Como es costumbre, los aumentos en los precios de los alquileres en La Plata han avanzado por encima de la inflación promedio. Esta condición, en el marco de la disparada del dólar y la creciente inflación que afecta directamente, se vuelve más compleja para los inquilinos platenses por la falta de políticas del gobierno de Julio Garro.
Las organizaciones de inquilinos han reiterado su reclamo a la gestión municipal, sin éxito. En la capital bonaerense, el 20% de la población es inquilina. Son 90 mil platenses que se encuentran en un proceso de “inquilinización”, sin poder acceder a la casa propia y sujetos a los aumentos de las ganancias de las inmobiliarias.
En comparación con otras capitales provinciales, La Plata es una de las urbes más caras para alquilar, con incrementos del 30% que durante 2017 superaron la inflación, según indicó el Colegio de Martilleros.
El panorama se agrava en un contexto de encarecimiento de precios, tarifazos y caída de salarios frente a la inflación. ”Mientras los ingresos –de aquellos que los tienen– sufren la depreciación constante frente a la inflación, más duro es para quienes alquilan en La Plata, que, luego de Buenos Aires, es una de las ciudades más caras para los inquilinos”, señala un informe realizado por la consultora Comunidad Polls.
El texto remarca que “en muchos casos se destina entre un 30% y un 40% de los ingresos para cubrir el monto del contrato mensual de alquiler”, y pone el eje en el “nulo” acompañamiento del Ejecutivo municipal “en la defensa de los derechos de los inquilinos” frente a la posición especulativa del mercado.
En concreto, Garro vació, ni bien asumió, la Oficina del Inquilino Municipal, área que estaba enmarcada en la Ordenanza Nº 10.859, dedicada desde 2011 a la primera atención para problemáticas con el alquiler, sobre todo de asesoramiento legal. Actualmente se encuentra sin funcionar.
Desde la Asociación Platense de Inquilinos (API) también denuncian que el municipio tampoco respeta la Ordenanza Nº 11.077, que obliga a las inmobiliarias a “publicar en su página web las condiciones y requisitos necesarios a los fines de suscribir un contrato de locación de inmuebles”, dice la normativa.
“Lo que vemos es un claro desinterés del Ejecutivo por hacer políticas que aborden la situación de la población inquilina, que sufre abusos que tienen que ver con el predominio de la renta inmobiliaria por sobre el derecho a la vivienda”, apuntó en diálogo con Contexto Germán Schierff, referente de API. “Los inquilinos sufren el doble la crisis económica, porque el aumento del dólar repercute fuertemente en el aumento de los precios de alquiler”, agregó.
La API tiene un servicio de atención a las demandas de los inquilinos. Schierff puntualizó que entre las más recurrentes se encuentra el traslado de costos que mejoran la rentabilidad del propietario: que el inquilino pague los honorarios de los martilleros, los costos para entrar al alquiler, cláusulas abusivas, pintar la casa para entregar.
Por su parte, la Federación Nacional de Inquilinos realizó un informe a principio de año en el que relevaron que la principal preocupación de los inquilinos son los precios de los alquileres (87% de las muestras), por sobre requisitos económicos (60%), comisión inmobiliaria (51%), garantía (45%) y renovación (32%).
La Federación Nacional de Inquilinos fue la promotora de la Ley de Alquileres que tuvo media sanción en el Senado en 2016. Fundamentalmente, lo que propone es actualizar el precio de los alquileres con un promedio entre inflación y salarios (ahora lo fija el mercado sin obstáculos) y un plazo mínimo de tres años de contrato (ahora es de dos).
Diputados del macrismo han presionado para generar cambios en los puntos centrales de la ley que afectan intereses de las inmobiliarias, y actualmente la normativa se encuentra en Diputados.(Contexto)
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