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Martello: “No existen indicadores ni estadísticas oficiales que justifiquen medidas xenofóbicas”

Asi lo afirmó el Defensor del Pueblo Adjunto de la provincia de Buenos Aires. Destacó que, al analizar la evolución de los indicadores de adolescentes judicializados en el fuero federal surge que hubo una importante disminución, entre 2017 y 2018, que alcanza a casi 7% en la cantidad de involucrados. “La caída, en términos porcentuales, fue tres veces mayor (-24%) si el foco lo ponemos específicamente en los adolescentes extranjeros con intervenciones judiciales”, explicó Walter Martello, que tiene a su cargo el Observatorio de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Defensoría.

Desde el Observatorio se elaboró un informe que incluye un pormenorizado seguimiento de las principales estadísticas oficiales referidas a la población carcelaria extranjera y a los delitos que se les imputa a ciudadanos nacidos en otros países. El informe también alerta que el Estado argentino actualmente se encuentra en la mira de organismos vinculados a Naciones Unidas por mantener normativas migratorias que violan pactos internacionales de derechos humanos, los cuales encuentran incorporados al ordenamiento jurídico de nuestro país.

“Las propias cifras oficiales permiten vislumbrar que existen otros factores realmente determinantes, que deberían ser abordados de forma seria y responsable, a partir de un enfoque integral, si es que realmente se quieren disminuir el accionar delictivo en nuestra sociedad”, explicó Walter Martello. En se sentido, consideró que “el nivel de instrucción es una variable que no debería ser soslayada ya que los presos que nunca estuvieron escolarizados o que tienen la primaria incompleta llegan casi al 35%, seis veces más que la incidencia porcentual de presos extranjeros. Eso no es todo: la cantidad de internos penitenciarios que estaban desocupados, antes de caer presos, llega al 41%, casi siete veces el porcentaje de presos extranjeros”.

El Defensor del Pueblo Adjunto remarcó que “si el sistema penitenciario federal y provincial se encuentran colapsados, ello no parece ser una consecuencia de la cantidad de internos extranjeros. Por el contrario, el número de presos no argentinos se mantiene estable desde 2017, con una tendencia a la baja, según se puede constatar fácilmente en las estadísticas oficiales del SPF, que son de acceso libre. Es más, actualmente la cantidad de extranjeros en cárceles federales es levemente inferior en la actualidad respecto a lo que se registraba el año pasado».

 

En tanto, en la provincia de Buenos Aires, los indicadores medidos en porcentajes de extranjeros alojados en cárceles, acusados de delitos vinculados a la violación a la Ley de Estupefacientes, es aún más bajo que a nivel nacional: 10,24% en el caso de las mujeres y 11,20% en el caso de los hombres, de acuerdo a las cifras informadas por el último reporte estadístico del Ministerio Público de la provincia de Buenos Aires.

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Nacionales Política

Boudou, en el mismo pabellón que Cristóbal López, Jaime, José López y el «Pata» Medina

El ex vicepresidente Amado Boudou ingresó a un pabellón muy particular del penal de máxima seguridad de Ezeiza, que comparte con los ex secretarios José López y Ricardo Jaime, el empresario Cristóbal López, el ex sindicalista Juan Pablo «Pata» Medina y otros acusados en causas por narcotráfico.

Por otra parte, el Tribunal Oral Federal (TOF) número 1 ordenó al Servicio Penitenciario Federal (SPF) que refuerce la seguridad de José López, luego de que asegurara este viernes que temía por su vida y por la de su familia al declarar por presunto enriquecimiento ilícito.

Boudou y su socio Núñez Carmona fueron condenados el martes a cinco años y diez meses de prisión y a cinco años y seis meses, respectivamente, por la compra de la ex Ciccone Calcográfica y el Tribunal Oral Federal 4 dispuso en ese mismo instante sus detenciones a pesar de que la sentencia no está firme.

El ex vicepresidente presentará a través de sus abogados una seria de recursos en el Tribunal para intentar lograr la excarcelación, algo que ya le fue rechazado a Núñez Carmona el pasado jueves.

Ambos ingresaron al penal de Ezeiza a través del Hospital Penitenciario Central y ahora fueron derivados de manera conjunta a un pabellón en el que ya hay otros ex funcionarios kirchneristas detenidos por causas de corrupción.

Boudou y su amigo ahora comparten pabellón con el ex secretario de Transporte Jaime, los empresarios Cristóbal López y su socio Fabián De Souza, el ex secretario de Obras Públicas José López, el ex líder de la UOCRA platense «Pata» Medina (detenido por asociación ilícita y extorsión) y Natividad Terán, el ex intendente de Itatí detenido por narcotráfico, entre otros. (NA)

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El gobierno sigue siendo indulgente y busca liberar a 96 represores

Con la excusa de la sobrepoblación carcelaria, desde el Ministerio de Justicia de la Nación se solicitó a los jueces penales la libertad condicional, o en su defecto la prisión domiciliaria, para 96 condenados por delitos de lesa humanidad. Entre los beneficiarios se encuentran Jorge «El Tigre» Acosta y el ex capellán Christian Von Wernich.

La controversial proposición fue efectuada por Fernando Martínez, director general del Servicio Penitenciario Federal (SPF), dependiente del ministerio de justicia. Con la excusa de descomprimir la población carcelaria, desde el SPF se confeccionó una lista de candidatos a la condicional, compuesta por 1111 detenidos, divididos en 8 categorías. La categoría «internos de lesa humanidad» fue una de las más pobladas, con 96 «recomendados» para los beneficios de la condicional o la domiciliaria.

En la lista confeccionada por el SPF aparecieron criminales de la talla de Julio «el Turco Julián» Simón, principal torturador del centro clandestino El Olimpo, confeso nazi y primer represor condenado tras la nulidad de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final. Otro jerarca de la últimadictadura que tuvo su lugar en la lista fue Jorge «El Tigre» Acosta, jefe del Grupo de tareas 3.3.2 de la Escuela de Mecánica de la Armada, quien decidía sobre la tortura y la muerte en el centro clandestino. También cabe destacar la inclusión de Adolfo Donda, quien participó en la desaparición de su propio hermano, y se apropió de su hija, la hoy diputada nacional Victoria Donda. La «sugerencia» no fue enviada solo a los jueces penales, sino que llegó también a la Defensoría General de la Nación y a la Procuración Penitenciaria.

A pocas semanas de un nuevo aniversario del golpe de estado de 1976, y con el antecedentepróximo de la domiciliaria a Etchecolatz, la controversial propuesta del gobierno fue vista como una provocación por los referentes de los derechos humanos. Nora Cortiñas, referente de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, sostuvo que “cuando se habían logrado encaminar estos casos por la vía judicial, ahora se pretende tirar todo abajo porque al gobierno se le ocurre un plan reaccionario, faltándole el respeto a la lucha del pueblo». Además, Cortiñas reclamó que «si el Servicio Penitenciario cree que tiene superpoblación, debería liberar a aquellas personas detenidas sin condena con procesamiento por delitos que no ameritan su detención y que no implican ningún riesgo».

Cabe recordar que en estas listas no se incluyó a ninguno de los 5000 presos que no cuentan con una condena firme, entre los cuales se encuentran cientos de procesados por infractores a la ley 23.737 de drogas, la gran mayoría solo por su condición de consumidor.(El Intrasigente)