El Defensor del Pueblo de la Nación solicitó al Ministerio de Salud y Desarrollo Social de la Nación la ampliación del grupo de beneficiarios de la Tarifa Social para la tarjeta SUBE (Sistema Único de Boleto Electrónico), incluyendo a quienes cuenten con Certificación Negativa de ANSES, a quienes perciben Seguro por Desempleo, a jubilados y pensionados que no cobren a través de la ANSES, a quienes se encuentren sin ingresos fijos, a quienes perciban sumas mensuales inferiores a un Salario Mínimo Vital Móvil, y a todas aquellas personas que justifiquen y acrediten la necesidad de contar con este beneficio.
Para este colectivo de personas, el servicio de transporte constituye un elemento de vital importancia para que puedan desarrollar su vida cotidiana, y en su caso, cumplir con sus compromisos laborales, obtener un trabajo o bien gozar efectivamente de un derecho que por ley les corresponde.
La Defensoría nacional inició una actuación ante el reclamo de una ciudadana, quien planteó la necesidad de contar con Tarifa Social en el SUBE, ya que cuenta con Certificado de Pobreza y Certificación Negativa de ANSES.
Surge aquí una flagrante situación de vulnerabilidad que sufren las personas que cuentan con Certificación Negativa de ANSES -situación que puede hacerse extensiva a otros grupos de personas-, que deberían ser subsanada inmediata y directamente por la propia Administración Pública Nacional.
Por eso, el Defensor del Pueblo considera que deberían incluirse dentro de los beneficiarios de la Tarifa Social, como mínimo, a quienes perciben el seguro de desempleo, a quienes se encuentren sin empleo (y que no perciban seguro de desempleo), a aquellos beneficiarios de jubilaciones y pensiones que no sean de la ANSES, a quienes perciban haberes mensuales inferiores a un Salario Mínimo Vital y Móvil, y a todos aquellos que fundamenten y acrediten su necesidad de contar con tarifa social.
La Defensoría nacional ha creado el “Programa de Seguimiento y Evaluación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Agenda 2030”, a fin de colaborar con las Naciones Unidas y con las autoridades públicas de nuestro país en el seguimiento y evaluación de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible para el efectivo cumplimiento de las 169 metas por parte del Estado Nacional.
En el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), el N° 11 propone: Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles. Esta meta apunta a proporcionar acceso a sistemas de transporte seguros, asequibles, accesibles y sostenibles para todos y mejorar la seguridad vial para 2030, en particular mediante la ampliación del transporte público, prestando especial atención a las necesidades de las personas en situación vulnerable, las mujeres, los niños, las personas con discapacidad y las personas de edad.
Sumado a lo antedicho, el derecho a la movilidad constituye un derecho fundamental para la erradicación de la pobreza y la realización de los principios de igualdad y no discriminación, consagrados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
Por otra parte, este derecho representa además un condicionante para el ejercicio de otros derechos fundamentales como la educación, la salud, el trabajo, el desarrollo, la alimentación, la vivienda y la cultura, debido a que las distancias, tiempo y exigencia de movimiento se hacen evidentes y necesarios para su ejecución.
