La ONG Nuevo Ambiente solicitó de forma urgente la intervención del Ministerio de Ambiente de la Provincia de Buenos Aires para paralizar trabajos de Aguas Bonaerenses S.A. (ABSA) en sectores de la Reserva Natural Provincial de Punta Lara, denunciando la ausencia de Estudios de Impacto Ambiental y la provisión de servicios a tierras que considera ocupadas ilegalmente. El municipio de Ensenada rechazó la acusación, defendió la continuidad de la obra y apuntó contra intereses políticos partidarios detrás de la presentación. Sin una orden judicial que ordene la detención, los trabajos avanzan.
La denuncia que encendió la controversia
La ONG Nuevo Ambiente formalizó una presentación ante el Ministerio de Ambiente de la Provincia de Buenos Aires solicitando su intervención para frenar una obra de ABSA en sectores protegidos de la Reserva Natural de Punta Lara. La organización, liderada por Marcelo «Pulpo» Martínez, argumenta que los trabajos violan las Leyes 11.723 (Integral del Ambiente) y 10.907 (Reservas y Monumentos Naturales), al carecer de los permisos ambientales obligatorios.
«No puede proveerse infraestructura y servicios a sectores intrusados, usurpados y ocupados ilegalmente dentro de un área natural protegida», advirtieron desde la organización, según consignó El Día.
La presentación invoca el artículo 5 de la Ley 11.723, que establece que tanto el Estado Provincial como los municipios tienen la obligación de fiscalizar las acciones humanas que puedan dañar el entorno, siendo responsables directos tanto por acción como por omisión. El planteo pone bajo la lupa al Ministerio de Ambiente provincial, al que se le pide que actúe como poder de policía.
Nuevo Ambiente también recordó que en 2025 ya había denunciado el crecimiento de ocupaciones irregulares sobre el frente costero de Punta Lara, alertando sobre consecuencias ambientales que incluyeron incendios forestales en zonas de alto valor de conservación.
Qué obra es y qué no es: la disputa técnica
El corazón técnico del conflicto reside en la magnitud y el trazado de la intervención. La obra más emblemática del plan de ABSA es el nuevo acueducto de 500 milímetros de diámetro, instalado sobre la traza del Camino Almirante Brown, desde la Planta Potabilizadora Donato Gerardi hacia la rotonda de la Diagonal 74, donde se encuentra la cisterna de Punta Lara. Ese ducto, sin embargo, ya fue colocado meses atrás con un fin específico: abastecer la cisterna que distribuye agua a la zona.
La etapa actualmente en disputa es diferente. Según las autoridades municipales, se trata del reemplazo de cañerías de asbesto cemento con más de 100 años de antigüedad por tuberías de PVC de entre 110 mm y 200 mm, siguiendo estrictamente la traza de la avenida Almirante Brown por debajo del pavimento existente, sin afectar el monte ni el área núcleo de la reserva.
«No estamos instalando un mega caño… es el pluvial que baja de una casa común», explicó Luis Blasetti, presidente del Concejo Deliberante de Ensenada, en declaraciones reproducidas por Radio La Plata. El funcionario subrayó que el tramo final de la cañería mide apenas 11 centímetros de diámetro, una escala radicalmente distinta a la que circuló en las comunicaciones de la ONG.
ABSA informó que las obras forman parte de un plan estructural de magnitud inédita en la región, que compromete cuadrillas propias, empresas contratistas y el municipio de Ensenada trabajando en distintos frentes con el objetivo de avanzar sostenidamente hacia su culminación.
El derecho humano al agua contra la ley ambiental
El conflicto escala cuando se incorpora la dimensión social. En el «fondo» de Punta Lara y en sectores como Villa del Plata y Boca Cerrada, la población estacional se convirtió en permanente en un 90% de los casos, según datos del municipio. Esas familias dependen hoy de camiones cisterna enviados por la administración local para cubrir necesidades básicas de higiene, cocina y consumo.
Los testimonios de vecinos recogidos en la zona son contundentes. «Se nos recomplica… gracias que viene el municipio a traer el agua para poder higienizarnos. Que no se paralice la obra, por favor, que hay muchas criaturas», rogó una vecina del sector, exponiendo una urgencia que trasciende cualquier debate jurídico.
El Interbloque Sekista del Concejo Deliberante fue categórico: no existe preservación ambiental válida que se sostenga sobre la deshidratación de una comunidad. La postura remite al reconocimiento del agua potable como derecho humano fundamental, consagrado en el derecho internacional y en la legislación argentina, que no puede subordinarse a procedimientos administrativos cuando está en juego la salud de niños y adultos mayores.
«Esto es un golpe muy bajo para los ciudadanos, para la gente, y no pensar en los chicos, porque hay familias enteras que necesitan más presión de agua», lamentó Blasetti en declaraciones a Radio La Plata. Y fue más lejos: «Juegan políticamente, y no está mal, pero no se juega con la vida humana».
La carga política del conflicto
El municipio de Ensenada no limitó su respuesta al plano técnico. El oficialismo local salió al cruce de las críticas señalando que los trabajos forman parte de una mega obra destinada a mejorar el acceso al agua potable en la región y acusando a la ONG de esconder intereses partidarios detrás de la denuncia. Marcelo «Pulpo» Martínez fue descripto como un ex dirigente radical actualmente alineado con el PRO y La Libertad Avanza.
Blasetti fue directo: «Es una barbaridad intentar frenar una obra de agua potable para los vecinos», según informó Punto Capital Noticias.
El presidente del Concejo también enumeró antecedentes. Desde la gestión de Mario Secco, la ONG Nuevo Ambiente habría intentado frenar el puente sobre el arroyo Doña Flora, obras en el Arroyo de la Fama y el tablestacado costero, proyectos que según el municipio evitaron que barrios como Cambaceres y 5 de Mayo volvieran a sufrir inundaciones de más de un metro dentro de las casas.
«Desde 2003 a la fecha, Nuevo Ambiente siempre se opuso a las obras que hicimos», afirmó el concejal, aunque aclaró que no cuestiona la militancia política en sí, sino que no se transparente esa posición al momento de las denuncias.
El vacío de los estudios ambientales y el estado judicial
El nudo legal del conflicto permanece abierto. La ONG sostiene que ABSA avanzó sin los Estudios de Impacto Ambiental exigidos por la normativa vigente en una zona de altísima sensibilidad ecológica, que alberga el último bosque ribereño del Río de la Plata en la región. El municipio responde que la empresa cumplió con la normativa aplicable, dado que la obra sigue el trazado de una avenida preexistente y reemplaza infraestructura ya instalada bajo ese mismo suelo.
Desde Nuevo Ambiente advierten sobre el riesgo a la biodiversidad de la reserva y exigen la paralización total de la obra, mientras la demanda de infraestructura en la periferia de Ensenada presiona por la continuidad del servicio.
Hasta el momento, no existe ninguna medida cautelar ni orden judicial que obligue a ABSA a detener los trabajos. Tampoco el Ministerio de Ambiente provincial emitió resolución alguna en respuesta a la presentación de la ONG. En ese vacío institucional, la empresa continúa avanzando en la etapa final de una ampliación de la red de distribución que, según el municipio, permitirá abastecer con mayor caudal a sectores históricamente afectados por problemas de presión y suministro, especialmente en el fondo de Punta Lara.
El desenlace del caso dependerá de la velocidad con que se expida la autoridad ambiental provincial. Mientras tanto, el camión cisterna continúa su ruta diaria por los caminos de tierra del fondo de Punta Lara, recordando que en este conflicto el tiempo no corre igual para todos.
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