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El massismo denunció penalmente a Vidal, Gigante y Pagano por el apagón en La Plata

El diputado provincial del Frente Renovador, Jorge D’Onofrio, presentó una denuncia penal en la UFI N°15 de La Plata para que se investigue al titular de Edelap, Rogelio Pagano, a la gobernadora María Eugenia Vidal y al ministro de Infraestructura, Roberto Gigante.

En el texto el legislador del Frente Renovador pide que se analice el posible delito de “estrago” e “incumplimiento de los deberes de funcionario público” durante el apagón que mantuvo a miles de platenses sin suministro eléctrico durante casi cinco días.

“Pedimos a la Justicia que investigue la falta de controles, el incumplimiento de las inversiones y el vaciamiento encubierto. Pagano compró Edelap y después Vidal cuadruplicó las tarifas, de hecho fue asesor de la Gobernadora antes de eso”, explicó D’Onofrio en diálogo con el portal Diputados Bonaerenses.

La presentación judicial que también alcanza al titular del OCEBA, Jorge Arce, y reclama que Edelap remita un informe de la falla que causó el apagón y que se designe un perito de la Corte bonaerense para que controle las inversiones y trabajos realizados.

El diputado provincial massista también adelantó la intención que revisen las concesiones de Edenor y Edesur. “Nadie investigó de dónde sacaron la plata para comprar las empresas”, fustigó D’Onofrio. (InfoGEI)

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Trabajadores del Astillero acusan a Vidal de romper el acuerdo establecido por la Iglesia Católica

Por intermedio de sus representantes gremiales, los obreros del Astillero Rio Santiago repudiaron el incumplimiento por parte de la gobernadora María Eugenia Vidal del acuerdo establecido entre las partes en conflicto. Pese a que, a instancias de la Pastoral Social Católica, se había comprometido a abrir un canal de diálogo, el ejecutivo provincial incumplió esta promesa y presentó una denuncia penal contra dos dirigentes sindicales.

El gobierno de Vidal realizó una denuncia penal contra el titular de ATE bonaerense, Oscar de Isasi, y el secretario general del gremio en Ensenada, Francisco Banegas por la toma del Ministerio de Economía bonaerense, realizada el 18 de septiembre en el marco de una protesta laboral. A los referentes gremiales se los imputó por los presuntos delitos de coacción agravada, en grado de tentativa, incitación a la violencia colectiva y atentado contra la autoridad.

Desde el sector gremial que representa a los trabajadores del Astillero, criticaron esta maniobra judicial y aseguraron mediante un comunicado que “hemos sido víctimas una vez más del incumplimiento del Acta Acuerdo por parte del Gobierno de la provincia de Buenos Aires, que encabeza María Eugenia Vidal».

En el comunicado público, que llevó el sello de la Comisión Administrativa de ATE Seccional Ensenada, también remarcaron que “los trabajadores hemos sido víctimas de la paralización total de las 6 obras navales en curso. Han parado el alistamiento del buque Eva Perón, al cual le queda un 3% de alistamiento, y que la cartera de Lacunza se niega a invertir unos 100 millones de pesos para concretar su entrega definitiva a la empresa PDVSA de la República Bolivariana de Venezuela. Además, se detuvieron las obras en las 3 gradas de construcción, en la grada 1 con más del 85% de avance físico, el buque productor «Juana Azurduy» y en las dos gradas restantes las lanchas de instrucción para la Armada Argentina (LICA)”.

Por su parte, el denunciado Francisco Banegas, sostuvo que “no nos sorprende la actitud de los funcionarios del Gobierno que, por un lado se comprometen y piden que se bajen los decibeles en los medios y en la calle para entablar un diálogo, y por el otro vemos que viola estos acuerdos”. Asimismo, el dirigente aseguró que “esta judicialización no nos va a hacer bajar los brazos. Vamos a defender al Astillero hasta la muerte”.

Desde el lado del gobierno mientras tanto, la gobernadora Vidal negó durante los últimos días que se estén efectuando políticas de ajuste para con el astillero y culpabilizó por los disturbios a los referentes gremiales y al intendente de Ensenada, Mario Secco.

Vidal argumentó ante los medios que “el gobierno no hizo despidos masivos en el Astillero, nada que no estuviera en el marco de las jubilaciones, retiros voluntarios. Nunca se intentó cerrar, ni privatizar, ni vender”.

Finalmente la funcionaria denunció “hechos de violencia provocados por personas que actúan en política, como el intendente Mario Secco. Y por personas que están dentro del gremio que claramente estaban involucradas en hechos de corrupción. Entonces, yo no puedo más que pensar que en el Astillero hubo intencionalidad política»

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Denunciaron a Vidal por favorecer a un empresario amigo del gobierno

La Asociación de Consumidores Argentinos presentó una denuncia penal contra funcionarios nacionales y provinciales por la concentración de la red de distribuidoras eléctricas bonaerenses en manos del empresario cercano a la gestión, Rogelio Pagano. El abogado denunciante, Sergio Procelli, dijo que la operatoria es parte de “una decisión política en la que los usuarios subsidiamos a las empresas”.

Los tarifazos en los servicios públicos que se aplican religiosamente desde 2016 convirtieron a las empresas energéticas y distribuidoras en uno de los negocios más rentables del país junto con la timba financiera. Marcelo Mindlin, amigo del presidente, comprador de la constructora de los Macri; su “hermano del alma”, Nicolás Caputo; el magnate británico que “presta” su residencia en la Patagonia para el descanso de la familia presidencial, son algunos de los beneficiarios del “sinceramiento tarifario” de Cambiemos.

La provincia de Buenos Aires no está exenta de esa realidad: el gobierno de Vidal, con la anuencia de funcionarios de Macri, permitió que desde 2017 un solo empresario, vinculado a Mindlin y Lewis, se quede con las cuatro principales distribuidoras de energía eléctrica en territorio bonaerense que concentra más 65% de todo lo que se distribuye y casi el 60% del total de los usuarios: Rogelio Pagano.

Valiéndose de la irregular concentración del mercado eléctrico bonaerense que viola las normativas vigentes, por lado, y los nexos entre el empresario y los funcionarios de ambos gobiernos, la Asociación de Consumidores Argentinos presentó una denuncia penal por los delitos de abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público, cohecho pasivo y activo, negociaciones incompatibles con la función pública y tráfico de influencias.

Entre los denunciados aparece el propio Pagano, la gobernadora María Eugenia Vidal, el ministro de Infraestructura bonaerense, Roberto Gigante, el secretario de Comercio de la Nación, Miguel Braun, el presidente de la Comisión de Defensa de la Competencia de la Nación, Esteban Greco, los integrantes del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) y miembros del Organismo de Control de Energía Eléctrica de la Provincia de Buenos Aires (OCEBA).

“Esto se inicia en el año 2017 donde una sola empresa se queda con las cuatro distribuidoras de la provincia (Edelap, Edes, Eden y Edesa) sin cumplir con los pasos de intervención del tribunal de la competencia, la autorización del Enre y tampoco se entiende por qué el ministerio o la propia gobernación no intervienen considerando que una sola empresa se queda con toda la distribución eléctrica y el riesgo que eso implica”, dijo a Contexto el abogado denunciante, Sergio Procelli.

En su denuncia manifiesta que en la Provincia existió “acelerado proceso de concentración dentro del mercado energético mediante el cual se benefició a distintos empresarios del entorno de ‘Cambiemos’, con la evidente anuencia tanto del Gobierno de la provincia de Buenos Aires como el de la Nación”. El beneficiado fue Pagano a través de su firma Desarrolladora Energética Sociedad Anónima (DESA) en solo dos años logró hacerse de la cuatro distribuidoras que concentran el grueso de la electricidad bonaerense.

“Hay otras situaciones que también denunciamos que tienen que ver con el acercamiento que hay entre los dueños de estas empresas con funcionarios nacionales y provinciales, por un lado, y también lo que se relaciona con los fondos: cuando uno averigua cómo llega DESA a comprar las cuatro distribuidoras vemos que en 2016 esta empresa estaba con un balance bastante ajustado y cuatro meses después gasta más de 250 millones de dólares en comprar las distribuidoras”, dijo en ese sentido Procelli.

“Esto lo hace emitiendo deuda que pertenece a distintos fondos de financiamiento de los cuales ninguno tiene sede en Argentina -continuó el letrado- y a partir de ahí hay otra sospecha: están financiadas con capitales que no se sabe de dónde provienen y si el día de mañana hay que hacer algún reclamo, existen solamente deudas, no hay empresa que pueda responder”.

Una de las principales irregularidades que denuncia la asociación de usuarios y consumidores es sobre el rol de los organismos de control que, según el abogado, “no lo hicieron como debían”.

En esa línea, apuntó que “el ENRE no se expidió, el tribunal de la competencia tampoco lo hizo y OCEBA se excusó diciendo que tenía que intervenir el Ministerio de Infraestructura de la Provincia, que tampoco lo hace con un informe que explique si conviene o no conviene, sino que solamente dio el ‘okey’ para avanzar”.

“En el dictamen del Secretario de Comercio lo que decían es que, como estas distribuidoras tienen territorios diferentes y no se cruzan, no hay una competencia, pero justamente la Provincia se dividió en cuatro distribuidoras para tener una especie de referencia de costos porque si una empresa dice que tiene ‘x’ costo de distribución, se lo puede comparar con el otro”, explicó el abogado.

También destacó que “otra de las situaciones que denunciamos es que los bonaerenses pagamos en la factura una ley que es el Fondo Compensador que, justamente, es para compensar la diferencias tarifarias entre distribuidoras considerando las distintas redes de cada uno, con el objetivo de que no haya personas que pagan más que otras por el simple hecho de vivir más lejos de la generadora”, y agregó que “hoy este Fondo tampoco tiene sentido porque es una sola empresa que tiene toda la energía eléctrica de la provincia y que se compensa a sí misma”.

La denuncia

En el escrito que presentó en la justicia, Procelli hace un recorrido por todas las operaciones que derivaron en la concentración actual de la distribución eléctrica en la Provincia de Buenos Aires.

El abogado explica en el documento que Rogelio Pagano inscribió en 2014 a DESA en el Registro Público de Comercio y su primera “gran operación” fue en 2016 cuando adquirió EDEN Y EDES que estaba en manos del empresario venezolano Miguel Martínez Mendoza. Antes, había sido director ejecutivo del Grupo Dolphin de Marcelo Mindlin y director suplente de Pampa Energía, también de Mindlin.

Sobre esta adquisición, en causa figura el dilatado proceso que llevó adelante la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia que resolvió un año, en mayo de 2017, que la operación con constituía una concentración que vulnere la competencia, y en julio Miguel Braun firmó la resolución de la Secretaría de Comercio que la autorizó.

Las otras dos grandes adquisiciones por parte de Pagano fueron las de Edelap y Edea que se terminaron de concretar en enero de 2018 cuando Braun firmó el dictamen que autorizó la operación. En esa oportunidad, la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia remite notificaciones al ENRE, el OCEBA y el ente regulador de servicios públicos de Salta (Pagano también controla la distribuidora de esa provincia). En este momento es cuando OCEBA se excusa -según el denunciante “en un llamativo abandono de sus funciones”- y sostiene que el facultado para emitir una opinión sobre la compra es el Ministerio de Infraestructura, a cargo de Roberto Gigante. Ninguno de los tres consultados objetó la operación y la comisión dictaminó a favor de la operación que luego fue ratificada con la firma del Secretario de Comercio.

En su diálogo con este medio, Sergio Procelli sostuvo que “después del último aumento que se dio el martes pasado y habiendo antecedentes como la destitución del juez Luis Arias, se hace muy difícil que los jueces manifiesten la ilegalidad de cómo se fijan las tarifas, entonces decidimos avanzar con esta denuncia”. Y concluyó: “La concentración es una gran transferencia de los usuarios hacia las distribuidoras de electricidad en este caso y esto tiene que ver con una decisión política que se ha tomado donde los usuarios pagamos el costo que implica en este caso la electricidad, pero también las inversiones que las empresas dicen que hacen y las deudas que tienen”.

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El edil PRO Lucas Leonio fue denunciado Penalmente por Violación de los Deberes de Funcionario Público

Este martes se hizo una Denuncia Penal contra el cencejal oficialista en Cambiemos Berisso, Lucas Leonio, ante la Fiscalía General por «incumplimiento de sus deberes de funcionario público«, tras sus dichos trasendidos en en programa de radio «Te agradezco el espacio» por FM Difusión.

La presentación formal la realizó el edil de unibloque Primero Berisso, Carlos Festas y es acompañado por las firmas de sus pares del PJ-Unidad Ciudadana, en su totalidad, y del concejal del Frente Renovador, Maximiliano Barragán.

La denuncia se basa en las decladarciones que realizó Leonio en el programa del periodista, Bautista Fantaguzi, donde explicaba una «teoría» que le comento tanto su madre y hermana, ambas docentes de la ciudad de Berisso, quien ya recibió más de 200 amenazas a escuelas durante los últimos cuatro meses.

«Son dos veces por colegio, están sincronizados. Lo raro, todos al mismo horario. Yo te lo tiro así y entre los docente se está corriendo. Vos sabés que tengo madre docente, hermana docente», «me tiran el otro día en la mesa de casa, le está ofreciendo celular y quinientos pesos a los pibes para que llamen», declaró al aire en el programa de radio el militante del PRO local.

Y agregó a su cometario en radio que «fuera de joda, te la tiro así. Puede ser verdad, puede ser mentira, pero ya que llegamos a esto, para que haya 36 llamados en un día, sincronizados».

Ante esto, sus pares opositores elevaron el pedido ante la Fiscalía General de La Plata para que sea citado a declarar tanto el concejal como su madre y hermana docentes que mencionó que llevaron la conversación en una mesa familiar sobre el tema bajo la hipótesis que el joven macrista sabría información sencible al flagelo en la comunidad educativa de Berisso.

Denuncia presentada

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Denuncian a Garro por “caja negra” en el Mercado Regional

La Concejal platense de la UCR, integrante de la Alianza Cambiemos en la Capital bonaerense, Florencia Rollié, ratificó en sede judicial la denuncia contra el intendente de La Plata, Julio Garro, por presunto manejo de una “caja negra” en el Mercado Regional.

La Concejal radical, Florencia Rollié, aseguró en su muro de facebook que “los datos que confirman la afirmación de nuestra denuncia penal (contra Julio Garro) sobre la existencia de una caja negra de 80 millones en 2016”, se los proveyó el administrador del Mercado Regional de La Plata.

Según Rollié, la confirmación de las “cifras que denunciáramos en 2016 ante la Justicia Penal sobre la posible existencia de una caja negra política de 80 millones de pesos”, se las dio el Administrador de dicho mercado, Rubén Casanovas, durante una visita que la edil realizó el pasado 7 de mayo junto a sus pares integrantes de la Comisión de Desarrollo Local.

En la visita realizada al Mercado Regional de La Plata, que efectuamos con concejales integrantes de la Comisión de Desarrollo Local, el Administrador del mismo, Rubén Casanovas, confirmó las cifras que denunciáramos en 2016 ante la Justicia Penal sobre la posible existencia de una caja negra política de 80 millones de pesos.

Según supo InfoGEI, en la reunión mantenida con Casanovas, los concejales platenses le plantearon “sin obtener respuestas”, una serie de preguntas, que en si mismo explican de donde provienen los fondos que nutren esa caja negra: «la tarifa de descarga en La Plata es 2 veces más cara que en otros Mercados encareciendo 12 % los productos; el aumento del costo de las guías hasta 10 veces; Los puesteros pagan la energía eléctrica tres veces lo que el Mercado paga a Edelap». (InfoGEI)

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Miguel de Boe: «Yo solo soy un proveedor más del Municipio»

Días atrás este medio dio cuenta de una denuncia realizada por María González, una vecina de La Franja, claramente enfrentada con la actual gestión Municipal, que acusaba al Proveedor Municipal y militante peronista, Miguel de Boe, por amenazas con arma de fuego.

Luego de la repercusión que tuviera la nota, Miguel de Boe, se comunicó con El Correo Gráfico, para aclarar algunos puntos de la denuncia y de los dichos de la misma: «lo primero que quiero aclarar es que yo no tengo nada que ver con las cooperativas, yo tengo una empresa que es proveedora de un servicio para el municipio».

«Nunca hablaría en nombre de (Jorge) Nedela, si bien el es «mi jefe», por decirlo de alguna manera, ya que es el que me paga, todo el mundo sabe que mi posición política es totalmente contraria a la de él, lo cual no significa que pueda colaborar con el Municipio. Después de todo si le va bien a él nos va bien a todos y yo quiero que a Berisso le vaya bien», comentó a este medio, el acusado de amenazadas.

«Lo de la denuncia es un mamarracho, yo si los cruce ese día, no iba sola esa mujer, iba con el marido (Ariel Ruarte), y los cruce en el auto, en una esquina y cuando les pregunte, «¿que les pasa conmigo que me están ensuciando por el Facebook?»,se bajaron los dos del auto y me encararon a lo que yo también me baje, y cruzamos palabras, había un montón de gente de testigo, la mujer se puso entre el marido y yo y no paso más que eso.»

Y agregó que «me mataron por el Facebook, yo tengo familia, hijos, que ven todo eso que ponen, por eso ya hablé con mi abogado y no voy a parar hasta que se retracten públicamente en todos lados, porque si ellos tienen un problema con el intendente que lo arreglen sin ensuciarme como me ensuciaron… por eso ahora los voy a llevar hasta tribunales, porque no se dieron cuenta de todo el daño que provocaron con sus mentiras.»

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Mientras tanto… en las afueras de la Legislatura 30 mil trabajadores protestaba con disturbios

Mientras unos 30 mil trabajadores de un amplio abanico de gremios reclamaban afuera de la Legislatura que la Emergencia Administrativa fuese rechazada, la Cámara de Diputados bonaerense aprobó el proyecto que ya contaba con media sanción en Senadores y lo convirtió en Ley. La jornada tuvo varios incidentes tanto adentro como afuera del congreso provincial.


Afuera de la Legislatura que amaneció completamente vallada y custodiada por un fuerte operativo policial, los gremios intentaron volver a penetrar el portón de Avenida 7, como sucedió el jueves pasado, cuando la votación se terminó postergando. Sin poder ganar ese espacio, comenzaron a quemar una gran cantidad de neumáticos contra la reja y arrojar objetos contundentes contra las puertas y ventanas del edificio. Desde Cambiemos ya anunciaron que denunciarán penalmente a los manifestantes que protagonizaron los incidentes.

Adentro, también se vivía un clima de tensión. En un pasaje de la sesión, el presidente del bloque Peronista, Walter Abarca, solicitó una moción para pasar a un cuarto intermedio debido a los incidentes que protagonizaban los trabajadores que se manifestaban afuera de la Legislatura.

El diputado camporista Miguel Funes se sumó al reclamo para que la actividad legislativa no continuase en esas condiciones. Los tres bloques del FpV, recientemente escindido, votaron en contra de la iniciativa, al igual que el único diputado del Frente de Izquierda, Guillermo Kane.

El presidente del cuerpo, Jorge Sarghini (Frente Renovador) advirtió: “Nadie tiene derecho a avanzar sobre la casa de los representantes del pueblo”. Por su parte, el diputado Marcelo Díaz, de Progresistas, expresó: “Afuera, si hay represión, debemos investigar”.

En los palcos no pudieron ingresar los asesores de los legisladores, ni tampoco los representantes gremiales a pesar de una petición realizada por Funes, que al hacer esa petición protagonizó un cruce verbal con Sarghini que pidió que se respetasen los turnos para tomar la palabra.

Finalmente el proyecto fue aprobado con los votos de los bloques Cambiemos y el Frente Renovador más los del FAP, el bloque Justicialismo Bonaerense que integran Hugo Oroño y Mario Giacobbe y el unibloque de Peronismo Bonaerense que conforma Mónica López.

Desde su presentación, el oficialismo planteó esta iniciativa como una “herramienta clave” para el Ejecutivo con el argumento de que serviría para agilizar los procesos administrativos y dar respuesta rápida a necesidades concretas de los bonaerenses.

INFOBLANCOSOBRENEGRO

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Una camporista en apuros por Ensenada

El escándalo de la filmación de los directivos de Télam, llevándose documentos de la agencia de noticias del estado, golpea en el seno del intendente de Ensenada, Mario Secco, debido a que una de las denunciada por robo es la hija de la Directora de Salud, Liliana Alvendaño, quien, en su momento, también sufrió acusaciones por cuestiones vinculadas a su pareja, el ex concejal, Cesar Arias acusado judicialmente en el 2011 de cobrar doble sueldo.

María Inés Lopisi, es una de la integrante de la gerencia de la Agencia Telam, que fue filmada, mientras retiraba documentación del edificio, junto con otros funcionarios, provenientes de La agrupación kirchnerista La Cámpora.

En una entrevistas del 2011, el ex intendente de Ensenada, “Beto” del Negro, hizo referencia al tema de Arias, “sé que el hijo de él y la hija de la señora (por María Inés Lopisi) entraron a trabajar en el Astillero, sí esto fue así, esto podría ser una Borocotización más, me pregunto cuántos padres trabajadores del ARS están esperando hace tiempo que ingresen sus hijos a la Empresa, pero bueno esta no es una respuesta que a mí me corresponda dar”, en alusión del acomodo político de sus familiares.

Este jueves el titular del Sistema de Medios Públicos, Hernán Lombardi, adelantó que el equipo legal de la agencia Telam estaba preparando acciones legales contra los implicados, a partir de la difusión del video. Pasado el mediodía de ayer, trascendió la noticia que el nuevo director de la agencia, Rodolfo Pousá, concretó dicha denuncia por robo de documentación contra la ensenadense camporista, María Inés Lopisi, Juan Santiago Dasso Freysz y Pablo Taricco, que será investigada por el juez Ariel Lijo.

Tras la difusión de las imágenes, Lombardi dio "instrucciones al equipo jurídico de Télam para realizar las denuncias penales que correspondan". Los gerentes implicados en este escándalo ingresaron a la agencia durante la gestión de Santiago "Patucho" Álvarez, otro de los dirigentes de la agrupación creada por Máximo Kirchner.

Crédito Foto: Facebook; Liliana Alvendaño y César Arias junto a María Inés Lopisi (centro)