Por medio de un decreto, el gobierno bonaerense reglamentó la Ley de Bosques, sancionada en diciembre pasado. Grupos ambientalistas expresaron su repudio ya que consideran que la norma prioriza los negocios inmobiliarios.
La Ley 14.888 establece la protección de la totalidad del bosque nativo (969.000 hectáreas) y en el 80 por ciento de esa superficie, prohíbe el desmonte y la modificación del uso del suelo. Para la aplicación y regulación de la ley se creó el Organismo Ambiental bonaerense (OPDS), que contará con la cooperación del Ministerio de Agroindustria bonaerense.
Los ambientalistas que se oponen a la medida denunciaron que los mapas que deben resguardar los bosques nativos fueron confeccionados a partir de intereses económicos. Los mapas establecen tres categorías de protección: Zonas con alto valor de conservación, zonas con nivel medio de conservación (en las que si se permite el turismo y la produccion hortícola) y zonas con nivel bajo de conservación. Los activistas argumentan que zonas catalogadas con un nivel de conservación, disminuyeron posteriormente su nivel en los mapas en beneficio de grupos inmobiliarios, como el caso de Techint.
Por último, los ambientalistas afirmaron que, a diferencia de la norma nacional, en la ley provincial no se establecen sanciones para los funcionarios que autoricen desmontes que vayan en contra del espíritu de la ley ni un fondo de recuperación de bosques nativos a partir de lo recaudado por multas.
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