Con la excusa de la sobrepoblación carcelaria, desde el Ministerio de Justicia de la Nación se solicitó a los jueces penales la libertad condicional, o en su defecto la prisión domiciliaria, para 96 condenados por delitos de lesa humanidad. Entre los beneficiarios se encuentran Jorge «El Tigre» Acosta y el ex capellán Christian Von Wernich.
La controversial proposición fue efectuada por Fernando Martínez, director general del Servicio Penitenciario Federal (SPF), dependiente del ministerio de justicia. Con la excusa de descomprimir la población carcelaria, desde el SPF se confeccionó una lista de candidatos a la condicional, compuesta por 1111 detenidos, divididos en 8 categorías. La categoría «internos de lesa humanidad» fue una de las más pobladas, con 96 «recomendados» para los beneficios de la condicional o la domiciliaria.
En la lista confeccionada por el SPF aparecieron criminales de la talla de Julio «el Turco Julián» Simón, principal torturador del centro clandestino El Olimpo, confeso nazi y primer represor condenado tras la nulidad de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final. Otro jerarca de la últimadictadura que tuvo su lugar en la lista fue Jorge «El Tigre» Acosta, jefe del Grupo de tareas 3.3.2 de la Escuela de Mecánica de la Armada, quien decidía sobre la tortura y la muerte en el centro clandestino. También cabe destacar la inclusión de Adolfo Donda, quien participó en la desaparición de su propio hermano, y se apropió de su hija, la hoy diputada nacional Victoria Donda. La «sugerencia» no fue enviada solo a los jueces penales, sino que llegó también a la Defensoría General de la Nación y a la Procuración Penitenciaria.
A pocas semanas de un nuevo aniversario del golpe de estado de 1976, y con el antecedentepróximo de la domiciliaria a Etchecolatz, la controversial propuesta del gobierno fue vista como una provocación por los referentes de los derechos humanos. Nora Cortiñas, referente de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, sostuvo que “cuando se habían logrado encaminar estos casos por la vía judicial, ahora se pretende tirar todo abajo porque al gobierno se le ocurre un plan reaccionario, faltándole el respeto a la lucha del pueblo». Además, Cortiñas reclamó que «si el Servicio Penitenciario cree que tiene superpoblación, debería liberar a aquellas personas detenidas sin condena con procesamiento por delitos que no ameritan su detención y que no implican ningún riesgo».
Cabe recordar que en estas listas no se incluyó a ninguno de los 5000 presos que no cuentan con una condena firme, entre los cuales se encuentran cientos de procesados por infractores a la ley 23.737 de drogas, la gran mayoría solo por su condición de consumidor.(El Intrasigente)
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