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Denunciaron a Vidal por favorecer a un empresario amigo del gobierno

La Asociación de Consumidores Argentinos presentó una denuncia penal contra funcionarios nacionales y provinciales por la concentración de la red de distribuidoras eléctricas bonaerenses en manos del empresario cercano a la gestión, Rogelio Pagano. El abogado denunciante, Sergio Procelli, dijo que la operatoria es parte de “una decisión política en la que los usuarios subsidiamos a las empresas”.

Los tarifazos en los servicios públicos que se aplican religiosamente desde 2016 convirtieron a las empresas energéticas y distribuidoras en uno de los negocios más rentables del país junto con la timba financiera. Marcelo Mindlin, amigo del presidente, comprador de la constructora de los Macri; su “hermano del alma”, Nicolás Caputo; el magnate británico que “presta” su residencia en la Patagonia para el descanso de la familia presidencial, son algunos de los beneficiarios del “sinceramiento tarifario” de Cambiemos.

La provincia de Buenos Aires no está exenta de esa realidad: el gobierno de Vidal, con la anuencia de funcionarios de Macri, permitió que desde 2017 un solo empresario, vinculado a Mindlin y Lewis, se quede con las cuatro principales distribuidoras de energía eléctrica en territorio bonaerense que concentra más 65% de todo lo que se distribuye y casi el 60% del total de los usuarios: Rogelio Pagano.

Valiéndose de la irregular concentración del mercado eléctrico bonaerense que viola las normativas vigentes, por lado, y los nexos entre el empresario y los funcionarios de ambos gobiernos, la Asociación de Consumidores Argentinos presentó una denuncia penal por los delitos de abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público, cohecho pasivo y activo, negociaciones incompatibles con la función pública y tráfico de influencias.

Entre los denunciados aparece el propio Pagano, la gobernadora María Eugenia Vidal, el ministro de Infraestructura bonaerense, Roberto Gigante, el secretario de Comercio de la Nación, Miguel Braun, el presidente de la Comisión de Defensa de la Competencia de la Nación, Esteban Greco, los integrantes del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) y miembros del Organismo de Control de Energía Eléctrica de la Provincia de Buenos Aires (OCEBA).

“Esto se inicia en el año 2017 donde una sola empresa se queda con las cuatro distribuidoras de la provincia (Edelap, Edes, Eden y Edesa) sin cumplir con los pasos de intervención del tribunal de la competencia, la autorización del Enre y tampoco se entiende por qué el ministerio o la propia gobernación no intervienen considerando que una sola empresa se queda con toda la distribución eléctrica y el riesgo que eso implica”, dijo a Contexto el abogado denunciante, Sergio Procelli.

En su denuncia manifiesta que en la Provincia existió “acelerado proceso de concentración dentro del mercado energético mediante el cual se benefició a distintos empresarios del entorno de ‘Cambiemos’, con la evidente anuencia tanto del Gobierno de la provincia de Buenos Aires como el de la Nación”. El beneficiado fue Pagano a través de su firma Desarrolladora Energética Sociedad Anónima (DESA) en solo dos años logró hacerse de la cuatro distribuidoras que concentran el grueso de la electricidad bonaerense.

“Hay otras situaciones que también denunciamos que tienen que ver con el acercamiento que hay entre los dueños de estas empresas con funcionarios nacionales y provinciales, por un lado, y también lo que se relaciona con los fondos: cuando uno averigua cómo llega DESA a comprar las cuatro distribuidoras vemos que en 2016 esta empresa estaba con un balance bastante ajustado y cuatro meses después gasta más de 250 millones de dólares en comprar las distribuidoras”, dijo en ese sentido Procelli.

“Esto lo hace emitiendo deuda que pertenece a distintos fondos de financiamiento de los cuales ninguno tiene sede en Argentina -continuó el letrado- y a partir de ahí hay otra sospecha: están financiadas con capitales que no se sabe de dónde provienen y si el día de mañana hay que hacer algún reclamo, existen solamente deudas, no hay empresa que pueda responder”.

Una de las principales irregularidades que denuncia la asociación de usuarios y consumidores es sobre el rol de los organismos de control que, según el abogado, “no lo hicieron como debían”.

En esa línea, apuntó que “el ENRE no se expidió, el tribunal de la competencia tampoco lo hizo y OCEBA se excusó diciendo que tenía que intervenir el Ministerio de Infraestructura de la Provincia, que tampoco lo hace con un informe que explique si conviene o no conviene, sino que solamente dio el ‘okey’ para avanzar”.

“En el dictamen del Secretario de Comercio lo que decían es que, como estas distribuidoras tienen territorios diferentes y no se cruzan, no hay una competencia, pero justamente la Provincia se dividió en cuatro distribuidoras para tener una especie de referencia de costos porque si una empresa dice que tiene ‘x’ costo de distribución, se lo puede comparar con el otro”, explicó el abogado.

También destacó que “otra de las situaciones que denunciamos es que los bonaerenses pagamos en la factura una ley que es el Fondo Compensador que, justamente, es para compensar la diferencias tarifarias entre distribuidoras considerando las distintas redes de cada uno, con el objetivo de que no haya personas que pagan más que otras por el simple hecho de vivir más lejos de la generadora”, y agregó que “hoy este Fondo tampoco tiene sentido porque es una sola empresa que tiene toda la energía eléctrica de la provincia y que se compensa a sí misma”.

La denuncia

En el escrito que presentó en la justicia, Procelli hace un recorrido por todas las operaciones que derivaron en la concentración actual de la distribución eléctrica en la Provincia de Buenos Aires.

El abogado explica en el documento que Rogelio Pagano inscribió en 2014 a DESA en el Registro Público de Comercio y su primera “gran operación” fue en 2016 cuando adquirió EDEN Y EDES que estaba en manos del empresario venezolano Miguel Martínez Mendoza. Antes, había sido director ejecutivo del Grupo Dolphin de Marcelo Mindlin y director suplente de Pampa Energía, también de Mindlin.

Sobre esta adquisición, en causa figura el dilatado proceso que llevó adelante la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia que resolvió un año, en mayo de 2017, que la operación con constituía una concentración que vulnere la competencia, y en julio Miguel Braun firmó la resolución de la Secretaría de Comercio que la autorizó.

Las otras dos grandes adquisiciones por parte de Pagano fueron las de Edelap y Edea que se terminaron de concretar en enero de 2018 cuando Braun firmó el dictamen que autorizó la operación. En esa oportunidad, la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia remite notificaciones al ENRE, el OCEBA y el ente regulador de servicios públicos de Salta (Pagano también controla la distribuidora de esa provincia). En este momento es cuando OCEBA se excusa -según el denunciante “en un llamativo abandono de sus funciones”- y sostiene que el facultado para emitir una opinión sobre la compra es el Ministerio de Infraestructura, a cargo de Roberto Gigante. Ninguno de los tres consultados objetó la operación y la comisión dictaminó a favor de la operación que luego fue ratificada con la firma del Secretario de Comercio.

En su diálogo con este medio, Sergio Procelli sostuvo que “después del último aumento que se dio el martes pasado y habiendo antecedentes como la destitución del juez Luis Arias, se hace muy difícil que los jueces manifiesten la ilegalidad de cómo se fijan las tarifas, entonces decidimos avanzar con esta denuncia”. Y concluyó: “La concentración es una gran transferencia de los usuarios hacia las distribuidoras de electricidad en este caso y esto tiene que ver con una decisión política que se ha tomado donde los usuarios pagamos el costo que implica en este caso la electricidad, pero también las inversiones que las empresas dicen que hacen y las deudas que tienen”.

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Presentación ante OCEBA contra el mal servicio de EDELAP

El diputado provincial por Unidad Ciudadana, Guillermo Escudero, en carácter de legislador y de usuario, presentó una denuncia a EDELAP donde solicita al OCEBA (Organismo de Control de Energía Eléctrica de la Provincia de Buenos Aires) que ordene a la empresa a garantizar la regularidad del servicio público de energía eléctrica y el cese en forma inmediata del aumento dispuesto por la última resolución.

Entrevista telefónica en «El Correo»

Lunes a Viernes de 7.30 a 9 horas, FM Difusión 98.1

Debido a los cortes indiscriminados y a los recurrentes reclamos de los usuarios por las interrupciones intermitentes de energía, sin previo aviso y sin resoluciones aparentes, a través de esta denuncia se pretende que la autoridad competente inicie de oficio la investigación pertinente y constate: las zonas afectadas y denunciadas, que se constituya en el lugar y releve la situación de los usuarios, que ordene a EDELAP a indemnizar los daños y prejuicios sufridos por los usuarios, principalmente comerciantes y realice los respectivos descuentos por la interrupción del servicio y que de lugar al cese de los aumentos establecidos.

“EDELAP no está cumpliendo con la obligación en su carácter de concesionaria del servicio público de electricidad, y su actuar negligente además de afectar la seguridad, la salud, la vivienda, el bienestar y el medio ambiente promueve incertidumbre al no cumplir con su principal objetivo que es “Garantizar la operación, confiabilidad, igualdad, libre acceso, no discriminación y uso generalizado de los servicios”, de acuerdo a lo establecido en el Marco Regulatorio” expresó Escudero, al respecto.

Recordemos que desde hace aproximadamente, dos años la empresa ha sido beneficiada, compensada y sustentada económicamente con aumentos y condonaciones sin precedentes. En este orden, la empresa ha recibido una condenación de 1789 millones de pesos, siendo en proporción a su zona y a la cantidad de usuarios la más beneficiada. Por lo cual “aun habiendo sido beneficiada económicamente, la empresa no cumple con la Responsabilidad Social de garantizar un servicio esencial y tampoco ha dado muestras de haber desarrollado un plan de inversión serio y sustentable en el tiempo, ni un plan de contingencias para dar respuestas concretas en inmediatas ante las recurrentes suspensiones” afirmó el diputado.

En este marco, en la denuncia presentada esta mañana por el diputado provincial, Guillermo Escudero en OCEBA se considera que la empresa tiene por objeto primordial: abastecer de energía eléctrica a usuarios radicados dentro del área de concesión en los términos del art. 10 ley 11769.

Esa distribución además ha sido acompañada por la declaración de servicio público con lo que ello implica. Es decir, no solo es una actividad de distribución sino que el legislador ha resuelto darle un status superior de protección para el usuario con esa declaración. El art. 2 de la ley 11769 dice que, “La distribución y el transporte de energía eléctrica constituyen servicios públicos de la Provincia de Buenos Aires destinados a atender necesidades indispensables y generales de electricidad de los usuarios de acuerdo con la presente Ley, su reglamentación, las regulaciones aplicables, y con los términos de los contratos de concesión y las licencias técnicas correspondientes.”

“El derecho del servicio eléctrico debe ser continuo y uniforme, diario y de 24 horas al día” concluyó Escudero.

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El municipio de La Plata asiste a clubes en el nuevo régimen tarifario eléctrico

A raíz del nuevo régimen, la Municipalidad de La Plata, brindará ayuda para que las instituciones locales puedan obtener con mayor facilidad el beneficio impulsado por el Organismo de Control de Energía Eléctrica de la Provincia de Buenos Aires (OCEBA).

En el marco del Régimen Tarifario Específico de servicio públicos para asociaciones civiles, simples asociaciones y fundaciones que no persigan fines de lucro en forma directa o indirecta; la Dirección de Entidades y Cultos de la comuna informa que ampara a las entidades que se encuentren inscriptas en registros municipales o con vigencia en trámite, frente a la nueva resolución del Ministerio de Infraestructura bonaerense que incorpora la categoría T1 “Pequeñas Demandas”.

A su vez, se incluyen las organizaciones comunitarias sin fines de lucro con reconocimiento municipal que lleven adelante programas de promoción y protección de derechos o que realicen actividades de ayuda social no remunerada.

También se incorporan al régimen los clubes de barrio que se encuentren constituidos como asociaciones sin fines de lucro. Los mismos deberán tener domicilio legal en territorio bonaerense, poseer personería jurídica, antigüedad de tres años desde su constitución formal y deben contar con una cantidad mínima de 50 socios y una máxima de 2.000.

Para ello, la directora de Entidades y Culto, Adriana Di Camillo, detalló que «las entidades deberán contar con la inscripción en la Dirección Provincial de Personas Jurídicas y/o estar registradas como tales ante el organismo habilitado a nivel provincial o municipal de cada jurisdicción».

«De esta manera, las distribuidoras de energía eléctrica bonaerenses deberán incluirlos en la categoría tarifaria T1 “Pequeñas Demandas” a las entidades de bien público registradas que no excedan la potencia límite», remarcó la funcionaria.

Asimismo, se estableció que las instituciones que no cuenten con constancia de inscripción o se encuentren con el trámite pendiente de resolución, se les otorgará provisoriamente, por el término de 6 meses con una prórroga por 6 meses más.

Por último, se determinó que la falta de presentación de constancia de inscripción en la Dirección Provincial de Personas Jurídicas y/o la de registro provincial y/o municipal, habilitará a la empresa de servicios a excluir a la institución del Régimen Tarifario Específico.

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Concejales FpV-PJ de Berisso realizaron reclamo a EDELAP para que normalise el servicio en la ciudad

La bancadas que componen el interbloque FpV-PJ y el Frente Peronista Berissense realizaorn una solicitud por intermedio de Honnorable Concejo Deliberante para que la empresa pretatara de energía eléctrica, EDELAP, restituya con prontitud el suministro en los diferentes barrios.

La comunicación presentada la mencionan  que «la grave situación ocasionada por el temporal sufrido en la ciudad ha provocado la falta de prestación del servicio público de electricidad».

Por otro lado, en la misiva invitan a los representante de la empresa y al Organismo de Control de Energía Eléctrica provincial (OCEBA) a acercarce al Concejo para que expongan y expliquen de forma detallada cual es el Plan de Obra para solucionar completamente el servicio.

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Vidal piensa hacer la audiencia pública la tarifazo electrico en un estadio

Es lo que reclamó el juez Arias al Gobierno bonaerense en el fallo que frenó el aumento. Será en el mundialista de Mar del Plata el 28 de julio.

La suspensión del tarifazo en el servicio de energía eléctrica dispuesto por la medida cautelar del juez en lo Contencioso Administrativo, Luís Arias, se amparó en la omisión de un paso previo clave para la participación ciudadana en este tipo de determinaciones: la audiencia pública. Ante eso, el gobierno de María Eugenia Vidal procedió este miércoles a formalizar la convocatoria a dicha audiencia, la cual, a pesar de ser llamada para un día y horario donde difícilmente pueda asistir un significativo número de usuarios (jueves 28 de julio a las 11 horas), tendrá un escenario grandilocuente: el estadio mundialista “José María Minella” de Mar del Plata. Una vez cumplimentado este requisito formal exigido por la Justicia, Vidal tendrá vía libre para aplicar subas que llegan hasta un 250% en dichas tarifas.

En la Resolución N° 166/16 del Organismo de Control de Energía Eléctrica (OCEBA) publicada en el Boletín Oficial se hace mención a la Ley N° 11.769, la cual establece como objetivos de la Provincia “proteger los derechos de los usuarios de conformidad con las disposiciones constitucionales y normativas vigentes”.

No obstante, también se remarcó que el marco regulatorio eléctrico (Ley 11.769 y su Decreto reglamentario N° 2.479/04) “no prevé ni dispone la realización de audiencia pública para la aprobación de las tarifas por parte de la Autoridad de Aplicación”.

Sin perjuicio de ello, la resolución subraya que se tiene en consideración para esta convocatoria “la medida cautelar de público conocimiento dictada por el Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo N° 1 del Departamento Judicial de La Plata, en cuanto suspende” el tarifazo eléctrico “por entender necesaria la convocatoria a audiencia pública”.

Vale recordar que el juez Arias defendió la importancia de esta herramienta para que el usuario “acceda a la información y eventualmente cuestionar el aumento de las tarifas». Y añadió: “Los servicios públicos deben ser definitivamente democratizados en el sentido de abrir la participación a los usuarios que no participan nunca de las negociaciones”.

En tanto, días atrás y a pesar de la resolución de OCEBA donde se fijó que las distribuidoras de energía deben “ajustar su facturación” a los valores previos al tarifazo de luz que fuera suspendido por el magistrado, Vidal llamó a realizar el pago con las subas: “Mientras la justicia decida lo que corresponde es pagar la factura y después, por supuesto, en caso de que la justicia falle, eventualmente se hará una devolución”, remarcó.

Sin embargo, este miércoles se conoció que la Subsecretaría de Servicios Públicos, dependiente del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos, instruyó a través de la Nota 89/16 al OCEBA “a convocar a audiencia pública y llevar adelante el procedimiento a través del cual se informarán los fundamentos técnicos, económicos, financieros y jurídicos de los valores de los cuadros tarifarios de EDELAP S.A., EDEN S.A, EDES S.A y EDEA S.A. y los valores del cuadro tarifario de referencia del Área Atlántica, Norte y Sur”.

Así, se convocó a los usuarios al Estadio José María Minella (sito en calle Ortiz de Zárate y Avenida de las Olimpíadas de la Ciudad de Mar del Plata) para un día laborable: el jueves 28 de julio a las 11 de la mañana.

Cabe remarcar que, más allá de ser un requisito solicitado por un juez en lo Contencioso Administrativo, las opiniones y propuestas vertidas por los participantes en la audiencia pública “tendrán carácter consultivo y no vinculante”.

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La Plata: concejales regionales del FR, buscan la vuelta a las tarifas de luz

Los concejales del Frente Renovador de Ensenada Walter Scheffer y de Berisso Ángel Celi; Pedro Fernández, miembro de la Asociación del Personal de los Organismos de Control de la Provincia de Buenos Aires (APOC); junto al presidente del bloque de concejales del Frente Renovador de La Plata, José Arteaga, se reunieron con el director del Organismo de Control de Energía Eléctrica de la Provincia de Buenos Aires (OCEBA), Roberto Mouilleron.

"El encuentro tuvo como objetivo ahondar sobre el nuevo esquema de ajuste tarifario de la luz y de qué manera repercutirá en el bolsillo de los usuarios, considerando que a partir de la próxima factura se podrán apreciar los verdaderos cambios en el valor del servicio de EDELAP", informó Arteaga.

Según se informó, durante la reunión también se trató la aplicación de la Tarifa Social para los usuarios residenciales de escasos recursos económicos, que tengan un consumo inferior a los 300 kw por mes.

Por otra parte, los concejales del Frente Renovador de la Región Capital también solicitaron la aplicación de un plan de inversión, donde se informe los costos y plazos de obra, por parte de la empresa prestadora de energía eléctrica, con el objetivo de "ampliar y desarrollar el tendido eléctrico. De esa forma se evitará que se repita la calamitosa situación que vive la región durante el verano, mejorando así la calidad de vida de todos los vecinos".

"Este es el primero de una serie de encuentros que mantendremos para seguir profundizando el trabajo en materia de servicios públicos. Los vecinos de Ensenada, Berisso y La Plata no pueden seguir padeciendo los cortes de luz sistemáticos ni la falta de inversiones que afectan el normal funcionamiento de esta prestación", concluyó Arteaga.

Fuente: Plusinformacion