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Apagón de La Plata: Edelap sigue prestando un mal servicio y las sanciones fueron «vergonzosas»

El ex director de Asuntos Legales y ex miembro del Directorio de EDELAP SA, el abogado Marcelo Szelagowski, señaló que “transcurrido ya un año del gran apagón que perjudicó al menos a 120.000 personas, la empresa distribuidora de energía eléctrica de la región del Gran La Plata sigue prestando “un vergonzoso servicio con deficientes parámetros de calidad” y que esto se debe en gran medida a “EDELAP S.A. no fue debidamente sancionada por no tomar las previsiones y efectuado las inversiones para que el apagón jamás sucediera. Ninguna inversión relevante realizó en los diez años anteriores al hecho, y sigue sin hacerlas”.

Y afirmó además: “Hoy en día, EDELAP S.A sigue impune a pesar del gran daño que le generó a miles de usuarios” y reiteró sus críticas al señalar que “actualmente la vieja Segba parece una empresa del primer mundo al lado de esta payasada”.

Por otra parte, el letrado y ex directivo de la empresa, mostró optimismo por el rechazo de la medida cautelar que solicitara EDELAP S.A. ante el Juzgado Contencioso Administrativo Nro. 4 de nuestra ciudad, donde la Dra. María Ventura Martínez “acertadamente rechazó la acción interpuesta por la empresa que sostuvo que el pago de la multa impuesta por el OCEBA de $ 203.647.464,86 con destino a los futuros consumos de los usuarios damnificados, ‘pone en juego la prestación del servicio público que la misma presta’”.

Szelagowski también afirmó: “Lo cierto es que la resolución del OCEBA 279/2019 fue más que benigna en su momento, una multa ‘despreciable’ frente a los daños causados y por sobre todo la irresponsabilidad y falta de diligencia y previsión que siguen demostrando día a día EDELAP, por un estrago culposo que justificaba y justifica con holgura la pérdida de la Concesión”.

Y sentenció: “Hoy el servicio público esencial sigue en manos de una compañía irresponsable, que sigue mandando facturas ‘estimadas’ y cobrando consumos inexistentes imposibles de impugnar, sumas que jamás serán recuperadas; así las cosas comercios vacíos con consumo casi de “0 kw/h pagan sumas equivalentes a las del mismo período del año anterior, frente a un OCEBA que parece ser víctima del “gatopardismo” donde nada ha cambiado.

Szelagowski resaltó la gravedad de lo ocurrido al recordar que “EDELAP presentó los planes operativos de emergencia 2017 y 2018 y no consta al tiempo de su presentación documento alguno referido a la criticidad del abastecimiento de la Subestacón City Bell, habida cuenta el conocimiento que tenía la inoperatividad del cable subterráneo 230 de EDESUR, dicho en términos sencillos, los Directores de EDELAP S.A. conocían que el cable estaba cortado y nada hicieron, pero la verdad es mucho más grave: hace 40 años City Bell, el Oeste de City Bell y Villa Elisa eran quintas de fin de semana y quintas de horticultores, pero hoy viven miles de familias con carácter permanente.”

Según el exdirectivo de la compañía, el crecimiento demográfico y la expansión urbana de la ciudad “debieron ser acompañados por la construcción de una subestación en Villa Elisa y otra en Gonnet para el abastecimiento de la zona, y esto no se realizó.”

Según el abogado, «las sanciones aplicadas en su momento por el gobierno provincial fueron ‘vergonzosas’ dada la relación de los gobernantes de entonces con los mismos grupos económicos dueños de la generación y la distribución, minimizando la falla que derivó en el apagón, que se debió a la grave falta de inversión y a la ‘grosera ausencia’ de los organismos de control, por lo que sigue ameritando quitarle la concesión a la empresa».

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Por el apagón de La Plata, el OCEBA multó a EDELAP con 200 millones

La Provincia sancionó a la empresa distribuidora de electricidad con una multa por la constatación de los incumplimientos por el corte prolongado sucedido el 22 de junio de 2019, con afectación masiva de usuarios.

La Provincia de Buenos Aires, a través del OCEBA sancionó a la empresa distribuidora de electricidad EDELAP con una multa de 203.647.464,86 pesos por la constatación de los incumplimientos por el corte prolongado sucedido el 22 de junio de 2019, con afectación masiva de usuarios de las localidades de Gonnet, City Bell, Villa Elisa y Villa Castells y zonas aledañas de su área de concesión.

OCEBA además, establece que el dinero se distribuirá entre los usuarios que estuvieron más de 7 horas sin servicio, y les corresponde una suma fija, diaria y acumulable consistente en $2.500, por usuario considerando el tiempo que haya permanecido sin servicio.

Pero además, a los usuarios del resto de las categorías tarifarias corresponde aplicar un monto equivalente a la valorización de la energía no suministrada.

El artículo también establece que el importe correspondiente a la multa se hará efectivo a los usuarios como un crédito a cuenta de futuros consumos, debiendo implementarse a partir de la primera factura de servicio que se emita con posterioridad al dictado de la presente.

Pero además, determina que el cálculo preliminar de la penalización por apartamiento de los límites admisibles de Calidad de Servicio Técnico correspondiente al semestre entre el 1º de junio hasta el 1º de diciembre de 2019 asciende a 25.185.029,85 pesos, “importe que queda supeditado al cálculo final de la multa correspondiente al citado período de control, suma ésta que deberá ser acreditada a los usuarios afectados”, aclara.

Por último, se destaca que “las sanciones referidas en los artículos precedentes son independientes de las bonificaciones dictadas en sede administrativa y judicial, como así también de los resarcimientos por daños en las instalaciones y/o artefactos y perdida de mercaderías que pudieran corresponder y no relevan al Concesionario de eventuales reclamos por daños y perjuicios.”

Por otro lado, se ordena a EDELAP que informe al Organismo de Control el estado de ejecución del nuevo vínculo en alta tensión (132 kv) que vinculará las SSEE Tolosa y City Bell u otra/s alternativa/s de abastecimiento a la SE City Bell. (InfoGEI)

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El massismo denunció penalmente a Vidal, Gigante y Pagano por el apagón en La Plata

El diputado provincial del Frente Renovador, Jorge D’Onofrio, presentó una denuncia penal en la UFI N°15 de La Plata para que se investigue al titular de Edelap, Rogelio Pagano, a la gobernadora María Eugenia Vidal y al ministro de Infraestructura, Roberto Gigante.

En el texto el legislador del Frente Renovador pide que se analice el posible delito de “estrago” e “incumplimiento de los deberes de funcionario público” durante el apagón que mantuvo a miles de platenses sin suministro eléctrico durante casi cinco días.

“Pedimos a la Justicia que investigue la falta de controles, el incumplimiento de las inversiones y el vaciamiento encubierto. Pagano compró Edelap y después Vidal cuadruplicó las tarifas, de hecho fue asesor de la Gobernadora antes de eso”, explicó D’Onofrio en diálogo con el portal Diputados Bonaerenses.

La presentación judicial que también alcanza al titular del OCEBA, Jorge Arce, y reclama que Edelap remita un informe de la falla que causó el apagón y que se designe un perito de la Corte bonaerense para que controle las inversiones y trabajos realizados.

El diputado provincial massista también adelantó la intención que revisen las concesiones de Edenor y Edesur. “Nadie investigó de dónde sacaron la plata para comprar las empresas”, fustigó D’Onofrio. (InfoGEI)

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Registro y beneficios para personas electrodependientes por problemas de salud

La Municipalidad de Berisso, a través de la Oficina Municipal de Información al Consumidor (OMIC) informa que cuenta con un registro de personas electrodependientes, es decir personas que tienen problemas de salud y que requieren de la energía eléctrica para ser asistidas. Del mismo modo brindó detalles de los trámites que se deben efectuar para acceder a este beneficio.

En relación a esto, la coordinadora del área, Fernanda Biasi, explicó que se trata “de un beneficio que se otorga desde la secretaría de Salud de la Nación, luego de acreditar por medio de una historia clínica el cuadro médico que argumente que la persona es electrodependiente”. “Una vez que el solicitante completa la información, la cartera sanitaria nacional comunica al OCEBA esta necesidad y ese organismo de control le informa a EDELAP que esa persona tiene un inconveniente médico y que requiere de la energía eléctrica para mejorar su calidad de vida”.

“Una vez que la persona está en este Registro cuya inscripción es gratuita, la empresa prestataria no debe cobrar ningún monto quedando el vecino exento de pago”, indicó Biasi, quien añadió que “en el caso que en el domicilio de la persona electrodependiente se produzcan cortes de energía, EDELAP suministrará grupos electrógenos para mantener el funcionamiento de los equipos necesarios para cada tratamiento”.

Al mismo tiempo la responsable de la OMIC local, agregó que “desde el Concejo Deliberante se sancionó una Ordenanza para adherir a ese Registro que contiene actualmente un total de 15 personas electrodependientes en la ciudad”.

Cabe mencionar que aquellas personas que se encuentren en esta condición, pueden acercarse a la sede de la OMIC ubicada en Av. Montevideo esquina 8, para recibir asesoramiento por parte del personal capacitado. “Queremos informar que ese Registro existe, está funcionando y velamos porque continúe y pueda ampliarse”, manifestó la titular de la Oficina de Información al Consumidor.

Finalmente, Biasi resaltó que, a través de una resolución, “se dictaminó que aquellas personas electrodependientes que no revaliden el trámite, perderán el beneficio”, por lo cual recomendó efectuarlo.

Electrodependencia es una condición de ciertas personas que por una deficiencia en su salud necesitan utilizar equipos eléctricos indicados por el médico, con suministro constante y en niveles de tensión adecuados. Su supervivencia depende del correcto funcionamiento de los mismos.

La Ley 27351 establece la gratuidad del servicio eléctrico en su domicilio y distintas medidas para que ese servicio no se interrumpa. El beneficio aplica a todo ciudadano inscripto en el Registro de Electrodependientes por Cuestiones de Salud.

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Escudero logró juntar 10.000 firmas contra las tarifas

Luego de una extensiva campaña en las calles el diputado provincial Guillermo Escudero, juntó 10.000 firmas en La Plata para pedir la suspensión del aumento de tarifas de luz, gas y agua.

“Los aumentos de tarifas autorizados por el gobierno se han vuelto desproporcionados e irrazonables. Una cosa era la readecuación de precios de los servicios públicos y otra este desastre que paraliza la industria, el comercio y agrede a los hogares de nuestros vecinos de manera directa sin ninguna proporción con los ingresos», aseguró Escudero.

Luego de las presentaciones judiciales pertinentes y las interminables trabas que el gobierno nacional interpone, en ese ámbito, para beneficiar a las empresas concesionarias con aumentos desproporcionados y desmedidos.

Las firmas fueron entregadas en mano al Organismo de Control de Energía Eléctrica (OCEBA); a las autoridades municipales y a la gobernación, solicitándole una nota de adhesión para que intervenga en que los organismos de control fallen a favor de los vecinos.

También plantea que si las empresas concesionarias no pueden garantizar el servicio se realicen los estudios pertinentes para que los asuma el estado.

En ese marco, el diputado Escudero consideró que: “es la Corte Suprema la que estableció los parámetros de razonabilidad para aplicar los aumentos, pero este gobierno aplica aumentos verdaderamente irracionales, por eso pedimos volver a los valores de fines del 2017″.

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El intendente de Villa Gesell le reclamó a Vidal por el conflicto eléctrico del distrito

El jefe comunal de Unidad Ciudadana, Gustavo Barrera, explicó cuál es la situación con la cooperativa eléctrica en la localidad y denunció la falta de intervención de la Provincia.

“Villa Gesell tiene dos problemas: tenemos la tarifa más cara en la Provincia y la segunda más cara en la Argentina. La Cevigé, la cooperativa eléctrica de Gesell no abona a Cammesa, que es la distribuidora. Por esa deuda que se fue acumulando, la distribuidora le reclama a Cevigé más de 200 millones de pesos”, explicó el intendente de Villa Gesell, Gustavo Barrera, en diálogo con el programa Superlógico (Keops 90.1 La Plata) que conduce Juan Alfaro.

En ese sentido, el alcalde de Unidad Ciudadana explicó: “Después hay otros organismos nacional y provinciales que tiene deudas la cooperativa, como el Ente Provincial de Energía, que le debe otros 100 millones, debe aportes previsionales, debe impuestos provinciales. Y cifras importantes”.

“Hemos hecho las correspondientes denuncias, como en el INAES (Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social) o el OCEBA (Organismo de Control de la Energía Eléctrica de la Provincia de Buenos Aires) que es un organismo provincial de control de las distribuidoras de energía, hasta hemos hecho una denuncia penal y una carta a la gobernadora (María Eugenia) Vidal en septiembre del año pasado que todavía no tuvimos la oportunidad de tener una audiencia”, añadió el intendente.

En esa línea, Barrera sentenció: “Hay una mala administración de la cooperativa, después de haber tenido sus cuentas en cero en 2016 con esta empresa Cammesa y donde hubo un aumento del 1000 por ciento del 16 hasta la fecha, han acumulado una deuda de 200 millones, entonces era sentarnos a halar con la Gobernadora, porque también el ministro de Planificación provincial, de acuerdo a la ley 11.769 es parte interviniente en esta materia”.

“Lo que estamos pidiendo es una rápida intervención de la cooperativa: la renuncia del presidente y de todo el concejo de administración. Debería intervenir los organismos que regulan, como INAES, OCEBA, que todavía no han actuado”, agregó.

Para finalizar, el intendente manifestó: “Dejo de ser una cooperativa eléctrica para ser una sociedad anónima que administran cuatro bandidos y la fiesta de esos cuatro bandidos la vamos a tener que pagar todos los gesellinos”.

“Pedimos también audiencia con Roberto Gigante (ministro de Infraestructura bonaerense), pero nunca nos atendió. Villa Gesell forma parte de los 135 municipios de la Provincia y está desconsideración es grave”, concluyó.

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Denunciaron a Vidal por favorecer a un empresario amigo del gobierno

La Asociación de Consumidores Argentinos presentó una denuncia penal contra funcionarios nacionales y provinciales por la concentración de la red de distribuidoras eléctricas bonaerenses en manos del empresario cercano a la gestión, Rogelio Pagano. El abogado denunciante, Sergio Procelli, dijo que la operatoria es parte de “una decisión política en la que los usuarios subsidiamos a las empresas”.

Los tarifazos en los servicios públicos que se aplican religiosamente desde 2016 convirtieron a las empresas energéticas y distribuidoras en uno de los negocios más rentables del país junto con la timba financiera. Marcelo Mindlin, amigo del presidente, comprador de la constructora de los Macri; su “hermano del alma”, Nicolás Caputo; el magnate británico que “presta” su residencia en la Patagonia para el descanso de la familia presidencial, son algunos de los beneficiarios del “sinceramiento tarifario” de Cambiemos.

La provincia de Buenos Aires no está exenta de esa realidad: el gobierno de Vidal, con la anuencia de funcionarios de Macri, permitió que desde 2017 un solo empresario, vinculado a Mindlin y Lewis, se quede con las cuatro principales distribuidoras de energía eléctrica en territorio bonaerense que concentra más 65% de todo lo que se distribuye y casi el 60% del total de los usuarios: Rogelio Pagano.

Valiéndose de la irregular concentración del mercado eléctrico bonaerense que viola las normativas vigentes, por lado, y los nexos entre el empresario y los funcionarios de ambos gobiernos, la Asociación de Consumidores Argentinos presentó una denuncia penal por los delitos de abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público, cohecho pasivo y activo, negociaciones incompatibles con la función pública y tráfico de influencias.

Entre los denunciados aparece el propio Pagano, la gobernadora María Eugenia Vidal, el ministro de Infraestructura bonaerense, Roberto Gigante, el secretario de Comercio de la Nación, Miguel Braun, el presidente de la Comisión de Defensa de la Competencia de la Nación, Esteban Greco, los integrantes del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) y miembros del Organismo de Control de Energía Eléctrica de la Provincia de Buenos Aires (OCEBA).

“Esto se inicia en el año 2017 donde una sola empresa se queda con las cuatro distribuidoras de la provincia (Edelap, Edes, Eden y Edesa) sin cumplir con los pasos de intervención del tribunal de la competencia, la autorización del Enre y tampoco se entiende por qué el ministerio o la propia gobernación no intervienen considerando que una sola empresa se queda con toda la distribución eléctrica y el riesgo que eso implica”, dijo a Contexto el abogado denunciante, Sergio Procelli.

En su denuncia manifiesta que en la Provincia existió “acelerado proceso de concentración dentro del mercado energético mediante el cual se benefició a distintos empresarios del entorno de ‘Cambiemos’, con la evidente anuencia tanto del Gobierno de la provincia de Buenos Aires como el de la Nación”. El beneficiado fue Pagano a través de su firma Desarrolladora Energética Sociedad Anónima (DESA) en solo dos años logró hacerse de la cuatro distribuidoras que concentran el grueso de la electricidad bonaerense.

“Hay otras situaciones que también denunciamos que tienen que ver con el acercamiento que hay entre los dueños de estas empresas con funcionarios nacionales y provinciales, por un lado, y también lo que se relaciona con los fondos: cuando uno averigua cómo llega DESA a comprar las cuatro distribuidoras vemos que en 2016 esta empresa estaba con un balance bastante ajustado y cuatro meses después gasta más de 250 millones de dólares en comprar las distribuidoras”, dijo en ese sentido Procelli.

“Esto lo hace emitiendo deuda que pertenece a distintos fondos de financiamiento de los cuales ninguno tiene sede en Argentina -continuó el letrado- y a partir de ahí hay otra sospecha: están financiadas con capitales que no se sabe de dónde provienen y si el día de mañana hay que hacer algún reclamo, existen solamente deudas, no hay empresa que pueda responder”.

Una de las principales irregularidades que denuncia la asociación de usuarios y consumidores es sobre el rol de los organismos de control que, según el abogado, “no lo hicieron como debían”.

En esa línea, apuntó que “el ENRE no se expidió, el tribunal de la competencia tampoco lo hizo y OCEBA se excusó diciendo que tenía que intervenir el Ministerio de Infraestructura de la Provincia, que tampoco lo hace con un informe que explique si conviene o no conviene, sino que solamente dio el ‘okey’ para avanzar”.

“En el dictamen del Secretario de Comercio lo que decían es que, como estas distribuidoras tienen territorios diferentes y no se cruzan, no hay una competencia, pero justamente la Provincia se dividió en cuatro distribuidoras para tener una especie de referencia de costos porque si una empresa dice que tiene ‘x’ costo de distribución, se lo puede comparar con el otro”, explicó el abogado.

También destacó que “otra de las situaciones que denunciamos es que los bonaerenses pagamos en la factura una ley que es el Fondo Compensador que, justamente, es para compensar la diferencias tarifarias entre distribuidoras considerando las distintas redes de cada uno, con el objetivo de que no haya personas que pagan más que otras por el simple hecho de vivir más lejos de la generadora”, y agregó que “hoy este Fondo tampoco tiene sentido porque es una sola empresa que tiene toda la energía eléctrica de la provincia y que se compensa a sí misma”.

La denuncia

En el escrito que presentó en la justicia, Procelli hace un recorrido por todas las operaciones que derivaron en la concentración actual de la distribución eléctrica en la Provincia de Buenos Aires.

El abogado explica en el documento que Rogelio Pagano inscribió en 2014 a DESA en el Registro Público de Comercio y su primera “gran operación” fue en 2016 cuando adquirió EDEN Y EDES que estaba en manos del empresario venezolano Miguel Martínez Mendoza. Antes, había sido director ejecutivo del Grupo Dolphin de Marcelo Mindlin y director suplente de Pampa Energía, también de Mindlin.

Sobre esta adquisición, en causa figura el dilatado proceso que llevó adelante la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia que resolvió un año, en mayo de 2017, que la operación con constituía una concentración que vulnere la competencia, y en julio Miguel Braun firmó la resolución de la Secretaría de Comercio que la autorizó.

Las otras dos grandes adquisiciones por parte de Pagano fueron las de Edelap y Edea que se terminaron de concretar en enero de 2018 cuando Braun firmó el dictamen que autorizó la operación. En esa oportunidad, la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia remite notificaciones al ENRE, el OCEBA y el ente regulador de servicios públicos de Salta (Pagano también controla la distribuidora de esa provincia). En este momento es cuando OCEBA se excusa -según el denunciante “en un llamativo abandono de sus funciones”- y sostiene que el facultado para emitir una opinión sobre la compra es el Ministerio de Infraestructura, a cargo de Roberto Gigante. Ninguno de los tres consultados objetó la operación y la comisión dictaminó a favor de la operación que luego fue ratificada con la firma del Secretario de Comercio.

En su diálogo con este medio, Sergio Procelli sostuvo que “después del último aumento que se dio el martes pasado y habiendo antecedentes como la destitución del juez Luis Arias, se hace muy difícil que los jueces manifiesten la ilegalidad de cómo se fijan las tarifas, entonces decidimos avanzar con esta denuncia”. Y concluyó: “La concentración es una gran transferencia de los usuarios hacia las distribuidoras de electricidad en este caso y esto tiene que ver con una decisión política que se ha tomado donde los usuarios pagamos el costo que implica en este caso la electricidad, pero también las inversiones que las empresas dicen que hacen y las deudas que tienen”.

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Suspender el tarifazo porque la plata no alcanza

#LaPlataNoAlcanza, es la etiqueta en las redes que Libres del Sur lleva adeldelante porque «los salarios están por debajo de la inflación, los productos de la canasta básica están cada vez más caros, nuestros niños en los barrios sufren de malnutrición, las changas desaparecieron, los comedores no se dan abasto y el narcotráfico se lleva el futuro de nuestros jóvenes. ¿Cuánto más podemos soportar todas estas injusticias a manos de un gobierno insensible, que no dudó en beneficiar a las empresas energéticas en detrimento de nuestro derecho a una vida digna?».

«Nos miente el Presidente, nos miente Cambiemos, nos mienten sus funcionarios que mantienen sus riquezas en el exterior mientras a nosotrxs nos piden sacrificios: El gobierno perdonó a las empresas eléctricas una deuda millonaria de $19.000 millones (2017), mientras a nosotrxs nos ajusta haciéndonos pagar las tarifas incluso con intereses», agregan desde la fuerza política.

Desde otro lador ven que las organizaciones sociales, civiles, políticas, la defensoría del pueblo, de los consumidores y OCEBA tomen de forma urgente el tema y puedan frenar «este injusto tarifazo». S»e viene el invierno y no podemos permitir que nuestros bolsillos sigan sosteniendo un modelo económico para unos pocos y un sistema político que beneficia a los amigos», sumaron.

«El modelo de Cambiemos no nos hace parte, sólo nos tiene en cuenta para exprimir nuestros bolsillos, deteriorando nuestra calidad de vida. No es justo que el déficit fiscal lo financiemos nosotros y a las empresas no se les toque ni un centavo: Los impuestos que vienen en nuestras boletas de luz y gas (incluido el IVA) los pagamos los usuarios; las empresas no pagan nada. Incluso el gobierno nacional, provincial y municipal se financian vía recaudación de impuestos por leyes creadas durante los gobiernos militares», amplian.

«Si miramos nuestras facturas, para el caso de EDELAP el 32.6% del monto final es solo de impuestos. Para el caso de CAMUZZI GAS PAMPEANA la carga impositiva es del 33.3% del monto final: Tasa de seguridad e Higiene, Ingresos Brutos, Impuesto al Cheque y financiamiento de obras en otras provincias», detallan.

«Por tal motivo exigimos al gobierno nacional que tome en cuenta un paquete de propuestas que construimos en conjunto con organizaciones sociales y políticas: Declarar la Emergencia Energética y suspender el último aumento de tarifas eléctricas, de combustible y de Gas. Que no se suspenda el servicio de gas durante el invierno. Que se declare la Emergencia Laboral y suspender por un año los despidos en la Provincia de Buenos Aires. Que se elimine el IVA a los productos de la canasta familiar y que se suspenda el aumento de los precios de medicamentos», comentaron firmemente.

«Es por eso que esta mañana instalamos mesas en las puertas de EDELAP para juntar firmas y canalizar el malestar de los vecinos y vecinas de la ciudad. Allí firmaron cientos de usuarios que criticaron contundentemente los aumentos», concluyeron e invitan a quienes desean firmar deben acercate de 9 a 11 horas el miércoles en las puertas de Camuzzi Gas y el jueves en ABSA.

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Proponen que la Legislatura provincial cree un Observatorio de Servicios Públicos

El diputado provincial, Guillermo Escudero junto a distintas asociaciones y organismos abocados a los derechos del consumidor pedirán la creación de un Observatorio de Servicios Públicos.

Esta iniciativa fue motivada ayer, luego del encuentro presentado por el diputado provincial, Guillermo Escudero y el secretario de la asociación DEUCO, Roberto Daoud donde referentes sociales y representantes de asociaciones abordaron la problemática del usuario de servicios públicos desde la perspectiva actual de aumentos, deficiencia de los servicios y falta de inversiones.

“El objetivo del Observatorio es crear una nueva herramienta que defienda a los usuarios frente a los tarifazos, que evidencie la ineficacia de las empresas y la falta de correlato entre los aumentos y las inversiones,” argumentó el diputado.

Recordemos que durante la jornada en conmemoración por el Día Internacional de los Derechos del Consumidor, se debatió sobre diferentes temáticas a cargo de profesionales y referentes sociales: Universalidad de los Servicios Públicos, Pedro Bussetti (Presidente de DEUCO) y Jorge San Miguel (Sindicatura de usuarios de OCEBA); rentabilidad versus razonabilidad tarifaria, Rafael Irigoiti (Federación de Instituciones) y Daniel Moreira (Frente Productivo); políticas y acciones protectorias de los usuarios del Servicio Público, Adrián Ganino, (Director de Comercio y defensa del consumidor de San Martín) y Henry Stegmayer (Consejo consultivo del consumidor de la Defensoría del Pueblo)

Luego de un abordaje productivo y un debate de intercambio entre especialistas y usuarios se coincidió en la urgente creación de un observatorio que controle el cumplimiento de las empresas y defienda al usuario.

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Escudero: «es un despropósito que hayan aumentado tanto y sin mejorar el servicio»

En el marco del Día Internacional de los Derechos del Consumidor el diputado provincial, Guillermo Escudero presentó una charla-debate denominada: ACCESO A LOS SERVICIOS PUBLICOS Y TARIFAS JUSTAS.

La jornada se realizó en el anexo de la Cámara de Diputados, y fue presidida por el diputado Guillermo Escudero y el Secretario de la asociación DEUCO, Roberto Daoud.

“Se trata de una charla necesaria en un contexto donde el consumidor es víctima de los tarifazos, de la pérdida del poder adquisitivo y de la deficiencia de los servicios públicos por la falta de inversión,” manifestó el diputado al respecto.

Durante el encuentro se debatió sobre diferentes temáticas a cargo de profesionales y referentes sociales: Universalidad de los Servicios Públicos, Pedro Bussetti (Presidente de DEUCO) y Jorge San Miguel (Sindicatura de usuarios de OCEBA); rentabilidad versus razonabilidad tarifaria, Rafael Irigoiti (Federación de Instituciones) y Daniel Moreira (Frente Productivo); políticas y acciones protectorias de los usuarios del Servicio Público, Adrián Ganino, (Director de Comercio y defensa del consumidor de San Martín) y Henry Stegmayer (Consejo consultivo del consumidor de la Defensoría del Pueblo).

Asimismo, haciendo referencia a la coyuntura que atraviesa el país, el diputado agregó: ““Hoy realizamos este encuentro por tratarse de la fecha en que se conmemora el día de la defensa del consumidor, pero si tenemos en cuenta el descalabro que se viene produciendo en los últimos meses, pudiéramos habernos reunido cualquier día, porque es un despropósito que hayan aumentado tanto y sin mejorar el servicio”

Roberto Daoud, miembro de la asociación DEUCO argumentó: “ en la Constitución Nacional y los tratados internacionales se suscribe que como país, los ciudadanos tenemos derecho a viviendas dignas y para que una vivienda sea digna tiene que contar con servicios públicos básicos garantizados”

Cabe destacar la participación de las distintas asociaciones y organismos que se acercaron para pensar un proyecto de abordaje y resolución a esta grave problemática actual.

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