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Polémica por el aviso de Brahma, ¿Quién es quién en el negocio cervecero?

El Defensor del Pueblo Adjunto de la provincia de Buenos Aires, Walter Martello, realizó un informe que describe el control que mantienen dos holdings extranjeros en el mercado local, los cuales se expanden de la mano de una millonaria inversión publicitaria. Refiere que los niveles de ingesta de cerveza crecieron exponencialmente durante la última década y ubican a la Argentina entre las naciones con mayor consumo per cápita del continente. Algunos de los datos más alarmantes se registran entre la población femenina.

Esta realidad pudo ser constatada por el último relevamiento del Observatorio de Adicciones y Consumos Problemáticos de la Defensoría del Pueblo bonaerense, a cargo de Martello. El estudio arrojó que la mayoría de los/as jóvenes de entre 12 y 18 años, que reconocieron haber atravesado episodios de excesos vinculados con bebidas alcohólicas, son mujeres.

Cabe recordar que una polémica publicidad, realizada por uno de los gigantes que controla gran parte del negocio de la cerveza industrial, generó un masivo rechazo en las redes sociales. La publicidad de Brahma, entre otras atrocidades, planteaba una suerte de incentivo para que las mujeres, especialmente aquellas que no se sienten atraídas por el alcohol, se inicien en la ingesta de cerveza, promocionando una bebida “con un toque de lima, menos amarga”. El aviso en cuestión se difundió en momentos en que el consumo de alcohol presenta indicadores que deberían constituir un severo llamado de atención.

De acuerdo a los resultados arrojados por la Encuesta 2019 sobre Consumo de Alcohol en Niñas, Niños y Adolescentes, elaborada por el Observatorio de Adicciones y Consumos Problemáticos de la Defensoría del Pueblo bonaerense, el Consumo Episódico Excesivo de Alcohol (CEEA) – también conocido como “Binge Drinking” (BD)- apareció en 132 casos, representando más del 22% de la muestra, constituida por 632 chicos y chicas de entre 12 y 18 años de edad. De los 132 casos de consumo excesivo, el 57% son mujeres (75 casos) y el 43% hombres (57 individuos).

Ante esta situación, Martello se pregunta en su informe: ¿la industria cervecera desconoce estos indicadores de consumo problemático?, ¿la publicidad fue un hecho aislado?, ¿fue solo un error de cálculo dentro de una estrategia que insume una fastuosa inversión que se destina a medios de comunicación, redes sociales y plataformas digitales?

“Más allá de que se haya reconocido el error, el aviso en cuestión no escapa a una concepción desarrollada en distintas partes del mundo, pero que en nuestro país ha tenido – y aún tiene- especial predicamento. Se trata de una matriz publicitaria que retroalimenta estereotipos de género y violencia simbólica; que busca vincular la ingesta de alcohol con la diversión y que también pretende asociar arbitrariamente el consumo de cervezas con el éxito y el deporte”, explicó el Defensor del Pueblo Adjunto.

Los últimos datos que se dieron a conocer hablan de que la industria cervecera, sólo en la Argentina, estaría invirtiendo por año cerca 1200 millones de pesos en publicidad y marketing. Eso no es todo: el año pasado, AB InBev -el principal grupo cervecero que opera en la Argentina, de origen belga- inauguró en Buenos Aires su propio estudio creativo, con una veintena profesionales que están abocados, casi exclusivamente, a generar contenidos y estrategias de marketing y publicidad que ayuden al holding a extender sus negocios y captar nuevos clientes, especialmente nuevos consumidores de alcohol.

La Argentina es una de los territorios a escala global donde la industria cervecera ha tenido mayor éxito en los últimos años, siendo uno de los mercados “emergentes” más atractivos. Algunos números hablan por sí solos ya que, según un relevamiento global realizado por el gigante Kirin (el holding de bebidas más importante de Japón), nuestro país es una de las naciones del mundo donde más ha aumentado la producción de cerveza durante la última década. Más precisamente, la Argentina ocupa el sexto lugar luego de Vietnam, India, Filipinas, Francia y Brasil. Además, la tasa de crecimiento registrada en Argentina casi que quintuplica al aumento global, en términos porcentuales.

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Preocupación por el uso de drogas inyectables

El Defensor del Pueblo Adjunto de la provincia de Buenos Aires, Walter Martello, destacó que los últimos indicadores oficiales muestran un preocupante incremento de los casos de diagnóstico tardío de VIH/Sida en la Argentina. La tasa más elevada -pasó 53 al 62% en los últimos cinco años- se registra en los casos de transmisión por el uso compartido de agujas y jeringas. En nuestro país, el 63% de las personas que consumen estupefacientes por vía intravenosa, con fines no terapéuticos, se inyecta cocaína. La necesidad de instalar y desarrollar programas de prevención y de reducción de daños.

“Las personas que consumen drogas inyectables, sin la prevención adecuada, no solo puedo sufrir sobredosis y desarrollar fuertes adicciones. También corren 22 veces mayor riesgo de contraer el VIH y otras enfermedades infecciosas. Se trata de un acuciante problema salud pública, cuya gravedad se incrementa año tras año en la Argentina, poniendo en evidencia la alarmante ausencia de programas y políticas públicas de asistencia y de prevención que sean consistentes y perdurables”, destacó Martello, que está a cargo del Observatorio de Adicciones y Consumos Problemáticos de la Defensoría del Pueblo bonaerense. También es autor de “Salió Mal”, un libro que propone la adopción de un nuevo paradigma -basado en el respeto a los derechos humanos- en materia de política de drogas en la Argentina.

El Defensor del Pueblo Adjunto sostuvo que quienes incurren en este tipo de consumo problemático, por lo general, se inyectan sustancias psicotrópicas (o psicoactivas) con finalidades no terapéuticas. Estas drogas pueden ser opioides, estimulantes anfetamínicos, cocaína, somníferos, sedantes y alucinógenos. La inyección puede administrarse por vía intravenosa, intramuscular y/o subcutánea. No se incluye en esta definición a las personas que se inyectan medicamentos con fines médicos, ni a quienes se aplican sustancias no psicotrópicas como pueden ser esteroides -u otras hormonas- para modelar el cuerpo o para mejorar el desempeño atlético.

Según el último relevamiento realizado por la Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas (ex Sedronar), la sustancia más consumida por vía inyectable con fines no terapéuticos en nuestro país es la cocaína, dado que el 63,3% de quienes han hecho esta práctica alguna vez en su vida han mencionado dicha sustancia. Asimismo, la morfina, petidina (medicamento que se usa para tratar el dolor que va de moderado a grave) o similares, se ubican como el segundo tipo de sustancia más consumida por vía inyectable.

Al analizar el perfil de quienes han consumido drogas por vía inyectable alguna vez en la vida en la Argentina, se observa que la mayor proporción corresponde a varones (80%) y a personas de 25 a 49 años de edad (66%). El informe de la ex Sedronar, no obstante, también registra casos entre 12 y 17 años (representan el 1,6%), al tiempo que en el grupo etario más avanzado, de 50 a 65 años, se encuentra el 10,2% de los usuarios de sustancias por vía intravenosa. Los propios datos oficiales dan cuenta que, aunque la mayor proporción de usuarios tiene una mediana edad, este tipo de consumo se encuentra presente en todos los tramos etarios. Respecto a las mujeres, la mayoría de las usuarias tiene entre 35 y 49 años. Pero aún así, más del 22%, es decir 2 de cada 10 que alguna vez en la vida se han inyectado, tiene menos de 25 años.

Transmisión de enfermedades infecciosas

Consumir drogas por vía intravenosa, con fines no terapéuticos, hace rato que dejó ser una problemática que sólo se veía en las películas y/o documentales que retratan los padecimientos de los adictos a la heroína en Estados Unidos, Canadá o en las naciones más prósperas de Europa. Es una realidad instalada, con fuerza, en la Argentina, lo que a su vez contribuye a la proliferación de enfermedades infecciosas como HIV/SIDA y hepatitis.

De acuerdo con el ultimo boletín epidemiológico sobre el VIH, Sida e Infecciones de Transmisión Sexual en la Argentina, publicado en diciembre de 2019 por el Ministerio de Salud de la Nación, los porcentajes de diagnóstico tardío de HIV muestra su mayor magnitud en los casos en que se ha constatado el contagio por el uso compartido de agujas, jeringas y/o otros elementos del equipo de inyección.

Concretamente, mientras que durante el período 2013/2014 el 53% de los varones que se habían contagiado HIV por haber compartido material para inyectarse tuvieron un diagnóstico tardío, la tasa llegó 62% en 2018.

Martello recordó que, mediante una resolución aprobada el 8 de junio de 2016, la Asamblea General de las Naciones Unidas ha remarcado la falta de progresos en la reducción de la transmisión del VIH entre las personas que consumen drogas, en particular, las que se inyectan drogas. En ese sentido, la ONU propuso a los Estados nacionales la adopción de políticas públicas basadas en la reducción de daños, es decir, que apunten a la disminución de las consecuencias negativas del consumo de drogas

La reducción de daños incluye variadas estrategias aplicadas en distintas partes del mundo. Las más difundidas son los programas de cambio de jeringas y las iniciativas de sustitución de drogas para los adictos a los opiáceos (metadona o naloxona,) que han permitido -en algunas regiones- poner un freno a las adicciones, y reducir los casos de muerte por sobredosis, como así también el contagio de VIH y hepatitis. La reducción de daños abarca también la educación e información. Se busca instruir a los usuarios sobre las formas de desinfección de los equipos de inyección y cómo prevenir la sobredosis.

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Más de 1,8 millones de nuevos fumadores en Argentina

El Defensor del Pueblo Adjunto de la provincia de Buenos Aires, Walter Martello, advirtió que los datos surgen del ultimo informe, publicado en diciembre de 2019, por la Organización Mundial de la Salud. Pese a que la prevalencia muestra una pequeña disminución, la Argentina registra 1.840.000 fumadores más que en la estimación anterior de la OMS, de los cuales 1.226.000 son hombres y 614.000 son mujeres. Nuestro país está entre las cuatro naciones del continente americano con la tasa de tabaquismo más elevada, por encima de Brasil y Estados Unidos. Y forma parte del 6% de los Estados que, si bien adhirieron al Convenio Marco para el Control del Tabaco, nunca lo ratificaron en el congreso

Numerosos países del mundo han hecho progresos considerables desde que, en el año 2003, se adoptó el Convenio Marco de la Organización Mundial de la Salud para el Control del Tabaco (CMCT). Concretamente, a escala global, se fuma cada vez menos y se estima que hay 5000 millones de personas protegidas por al menos una de las medidas recomendadas por la OMS, aplicada al nivel de las mejores prácticas. Es decir, 3900 millones más que en el 2007.

“Lamentablemente, en la Argentina, la reducción del tabaquismo no ha sido tan significativa como la registrada en otras naciones. Es más, algunos indicadores -más de 44 mil muertes anuales ocasionadas por el consumo de tabaco y un sistema de salud colapsado por los cientos de millones de dólares que demanda hacer frente a las consecuencias de esta epidemia- son extremadamente preocupantes”, indicó Martello, que tiene a su cargo el Observatorio de Adicciones y Consumos Problemáticos de la Defensoría del Pueblo bonaerense y es director académico de la asociación civil “Pensando Políticas Públicas”.

El crecimiento de la población ha hecho que el número de consumidores de tabaco siga siendo persistentemente elevado. Es más, pese a que en Argentina la denominada tasa de prevalencia (describe la proporción de la población que padece la adicción, en un momento determinado, como si fuese una foto fija) registra una leve caída en los últimos dos años, en sintonía con la tendencia mundial, las estimaciones de la OMS publicadas en diciembre de 2019 (con datos de 2018) muestran un incremento de la cantidad de fumadores respecto al informe anterior del organismo internacional (con datos de 2016) . La Argentina se encuentra entre las cuatro naciones de América con mayores tasas de prevalencia de tabaquismo (solo superada por Chile, Cuba y Uruguay), muy por encima de la media regional.

Una de las razones que pueden explicar la insuficiencia de las políticas públicas para hacer frente al tabaquismo es la decisión de no ratificar aún, en el congreso nacional, el CMCT que firmó el gobierno de Néstor Kirchner en el año 2005. Se trata del primer tratado internacional de salud pública, el cual brinda un marco para la aplicación de medidas efectivas para reducir la prevalencia del consumo de tabaco y la exposición al humo ajeno.

El Convenio prevé una serie de medidas, de impacto inmediato y eficacia comprobada, tales como: la prohibición de toda forma de publicidad, promoción y patrocinio, el aumento del precio de los cigarrillos y de impuestos al tabaco, el dictado de leyes que monitoreen y evalúen las políticas destinadas a prevenir el consumo; la implementación de ambientes 100% libres de humo; tratamientos para dejar de fumar ofrecidos por el Estado y la inclusión de advertencias sanitarias con imágenes en las etiquetas de cigarrillos, entre otras medidas. En la Argentina, en los últimos años, se aplicaron parcialmente algunas de estas políticas. Pero, en casi todos los casos, siempre terminaron quedando a medio camino.

Las tabacaleras, que no escatiman recursos económicos para moverse al filo de la ley, aprovechan los baches normativos para realizar intensas campañas publicitarias a través de medios digitales. Eso no es todo, han perfeccionado los mecanismos de venta on line (hasta realizan delibera con importantes descuentos y promociones); hacen llamativas publicidades en los puestos de ventas -kioscos y supermercados- para conseguir clientes jóvenes a través de la variada oferta de cigarrillos saborizados (prohibidos en distintas partes del mundo); y gambetean los alcances de los espacios 100% libros de humo, tal como ocurre actualmente con los clubes de fumadores instalados en los bingos bonaerenses.

Asimismo, durante el gobierno de Mauricio Macri hubieron contramarchas en la aplicación de una mayor carga impositiva a las tabacaleras. Por este motivo, la Argentina es uno de los países del mundo con los precios de cigarrillos más accesibles.

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Quieren la restitución del IVA a titulares de la AUH

“La devolución del IVA es un importante paliativo ante el impacto de la crisis”, manifestó el Defensor del Pueblo Adjunto, Walter Martello, respecto al proyecto de ley de emergencia económica enviado por el Poder Ejecutivo al congreso nacional. La iniciativa, que se discutirá en el congreso nacional, le otorga facultades a la AFIP para establecer un sistema de reintegros impositivos que priorice a los sectores más vulnerados de la sociedad, como son los/as titulares de derechos de la Asignación Universal por Hijo/a (AUH).

“Resulta urgente que se reinstaure un mecanismo de devolución del IVA como el que existió hasta diciembre del año pasado, el cual no fue renovado por el gobierno anterior, provocando un serio perjuicio a beneficiarios y beneficiarias de la AUH. El poder adquisitivo de la asignación se vio erosionado por los altos niveles de inflación”, explicó Martello.

El Defensor del Pueblo Adjunto bonaerense también señaló que, según los últimos indicadores oficiales, durante el último año de gestión de Mauricio Macri se evidenció una tendencia a la baja respecto a la cantidad de titulares de derecho de la AUH. “Si bien los indicadores oficiales dan cierta variabilidad, la realidad nos muestra que a junio de este año había 101.124 titulares de derecho de AUH menos respecto a enero de este año. La ausencia del Estado, en ese sentido, resultó alarmante, teniendo en cuenta la magnitud de la crisis. En la Argentina hay 15 millones de personas que sufren inseguridad alimentaria, y tenemos a uno de cada dos niños, niñas y adolescentes viviendo por debajo de la línea de la pobreza”, sostuvo el Defensor del Pueblo Adjunto.

Mientras que en enero los titulares de derecho de la Asignación Universal por Hijo y por Hijo Discapacitado sumaban 4.024.164 personas, cinco meses después se registraban 3.923.040. A su vez, el incremento en las partidas destinadas al pago de las asignaciones familiares perdió la carrera contra la inflación: 28% contra un incremento en el costo de vida que rondará el 55% en 2019.

Por otra parte, Martello recordó que durante la gestión de Macri se registró una importante subejecución de las partidas destinadas al pago de asignaciones familiares. Concretamente, según se desprende de los números informados oficialmente, el año pasado quedaron casi 4000 millones de pesos sin ejecutar, lo que hubiese permitido pagar más de 119.000 AUH. “La subejecución se mantuvo durante gran parte de 2019”, destacó Martello.

Cabe destacar que en diciembre del año pasado, desde el Observatorio de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Defensoría del Pueblo bonaerense, a cargo de Martello, se había difundido un informe que advertía sobre las consecuencias de haber eliminado la devolución del 15% del IVA por compras realizadas con tarjeta de débito por parte de jubilados y beneficiarios de planes sociales. Hasta el año pasado este régimen alcanzaba a más de 1,5 millones de personas.

El decreto 94/18 había extendido hasta el 31 de diciembre de 2018 el sistema de reintegro. Se cumplió el plazo y la devolución dejó de realizarse. En aquel entonces, el límite era de 300 pesos de reintegro mensual y el monto promedio de devolución a beneficiarios de planes sociales fue de apenas $38,30 durante 2018. “Es indispensable que, en el nuevo sistema de reintegro, se actualicen los valores. El límite de 300 pesos ya resultaba irrisorio en el año 2018, y ha quedado absolutamente desactualizado”, concluyó el Defensor del Pueblo Adjunto.

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Adicciones: destacan las políticas públicas universitarias

El presidente de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), Fernando Tauber, recibió al Defensor del Pueblo Adjunto bonaerense y director académico de la asociación civil “Pensando Políticas Públicas”, Walter Martello, quien le hizo entrega de su último libro “Salió Mal”.

Durante el encuentro, Tauber y Martello analizaron e intercambiaron opiniones acerca de la creciente problemática de las adicciones y de los consumos problemáticos. Coincidieron en la necesidad de que exista un Estado presente, con políticas activas, que no solo asista a los sectores socialmente más postergados, sino también que genere condiciones para la movilidad social ascendente a través de la educación y la generación de empleo genuino.

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Bebidas energizantes: hay que frenar el consumo de niños y adolescentes

Según un relevamiento realizado por el Observatorio de Adicciones y Consumos Problemáticos, a cargo del Defensor del Pueblo Adjunto de la Provincia, Walter Martello, uno de cada tres chicos y chicas -de entre 12 y 14 años- reconoce que probó alcohol mezclado con bebidas que tienen una alta concentración de sustancias estimulantes, como cafeína y taurina, y suplementos dietarios (L-canitina e inositol).

A su vez, las empresas que controlan la producción y comercialización de bebidas energizantes desarrollan estrategias para alentar el consumo juvenil mediante la mezcla con jugos frutales y envases tuneados con llamativos colores y dibujos, a los que se suman mensajes que asocian directamente el consumo de estos productos con celebraciones y climas festivos. Se trata de una estrategia muy similar a la utilizada por cerveceras, fabricantes de bebidas blancas y tabacaleras.

“Mango loco es una mezcla celestial de sabores exóticos que seguramente atraerá incluso al espíritu más obstinado. Increíble sabor con suficiente dosis de M… para mantener la fiesta por varios días”, reza la leyenda estampada en los envases de uno de los energizantes con mayor presencia en el mercado.

Por más que no estén mezcladas con alcohol, el sólo hecho de tomar energizantes conlleva riesgo para la salud, especialmente si quienes consumen son niñas, niños o adolescentes (NNyA). Según la Asociación Médica de Canadá, podrían provocar los siguientes efectos adversos a NNyA: menor sensación de bienestar, trastornos del estado de ánimo, baja autoestima e incluso depresión; peor rendimiento escolar, mala calidad del sueño; exacerbación del asma, obesidad infantil, aumentos de la tensión arterial; incrementos indeseables de la glucemia (relacionados con el riesgo de diabetes), interacciones con medicamentos que tome el niño/a; problemas dentales y óseos; y agravamiento de las afecciones cardíacas preexistentes.

Según los datos arrojados por el relevamiento 2019 del Observatorio de Adicciones y Consumos Problemáticos, al extender el rango etario de las/los jóvenes consultados, surge que el 45,1% de los chicos y chicas de entre 12 a 18 años consume bebidas energizantes mezcladas con alcohol. En el caso de los jóvenes, de 18 o más años de edad, este porcentaje trepa al 93%.

En virtud a su carácter de productos de venta libre, los/las jóvenes que fueron consultados dijeron que acceden a los energizantes adquiriéndolos en quioscos (52,9%), supermercados (40,3%) y en boliches (6,6%). En éste último caso se está infringiendo la prohibición establecida por el artículo 5° de la Ley N° 14.050, más conocida como Ley de Nocturnidad, la cual establece que cervecerías, cafeterías, bares y otros sitios públicos donde se desarrollen actividades similares “no podrán, en ningún caso, vender, expender o suministrar a cualquier título, las bebidas que por su fórmula se consideren energizantes y/o suplementos dietarios, durante todo el desarrollo de su actividad”.

“A partir de los resultados que obtuvimos en el estudio de campo, que abarcó entrevistas directas a 632 niñas, niños, adolescentes y jóvenes adultos del Gran La Plata, hemos avanzado en algunas recomendaciones para que el Estado nacional y la provincia de Buenos Aires trabaje en la promoción de la salud y el acceso a la información, así como también desalentar el consumo y proteger a la población vulnerable como es la niñez. Es indispensable avanzar hacia una regulación que prohíba la venta de energizantes y complejos vitamínicos a menores de 18 años, y regular la publicidad de este tipo de productos en todos los medios de comunicación”, explicó Martello.

El responsable del Observatorio de Adicciones y Consumos Problemáticos de la Defensoría del Pueblo afirmó que existen diversos países, como Francia, Noruega y Dinamarca, donde la autorización de venta de bebidas energizantes se limita sólo a farmacias. En Sudamérica, en tanto, países como Colombia, Chile y Ecuador también evalúan restringir o limitar la venta libre de estas bebidas.

Estrategias de marketing

Al analizar las estrategias de publicidad, marketing y packaging surge que las empresas que fabrican y comercializan bebidas energizantes buscan captar consumidores cada vez más jóvenes. En ese contexto, a nivel nacional, se presentaron distintas iniciativas en el congreso destinadas a establecer un marco regulatorio. Pero ninguno de los proyectos, hasta el momento, tiene fuerza de ley.

El responsable de Observatorio de Adicciones y Consumos Problemáticos explicó que, entre otras acciones, en la Argentina debería prohibirse o limitar al máximo la publicidad de alcohol y energizantes, copiando el modelo de restricción de la publicidad del tabaco.

En rigor, a nivel provincial, la regulación del consumo de bebidas energizantes sólo ha prosperado en algunas jurisdicciones del país. Solo se ha implementado en siete provincias, y la letra de las normas son tímidas. Concretamente, Santa Cruz (desde el año 2006), Chaco (2009) y Río Negro (2011) prohibieron la venta de bebidas energizantes a menores de 18 años de edad. Mientras que Santiago del Estero (2005), Entre Ríos (2007) y Buenos Aires (2009) prohibieron la venta solo en locales bailables y/o donde se expendan bebidas alcohólicas. En Misiones (2010) se obligó a los comercios a exhibir un cartel advirtiendo que el consumo de energizantes con alcohol es perjudicial para la salud.

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“El alcoholismo es una adicción que genera cada vez más estragos en la Argentina”

Así lo afirmó Walter Martello, Defensor del Pueblo Adjunto de la provincia de Buenos Aires, autor del libro “Salió Mal” y director académico de la asociación civil “Pensando en Generar Políticas Públicas”, al participar de una Jornada de Prevención y Asistencia de Adicciones. Se abordó la problemática de los consumos problemáticos en el mercado regional de La Plata.

Martello destacó que luego del tabaco, el consumo excesivo de alcohol es la adicción que más muertes genera en nuestro país: 11 casos fatales por día. Los datos se desprenden del último reporte sobre mortalidad por consumo de sustancias psicoactivas realizado por la Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas. Asimismo, por año, 2,3 millones personas se inician en consumo de bebidas alcohólicas, de las cuales 320 mil son adolescentes y preadolescentes.

También sostuvo que los últimos indicadores oficiales dan cuenta que apenas 1 de cada 100 personas, con consumo problemáticos de alcohol y/o estupefacientes, inicia tratamientos o consulta con profesionales.

Lamentablemente nos seguimos enfrentando a la creencia, muy instalada entre los jóvenes, que consumir alcohol es menos peligroso que otras sustancias psicoactivas. Este dato lo pudimos comprobar fehacientemente este año, a partir de un estudio que realizamos desde el Observatorio de Adicciones y Consumos Problemáticos de la Defensoría en el Gran La Plata: sobre un total de 632 personas entrevistadas, de entre 12 y 18 años de edad, el 45,7% mostró una percepción del riesgo del consumo de alcohol relativamente baja. Casi 1 de cada 2 individuos consultados piensa que el consumo de bebidas alcohólicas no es riesgoso ni presenta peligros para la salud, al menos en comparación con las sustancias ilegales como marihuana o cocaína”, explicó Martello.

El Defensor del Pueblo Adjunto destacó, además, que “los últimos datos oficiales que se dieron a conocer este año, con información recolectada en 2017, muestran que en solo 12 meses murieron 4217 personas por problemas de salud derivados del consumo de alcohol, lo que arroja un promedio de 11 personas por día”.

Natalia Vila, titular del gremio de Carga y Descarga de La Plata, junto a Walter Martello

La jornada de capacitación, que estuvo dirigida a empresarios y trabajadores, se realizó en la seccional La Plata de la Unión de Trabajadores de Carga y Descarga de la República Argentina, a cargo de Natalia Vila, quien expresó su preocupación por el impacto de las adicciones en el mercado regional de La Plata. También estuvieron presentes de Horacio Salomón y Alejandro Giri, director y operador socioterapéutico de “Darse Cuenta”. Se trata de una organización social que desde hace más de 23 años trabaja en la readaptación y resocialización de personas adictas.

Durante la capacitación, se mostraron videos con testimonios de algunas de las personas que participaron de “Salió Mal”, un libro basado en historias críticas mediante las cuales se busca proponer un nuevo paradigma de política de drogas. “Muchos de las entrevistas y testimonios que recogimos en el libro tienen un aspecto en común: nos cuenta que el consumo excesivo de alcohol suele convertirse en una puerta de ingreso a otros consumos problemáticos. Lamentablemente hay una alarmante ausencia de campañas de prevención y una marcada falta de regulación en los que se refiere a la publicidad y propaganda por parte de empresas que controlan el negocio de las bebidas alcohólicas en la Argentina, las cuales se pueden contar con el dedo una mano”, concluyó Martello.

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Vapeo: piden urgente aplicación de medidas de concientización, alerta y control

El Defensor del Pueblo Adjunto de la provincia de Buenos Aires, Walter Martello, advirtió que el Estado debe instrumentar una campaña de publicidad destinada a la “concientización de los daños que producen los vapeadores y los cigarrillos electrónicos”. En Estados Unidos, al 5 de noviembre de este año, se reportaron 39 muertes vinculadas a este tipo de consumo y 2051 casos de usuarios con lesiones pulmonares.

Martello alertó que la creencia acerca de que los cigarrillos electrónicos o dispositivos similares (tales como el IQOS, un híbrido entre el vapeador y un producto de tabaco tradicional) resultan inocuos o de escaso impacto en la salud es una idea que busca ser instalada por las propias tabacaleras, que a su vez son las que controlan gran parte del negocio.

Un estudio de la Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas de la Nación Argentina (exSedronar), publicado en 2018, revela que más del 60% de las personas que utilizan cigarrillos electrónicos en nuestro país lo hacen creyendo que sirve para dejar de fumar, pese a no existir evidencia científica que lo avale. A su vez, el 50% de los usuarios más jóvenes no sabe si lo que están inhalando contiene o no nicotina y existe otro indicador que resulta por demás preocupante: el 82% de los jóvenes de hasta 17 años que vapea declara que lo hace “simplemente porque sí”.

Otra cuestión que no debe pasar desapercibida es el nivel de conocimiento/desconocimiento en cuanto a los compuestos que se inhalan con esta modalidad de consumo. En ese sentido, 4 de cada 10 entrevistados (38,2%) por la exSedronar afirmó desconocer si el dispositivo contenía (o no) nicotina, siendo este valor levemente superior en mujeres respecto a hombres (40,2% y 36,3% respectivamente). En tanto, los jóvenes de entre 12 y 17 años, expresan el porcentaje más alto de desconocimiento con el 50,3%.

Walter Martello, que se encuentra a cargo del Observatorio de Adicciones y Consumos Problemáticos de la Defensoría del Pueblo bonaerense, remarcó que la importación y comercialización de cigarrillos electrónicos en Argentina fue prohibida hace nueve años por la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT). La resolución de la ANMAT fue ratificada en 2016 y 2018. Pero los controles y la fiscalización, por parte del Estado nacional, son de nulo cumplimiento. “Prácticamente, los productos son de venta libre en distintos comercios minoristas y proliferan en los sitios de ventas on line, sin siquiera incluir leyendas sanitarias sobre los peligros que implican su uso”, explicó.

En la actualidad, la mayor parte de estos dispositivos se comercializan bajo declaraciones de inocuidad y se presentan como un facilitador para la deshabituación o reducción del consumo de tabaco, cuando en realidad su seguridad y eficacia no fue demostrada. Por el contrario, en el último año, aparecieron algunos indicadores que generan interrogantes. A saber: en EE.UU, hasta el 5 de noviembre de 2019, se reportaron oficialmente 2051 casos de usuarios con lesiones pulmonares (EVALI), en 49 estados, que utilizan regularmente cigarrillos electrónicos y/o vapeadores. A su vez, se han confirmado 39 muertes en 24 estados y en el distrito de Columbia.

En el último tiempo, en distintos países, existe preocupación por las recargas que utilizan los usuarios al no existir controles respecto a lo que se vende. En EE. UU, el 76% de los casos de EVALI se da por vapeo de productos con tetrahidrocannabinol, más conocido como THC, principal constituyente psicoactivo del cannabis. Además, existen crecientes sospechas sobre una sustancia adulterante de cartuchos de THC recargados ilegalmente: Acetato de Vitamina E. Se trata de un producto que se compra en sitios de ventas on line a $300 los 100 mililitros.

Proyectos en la gatera

Existen varios proyectos para regular los cigarrillos electrónicos que fueron presentados tanto en el congreso nacional como en la Legislatura bonaerense, pero ninguno ha logrado avanzar. Por ejemplo, una iniciativa planteada por el actual oficialismo en mayo de 2018 (incluye a los vapeadores dentro de la normativa regulatoria de aspectos relativos al consumo, comercialización, publicidad, patrocinio, promoción, exhibición, distribución y entrega de productos elaborados con tabaco y sus derivados) se encuentra hace un año y medio en la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados provincial sin poder recibir despacho favorable.

El proyecto en cuestión equipara, dentro del marco normativo bonaerense, el vapeo con el consumo tradicional de cigarrillos, prohibiendo que sean utilizados en edificios públicos, establecimientos comerciales de uso público con ambientes cerrados; medios de transportes, bares, restaurants, café y lugares de trabajo.

A diferencia de lo que puede indicar el sentido común o una lectura superficial del negocio, los vapeadores no constituyen una competencia para las tabacaleras. Por el contrario, son controlados -en gran parte- por estas mismas empresas que depositan en estos dispositivos parte importante de su futuro. Así se puede constatar fácilmente al visitar la página web de la principal tabacalera que opera en Argentina, la cual concentra más del 70% del mercado de cigarrillos.

Bajo el slogan “Entregando un futuro libre de humo”, la compañía define a los vapeadores y sus derivados como “productos revolucionarios”. Asimismo, su CEO -sin pelos en la lengua- reconoce que estos dispositivos les reporta el 10 por ciento de los ingresos netos totales.

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Sobredosis: muere una persona cada 36 horas en el país y crecen los casos fatales

Los últimos indicadores oficiales muestran que, en solo dos años, se duplicaron los casos de muerte por sobredosis. Falta de políticas preventivas, en un contexto de recursos insuficientes. Se aplican más recursos a iniciar procesos penales a consumidores de drogas que a los programas nacionales de prevención y asistencia a las adicciones.

Walter Martello, Defensor del Pueblo Adjunto de la provincia de Buenos Aires, reiteró el pedido para que se declare la emergencia en materia de adicciones y alertó sobre las consecuencias de la creciente judicialización de consumidores. En ese sentido, explicó que el último informe de la Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas de la Nación (ex Sedronar), publicado en 2019 con datos de 2017, muestra que 2 de cada 10 muertes de personas de entre 15 a 64 años se vincula con el consumo de drogas legales e ilegales, lo que representa una tasa de 54,9 por cada 100.000 habitantes. Del total de estas muertes la mayoría corresponde a varones, significando el 69,4% y una tasa bruta de 77 cada 100.000 habitantes, frente al 30,6% de defunciones femeninas y su correspondiente tasa bruta de 33,3 casos cada 100.000 habitantes.

“Uno de los datos más alarmantes, que no debe pasar desapercibido, es el incremento exponencial de los decesos por sobredosis: el último indicador oficial evidencia que se registraron 100 casos en un año, prácticamente el doble que en 2015”, agregó Martello, que tiene a su cargo el Observatorio de Adicciones y Consumos Problemáticos de la Defensoría del Pueblo bonaerense y acaba de publicar “Salió Mal”. Se trata de un libro donde el autor plantea -a través de historias críticas y relatos en primera persona- la necesidad de un cambio de paradigma en lo que se refiere a las políticas de drogas que se vienen instrumentando desde hace décadas en la Argentina.

“El Estado está dilapidando cada vez más recursos en someter a consumidores y adictos a burocráticos procesos penales, que por lo general terminan archivados, mientras se registran muy pocos avances en el combate del financiamiento y del lavado de dinero de las grandes estructuras narcocriminales”, sostuvo el Defensor del Pueblo Adjunto.

Costos distorsionados

Martello planteó el siguiente interrogante: “¿Qué costo tiene, para el Estado, judicializar a miles y miles de personas a las que se les aplica el segundo párrafo del artículo 14 de la Ley de Estupefacientes que penaliza la tenencia de droga para consumo personal, siendo un artículo declarado inconstitucional hace más 10 años por la Corte Suprema?, ¿Esos recursos no deberían destinarse al sistema de prevención y tratamiento?”.

“Si tomamos como referencia la estimación realizada por la Asociación de Pensamiento Penal, que preside el juez Mario Juliano, la tramitación de cada una de estos procesos, que por lo general se extinguen durante el procedimiento o en la elevación al fiscal que casi siempre termina archivando el expediente, demanda unos 10 mil pesos”, agregó el Defensor del Pueblo Adjunto. Esta cifra incluye gastos relativos a costos del personal policial, el movimiento de los móviles, el material reactivo para determinar la calidad de las sustancias y recursos vinculados al personal de la fiscalía que debe tomar intervención.

Teniendo presente que entre 2011-2018 se iniciaron en la Justicia Federal unas 65.492 causas por tenencia para consumo personal, se puede determinar que el Estado nacional gastó cerca de 655 millones de pesos durante ese período. En tanto, sí también se toman como referencia las estadísticas informadas por el Ministerio Público bonaerense, el costo que tuvo que afrontar la Provincia ascendió a más de $1.048 millones en ese mismo período.

“Para tener en cuenta la magnitud del despilfarro de recursos materiales y humanos, el gasto por haber judicializado a consumidores de drogas en la Justicia Federal y bonaerense supera, en casi $82 millones, los recursos asignados anualmente por el Estado nacional a la implementación de programas y políticas para la prevención de adicciones”, concluyó Martello.

Informe Completo

https://waltermartello.com.ar/desmantelado-el-sistema-de-prevencion-el-consumo-de-estupefacientes-se-cobra-una-vida-cada-36-horas/

 

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Martello: “No existen indicadores ni estadísticas oficiales que justifiquen medidas xenofóbicas”

Asi lo afirmó el Defensor del Pueblo Adjunto de la provincia de Buenos Aires. Destacó que, al analizar la evolución de los indicadores de adolescentes judicializados en el fuero federal surge que hubo una importante disminución, entre 2017 y 2018, que alcanza a casi 7% en la cantidad de involucrados. “La caída, en términos porcentuales, fue tres veces mayor (-24%) si el foco lo ponemos específicamente en los adolescentes extranjeros con intervenciones judiciales”, explicó Walter Martello, que tiene a su cargo el Observatorio de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Defensoría.

Desde el Observatorio se elaboró un informe que incluye un pormenorizado seguimiento de las principales estadísticas oficiales referidas a la población carcelaria extranjera y a los delitos que se les imputa a ciudadanos nacidos en otros países. El informe también alerta que el Estado argentino actualmente se encuentra en la mira de organismos vinculados a Naciones Unidas por mantener normativas migratorias que violan pactos internacionales de derechos humanos, los cuales encuentran incorporados al ordenamiento jurídico de nuestro país.

“Las propias cifras oficiales permiten vislumbrar que existen otros factores realmente determinantes, que deberían ser abordados de forma seria y responsable, a partir de un enfoque integral, si es que realmente se quieren disminuir el accionar delictivo en nuestra sociedad”, explicó Walter Martello. En se sentido, consideró que “el nivel de instrucción es una variable que no debería ser soslayada ya que los presos que nunca estuvieron escolarizados o que tienen la primaria incompleta llegan casi al 35%, seis veces más que la incidencia porcentual de presos extranjeros. Eso no es todo: la cantidad de internos penitenciarios que estaban desocupados, antes de caer presos, llega al 41%, casi siete veces el porcentaje de presos extranjeros”.

El Defensor del Pueblo Adjunto remarcó que “si el sistema penitenciario federal y provincial se encuentran colapsados, ello no parece ser una consecuencia de la cantidad de internos extranjeros. Por el contrario, el número de presos no argentinos se mantiene estable desde 2017, con una tendencia a la baja, según se puede constatar fácilmente en las estadísticas oficiales del SPF, que son de acceso libre. Es más, actualmente la cantidad de extranjeros en cárceles federales es levemente inferior en la actualidad respecto a lo que se registraba el año pasado».

 

En tanto, en la provincia de Buenos Aires, los indicadores medidos en porcentajes de extranjeros alojados en cárceles, acusados de delitos vinculados a la violación a la Ley de Estupefacientes, es aún más bajo que a nivel nacional: 10,24% en el caso de las mujeres y 11,20% en el caso de los hombres, de acuerdo a las cifras informadas por el último reporte estadístico del Ministerio Público de la provincia de Buenos Aires.