Un Volkswagen Fox 1.6 del Poder Ejecutivo provincial, con documentación vencida, bajo uso comprobado y en estado de deterioro avanzado, figura con más de 32 millones de pesos disponibles en su tarjeta YPF Ruta asignada por la Gobernación de la provincia de Buenos Aires. El caso, revelado por Realpolitik, expone un presunto modus operandi de descontrol administrativo en el área que conduce Agustina Vila bajo las órdenes del gobernador Axel Kicillof, e introduce un nuevo capítulo a la denuncia laboral de Cristian Regueiro, hermano de César «Lolo» Regueiro, el hincha de Gimnasia muerto durante la represión policial en el estadio del Bosque en octubre de 2022.
El vehículo involucrado, con dominio ODS182, fue identificado como un Volkswagen Fox 1.6 cuyo titular figura como el Poder Ejecutivo de la provincia de Buenos Aires – Gobernación, con domicilio administrativo en La Plata. Según la documentación aportada al medio platense, la unidad está vinculada directamente a la flota oficial de la gobernación bonaerense.
$32 millones para un auto que casi no circula
El dato más crítico surge de una captura de la aplicación YPF Ruta, donde el vehículo con dominio ODS182 aparece con tarjeta activa desde junio de 2025 y vencimiento en marzo de 2031, bajo el cliente «Gobernación de la Prov. de BA». En el mismo registro se observa un saldo disponible para la próxima carga de 32.661.163,58 pesos y un saldo mensual disponible por el mismo monto.
La cifra resulta extraordinaria al compararla con otros vehículos del mismo parque oficial. Otra captura correspondiente al dominio AF184SV muestra una tarjeta YPF Ruta de Gobernación con apenas 84.500 pesos disponibles para la próxima carga y 865.618,79 de saldo mensual disponible, una diferencia abismal que no encuentra justificación operativa aparente.
Fuentes internas que conocen el funcionamiento del área aportaron contexto revelador sobre el estado real del vehículo: «Ese auto está dado de baja para el uso cotidiano. Es un auto viejo, modelo 2003, que se usaba para traslados internos en la DAO, en La Plata, para llevar funcionarios. Tiene la VTV vencida y la tarjeta sigue asignada para cargar combustible», sostuvo uno de los informantes consultados por Realpolitik.
El deterioro es verificable. El vehículo se encuentra en mal estado general, con ruedas gastadas y problemas propios de una unidad antigua, según consta en material audiovisual aportado como prueba documental. Un trabajador del área agregó un dato que profundiza la alarma: «Fijate el estado del auto. Está súper gastado. Y aparece con 33 millones de pesos disponibles. En tres días bajó de 40 millones a 33 millones».
Ese movimiento descendente del saldo —de aproximadamente 40 a 33 millones en apenas 72 horas— es precisamente uno de los puntos más sensibles de la denuncia, dado que sugeriría que la tarjeta asignada a una unidad fuera de servicio continúa siendo utilizada activamente.
Autos «muletos»: vehículos parados con cupos millonarios
La denuncia apunta a una posible irregularidad administrativa en el área que depende de Agustina Vila: autos oficiales que no estarían siendo utilizados regularmente, pero que continuarían generando cupos o saldos de combustible dentro del sistema.
La mecánica descripta por las fuentes internas es la siguiente: «Son autos que no se usan, que están ahí parados, pero siguen generando combustible. Cuando se rompe un auto de funcionario, le dan uno de esos muletos. Pero mientras tanto, esos autos siguen figurando». El término «muleto» designa, en el vocabulario interno del área, a los vehículos de reserva que sustituyen a las unidades operativas cuando estas quedan fuera de servicio.
El señalamiento abre una pregunta concreta para la administración de Axel Kicillof: por qué un Volkswagen Fox 1.6 antiguo, con VTV vencida y bajo uso, aparece con más de 32 millones de pesos disponibles para combustible. La pregunta adquiere aún mayor relevancia si se considera que la dirección involucrada tiene precisamente la función institucional de administrar, controlar y resguardar la flota oficial de la provincia. En ese contexto, la existencia de tarjetas activas con cupos elevados asignadas a vehículos con documentación vencida constituiría, como mínimo, una falla grave de control interno.
Multas, inconsistencias y uso discontinuo
Los registros de infracciones aportados también revelan inconsistencias llamativas que refuerzan la hipótesis del descontrol. El dominio ODS182 registra ocho actas con deuda, por un monto total aproximado de 2.610.150 pesos. Siete de esas infracciones fueron generadas entre 2024 y septiembre de 2025, mientras que la última acta informada data del 22 de abril de 2026.
Fuentes que conocen el circuito automotor estatal interpretan esa baja acumulación de infracciones como un posible indicio del uso escaso o discontinuo.
El contraste con el dominio AF184SV —también vinculado a Gobernación en las capturas de YPF Ruta— es contundente: ese dominio acumula al menos 47 actas con deuda continuas entre 2023 y 2026, por un monto aproximado de 14.373.575 pesos. En otras palabras, mientras un vehículo acumula decenas de multas de manera recurrente —lo que indica uso intensivo—, el ODS182 exhibe un historial de infracciones notoriamente menor y períodos prolongados sin actas, pero ostenta un saldo de combustible extraordinariamente superior.
Esta disparidad es la que concentra las sospechas: la relación entre el uso real de una unidad y el cupo de combustible que se le asigna no tiene explicación administrativa razonable en el caso del Fox bajo la lupa.
El antecedente Regueiro y el trasfondo laboral
El nuevo episodio no surge en el vacío. Se inscribe en una cadena de denuncias que Cristian Regueiro viene realizando dentro de la estructura de la Gobernación bonaerense. Cristian Regueiro, empleado de la Dirección de Automotores Oficiales y Unidad de Logística de la provincia de Buenos Aires, con más de tres décadas de servicio en la administración pública bonaerense, denunció una grave situación de hostigamiento y persecución laboral bajo las órdenes de la directora del área, Rosana Viscardi.
La denuncia adquiere especial relevancia porque Cristian es el hermano de César «Lolo» Regueiro, el hincha del Club de Gimnasia y Esgrima La Plata que murió el 6 de octubre de 2022 tras los incidentes durante el partido entre Gimnasia y Boca en el estadio del Bosque. Según el mismo denunciante, su caso se agravó tras reclamar justicia por la muerte de su hermano.
Ante la falta de respuestas internas, Cristian Regueiro anticipó que llevará el conflicto a instancias externas, evaluando presentar denuncias ante el gremio, el Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires y la Justicia, bajo figuras como persecución laboral, discriminación, abuso de autoridad y mal desempeño de funciones públicas. «Voy a preguntar bien si la puedo denunciar por persecución y discriminación», sostuvo Regueiro, refiriéndose a la directora Viscardi.
El trabajador ya había señalado previamente que fue obligado a conducir un auto oficial con la VTV vencida y problemas mecánicos, y que en ocasiones debió afrontar con dinero propio la carga de combustible para no quedar varado durante un servicio. Las nuevas capturas que involucran al dominio ODS182 introducen ahora otro capítulo al expediente: el manejo de las tarjetas de combustible de la flota oficial como posible mecanismo de desvío o descontrol sistemático.
Preguntas sin respuesta para Vila y Gobernación
El caso deja varios interrogantes abiertos para la secretaría General, que conduce Agustina Vila, y para la dirección de Automotores Oficiales: por qué el dominio ODS182 figura con más de 32 millones disponibles para combustible; quién autorizó ese cupo; si la unidad se encuentra activa, dada de baja o como vehículo de reserva; qué controles existen sobre las tarjetas YPF Ruta; y si hay auditorías internas sobre autos parados que continúan vinculados a saldos de combustible.
También resta saber qué ocurre con las multas acumuladas por vehículos oficiales y si esas deudas son controladas, reclamadas o simplemente permanecen registradas sin consecuencias administrativas para los funcionarios responsables.
Para las fuentes internas consultadas, el caso del ODS182 no es un error aislado, sino parte de una modalidad estructural que debería ser auditada con urgencia. La pregunta que queda abierta es si la administración de Kicillof tomará alguna medida concreta o si, como en otras ocasiones, el silencio oficial será la única respuesta ante una denuncia que ya no habla solo de conflictos laborales, sino de un presunto descontrol en el manejo de fondos públicos destinados al parque automotor del Estado bonaerense.
Fuente: Realpolitik
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