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Escudero logró juntar 10.000 firmas contra las tarifas

Luego de una extensiva campaña en las calles el diputado provincial Guillermo Escudero, juntó 10.000 firmas en La Plata para pedir la suspensión del aumento de tarifas de luz, gas y agua.

“Los aumentos de tarifas autorizados por el gobierno se han vuelto desproporcionados e irrazonables. Una cosa era la readecuación de precios de los servicios públicos y otra este desastre que paraliza la industria, el comercio y agrede a los hogares de nuestros vecinos de manera directa sin ninguna proporción con los ingresos», aseguró Escudero.

Luego de las presentaciones judiciales pertinentes y las interminables trabas que el gobierno nacional interpone, en ese ámbito, para beneficiar a las empresas concesionarias con aumentos desproporcionados y desmedidos.

Las firmas fueron entregadas en mano al Organismo de Control de Energía Eléctrica (OCEBA); a las autoridades municipales y a la gobernación, solicitándole una nota de adhesión para que intervenga en que los organismos de control fallen a favor de los vecinos.

También plantea que si las empresas concesionarias no pueden garantizar el servicio se realicen los estudios pertinentes para que los asuma el estado.

En ese marco, el diputado Escudero consideró que: “es la Corte Suprema la que estableció los parámetros de razonabilidad para aplicar los aumentos, pero este gobierno aplica aumentos verdaderamente irracionales, por eso pedimos volver a los valores de fines del 2017″.

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Impulsan el acceso de agua como derecho humano y alertan por la pobreza energética

De izquierda a derecha. El delegado de la Defensoría del Pueblo bonaerense en Bahía Blanca, José Luis Gil; la directora de Descentralización Territorial de la Defensoría, María Eugenia Zamarreño; y Walter Martello, Defensor de Pueblo Adjunto

Ambas problemáticas fueron ejes centrales del temario analizado por los Defensores del Pueblo provinciales y municipales que se reunieron en Viedma. Crece la preocupación por el impacto del aumento de tarifas en los servicios públicos. Los representantes bonaerenses en el plenario fueron Walter Martello, Defensor del Pueblo Adjunto de la Provincia, y María Eugenia Zamarreño, directora de Descentralización Territorial del organismo

Los representantes de Buenos Aires ratificaron las posturas esgrimidas oportunamente por el Defensor del Pueblo bonaerense, Guido Lorenzino, en las últimas audiencias públicas que se realizaron en la Provincia, donde se alertó sobre la irracionalidad de los incrementos aplicados por las distintas empresas de servicios públicos.

En ese contexto, los Defensores del Pueblo realizaron distintas consideraciones acerca del impacto que está teniendo la denominada “pobreza energética”. Es decir, las situaciones de aquellos hogares que no cuentan con los recursos para pagar una cantidad de energía suficiente para la satisfacción de necesidades domésticas y/o cuando se ven obligados a destinar una excesiva parte de sus ingresos al pago de servicios públicos esenciales.

Martello remarcó que “gran parte de las boletas que está enviando la empresa AySA a los usuarios del Conurbano hacen caso omiso a las resoluciones de organismos internacionales como la ONU y la UNESCO, que han dejado en claro que el acceso al agua es un derecho humano y por ende el pago de este servicio no debe superar el 3% del ingreso de las familias. El tarifazo está teniendo un efecto contraproducente: en el caso del agua, la incobrabilidad de los usuarios de AySA creció en un 389% y hay cada vez más usuarios que deben endeudarse para poder seguir teniendo luz y gas”.

“Luego de la eliminación de distintos componentes impositivos en las boletas, llegó el momento de analizar las situaciones de las empresas de servicios públicos, cuyas utilidades se han multiplicado en los últimos dos años producto de tarifazos que impactan de lleno en el poder adquisitivo de la población”, concluyó Martello.

 

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Diciplinamiento Judicial contra el Juez Luís Arias: lograron suspenderlo

Ayer el Jurado de enjuiciamiento de la provincia de Buenos Aires decidió unánimemente suspender al juez en lo contencioso administrativo Luis Arias.

Esta suspensión establece un apartamiento por un plazo de 90 días, en los cuales además de va a recibir un castigo económico del 40% de su sueldo.

Se formulan sobre él 21 cargos en su contra que se agrupan 3 temas: causas sobre derecho a la vivienda, derecho de personas privadas de libertad y sucesos en torno a las inundaciones de 2013 que modificó el número de víctimas. Entre otras cosas se lo acusa de parcialidad en las sentencias, abuso autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público.

Recordemos que el juez Luis Arias ordenó a Daniel Scioli construir paradores para los chicos de la calle, le prohibió a la policía bonaerense de tener menores por averiguación de antecedentes, le anuló a Scioli el aumento de Aguas Bonaerenses y confrontó al gobierno sciolista por el dato de muertos de la inundación 2013.

En este nuevo periodo político, frenó el aumento de tarifas en el gobierno de María Eugenia Vidal, declaró inconstitucional la conciliación obligatoria dictada por este gobierno y puso frenos a Mauricio Macri, que ordenaba la disolución de la autoridad Federal de servicios de comunicación audiovisual que había sido creada para aplicar la Ley de Medios. También falló contra el tarifazo de luz de Mauricio Macri y se pronuncia en favor del reclamo docente la paritaria y el derecho a huelga, entre otros asuntos que lo llevaron a su suspensión.

El Jurado que estableció la suspensión está compuesto por ediles provinciales que terminan sus mandatos y buscan un lugar donde poder seguir ejerciendo políticamente. Estos son los senadores Jorge D’Onofrio (Frente Renovador), Roberto Costa (Cambiemos), Héctor Vitale (PJ) y los diputados provinciales Marcelo Feliú (Cumplir) y Juan Garate (Frente Renovador que estuvo ausente) y los abogados conjueces de la corte local que asistieron son Fabián Ramón González, Diego Alejandro Molea, Osvaldo Enrique Pisani, Ambrosio Luis Bottarini y José Alberto Apaz, presidiendo la Jueza Suprema bonaerense Hilda Kogan.

La Nueva etapa comenzará con presentación de pruebas y podría tener audiencias en febrero.

 

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El PJ bonaerense convocó a “un gran frente electoral”

Fue tras un encuentro en la sede partidaria de la calle Matheu. Continúan las diferencias respecto a la forma en que deben definirse las candidaturas.

(de Adelanto 24)  El PJ bonaerense se puso en marcha hoy y convocó a un “gran frente electoral” para enfrentar al macrismo en octubre. Sin embargo, las diferencias en torno a si el espacio debe unificar posiciones o ir a internas persisten.

El jefe del sello, Fernando Espinoza, advirtió también que el justicialismo resolvió solicitar una “audiencia” con el presidente Mauricio Macri para plantear la preocupación del espacio ante el nuevo aumento de tarifas, las modificaciones en la entrega de medicamentos del PAMI y la necesidad de asistencia a las zonas afectadas por inundaciones, entre otros puntos.

El cónclave tuvo lugar en la sede partidaria de la calle Matheu 130, de la Ciudad de Buenos Aires, donde los dirigentes degustaron un asado servido en el tradicional quincho del segundo piso.

A la mesa se sentaron referentes de todos los sectores, como el camporista Eduardo “Wado” De Pedro; el referente del Movimiento Evita Fernando “Chino” Navarro; los intendentes Verónica Magario (La Matanza) y Juan Zabaleta (Hurlingham), de los grupos “Fénix” y “Esmeralda”, respectivamente, y el ex presidente de la Cámara de Diputados Julián Domínguez.

También dio el presente el Bloque Justicialista (BJ) a través de la asistencia de Oscar Romero, el jefe de esa bancada en la Cámara baja.

“La foto de esta reunión, que marca el camino en este año electoral, es una unidad con todos los dirigentes, en un gran frente electoral con los mejores candidatos”, destacó Espinoza.

A su vez, el ex intendente de La Matanza anticipó el próximo 18 de febrero el PJ bonaerense se reunirá en la ciudad balnearia de Santa Teresita y afirmó que el mitín de hoy “terminó con todas aquellas acciones del ‘Divide y reinarás’ que nos querían generar desde Cambiemos y otros sectores”. “Se ratifica esta gran unidad que se cerró con el congreso partidario de La Matanza el 29 de diciembre”, remarcó.

Por otro lado, Espinoza dijo que el PJ propondrá “reuniones” con los gobiernos nacional y bonaerense para advertir sobre una “economía que sigue beneficiando a los más ricos en perjuicio de la clase media y los trabajadores”.

Pese a las proclamas de unidad, Zabaleta ratificó que el PJ debe dirimir sus diferencias en las PASO, para discutir la alternativa que el espacio presentará en octubre y “referenciar” a quienes “van a conducir a partir del 2017”.

“El desafío del peronismo es dejarse de mirar el ombligo y mostrar la preocupación que tenemos porque la economía no arranca y hay un nuevo aumento de tarifas”, enfatizó.

Navarro, en tanto, señaló que el objetivo es “conformar una fuerza política y electoral que construya una mayoría para derrotar el ajuste y empobrecimiento de Macri”.

De manera paralela a la toma de esas posiciones, fuentes del PJ señalaron que el Grupo Fénix se entusiasma con la posibilidad de incorporar de manera formal a sus filas al intendente de Villa Gesell, Gustavo Barrera.

Completaron la lista de presentes los jefes comunales Hugo Corvatta (Saavedra), Alberto Descalzo (Ituzaingó), Walter Festa (Moreno) y Juan Carlos Veramendi (Ranchos); el apoderado Jorge Landau; los diputados Cristina Alvarez Rodríguez, Carlos Castagneto, Gustavo Arrieta y Teresa García; los legisladores provinciales Juan José Mussi y Daniel Barrera; y el dirigente sciolista Alberto Pérez, entre otros.

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Torres: “Frazadazo contra el tarifazo serial”

Este viernes 24 a las 17 y 30 horas desde Avenida 7 y 50 en La Plata, distintas organizaciones gremiales docentes, sociales y políticas convocan a un “frazadazo” ante la suba de tarifas.

Francisco Torres, dirigente del MST-Nueva Izquierda, señaló: “Macri y Vidal lanzaron un brutal tarifazo del 100% en transporte, 300% a 1000% en la luz y gas y 500% en el agua. Si con Cristina había tarifas más bajas a cambio de un pésimo servicio, ya que los subsidios iban a las privatizadas, hoy tenemos ese mismo pésimo servicio con tarifas impagables”.

Torres agregó: “Macri y Cristina sólo benefician a las empresas que -como Edelap- no hicieron las inversiones necesarias y convenidas. La tarifa debería ser auditada por los trabajadores, técnicos y usuarios ya que no tienen cómo justificar el valor real del servicio».

Por último agregó: «Vamos al frazadazo para anular el tarifazo serial. Y reclamar la renacionalización bajo control social de nuestros recursos naturales y servicios públicos como única forma de tener gas, luz, agua y transportes baratos y al servicio del pueblo”.