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El Ministro de Infraestructura y Servicios Públicos se reunió con las empresas de distribución eléctrica

Tras el anuncio del Gobernador, Axel Kicillof, respecto a dar marcha atrás con el último aumento tarifario dispuesto por la gestión anterior de la Provincia, el ministro de Infraestructura y Servicios Públicos, Agustín Simone, se reunió con las cuatro empresas de distribución eléctrica: Eden, Edes, Edea y Edelap.

De la reunión realizada en la Gobernación, participaron junto al Ministro, el subsecretario de Energía, Gastón Ghioni, y el presidente del grupo empresario que concentra a las cuatro concesionarias, Rogelio Pagano. Además asistieron Ivana Del Rossi, Laura Ferrari y Fernando Pini, por parte del mismo grupo.

Durante el encuentro, abordaron la situación general de la Provincia y del sistema eléctrico en particular. También se trató la Ley de emergencia que se está debatiendo en la Legislatura, y las empresas manifestaron su voluntad de colaborar y acompañar al nuevo gobierno.

Particularmente, se analizó la suspensión del aumento tarifario que debía entrar en vigencia los primeros días del año próximo.

Finalmente, se acordó trabajar en conjunto con los equipos técnicos de las empresas y del gobierno provincial, para estudiar los avances de las inversiones, los indicadores de calidad del servicio y la necesidad de alcanzar una tarifa justa que pueda ser afrontada por las y los bonaerenses, garantizando los niveles de inversión que requiere el sistema.

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¿Por qué estamos más tristes que nunca?

(Por Jorge Elías) En tiempos revueltos, la felicidad choca con su peor enemiga: la incertidumbre. Más de 150.000 personas de 140 países, entre ellos Argentina, respondieron preguntas simples: ¿te sentiste descansado ayer?, ¿te reíste?, ¿aprendiste o hiciste algo interesante?, ¿te sentiste estresado?, ¿te sentiste maltratado?, etcétera. Nada vinculado con la coyuntura política ni con la económica. Inquietudes sobre la vida cotidiana. ¿El resultado? Los habitantes de la mayoría de los confines del planeta están más tristes, enojados y asustados que nunca, concluye el Informe de Emociones Globales de Gallup.

El índice negativo de 2018 empató con el del año anterior y superó todas las marcas desde que comenzaron a realizarse estas mediciones en 2006. Otros estudios señalan que, por el aumento de la expectativa de vida y algunos indicadores positivos, deberíamos ser más felices que nunca. Pues, no. Estamos más tristes, enojados y asustados.

Entre los diez países más positivos figuran Paraguay, Panamá, Guatemala, México y El Salvador. Les siguen IndonesiaHondurasEcuadorCosta Rica y Colombia. Nueve de los diez son latinoamericanos. Sorprendente. El grado de satisfacción no contempla el poder adquisitivo.

Es difícil medir las emociones. Más aún, generalizarlas. Aristóteles, discípulo de Platón y maestro de Alejandro, sostenía tres siglos antes de Jesúscristo que el fin de la polis debía ser “la felicidad de los ciudadanos” y que, para alcanzarla, podían aplicarse “las distintas formas de organización política”. Tanto la Declaración de Independencia de Estados Unidos como las constituciones de JapónCorea del Sur y Brasil consagran el derecho a “la búsqueda de la felicidad”. Un anhelo individual, más que colectivo, también contemplado en la Constitución de España de 1812, llamada La Pepa, como “objeto del gobierno”.

Los latinoamericanos no siempre califican su vida como la mejor, pero ríen, sonríen y disfrutan como nadie

El escritor James Hilton inventó un edén: Shangri-La. Lo ubicó, en su novela Horizontes perdidos, en el valle del Himalaya, entre India China, donde se encuentra Bután, territorio que ha vivido aislado durante más de un milenio y que, por cuestiones estratégicas, exalta la medición de la felicidad como su marca país. Estuvo allí el periodista Eric Weiner, nacido en 1963, el Año de la Casa del Sol Sonriente, en Estados Unidos, durante una recorrida por los diez países que se jactan de ser los más felices. Quiso hallar algo parecido a Shangri-La o las Islas Afortunadas, imaginadas por Platón. No pudo, admite en su libro La geografía de la felicidad.

«Los latinoamericanos no siempre califican su vida como la mejor, pero ríen, sonríen y disfrutan como nadie en el mundo», dice Jon Clifton, gerente global de Gallup. Excepto el escritor británico George Orwell con los ministerios del Amor, de la Paz, de la Abundancia y de la Verdad, plasmados en la novela 1984, ni el remoto reino budista de Bután, el único que mide la felicidad interna bruta en lugar del producto interno bruto, se atrevió a tanto como Nicolás Maduro. En 2013 creó el Viceministerio para la Suprema Felicidad Social del Pueblo de Venezuela, encargado de coordinar los planes sociales. Tres años después, Emiratos Árabes lanzó su Ministerio de la Felicidad, como si la felicidad fuera un asunto de Estado.

Felicidad es sinónimo de dicha, derivada del verbo decir. La felicidad de los romanos dependía de las palabras que pronunciaban los dioses cada vez que nacía una criatura. El hado (destino) quedaba trazado en la dicta (lo dicho). Hado proviene de fatum, participio pasivo de fari (hablar, decir). Hasta el siglo XVIII, la gente creía que era real el bíblico Jardín del Edén. Está en la confluencia de los ríos Tigris y Éufrates, donde queda un país de sonrisa difícil: Irak. De sonrisa tan difícil como otros, acechados por diversas razones por la madre de todas las penas: la incertidumbre. (El Interín)

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Denunciaron a Vidal por favorecer a un empresario amigo del gobierno

La Asociación de Consumidores Argentinos presentó una denuncia penal contra funcionarios nacionales y provinciales por la concentración de la red de distribuidoras eléctricas bonaerenses en manos del empresario cercano a la gestión, Rogelio Pagano. El abogado denunciante, Sergio Procelli, dijo que la operatoria es parte de “una decisión política en la que los usuarios subsidiamos a las empresas”.

Los tarifazos en los servicios públicos que se aplican religiosamente desde 2016 convirtieron a las empresas energéticas y distribuidoras en uno de los negocios más rentables del país junto con la timba financiera. Marcelo Mindlin, amigo del presidente, comprador de la constructora de los Macri; su “hermano del alma”, Nicolás Caputo; el magnate británico que “presta” su residencia en la Patagonia para el descanso de la familia presidencial, son algunos de los beneficiarios del “sinceramiento tarifario” de Cambiemos.

La provincia de Buenos Aires no está exenta de esa realidad: el gobierno de Vidal, con la anuencia de funcionarios de Macri, permitió que desde 2017 un solo empresario, vinculado a Mindlin y Lewis, se quede con las cuatro principales distribuidoras de energía eléctrica en territorio bonaerense que concentra más 65% de todo lo que se distribuye y casi el 60% del total de los usuarios: Rogelio Pagano.

Valiéndose de la irregular concentración del mercado eléctrico bonaerense que viola las normativas vigentes, por lado, y los nexos entre el empresario y los funcionarios de ambos gobiernos, la Asociación de Consumidores Argentinos presentó una denuncia penal por los delitos de abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público, cohecho pasivo y activo, negociaciones incompatibles con la función pública y tráfico de influencias.

Entre los denunciados aparece el propio Pagano, la gobernadora María Eugenia Vidal, el ministro de Infraestructura bonaerense, Roberto Gigante, el secretario de Comercio de la Nación, Miguel Braun, el presidente de la Comisión de Defensa de la Competencia de la Nación, Esteban Greco, los integrantes del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) y miembros del Organismo de Control de Energía Eléctrica de la Provincia de Buenos Aires (OCEBA).

“Esto se inicia en el año 2017 donde una sola empresa se queda con las cuatro distribuidoras de la provincia (Edelap, Edes, Eden y Edesa) sin cumplir con los pasos de intervención del tribunal de la competencia, la autorización del Enre y tampoco se entiende por qué el ministerio o la propia gobernación no intervienen considerando que una sola empresa se queda con toda la distribución eléctrica y el riesgo que eso implica”, dijo a Contexto el abogado denunciante, Sergio Procelli.

En su denuncia manifiesta que en la Provincia existió “acelerado proceso de concentración dentro del mercado energético mediante el cual se benefició a distintos empresarios del entorno de ‘Cambiemos’, con la evidente anuencia tanto del Gobierno de la provincia de Buenos Aires como el de la Nación”. El beneficiado fue Pagano a través de su firma Desarrolladora Energética Sociedad Anónima (DESA) en solo dos años logró hacerse de la cuatro distribuidoras que concentran el grueso de la electricidad bonaerense.

“Hay otras situaciones que también denunciamos que tienen que ver con el acercamiento que hay entre los dueños de estas empresas con funcionarios nacionales y provinciales, por un lado, y también lo que se relaciona con los fondos: cuando uno averigua cómo llega DESA a comprar las cuatro distribuidoras vemos que en 2016 esta empresa estaba con un balance bastante ajustado y cuatro meses después gasta más de 250 millones de dólares en comprar las distribuidoras”, dijo en ese sentido Procelli.

“Esto lo hace emitiendo deuda que pertenece a distintos fondos de financiamiento de los cuales ninguno tiene sede en Argentina -continuó el letrado- y a partir de ahí hay otra sospecha: están financiadas con capitales que no se sabe de dónde provienen y si el día de mañana hay que hacer algún reclamo, existen solamente deudas, no hay empresa que pueda responder”.

Una de las principales irregularidades que denuncia la asociación de usuarios y consumidores es sobre el rol de los organismos de control que, según el abogado, “no lo hicieron como debían”.

En esa línea, apuntó que “el ENRE no se expidió, el tribunal de la competencia tampoco lo hizo y OCEBA se excusó diciendo que tenía que intervenir el Ministerio de Infraestructura de la Provincia, que tampoco lo hace con un informe que explique si conviene o no conviene, sino que solamente dio el ‘okey’ para avanzar”.

“En el dictamen del Secretario de Comercio lo que decían es que, como estas distribuidoras tienen territorios diferentes y no se cruzan, no hay una competencia, pero justamente la Provincia se dividió en cuatro distribuidoras para tener una especie de referencia de costos porque si una empresa dice que tiene ‘x’ costo de distribución, se lo puede comparar con el otro”, explicó el abogado.

También destacó que “otra de las situaciones que denunciamos es que los bonaerenses pagamos en la factura una ley que es el Fondo Compensador que, justamente, es para compensar la diferencias tarifarias entre distribuidoras considerando las distintas redes de cada uno, con el objetivo de que no haya personas que pagan más que otras por el simple hecho de vivir más lejos de la generadora”, y agregó que “hoy este Fondo tampoco tiene sentido porque es una sola empresa que tiene toda la energía eléctrica de la provincia y que se compensa a sí misma”.

La denuncia

En el escrito que presentó en la justicia, Procelli hace un recorrido por todas las operaciones que derivaron en la concentración actual de la distribución eléctrica en la Provincia de Buenos Aires.

El abogado explica en el documento que Rogelio Pagano inscribió en 2014 a DESA en el Registro Público de Comercio y su primera “gran operación” fue en 2016 cuando adquirió EDEN Y EDES que estaba en manos del empresario venezolano Miguel Martínez Mendoza. Antes, había sido director ejecutivo del Grupo Dolphin de Marcelo Mindlin y director suplente de Pampa Energía, también de Mindlin.

Sobre esta adquisición, en causa figura el dilatado proceso que llevó adelante la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia que resolvió un año, en mayo de 2017, que la operación con constituía una concentración que vulnere la competencia, y en julio Miguel Braun firmó la resolución de la Secretaría de Comercio que la autorizó.

Las otras dos grandes adquisiciones por parte de Pagano fueron las de Edelap y Edea que se terminaron de concretar en enero de 2018 cuando Braun firmó el dictamen que autorizó la operación. En esa oportunidad, la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia remite notificaciones al ENRE, el OCEBA y el ente regulador de servicios públicos de Salta (Pagano también controla la distribuidora de esa provincia). En este momento es cuando OCEBA se excusa -según el denunciante “en un llamativo abandono de sus funciones”- y sostiene que el facultado para emitir una opinión sobre la compra es el Ministerio de Infraestructura, a cargo de Roberto Gigante. Ninguno de los tres consultados objetó la operación y la comisión dictaminó a favor de la operación que luego fue ratificada con la firma del Secretario de Comercio.

En su diálogo con este medio, Sergio Procelli sostuvo que “después del último aumento que se dio el martes pasado y habiendo antecedentes como la destitución del juez Luis Arias, se hace muy difícil que los jueces manifiesten la ilegalidad de cómo se fijan las tarifas, entonces decidimos avanzar con esta denuncia”. Y concluyó: “La concentración es una gran transferencia de los usuarios hacia las distribuidoras de electricidad en este caso y esto tiene que ver con una decisión política que se ha tomado donde los usuarios pagamos el costo que implica en este caso la electricidad, pero también las inversiones que las empresas dicen que hacen y las deudas que tienen”.

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Autorizaron nuevo aumento de la tarifa eléctrica en territorio bonaerense

Se trataría de un primer aumento que alcanza a las cuatro grandes prestadoras provinciales y las más de 200 cooperativas. En febrero habría otro aumento.Los nuevos valores se dan, por la suba del 36,1% del costo mayorista dispuesto por Nación, y del 16% en el valor de distribución.

El gobierno de María Eugenia Vidal autorizó un nuevo tarifazo en las boletas de energía eléctrica de la Provincia, que tendrán un aumento promedio del 24%.

Según trascendió, se trataría de un primer aumento que alcanza a las cuatro grandes prestadoras provinciales (EDEA, EDES, EDEN, EDELAP) y las más de 200 cooperativas. En tanto, en febrero habría otro aumento.

Los nuevos valores se dan, por la suba del 36,1% del costo mayorista dispuesto por Nación, y del 16% en el valor de distribución, fijado por la Provincia en función del incremento de los costos operativos, actualizados por inflación. Este esquema, según los cálculos oficiales, se traducirá en un aumento promedio del 24% en las boletas de luz, aunque según la región podría ser mayor.

Asimismo, la resolución dispone un prorrateo del 50% del aumento del VAD -valor agregado de distribución- cuya diferencia comenzará a pagarse a partir de febrero, en 6 cuotas y a valores actualizados por inflación. (InfoGEI)

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Nuevo aumento en las tarifas de electricidad

La justicia suspendió el fallo judicial de primera instancia que frenaba el aumento en las tarifas de luz para los usuarios de la provincia de Buenos Aires. Como consecuencia las distribuidoras de energía comenzaron a emitir facturas de luz con aumentos del orden del 58 por ciento promedio.

(Grupo La Provincia) – La suspensión de la medida cautelar que frenaba el cuantioso aumento se debió a que la Cámara en lo Contencioso Administrativo de La Plata otorgó efecto a un recurso de apelación presentado por el Estado. El polémico cuadro tarifario se da en un contexto en el que el oficialismo ha recibido un respaldo importante a sus políticas de ajuste en las últimas elecciones.

La facturación con las nuevas tarifas regirá para las empresas EDEA, EDEN, EDES y Edelap y las casi 200 cooperativas que suministran ese servicio en los distritos del interior de la provincia de Buenos Aires. La medida sin embargo no abarca a los usuarios de Edenor y Edesur, que se encuentran bajo la órbita del Ente Nacional de Regulador de la Electricidad (ENRE).´

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Vía libre para el aumento de la tarifa eléctrica

Lo resolvió la Justicia bonaerense. También rige para el interior de la provincia. Ahora las distribuidoras y las cerca de 200 cooperativas eléctricas están habilitadas a aplicar el nuevo cuadro tarifario.

(NA) La Justicia bonaerense dio vía libre para el aumento de la tarifa eléctrica en La Plata y el interior de la Provincia en una medida que salió de la Cámara en lo Contencioso Administrativo al decidir un «efecto suspensivo» al recurso de apelación presentado por el Estado contra la acción precautelar del juez Luis Arias.

El recurso de apelación que aceptó la justicia bonaerense había sido presentado por la Fiscalía de Estado provincial.

Por lo tanto, ahora las distribuidoras Edelap, Eden, Edea y Edes y las cerca de 200 cooperativas eléctricas del interior de la Provincia quedaron habilitadas a aplicar el nuevo cuadro tarifario, pese a que la Cámara aún no se expidió sobre la cuestión de fondo.

Arias había hecho lugar a un planteo presentado por la Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires, que planteó la nulidad de la resolución 149 del ministerio de Infraestructura Obras y Servicios Públicos que autorizó aumentos promedio del 58 % de las tarifas luz.

El defensor del Pueblo, Guido Lorenzino, al conocer la resolución de la Cámara aseguró que profundizará «su reclamo para que siga suspendido el incremento del valor del servicio eléctrico» y reclamó otra vez «un nuevo cuadro tarifario razonable».

«Hay facturas que son impagables», sostuvo Lorenzino, al señalar que «queremos demostrar que lo que estamos peleando en la Justicia es lo que realmente pasa en la Provincia».

Los incrementos tarifarios impactan sobre los usuarios del Gran La Plata y el interior bonaerense, pero no abarcan a los usuarios de Edenor y Edesur, que se encuentran bajo la órbita del Ente Nacional de Regulador de la Electricidad (ENRE).

En la resolución 149, publicada en el Boletín Oficial en mayo pasado, se detalló además un plan de inversiones que comprometieron a las empresas prestatarias del servicio e implica obras para este año por 580 millones de pesos y más de 5.800 millones en cinco años.

De acuerdo con la resolución, la firma Edelap efectuará una inversión de 1.307 millones de pesos; Edea, 600 millones; Eden alrededor de 3.000 millones y Edes, 983 millones de pesos.

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Albisu alertó sobre un 260 por ciento de aumento en las tarifas eléctricas

El legislador bonaerense del Frente Renovador analizó el escenario de las nuevas subas que se pretenden llevar adelante en el territorio bonaerense.

“La revisión tarifaria integral que hizo la Provincia de Buenos Aires en cuanto a energía eléctrica fue hecha a través de Audiencias Públicas. Hubo dos, una en Olavarría, otra en La Plata. No hubo, a diferencia de lo que pasaba con el Estado Nacional, una propuesta o una decisión previa del Estado Provincial de decir bueno vamos a aumentar tanto, sino que en forma razonable espero escuchar a todos los actores”, expresó Hernán Albisu en diálogo con el programa Superlógico (Keops FM 90.1 La Plata) conducido por Juan Alfaro.

“Lamentablemente lo que tenemos que decir es que la Provincia de Buenos Aires, al momento de tomar la decisión, al único actor que escucho es a las empresas, porque le dieron todo lo que pidieron. En tanto en tarifa como en otros beneficios, como la prórroga de concesiones por cinco años y el año pasado, sobre fines del año pasado, una condonación de deuda”, dijo el senador provincial.

“Sobre todo las cuatro principales empresas que tiene, las cuatro empresas privadas que prestan el servicio en nuestra Provincia, más las 200 cooperativas. Pero el perdón de una deuda es para esas cuatro empresas privadas, que son Eden, Edes, Edelap y Edea, de miles de millones de pesos”, agregó.

“Acá nadie discute que había que hacer una actualización, no de esta manera, no en estas proporciones. En definitiva lo que se está discutiendo es sobre quién recae el peso de la transformación de la economía de los servicios públicos. Claramente el gobierno toma una decisión sobre que eso: que recaiga sobre los sectores que menos recursos tienen, que es el sector asalariado, los jubilados, los pensionados”, analizó Albisu.

“Porque esto va más allá de la tarifa social que propone el gobierno. Hay gente que es laburante, que no encuadra en lo que es tarifa social, y lamentablemente tiene que afrontar la tarifa plena, la tarifa tal cual como la dispone el gobierno, y son aumentos muy altos. La energía eléctrica el año pasado en nuestra Provincia aumento entre un 120 y un 200 por ciento, según la categoría, más un 60 por ciento. Ahora, estamos hablando de un 200, 260 por ciento, ningún bolsillo resiste, aguanta, ese tipo de aumento, sumado a todos los demás aumentos de servicios”, refirió.

“La realidad de esta situación es que, todos los comprados de los paquetes accionarios en este caso de Edelap, son los mismos que vienen participando en otras empresas de la Provincia de Buenos Aires, Eden, Edes, EdeA. Si uno recorre un poquito la historia de esos mismos compradores, o mismos empresarios, tiene un hilo conductor común, que han participado todos por ejemplo en el Grupo Pampa Energía, y el dueño de ese grupo hoy en día compró la empresa del primo de Mauricio Macri, que era de Macri, y son los que hoy también han puesto los controladores, los que tienen que dirigir, o tomar las decisiones en materia energética en la Provincia de Buenos Aires”, finalizó.

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El Defensor del Pueblo reclamó a la Provincia y a las empresas eléctricas soluciones tras el temporal

El organismo que conduce Guido Lorenzino le pidió al Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos, a Edelap, Eden y a las cooperativas de energía que informen sus planes de contingencia frente a esta emergencia.

(de InfoCronos) Luego del temporal que afectó a varias ciudades bonaerenses, la Defensoría del Pueblo provincial le reclamó al Estado y a las empresas prestatarias de energía eléctrica que den a conocer los planes de contingencia y las tareas que están llevando adelante para solucionar los inconvenientes generados por la tormenta.

Puntualmente, el organismo que conduce Guido Lorenzino le exigió al Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos de la Provincia y a las empresas Edelap, Edea y a las cooperativas eléctricas que, en un plazo de 48 horas, expliquen cuáles son los planes de contingencia ante estas situaciones y qué mecanismos están llevando adelante para hacer frente a los hechos de las últimas horas que generaron complicaciones en La Plata y otras ciudades.

Además, la Defensoría le pidió a la Provincia que explique cuáles son las medidas preventivas y paliativas adoptadas en el marco de la situación de emergencia y si existieron o se están llevando a cabo acciones conjuntas con las empresas prestatarias tendientes a normalizar el normal suministro de los servicios públicos de energía eléctrica y agua potable.

En tanto, le exigió a las empresas eléctricas que informe sobre la cantidad de reclamos recibidos y cuáles fueron las medidas adoptadas a fin de reparar y resarcir las consecuencias; cuáles son los planes de inversión, obras y medidas previstas para el año en curso; y, en el caso de Edelap, cuál es el plazo previsto para el restablecimiento total del servicio de suministro de energía eléctrica en las zonas afectadas de La Plata, Berisso y Ensenada.

“Los pedidos son para que los principales responsables a hora de dar soluciones ante este estado de emergencia, pongan a disposición de los bonaerenses todos los medios necesarios para que tanto los servicios como cualquier otra complicación puedan ser resueltos a la brevedad”, destacó Lorenzino.

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Edelap busca tapar la quiebra con los tarifazos

(diariohoy.net) Mientras continúan las quejas por el paupérrimo servicio y la falta de inversiones, los tarifazos le generaron a la quebrada empresa de luz más de $424 millones de ganancias en solo tres meses. El cuadro tarifario está judicializado. Aseguran que se deben devolver todos los incrementos cobrados

En momentos en que los tarifazos fueron frenados tanto en la Justicia Federal como en los tribunales bonaerenses, los números de Edelap despiertan fuertes sospechas. La empresa, según lo dispuesto por la Justicia, deberá informar en las audiencias públicas convocadas para el 28 de julio qué tipo de inversiones tiene planeado realizar para mejorar un servicio que solo cosecha críticas y cuestionamientos por parte de los usuarios.

Ahora bien, pese a que distintos organismos de defensa del consumidor aseguran que las inversiones de la empresa brillan por su ausencia, los accionistas de Edelap reconocieron que el nuevo cuadro tarifario bonaerense, que se encuentra objetado por la Justicia, le generó una ganancia neta de $424 millones en tan solo tres meses. Así consta en las actas de directorio entregadas a la Comisión Nacional de Valores (CNV) por parte de la empresa comandaba por Alejandro Macfarlane, quien también tiene a su cargo la distribuidora EDEN de la Costa Atlántica. Macfarlane es un exfuncionario del gobierno menemista que es yerno de Hugo Anzorreguy, quien fuera titular de la SIDE en los años ´90.

Los números despertaron fuertes sospechas ya que la empresa Edelap arrastra, desde hace años, una situación de virtual quiebra. Sin ir más lejos, antes de la aplicación de las subas de tarifas, la empresa había informado a la CNV que solo en el ejercicio 2014 había obtenido una pérdida neta de $ 257.482.040 que, junto con los resultados no asignados de ejercicios anteriores, totalizaba $605.136.366. Como resultado de ello, la sociedad presentaba un patrimonio neto negativo de $120.920.673. En otras palabras, si en aquel momento se hubiesen vendido todos los activos de Edelap, los recursos obtenidos no alcanzarían para pagar las deudas acumuladas.

“El gobierno anterior no controló a las empresas de servicios públicos, otorgó subsidios a discreción sin reparar qué se hacía con esos fondos. Entonces, no sabemos a dónde fueron esos millones, por qué los cortes que padecen los ciudadanos continúan. Por eso la Justicia frenó los tarifazos: no hubo una audiencia pública capaz de detallar todo esto. Entonces, está abierto el interrogante si lo que se pretende recaudar con los aumentos es para salvar los números de la empresa, para inversiones o para aumentar la rentabilidad”, dijo a Hoy el titular de Consumidores Libres, Héctor Polino.

Y agregó: “Hoy el servicio de luz es de pésima calidad. Los subsidios fueron una fuente de corrupción que las autoridades anteriores no investigaron, por lo que las actuales deben hacerlo”. Cabe destacar que el tarifazo en la energía eléctrica en la Provincia de Buenos Aires está frenado producto de una sentencia definitiva del Juzgado Nº 1 en lo Contencioso Administrativo de La Plata. A ello se le suma otro fallo del Juzgado Civil N° 11 de La Plata, a cargo de María Cecilia Valeros de Corica, que dispuso la suspensión por tres meses de la resolución N° 22/2016, interrumpiendo el cobro de factura ya emitida por parte de la empresa y debiendo refacturarse la totalidad de las boletas aplicándose el cuadro tarifario anterior.

“Edelap no invirtió”

En diálogo con Hoy, Claudio Boada, titular de la Unión de Usuarios y Consumidores, aseguró que “la falta de inversión ha sido un clásico. Empresas como Edelap han recibido subsidios pero no han mejorado el servicio, por lo que uno no puede esperar que los aumentos tarifarios se vayan a volcar en inversión u obras”.

“En este escenario, no ha habido un control genuino y profundo sobre el desempeño de las empresas que nos permitan saber qué hicieron con los recursos que el Estado les transfirió. Hay que entender que los usuarios primero necesitamos un servicio de calidad para después pagar las tarifas: no podemos pagar por adelantado un cheque en blanco”, agregó.

Concluyó: “En el caso de Edelap, no invirtió en los denominados fierros de la calle, es decir, no invirtieron en el tendido que lleva la electricidad hasta los hogares porque se producen cortes permanentes en los picos de consumo. Anualmente hay un aumento en los consumos del 6%; sin embargo, las distribuidoras no aumentaron su capacidad de distribución. Entonces se produce el colapso”.

“Hay que hacer una profunda auditoría”

Sandra González, titular de la Asociación de Defensa de los Consumidores y Usuarios de la República Argentina (Adecua), le dijo a Hoy que “debería hacerse una profunda auditoría de lo que ha pasado con empresas como Edelap, para saber cuánto ha recibido en subsidios y qué ha hecho con ese dinero”.

González agregó: “Llama la atención que haya recibido millones de pesos del Estado, que no hayan mejorado el servicio de luz y que hoy argumente falta de rentabilidad”. Y concluyó: “Si hoy la empresa está quebrada, más todavía se justifica una auditoría que detalle adonde destinaron los recursos que pagamos todos. La realidad es que todos los costos se le cargan al usuario que, paradoja mediante, es el que al mismo tiempo sufre los cortes y los aumentos”.

La Cámara Federal habilitó la feria

La Sala II de la Cámara Federal de La Plata resolvió ayer habilitar la feria judicial para seguir tramitando las causas colectivas contra la tarifa de gas y de electricidad en todo el país, a raíz de un planteo realizado por el Estado nacional. En rigor, el tarifazo seguirá frenado: el único efecto que tendrá esta resolución es que se aceleren los tiempos para que la apelación del Gobierno nacional llegue a la Corte Suprema cuando el máximo tribunal vuelva a sus funciones tras el receso invernal.

La semana pasada, con voto de los jueces Álvarez, Schriffrin y Calitri, la misma Sala resolvió “con alcance colectivo anular los aumentos en la tarifa de gas” y ordenó “retrotraer la situación previa a las subas”. En el fallo, los magistrados declararon nulas las resoluciones “por no haber sido precedidas de audiencias públicas”.