El caso Julio «Chocolate» Rigau, el escándalo más demoledor que registra la Legislatura bonaerense en su historia reciente, dejó de ser un problema exclusivo de La Plata. La causa que involucra el desvío sistemático de fondos públicos a través de empleados «fantasma» o «ñoquis« —que cedían sus tarjetas de débito para que otros les cobraran los sueldos— tiene hoy nombres y apellidos de Berisso: el esposo y la cuñada de la concejal libertaria Laura Fernández figuran entre los más de cincuenta imputados que aguardan el inicio del juicio oral ante el Tribunal Oral Criminal N° 5 de La Plata. Y uno de ellos ya dio un paso que nadie más en la causa se había animado a dar: reconoció su culpabilidad.
Antonio Javier Rodríguez, esposo de la concejal Fernández y vecino de Berisso, se convirtió esta semana en el primer titular de tarjeta en aceptar un juicio abreviado. Según informó La Nación, Rodríguez admitió —mediante su letrado, ya que el acusado no estaba presente— el juicio abreviado, aceptando un acuerdo para declararse culpable a cambio de una sentencia acordada con la fiscalía de tres años en suspenso. La decisión lo convierte en el eslabón más débil de una cadena que la justicia busca remontar hasta los responsables políticos máximos del esquema.
El origen del escándalo: un cajero, cuarenta tarjetas y millones en una bolsa
Todo comenzó en septiembre de 2022, cuando la Guardia Urbana sorprendió a Julio «Chocolate» Rigau en plena acción. De acuerdo con La Posta Diario, el caso salió a la luz cuando personal de la Guardia Urbana sorprendió a Rigau en un cajero automático del Banco Provincia, ubicado en las calles 7 y 54 de La Plata. En ese momento tenía en su poder 40 tarjetas de débito que no le pertenecían y estaba realizando extracciones consecutivas de cuentas sueldo de la Legislatura bonaerense. Con esos 40 plásticos intentó retirar 30.000 pesos de cada uno, y llegó a reunir 1.260.000 pesos en efectivo —en billetes de 1.000— antes de ser detenido.
Lo que la investigación reveló a continuación superó cualquier previsión inicial. Según consignó InfoPlatense, la fiscal de la causa acusa a Rigau de ser el ejecutor de una asociación ilícita liderada por Claudio Albini, exsubdirector de Personal de la Legislatura, y su hijo Facundo Albini, concejal platense del Frente Renovador hasta 2023, quienes habrían orquestado el sistema de «ñoquis»: empleados fantasma cuyos sueldos eran recolectados por Rigau y rendidos a sus superiores.
La causa escaló con rapidez. Infobae reveló que los peritajes a los celulares de los involucrados revelaron comunicaciones por WhatsApp entre Rigau y los Albini. Según los hallazgos, «Chocolate» habría recibido pagos mensuales de $200.000 por extraer fondos destinados a empleados «fantasma» y luego darle parte de ese dinero a Claudio y Facundo Albini.
La estructura del fraude: de los «ñoquis» a los jefes políticos
La fiscalía reconstruyó una pirámide delictiva con roles precisos. Tal como detalló La Posta Diario, el esquema estaba organizado en niveles: en la cúspide, Claudio y Facundo Albini, señalados como ideólogos del sistema; en un segundo escalón, Rigau como ejecutor material de las extracciones; y en la base, los titulares de las cuentas que cedían sus tarjetas y claves a cambio de supuestos beneficios laborales o previsionales.
El perjuicio al erario público es de una magnitud que estremece. Según publicó La Nación, Rigau, los Albini y su entramado de tarjetas de débito de «ñoquis» y prestanombres de la Legislatura bonaerense le causaron un perjuicio neto a la provincia de Buenos Aires durante dos años de por lo menos $395,4 millones, sujetos a actualización por inflación, según surge de un informe elaborado por la División Lavado de Activos de la Policía Federal. El informe alerta que el perjuicio para las arcas públicas sería muchísimo más elevado. Los peritos advierten que, como informó La Nación en una cobertura anterior, algunos de los presuntos empleados de la Legislatura bajo la lupa judicial figuran con cuentas salariales abiertas en el Banco Provincia desde 2012, lo que elevaría el total real del desvío por encima de los 800 millones de pesos.
Las pretensiones penales de la fiscal Viviana Arturi son contundentes: para Claudio Albini, 6 años y 4 meses de prisión e inhabilitación especial; para Julio «Chocolate» Rigau, 5 años y 6 meses; para Facundo Albini, 4 años y 3 meses; y para los titulares de las tarjetas —categoría que incluye a los implicados de Berisso—, 3 años de prisión en suspenso.
La impunidad con la que operaba la organización quedó expuesta también en su accionar patrimonial. Cuando la justicia confirmó la prisión preventiva de los Albini, se detectó el intento de concretar una venta simulada de una lujosa mansión de 481 metros cuadrados ubicada en el lote 13 «D» del club de campo Miralagos I (Ruta 2, km 64), en un intento desesperado de desprenderse de bienes ante posibles embargos.
El impacto en Berisso: familia de una concejal en el expediente
La causa aterrizó en Berisso con una fuerza inusitada. Además de Antonio Javier Rodríguez, su cuñada Aldana Ayelén Rodríguez también figura entre los imputados vinculados al esquema de desvío de fondos públicos. Esta doble conexión familiar coloca a la concejal Laura Fernández —representante de La Libertad Avanza en el Concejo Deliberante— en una posición políticamente muy comprometida, aunque la edil no enfrenta imputación directa en la causa.
Como señaló Agencia Nova, si bien Fernández no está imputada hasta el momento, la situación de sus allegados provocó un fuerte impacto dentro del Concejo Deliberante local, donde el tema ya genera profundas repercusiones políticas.
La versión que la concejal Fernández difundió públicamente busca instalar la figura del engaño: según sus declaraciones, su esposo fue víctima de una «estafa bien armada» por parte de Facundo Albini, quien le habría ofrecido un trabajo como chofer en la Cámara de Diputados y le habría solicitado la tarjeta de débito para «gestiones administrativas», prometiendo que el contrato era legítimo. Sin embargo, la decisión de Rodríguez de aceptar el juicio abreviado implica reconocer judicialmente su participación consciente en la maniobra, lo que dificulta sostener la narrativa del ciudadano engañado de buena fe.
Fernández también calificó públicamente la difusión de estos vínculos como un «carpetazo» mediático diseñado para silenciar sus denuncias en el cuerpo legislativo local, acusando a sectores políticos tradicionales de usar la situación judicial de su familia para «tapar la propia corrupción».
Los chats que retratan la miseria del sistema
Los mensajes extraídos del teléfono de Rigau expusieron la mecánica más descarnada de la operatoria. Tal como reveló La Nación, los chats exponen que había empleados que no sabían ni lo que cobraban ni el trabajo que en los papeles debían desempeñar, y que el dinero debía ser rendido sin faltantes a Claudio Albini. En un caso extremo, uno de los titulares de las tarjetas reclamaba que le dieran de baja en la Cámara de Diputados porque al figurar en ese trabajo le impedía cobrar las asignaciones sociales.
La paradoja es brutal: personas tan precarias económicamente que la ficción de un empleo legislativo les quitaba el único sustento real que el Estado les ofrecía. Para los Albini, eran simples números en una planilla; para ellos, ese «puesto fantasma» era un estorbo que les bloqueaba el acceso a los programas sociales que genuinamente necesitaban.
La Legislatura: silencio cómplice e investigación amañada
Mientras la justicia acumulaba pruebas de una magnitud histórica, el propio cuerpo supuestamente damnificado reaccionó con una respuesta que generó indignación. Según documentó Notiar, en base a la investigación de Hugo Alconada Mon, la Legislatura bonaerense completó una «investigación preliminar» plagada de lagunas e inconsistencias, en la que descartó que se hayan cometido irregularidades, elogió el «buen desempeño» y el «compromiso laboral» de los empleados que la justicia considera «ñoquis», y hasta desechó la existencia de un perjuicio económico para el Estado bonaerense. El mismo informe fue corroborado de manera independiente por Infocielo.
Esta protección institucional se mantuvo bajo distintas conducciones del cuerpo, en las presidencias de Federico Otermín, Alejandro Dichiara y el actual titular Alexis Guerrera. La negativa sistemática a cooperar con los requerimientos judiciales y la negación de cualquier perjuicio económico no constituyen un error administrativo: configuran una decisión política deliberada para blindar una caja que atraviesa a distintos sectores del poder provincial.
El camino al juicio: próxima audiencia el 30 de abril
La causa ya está elevada a juicio oral y público ante el Tribunal Oral Criminal 5 de La Plata, integrado por los jueces Ezequiel Medrano, Carmen Palacios Arias y Lucas Massaccesi. Según confirmó La Nación, el tribunal fijó una nueva audiencia para el 30 de abril donde se escucharán las propuestas y soluciones a las que lleguen los acusados con la fiscalía, y se debatirán las cuestiones preliminares al juicio.
El resto de los acusados exploró la posibilidad de que les sea aceptada una «probation», figura que prevé la suspensión del juicio a prueba a cambio de realizar tareas comunitarias. La fiscalía lo rechazó de plano. Otros acusados, según precisó Perfil, pidieron que se estime el monto del daño supuestamente causado para pagarlo a manera de reparación integral y cerrar así la causa penal, alternativa que tampoco prosperó para los cabecillas de la organización.
La primera condena admitida en el caso —la de Antonio Rodríguez, vecino de Berisso— no es un dato menor en el tablero judicial. Es la primera pieza de un dominó que, si cae en cadena, puede comprometer aún más a la cúpula de la organización. Al declararse culpable, Rodríguez valida judicialmente ante el tribunal la existencia de la asociación ilícita, lo que deja a los Albini y a Rigau sin el amparo de argumentar que los «tarjeteros» eran meros desconocidos ajenos a la maniobra.
Para los vecinos de Berisso, la pregunta que emerge de este proceso es ineludible: cada peso que se esfumó en los cajeros de La Plata es un peso que dejó de llegar a las calles, escuelas y centros de salud de la región. El juicio oral que se avecina será la prueba de fuego para determinar si la justicia tiene la capacidad de perforar el techo de cristal que protege a los verdaderos responsables políticos del esquema, quienes, según advierten tanto la fiscal como el juez de garantías Guillermo Atencio, permanecen aún en las sombras.
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