un 19,3% en términos reales.

  • Los intereses de deuda pagados en el año 2017 fueron equivalentes a 1,6 veces lo destinado a promoción y asistencia social, o un 55% de los recursos en Salud.

  • Las sucesivas devaluaciones que llevaron el valor del dólar a valores en torno a $40,0 incrementaron la deuda pública provincial en $202.404 millones (+82,3%). Monto superior al total de los recursos presupuestados en 2018 para Educación y cultura ($177.650). Y superior a lo correspondiente a Seguridad social, Salud, Promoción y asistencia social, Vivienda y urbanismo, Asuntos laborales, Ciencia y técnica y Promoción del medio ambiente y Agua potable juntos ($199.454 millones).

  • El stock de deuda pública se incrementó del 5,7 % del PBG en 2015 al 12,3% al tipo de cambio vigente. La parte denominada en moneda extranjera fue la de mayor crecimiento, pasando de una participación en el stock de deuda del 59,9% al 81,5%.

  • Al tipo de cambio vigente ($40=1 U$S) el stock de deuda asciende a $448.375 millones. De este modo, el incremento de la deuda bajo la gestión de Cambiemos a 2017 actualizada por efecto cambiario es del 280,3%.

  • El acuerdo con el FMI (que reduce transferencias, pone en peligro el Fondo Solidario y traspasa subsidios a los servicios públicos y el trasporte) junto a las amortizaciones de deuda e intereses que enfrenta la provincia de Buenos Aires en 2019, ponen en una situación de gran fragilidad a las finanzas provinciales bonaerenses.

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Análisis - Opinión Destacadas Nacionales Política

Presupuesto 2019: ¿herramienta de política económica o estrategia comunicacional?

(Por el Centro CEPA) El Presupuesto no sólo es una ley que se discute y aprueba anualmente en el Congreso de la Nación y permite otorgar un marco institucional a las decisiones económicas del poder ejecutivo, sino que constituye una herramienta de política económica central para la gestión gubernamental en la medida en que proyecta la evolución de las principales variables macroeconómicas del país, de un año a otro, otorgando previsibilidad a los ingresos y gastos públicos, para la planificación del conjunto de los actores económicos tanto locales como extranjeros. En este sentido es una herramienta significativa –sino la más importante— para generar expectativas sobre la trayectoria futura de una serie de indicadores de los cuales depende el funcionamiento global de la economía.

Esta funcionalidad está ausente en el presupuesto 2019, mostrando una preocupante continuidad con el pobre cumplimiento de las proyecciones de los presupuestos 2017 y 2018, los tres bajo la gestión de Cambiemos. En el presupuesto 2017, la inflación se estimó en 17% pero cerró en 24,8%. En el presupuesto 2018 se estimó una inflación “consistente con las metas del BCRA” de 10%, con una variación en más o en menos del orden de 2%. A pocos días de su presentación, el gobierno decidió modificar las metas de inflación al 15%, aunque a pesar de eso, hoy la inflación se estima en no menos de 42%.

También en la presentación del Presupuesto 2018 se proyectó un crecimiento anual de 3,5% del PBI, un déficit comercial cercano a los 7.000 millones de dólares y un tipo de cambio entre los $19 y $20,50 por dólar. Un año más tarde, se prevé caída estimada de al menos 2,4%, el déficit comercial de U$S 5.867 millones (solamente a julio de 2018) y el dólar mayorista cerrando en torno a los 38 pesos en la tercera semana de septiembre.

En el presupuesto 2019, los valores del tipo de cambio, la inflación, el PBI y las exportaciones generan serias dudas sobre su consistencia. El optimismo que supone un dólar a $40 promedio en todo 2019, una inflación a diciembre 2019 de 23% acumulativa, exportaciones creciendo a más del 20,9% anual en términos reales (llegando a ¡95 mil millones de dólares! ¡récord en la historia argentina!) y el PBI sólo cayendo 0,5% (cuando 3 de sus 4 componentes caen, como el consumo privado, público y las inversiones), hacen pensar que se trata de una gran estrategia comunicacional. Esta suposición se revela en la propia exposición de las causas de la crisis económica actual que realiza el mensaje del Presupuesto, que menciona la suba de tasas de Estados Unidos, la incertidumbre en Brasil y la crisis en Turquía como las causas exógenas que nos han colocado donde estamos y sólo considera como elementos locales a la sequía del agro y el impacto de la causa “cuadernos”.

A continuación, se listan los principales problemas de consistencia macroeconómica quepresenta el presupuesto 2019:

• La estimación del tipo de cambio a $40,1 implica que la cotización del dólar deberá mantenerse en promedio a ese valor, durante lo que resta de este año y hasta diciembre de 2019. Dada la enorme variabilidad e imprevisibilidad de la política del Banco Central, parece difícil imaginar ese escenario.

• El Ministerio de Hacienda proyecta una caída del 0,5% del PBI motorizada por la baja en el consumo público (-3,4%), la inversión (-9,7%), y el consumo privado (1,6%), amortiguando parte de ese impacto con un sensible aumento de las exportaciones. Dicho aumento es del orden del 20,9% en términos reales. En dólares, al tipo de cambio de $40,1, el gobierno pretende alcanzar unos U$S95.000 millones de exportaciones, siendo que, en 2016, 2017 y 2018 las exportaciones giraron en torno a los U$S 60.000. Si no se produce ese aumento de las exportaciones, ello no amortiguaría la retracción en el resto de los conceptos de la demanda agregada, profundizando la caída del PBI.

• La inflación estimada en 23% a diciembre 2019 implica un tipo de cambio “pisado”. Si el tipo de cambio aumenta, entonces dicha inflación sería sólo un piso estimativo poco creíble para 2019. Para la inflación promedio suponen 34,8%, lo cual revela que esperan niveles de inflación acumulada muy elevados en el primer semestre y una sensible baja en la segunda mitad del año. Vuelve la lógica de un segundo semestre promisorio.

• La estimación de la relación Deuda/PBI, del orden del 87%, es un duro reconocimiento para la gestión actual (que han anticipado distintos centros de economía y consultoras bajo la crítica oficial). Pero además es un dato que a diciembre 2018 muy posiblemente se encuentre subestimado. Según fuentes alternativas, como la UMET, hoy el peso de la deuda sobre PBI supera el 100%. Asimismo, si el tipo de cambio se modifica, el peso de la deuda se vería incrementado, tal como sucedió recientemente.

• Lo mismo ocurriría con la estimación de los intereses de deuda que componen el déficit financiero. Se estima un valor de $596.065 millones a 2019 (curioso, ya que revela que el déficit 0 solo era primario), pero si se asume que los intereses de deuda son 70% en moneda extranjera (como la deuda pública), y considerando un tipo de cambio de $50, los intereses para 2019 ascenderían a $699.075
millones.

• En línea con esto, el gobierno indica en el Presupuesto que “el impacto directo de un desvío de 1% en la pauta cambiaria redundaría en una mejora de 0,01% del PBI en el resultado primario”, es decir que en términos fiscales el “error” de estimación en el tipo de cambio no tendría efectos negativos sobre las proyecciones fiscales. Pero para realizar esa estimación, el gobierno sólo consideró el impacto en retenciones y los gastos nominados en dólares (subsidios del gas, por ejemplo). Olvida deliberadamente que un error de estimación de ese tipo impacta en la inflación, con efectos sobre el poder adquisitivo (afectando el consumo) y en los salarios y resto de gastos de la administración pública (¿se mantendrían estables?), además de afectar el pago de intereses de deuda, mayoritariamente en dólares.

• Finalmente, la evolución del IVA pareciera muy auspiciosa (31,6%, superando la inflación 23% punta a punta). Lo cierto es que con caída de consumo de 3,4%, no parece razonable que el IVA crezca más que la inflación. ¿Cuál es el sentido de escribir un Presupuesto que nadie cree que pueda cumplirse? ¿Cuál es el rol del Congreso en la planificación estatal promoviendo un Presupuesto que nada tiene que ver con la realidad?

Hecho en Washington

Si el presupuesto está lejos de oficiar de guía orientadora de las expectativas de los actores, lo que sin dudas cumple es lo acordado con el Fondo Monetario Internacional. Para esos puntos no hay estrategia comunicacional, hay decisiones a medida. Aquí nos detendremos en dos de ellas: ajuste y condiciones de futuros canjes de deuda.

Primero, el déficit primario en 0% supone acatar todo lo acordado y firmado con Christine Lagarde y más (ya que el pasaje de 1,3% a 0% lo decidió el superministro Dujovne para ser muy claro ante el Fondo en su decisión de ajuste). Y si esto no es suficiente para la aprobación del nuevo acuerdo –sobre el cual aún no hay noticias—, ¿habrá exigencias de reformas estructurales del tipo privatización (AFJP, Vaca Muerta, Banco Nación)?

Incluso más allá de estas especulaciones, lo que se observa en el Presupuesto es una enorme decisión de recortar partidas sensibles para el bienestar de la población.

• Las jubilaciones crecerían a 37,6%. Esto parece muy lógico con una estimación de la movilidad, entre 33 y 37%. Considerando la evolución del REM del Banco Central la inflación entre julio de 2018 y junio de 2019 podría alcanzar de 37,65%, y es el periodo de inflación que se aplica para la actualización jubilatoria de enero a diciembre de 2019 (dato al cual le faltaría incorporar el 30% de variación salarial). Sin embargo, llama la atención la evolución de la Asignación Universal para Protección Social, que se incrementa en sólo 20,4%, es decir por debajo de la inflación, pero además lo hace de manera diferente respecto de las jubilaciones, cuando todo debería crecer según la misma fórmula de movilidad. ¿Están pensando en eliminar la movilidad para la AUH? Esto además contradice la “garantía social” que mencionaba el Memorándum con el FMI.

• A ello se agrega que tanto para jubilada/os, beneficiaria/os de AUH y de salario familiar se modifican a la baja los adicionales por zona para los nuevos beneficiarios.

• Los salarios de la administración pública, por pedido del FMI, debían aumentar el 8%. Con inflación prevista en 23%, implica una pérdida de poder adquisitivo superior al 10%.

• Hay recortes principalmente en subsidios, que hacen prever aumento de tarifas. En energía el recorte será de 1,6% en términos nominales y en transporte alcanzará 18,1% (también nominal).

• Hay también recortes en educación. En las transferencias de gastos corrientes a las provincias la reducción es del 13,5%. Esto implica que las propuestas a los docentes de cada provincia serían inferiores incluso que las de 2018, y sólo considerando en términos nominales. En lo referido a gastos de capital, la variación interanual será de -0,5%, es decir, habrá significativamente menos obra de infraestructura escolar que la magra ejecución de este año.

• En lo referido a gastos de capital, el recorte nominal es sensible en energía (59,9%) y en vivienda (8,9%).

• Los gastos para planes como Argentina Trabaja, Progresar y otros solo crecen 14,6%, es decir, muy por debajo de la inflación.

• Llama la atención que el presupuesto “cierra” con el aumento de dos rubros del ingreso que habían sido los primeros de achicarse en la gestión de Cambiemos: las retenciones estarán aumentando 201,2% y bienes personales lo hará en 69,4%.

Como segundo eje que revela la convergencia con intereses del capital financiero, sobresale la modificación propuesta sobre la regulación de las reestructuraciones de deuda pública, eliminando los requisitos impuestos actualmente al Poder Ejecutivo que figuran en el Artículo 65 de la Ley de Administración Financiera. Se reemplaza la condición de que los nuevos acuerdos impliquen un “mejoramiento de los montos, plazos y/o intereses de las operaciones originales” por un eventual canje según “las condiciones imperantes del mercado financiero”. Esta modificación denota que el gobierno está pensando en recurrir a reestructuraciones de deuda y, en segundo lugar, el nuevo articulado permite suponer que las condiciones de esa reestructuración no favorecerán a la Argentina.

La norma posibilita saltear al Congreso en cualquier propuesta de reestructuración y acordar condiciones que no favorezcan a nuestro país con absoluta arbitrariedad (¿nuevo megacanje?). Pareciera que la intención —más del FMI en su rol de último garante del capital financiero, que del Gobierno—, es precisamente garantizarse una reestructuración de deuda antes de las próximas elecciones, evitando con ello la posibilidad de una renegociación en manos de un próximo gobierno, que suponga algún tipo de reivindicación de mejores condiciones para la Argentina.

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Política Provincia Tercera Sección

Pallares manisfestó que no van a aprobar el Presupuesto bonaerense 2019 a libro cerrado

José Luis Pallares, senador bonaerense del Frente Renovador, se refirió a la discusión por el Presupuesto 2019 que se viene en la Legislatura.

“Nosotros no vamos a aprobar nada a libro cerrado, ni en Senadores ni en Diputados. En caso de que el Presupuesto de la Provincia venga con posibilidades de financiación de deuda queremos saber de qué se trata, de cuánto es, a qué va a ser aplicada, sobre qué intereses”, manifestó el senador bonaerense del Frente Renovador, José Luis Pallares, en diálogo con el programa Superlógico (Keops FM 90.1 La Plata), que conduce Juan Alfaro.

Y agregó: “De ningún modo van a encontrar un bloque que de una manera u otra apruebe sin haber estudiado previamente ni el endeudamiento ni el Presupuesto. Vamos a tener largas jornadas, vamos a tratar que vengan los funcionarios de Economía a dar las explicaciones correspondientes y nuestros equipos técnicos que vienen del orden nacional, han de verificar, al igual que en Nación, el Presupuesto de la Provincia”.

En ese sentido, el legislador massista consideró: “Cuando se habla de endeudamiento hay que hablar con un poquito más de criterio y de seriedad. Desde el oficialismo están tirando números que de ningún modo van a ser aceptados ni por nuestro sector ni por ninguno de la oposición”.

“Veo difícil algunas cifras. No me quiero adelantar, primero que llegue el Presupuesto y luego tener claramente y sobre el piso cual es nuestra posición y de qué se trata esto a lo que quieren someter nuevamente a los bonaerenses, que ya vienen bastante vapuleados”, concluyó Pallares.

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Política Provincia

Intendente de Laprida futiga contra los legisladores peronista que convalidan proyectos a Vidal

Alfredo Fisher, intendente peronista de Laprida, criticó a legisladores de bloques opositores que entran con una boleta y luego “convalidan” leyes del oficialismo.

“La gobernadora (María Eugenia) Vidal, sus asesores económicos y sus técnicos en economía no responden a una matriz económica como la que tenemos en el peronismo y todos los que hemos votados una lista para que se oponga a este tipo de modelo deberíamos contar con representantes en la Legislatura que se opongan también”, manifestó el intendente peronista de Laprida, Alfredo Fisher, en diálogo con el programa Superlógico (Keops FM 90.1 La Plata), que conduce Juan Alfaro.

Y agregó: “Los endeudamientos en la Provincia de Buenos Aires tienen que salir con mayorías especiales en ambas Cámaras, y los peronistas tenemos el deber de juntarnos y ofrecer una alternativa, pero no puedo dejar pasar esta oportunidad para hacer un llamado de atención a todos los votantes de la Provincia porque hay que tener en claro quiénes son los legisladores que entran con nuestra boleta y luego convalidan, en un ratito, en una escapadita para dar un quorum, una levantadita de mano casi disimulada, un endeudamiento que va a poner en tela de juicio el futuro de nuestros bonaerenses”.

En ese sentido, el jefe comunal aseguró: “No puedo convalidar con un voto de un peronista un endeudamiento de estas características, sobre todo cuando uno, dos y tres años no se ha traslado a una inversión que tenga que ver con que cada uno de los pibes que vaya a la escuela de la Provincia no tenga que ir con miedo”.

Y añadió: “Tengo que lavar la ropa sucia para adentro, pero esto no me inhibe de poner en alerta a todos los que tienen un pensamiento opositor y que van a formar listas dentro de muy poco tiempo, compañeros que van a oponerse a un gobierno neoliberal, tenemos que informarnos y ver que legislador va a acompañar el endeudamiento del año 2019 y cuál lo va a votar en contra”,

“Lo que tendríamos que hacer es levantar la voz para que esa presión social le impida a quien tiene la representación de un legislador opositor levantar la mano en la situación comprometida”, concluyó Fisher.