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Facciones de la UOCRA La Plata se enfrentaron en la Planta de YPF en Ensenada

Al menos cinco trabajadores resultaron heridos durante un enfrentamiento a los tiros entre dos facciones de la UOCRA, ocurrido este lunes por la madrugada frente al Polo Petroquímico de Ensenada.

Los incidentes se produjeron a raíz de las denuncias realizadas por el grupo que responde al ex secretario general del gremio, Juan Pablo «Pata» Medina, que asegura que el actual interventor, Carlos Vergara, avala despidos y «aprieta» a los obreros que protestan contra malas condiciones laborales en una empresa tercerizada contratada por YPF.

Cristian «Puly» Medina y Agustín Medina (hijos del gremialista), que venían realizando distintas protestas frente al Polo Petroquímico de Ensenada, afirmaron que la actual intervención de la UOCRA utiliza barrabravas traídos de Rosario para disciplinar a los trabajadores que reclamen el cumplimiento de los derechos consagrados por el convenio colectivo.En ese contexto, aseguran que se les impidió el ingreso a 30 contratados despedidos por protestar.

Pero esta madrugada la violencia recrudeció y cuando los trabajadores se concentraron en las puertas 2 y 4 de la Destilería AESA para continuar con la protesta, se desató una batalla campal que terminó con la intervención de la Policía y la Infantería.

De la pelea participaron unas 100 personas. Hubo piedras, proyectiles y, al parecer, algunos disparos. Luego, las fuerzas de seguridad tuvieron que accionar con balas de goma y gases lacrimógenos para disuadir a los violentos.

El gremialista Agustín Medina sostiene que los trabajadores del Polo Petroquímico vienen sufriendo el atropello no solo de la empresas sino también de quienes deben representar a los trabajadores.

«Acá la problemática es la intervención. Una vez que mi papá cae detenido, nombran a un organizador que no se dedicó a normalizar las obras. Nosotros somos los afectados. No tenemos armas. A mí me amenazaba el jefe de la hinchada de Estudiantes. Los interventores no le elevan nuestro reclamo a la patronal y vienen con 20 mafiosos a apretar a los compañeros. Las familias de los trabajadores están sufriendo», dijo al ser entrevistado en América TV.

Por su parte, Agustín Medina dijo que «a partir de ahora exigiremos puestos de trabajo en la puerta de YPF y emprenderemos medidas en todos los lugares que tengamos que hacerlo (gremio, obras, YPF, autopista) porque la Uocra les pertenece a los trabajadores de la región y no a desconocidos de afuera (barras tira tiros, narcos)».

Estos dos dirigentes aseguraron, además, que luego de anteriores protestas fueron baleados los frentes de sus casas, como forma de intimidación.

Desde AESA niegan la existencia de un conflicto laboral y atribuyen lo sucedido a un enfrentamiento sindical por la colocación de empleados en la empresa.

El caso es investigado en la UFI de turno a cargo del fiscal Juan Cruz Condomí Alcorta. (Infobae)

Crónica de Ezequiel Lasta para Radio Universidad

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Estafa a la DGCyE: silencio en Berisso del peronismo y kirchnerismo ante un dirigente imputado

Esta semana tomó revuelo a ser arrestado funcionarios de la división Automotores de la Dirección General de Cultura y Educación (DGCyE) quienes obtuvieron millones de pesos con los que compraron yates, cuatriciclos, vehículos y motos de agua, entre otros objetos, a través de compras falsas con 600 tarjetas de débito. Entre los aprehendido se encontró un dirigente de Berisso afín al kirchnerismo y el PJ local.

Según publicó Clarín, “la banda de personal jerárquico del ministerio de Educación bonaerense que durante al menos ocho años desvió millones de pesos de fondos públicos. Hay dos detenidos, otros dos jefes implicados y al menos cinco personas más investigadas.

«Fue desarticulada tras varios allanamientos realizados por la Policía de la provincia de Buenos Aires, en de City Bell, Punta Lara, Berisso y La Plata”.

El Diario El Día comentó que el allanamiento en un predio de la localidad de El Dique en Ensenada, “entre pajonales y galpones oficiales en los que hay poco movimiento, autos, camionetas y camiones “carancheados”, se la arreglaron durante años para seguir moviéndose y quemar decenas de miles de litros de combustible. Nadie se dio cuenta, hasta el 24 de abril, de que los fantasmas no existen y que detrás de la cuenta que da alrededor de 25 millones de pesos en nafta y gasoil para vehículos dados de baja, había un fraude al Estado Provincial. Y un robo sistemático de dinero”.

Fuentes ligadas a la investigación, comenta Infobae, explicaron que las detenciones ocurrieron tras una serie de allanamientos que se hicieron en La Plata y Berisso, en los que se secuestraron los bienes, en la causa que instruye el fiscal penal de La Plata, Juan Cruz Condomí Alcorta (UFI n°16).

La causa se inició el 26 de abril, cuando la policía detuvo en un control policial a un hombre de 29 años identificado como Walter Cejas, quien trabajaba en una estación de servicio (Axion) situada en la calle 44 y 31 de La Plata.

El fiscal platense explicó que el hombre «se puso nervioso» y cuando se le requirió la documentación de la camioneta Grand Cherokee que conducía se le cayeron 15 tarjetas de débito y 50.000 pesos en efectivo.

Los efectivos policiales comprobaron que Cejas tenía tarjetas de débito Bapro Copres, que utilizan los organismos públicos para cargar combustible en vehículos oficiales y así llevar a cabo una millonaria estafa que afectó directamente al gobierno provincial.

Educación tiene 600 autos oficiales en total

La investigación se basa en 15 plásticos, pero no se descarta que pudiera extenderse a otras tarjetas. Durante los allanamientos del jueves aparecieron otras dos en uno de los domicilios y seis más, cortadas en pedazos, en otro. Por ahora, el fiscal no les sumó a la evidencia por considerar que se trata de “descartes” de la banda, según se indicó.

Imagen: Diario El Día

Modus Operandi

Al parecer, la banda operaba con más de 600 tarjetas de débito, con las cuales obtuvieron millones de pesos para comprar bienes que terminaron siendo personales y también para adquirir un flujo importante de efectivo.

Desde la investigación sospechan que en la malversación podrían estar involucrados también otros empleados de la estación de servicio, ya que un día después de la detención de Cejas se suicidó el encargado general de ese comercio, Maximiliano Normann, de 44 años.

A la semana siguiente, el 3 de mayo, Condomí Alcorta pidió 4 detenciones pero le fueron denegadas, explica El Día, hasta que este jueves, la jueza de garantías Marcela Garmendia autorizó el arresto del director de Servicios Generales, Néstor Osvaldo Casado; del subdirector de Transporte Terrestre, Horacio Mankowski; y los jefes del Departamento de Combustible y Automotores, Gustavo Chiramberro y Diego Burgos.

Las actuaciones contra los ilícitos

El procedimiento fue coordinado por efectivos de la Superintendencia de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas y Crimen Organizado dependiente del ministerio de Seguridad bonaerense.

La investigación recayó, entre otras personas, sobre el director de Servicios Generales, el subdirector de Transporte Terrestre, el jefe de Movilidad y el coordinador del área de Combustibles, todos ellos funcionarios de la Dirección General de Cultura y Educación.

Unos 300 mil pesos por mes, en promedio, durante 6 ó 7 años

Solo cayeron los últimos dos, ya que al director Casado y sub director Mankowski los ampara aún un pedido de eximición de prisión, todavía en proceso de evaluación.

En el pedido de detención que presentó el fiscal se imputa a esos cuatro sospechosos y a Cejas los delitos de asociación ilícita y malversación de caudales públicos.

En ese documento, al que pudo acceder este diario, define en el rol de coautor a los cinco. Esto es, sin jerarquías. La investigación está abierta, según las palabras de Condomí Alcorta, a la participación de “otras personas en las maniobras recaudatorias”.

«La maniobra viene desde 2014, según la investigación, por lo que se puede decir que es millonaria la malversación de caudales en perjuicio de la administración pública provincial», afirmó el fiscal. Ante la cantidad de dinero robado a través de este mecanismo, Condomí Alcorta solicitó que los bienes de los investigados sean embargados, hasta tanto se compruebe el monto total sustraído.

Entre lo secuestrado también se encontró un yate, un motor home, cuatriciclos, motos de agua, motos de alta cilindrada y automóviles, entre ellos varios de alta gama, y un arma. Asimismo se estima que los montos provenientes del erario provincial para dichas tarjetas ascendían en forma semanal desde 250.000 a 1.000.000 de pesos.

Cayó una banda de funcionarios públicos que estafaba al gobierno bonaerense con compras truchas 02
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Tras ser arrestados en sus domicilios, dos viviendas situadas en Gonnet y Villa del Plata con despliegue de metros y confort que sorprendieron a los investigadores, Chiramberro y Burgos fueron citados a declaración indagatoria.

Contra lo que suele suceder (normalmente las defensas se toman más tiempo para leer la causa y las pruebas en contra del detenido), ambos se sentaron ante Condomí Alcorta.

Una fuente de Tribunales contó que se declararon inocentes y señalaron como responsables de la millonaria estafa a los funcionarios de rango superior que, según la investigación, integran la gavilla. “Hablan de ambos, pero centralizan en Casado, que es el director del área. En contrapartida ellos dicen desconocer la maniobra y, por ejemplo, cómo es que se le asignaba plata a tarjetas de débito vinculadas a vehículos que estaban dados de baja”, indicó una fuente de Tribunales en relación con las declaraciones de Chiramberro y Burgos.

Las palabras no convencieron al fiscal de cambiar la dirección de las imputaciones. “Uno de ellos manejaba directamente las tarjetas. Hasta tenía la llave de la caja de seguridad donde se guardan, pero resulta que no sabe por qué corresponden a autos fuera de servicio”, dijo en tono sarcástico la fuente.

El fiscal ya cuenta con algunas actas de la cartera educativa, del periodo 2012-2019, donde consta la baja o donación de al menos 40 vehículos (2013).

En el mismo periodo de 7 años solo se dieron de baja 20 tarjetas de débito como las que emplean los choferes cuando van a reponer combustible a la estación de servicio.

Ritondo: «Esta banda delictiva que venía estafando al Estado provincial y de esta forma a los ciudadanos»

El ministro de Seguridad provincial, Cristian Ritondo, expresó: «El trabajo llevado adelante por el personal policial en esta investigación permitió desarmar esta banda delictiva que venía estafando al Estado provincial y de esta forma a los ciudadanos de la Provincia».

Las personas implicadas, desde los cargos que ocupaban, eran las encargadas de administrar, entregar y controlar el normal funcionamiento de las tarjetas desde donde se desviaban los fondos. Para la Justicia, esos hechos fueron practicados aproximadamente desde 2014, en forma organizada y planeada, con distribución de roles.

Mankowski, de funcionario municipal kirchnerista a aspirar controlar el SOEME de Balcedo intervenido

Horacio Makowski se desempeñaba como subsecretario jerárquico de Automotores del ministerio bonaerense de Educación hasta los allanamientos realizados en esta causa de estafa con tarjetas truchas, es hombre conocido en Berisso por desempeñarse como coordinador operativo del es programa «Argentina Trabaja» durante la gestión de Enrique Slezack, quien lo desvinculó tras su alineación en 2015 a la candidatura de Juan Ignacio Mincarelli para intendente del PJ – Frente para la Victoria.

El dirigente alineado al Partido Justicialista, es secretario General de la Agrupación 11 de Septiembre, y acompañó en las elecciones de 2017 a la Agrupación UNICA de los hermanos Mincarelli en la compulsa de las PASO y generales.

Además se desempeñó como presidente del Club Villa Paula, institución que usó políticamente para realizar reuniones políticas de ex director del Ministerio del Interior y Transporte, Juan Mincarelli. Mientras, es pública en sus redes sociales sus paseos de distintos viajes por Europa o playas brasileñas o su afición por la pesca embarcado en lancha, hoy incautada por la justicia.

En el 2018, tras la intervención judicial del gremio SOEME (Sindicato de Obreros y Empleados de Minoridad y Educación) y aprehensión de Marcelo Balcedo, Mankowski lanzó su agrupación gremial «Nueva Soeme Verde y Blanca«, desligándose de las investigaciones del exsecretario sindical detenido en Uruguay para candidatearse este año en agosto a las elecciones gremiales.

Tras los hechos, el SOEME intervenido se desligó de la estafa que investiga la Justicia, cuyo Cuerpo Colegiado expresó que “ninguna persona, ni bienes vinculados a la administración, ni a las autoridades del Sindicato están relacionadas con la mencionada causa judicial”. (Fuentes: Diario El Día, Clarín, Infobae, Infocielo, Mundo Gremial)

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Piden elevar a juicio la causa contra Secco por los incidentes del 2017 en la Legislatura

Los fiscales Ana Medina y Juan Cruz Condomí Alcorta pidieron la elevación a juicio de la causa por supuesta “coacción agravada”, iniciada al intendente de Ensenada, Mario Secco, por los incidentes ocurridos en la Legislatura bonaerense durante el 14 de diciembre de 2017.

En esa jornada, el jefe comunal kirchnerista irrumpió junto a un grupo de manifestantes en la sesión de la Cámara de Diputados durante el debate de la reforma jubilatoria en el Bapro.

Secco subió al estrado durante un receso y depositó unas postas de goma para denunciar la “represión” que había ocurrido minutos antes en las afueras de la Legislatura.

Los fiscales Medina y Condomí Alcorta elevaron el expediente al juez de Garantías Federico Atencio quien ahora deberá resolver si decide el inicio del juicio si es que considera que se han cumplimentado los pasos legales que requiere el procedimiento.

A partir de los incidentes protagonizados por Secco, la Justicia intervino de oficio e inició una causa por “coacción agravada” por lo que la defensa del intendente ensenadense pidió la eximición de prisión, medida que le fue rechazada en dos instancias.

El delito que se le imputa a Secco no es excarcelable, recordaron fuentes judiciales. Sin embargo, los fiscales no solicitaron la prisión preventiva del procesado por considerar que no había riesgo de que en libertad entorpezca el proceso iniciado.

Secco ha calificado la causa en su contra como “un mamarracho judicial” y asegurado que “no cometí ninguna resistencia a la autoridad. No interrumpí ninguna sesión porque estaban en cuarto intermedio. No entré rompiendo nada porque me hicieron entrar nueve diputados”.

“Nosotros siempre nos ajustamos a derecho, por más que vemos que las causas son armadas. Es un mamarracho judicial lo que están haciendo con nosotros”, apuntó Secco, al tiempo que enfatizó: “Me imputan delitos que no cometí”. (El Día de La Plata)

 

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Fiscal imputó a un trabajador de Astilleros Río Santiago por un discurso en una asamblea

-En plena Feria Judicial-

Alejandro Villarruel es empleado del Astillero Río Santiago, y pidió la palabra en una asamblea para plantear su posición ante el conflicto que atravesaba la empresa meses atrás, durante 2018. Lo grabaron, lo editó Jorge Lanata para un programa donde denostó a los trabajadores y al ARS, y ahora el fiscal Juan Cruz Condomí Alcorta, de la UFI 16 de La Plata, lo procesó por el delito de «Intimidación Pública e Incitación a la Violencia«.

El ex interventor Daniel Capdevilla denunció a varios trabajadores del Astillero Río Santiago. La instalación de la idea de que (como opinó el Presidente Mauricio Macri en off y nadie desmintió) “al Astillero hay que dinamitarlo”, se apalancó en una fuerte ofensiva en los grandes medios de comunicación y en la judicialización del conflicto. Incluso fue procesado el titular de ATE Provincia, Oscar De Isasi.

Cuando se realizaba una asamablea, Alejandro Villarruel pidió la palabra y habló algunos minutos (ver video). Su intervención y la de otros trabajadores fue editada para PPT (el programa de Lanata en Canal 13) y luego utilizada por el fiscal Condomí Alcorta para hacerle caer el pesado brazo del aparato judicial bonaerense, porque la justicia desde hace rato que no tiene mucho que ver en ese conflicto.

Vale aclarar: la imputación no comenzó en aquellos febriles días de invierno (el informe que sirvió de avanzada contra la empresa fue difundido en un programa de fines de julio) , sino el 12 de enero de este año, en plena feria judicial.

Las preguntas que hizo el imputado a Info BLANCO SOBRE NEGRO son simples: “¿Quién mueve la mano de Condomí Alcorta?”, “¿Por qué en pleno mes de enero, durante la feria judicial, el fiscal actúa acusándome de un delito que tiene que ver sólo con lo que opiné en la asamblea?” “¿Editaron 18 segundos de una reunión que duró seis horas para armarme una causa?”

La solidaridad con Villaruel fue inmediata. Ajuntamos el video en el que el el empleado hizo uso de la palabra y, según el fiscal, “intimidó” e “incitó” cuando se expresó ante sus compañeros de trabajo.

Y por supuesto, pueden leer en la galería de imágenes , al final de la nota, la copia de la citación que recibió el obrero que le quita el tiempo a funcionarios judiciales sorprendentescomo Condomí Alcorta. (Info BLANCO SOBRE NEGRO)

Notificación de causa ARS contra Alejandro Villarruel 1
Notificación de causa ARS contra Alejandro Villarruel 2
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Nedela sigue de reuniones con padres de alumnos de escuelas amenazadas

El intendente Jorge Nedela se reunió esta tarde con un grupo de padres de alumnos que concurren a escuelas locales de distintos niveles, con quienes trató las acciones que se llevan adelante contra las intimidaciones que sufren los establecimientos educativos.

El jefe comunal diálogo en esta ocasión con padres de alumnos y docentes de las Escuelas Primaria 5, Secundaria 8, Media 1 y Técnica 2 entre otras. En la oportunidad se expusieron los inconvenientes en distintos sentidos que producen las amenazas.

Desde el Ejecutivo se brindaron detalles de las gestiones llevadas adelante ante el ámbito judicial, policial y educativo. Del mismo modo se hizo referencia a la intención de que se modifique el protocolo de procedimiento ante los llamados intimidatorios, cuestión que fue nuevamente tratada esta este viernes en el encuentro que Nedela mantuvo con el director General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires, Gabriel Sánchez Zinny; el fiscal que tiene a su cargo las causas por intimidaciones a escuelas, Juan Cruz Condomí Alcorta y al jefe de la Brigada de Explosivos de la Policía Bonaerense, comisario Mayor Julio Poles.

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Por intimidaciones a escuelas: Sanchez Zinny vistó a Nedela junto al fiscal Condomí Alcorta

El intendente de Berisso, Jorge Nedela, recibió al director General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires, Gabriel Sánchez Zinny; al fiscal que tiene a su cargo las causas por intimidaciones a escuelas, Juan Cruz Condomí Alcorta y al jefe de la Brigada de Explosivos de la Policía Bonaerense, comisario Mayor Julio Poles.

De la reunión participaron también el secretario de Gobierno, Claudio Topich, el secretario Privado, José Méndez; el subsecretario de Seguridad, Hugo Dagorret; el director de Defensa Civil, Conrado Barrueco; la presidenta del Consejo Escolar, Elizabeth Franchi; el jefe del Comando de Patrullas de Berisso, José Coria y el comisario de la seccional Primera, Gustavo Pérez.

En el encuentro que tuvo como tema central las intimidaciones a escuelas del distrito, los presentes dialogaron sobre el estado de situación actual, como así también los resultados y avances en las investigaciones judiciales.

Uno de los puntos de la charla estuvo vinculado a la posibilidad de promover modificaciones al actual protocolo de procedimiento ante los llamados de amenazas, con la intención de resguardar la seguridad de la comunidad escolar y de recuperar aspectos pedagógicos.

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Menor identificado como autor de varias llamadas intimidatorias a escuelas de Berisso

En un allanamiento realizado por la tarde de este lunes, se identificó a un menor de edad, como autor de varias llamadas intimidatorias a la Escuela Primaria 5, a la Escuela Secundaria 8 y a la sede del Club Villa San Carlos en momentos de evacuación de alumnos.

El procedimiento se llevó a cabo en una vivienda de calle 35 a la altura de 178, lugar en el que se constató que se efectuaron llamados de amenazas con un teléfono celular que se había utilizado sin chip. Del mismo modo los responsables de las actuaciones informaron que el acusado de este delito, aportaría datos sobre otras personas que también serían responsables de intimidaciones.

El operativo fue ordenado bajo la decisión del fiscal Juan Cruz Condomí Alcorta y la Dra. Marcela Garmendia y participó personal de la DDI La Plata, de la Brigada de Explosivos y del Comando de Patrullas de Berisso.

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Propuestas en Berisso contra las amenazas a escuelas

El viernes último se llevo adelante una reunión con utoridades municipales, educativas, judiciales y policiales en donde se propuso medidas a tomar contra las amenazas a escuelas que ya lleva más de tres meses asolando la ciudad de Berisso.

El encuentro tuvo como eje central, tratar la situación que ha tomado estado público relativa a la cantidad de llamados de amenazas de bomba o delitos de intimidación pública en escuelas de la Provincia de Buenos Aires, en este caso de la ciudad de Berisso, con la consecuencia de la interrupción del servicio educativo.

Durante la reunión y con la finalidad de dar solución a la situación habida, se propusieron una serie de medidas las que se elevaron para su consideración a cada una de las Carteras intervinientes en este tema.

Los mismo representados fuero el intendente de Berisso, Jorge Nedela, participó junto al secretario de Gobierno,  y el subsecretario de Seguridad, Hugo Dagorret, de una reunión en la sede de la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires, junto a Guillermo Spacapan, Fiscal de Estado Adjunto; Martín Lazarte, secretario Letrado de Fiscalía de Estado; Francisco Pont Verges, secretario de Política Criminal de la Procuración General de la Provincia de Buenos Aires; Juan Cruz Condomí Alcorta, titular de la Unidad Funcional de Instrucción N° 16 del Departamento Judicial de La Plata; Alejandro Glombovsky, de la Fiscalía N° 16 de La Plata; Jorge Carballo, comisario de la DDI La Plata a cargo de Investigaciones por Intimidación Pública; María Eugenia Panattieri, de la DDI La Plata; Nancy Sorfo, jefe de Gabinete de la Subsecretaría de Educación de la DGCyE; Gonzalo Miranda, director de Coordinación de Actuaciones Judiciales de la DGCyE; Sebastián Viñals, asesor de la Dirección Provincial de Legal y Técnica de la DGCyE.

Las iniciativas que surgieron proponen:

1- Ante la denuncia de intimidación pública o amenaza de bomba en las instituciones escolares, formulada o recepcionada en la línea telefónica de 911 o por otro medio, se procederá a la revisión de la escuela con blindaje de su acceso mediante método que garantice la seguridad de los alumnos, para procurar evitar la evacuación, en la medida en que resulte posible y de determinarlo así las autoridades competentes.

2- Radicada la denuncia pertinente en la Fiscalía interviniente, se informará a la Dirección General de Cultura y Educación si resultaron «prima facie» (en primer término) partícipes del hecho alumnos de escuelas de la Provincia de Buenos Aires.

3- Fiscalía de Estado, a requerimiento de la DGCyE se presentará como principal damnificado en las causas judiciales y solicitará información sobre las personas sindicadas a fin de: 1) Tramitar oportunamente la acción resarcitoria si correspondiere, y 2) brindar a la DGCyE información sobre los participantes.

4- La DGCyE procurará la intervención desde las direcciones de nivel y modalidad para la aplicación de medidas reparatorias al caso en que hubiera alumnos involucrados, con intervención de los directivos.

 

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Escuelas de Berisso: desidia estatal y amenazas de bomba

Cuando se cumplía un mes de la explosión de la Escuela Nº 49 de Moreno, el director de Educación de Vidal recorrió Berisso. Sanchez Zinny eligió el distrito que mejor expresa la desidia estatal y la falta de inversión en educación: pérdidas de gas, problemas eléctricos, filtraciones, vidrios rotos, paredes y techos con riesgo de derrumbe, son temas comunes en todos los establecimientos.

El lunes pasado en Moreno se realizó una movilización para pedir justicia a un mes de la explosión en la Escuela Nº 49 que se cobró la vida de dos trabajadores de la educación. Mientras una multitud de docentes reclamaba por mejoras en las escuelas públicas y exigía justicia por Sandra y Rubén, el director de Cultura y Educación de la provincia visitaba un jardín de infantes de la ciudad de Berisso. Lejos del conflicto y sin aludir al tema, Sánchez Zinny recorrió el lugar con Jorge Nedela, intendente de la ciudad, y declaró: “Es fácil trabajar en conjunto entre Provincia y el Municipio para ver qué cosas podemos ir solucionando sobre infraestructura y sobre temas educativos”. Lo cierto es que el distrito elegido por el director de Educación para mostrarse a un mes de la tragedia es uno de los que mejor expresan la desidia estatal y la falta de inversión en educación.

Las escuelas de Berisso no sólo no escapan a las problemáticas generalizadas de los establecimientos de cualquier distrito de la provincia, sino que son un reflejo fiel de la situación escolar bonaerense. Además de las malas condiciones en establecimientos, Berisso es el distrito más afectado por las amenazas de bomba. “En nuestra escuela las amenazas de bomba son diarias. A veces hay cuatro por día, a veces cinco, a veces seis. Con suerte hay dos o tres”, explica Joel Alderete, presidente del Centro de Estudiantes de la Escuela Técnica Nº 2, una de las más afectadas de la ciudad. Desde hace cuatro meses que las clases se interrumpen constantemente y ni el Municipio ni Provincia han logrado dar con una solución. Esto causa que en muchas escuelas los profesores no puedan cerrar notas, ya que no tienen manera de evaluar a los alumnos.

Desde la gestión se han anunciado diferentes medidas que no tuvieron éxito: allanamientos, reuniones de funcionarios con la comunidad, intentos de fiscales de cambiar los protocolos de evacuación que finalmente no prosperaron, entre otras. Nedela llegó a reunirse con el Procurador General Julio Comte Grand por el tema, y se resolvió unificar las causas por intimidaciones públicas a cargo de Juan Cruz Condomí Alcorta, el mismo fiscal que en la región solicitó intervenir policialmente el Astillero Río Santiago después de un informe en el programa de Jorge Lanata. Ninguna de las alternativas logró disminuir las amenazas. “Parece que no quisieran investigar. Uno tiene que evitar la tentación de empezar a pensar cosas. Lo cierto es que cuando se ve la inacción del Estado sobre este problema uno lo lee como un ataque a la escuela pública”, sostiene Floreal Prieto, secretario general de Suteba Berisso.

Las acusaciones tanto de los funcionarios como de los fiscales recaen sobre los jóvenes, pero desde los Centros de Estudiantes niegan que la responsabilidad sea de los estudiantes y afirman que se trata de una criminalización de la juventud. Desde la Coordinadora de Estudiantes en Lucha, los jóvenes han realizado movilizaciones para reclamar el cese de las amenazas y mejoras en los establecimientos educativos y han logrado ser recibidos por Nedela, que no les otorgó ninguna respuesta. “El intendente se comprometió a mostrarnos el destino del Fondo Educativo, pero en la reunión nos encontramos con un documento de dos hojas que sólo hablaba de un subsidio del año 2017. Nos presentaron un papel con números y sin ningún detalle, que además no correspondía a lo que exigíamos”, explica Damián Mansore, presidente del Centro de Estudiantes de la Escuela de Arte de la ciudad, sobre la última reunión con el intendente.

La provincia en peligro de derrumbe

Según un informe de Suteba, más de tres cuartos de las escuelas expresan problemas graves en los servicios de gas, agua y electricidad, además de problemas en la estructura edilicia. El relevamiento, realizado en más de 2 mil escuelas expresa que el 95% de los establecimientos educativos tienen instalaciones de gas en condiciones inadecuadas y que no reciben un control periódico. Berisso está a tono con la situación general provincial: pérdidas de gas, problemas eléctricos, filtraciones, vidrios rotos, paredes y techos con riesgo de derrumbe, son los problemas que se repiten. Los aproximadamente mil alumnos de la Escuela Técnica Nº 2, una de las más grandes del distrito, tuvieron que pasar todo el invierno sin calefacción, ya que tiene desconectado el servicio de gas y no tienen fecha para la reconexión. La Escuela Primaria Nº 5 tuvo que suspender los desayunos y meriendas también por la suspensión del gas.

La Escuela Agraria de la ciudad tuvo que vender su producción de granja este fin de semana como consecuencia de problemas eléctricos que dejaron al establecimiento sin luz y que no le permitieron preservar sus productos congelados. La misma escuela cuenta con un nuevo edificio desde 2015 que no puede inaugurarse porque el gobierno provincial no envía los fondos para pavimentar los 600 metros correspondientes al camino de acceso.

La Media Nº 1 tiene en su salón de actos un techo acústico, único en el distrito, que se está cayendo. “Necesita mantenimiento. Lo están dejando estar y en un momento el daño va a ser tan grande que cuando haya que poner plata lo van a tapar con durlock, es una lástima. Las respuestas que nos dan siempre son las mismas, los anuncios de arreglos siempre son por cosas simples o directamente una mentira. Nos sentimos subestimados”, dice León Negrete, integrante del Centro de Estudiantes 23 de Mayo de la escuela. La misma situación expresa la Media Nº 2, donde también el techo del salón de actos múltiples se está cayendo. El techo de la Escuela Nº 18 se dañó el año pasado después de un temporal y nunca fue reparado correctamente.

La ejecución del Fondo Educativo por parte del Consejo Escolar genera controversia en la ciudad. Las obras del primer semestre expresan precios mucho mayores a los valores de mercado: sólo en concepto de mantenimiento de calefactores de tiro balanceado se pagaron alrededor de 350 mil pesos. Los montos elevados han sido reconocidos por Elizabeth Franchi, la titular del Consejo, que explicó que los valores se deben al atraso del pago a proveedores. Las denuncias por precios elevados en el distrito no sólo recaen sobre el Consejo Escolar, sino que se amplían en la ejecución de obras que trascienden lo educativo.

En la gestión Nedela, el caso paradigmático es el de la Plaza Almafuerte, en la que se invirtieron casi 6 millones de pesos para su puesta en valor a pesar de que la plaza no mostraba signos visibles de deterioro. Las obras se concretaron a medias y ahora, cada vez que llueve, la parte refaccionada se inunda como si fuera una pileta. El tema trascendió la ciudad y el concejal oficialista de Ensenada, Adrián Espósito llegó a declarar: “Las plazas de Ensenada nos salen 2 millones y medio de pesos y uno ve que a una plaza en Berisso que costó un monto muy superior no la pueden terminar. Esas cosas deberían verlas los funcionarios y el intendente, que es el máximo responsable”.

La situación de los establecimientos educativos en Berisso es, al igual que en toda la provincia de Buenos Aires, preocupante. “Lo que pasó en Moreno podría pasar acá, porque cursamos en condiciones pésimas. Todo podría evitarse si el Estado estuviera presente”, explica Mariana Sánchez, vicepresidenta del Centro de Estudiantes de la Escuela de Arte.

“Lo que pasó con Sandra y Rubén desgraciadamente podría haber pasado en Berisso y en cualquier lugar. Son situaciones comunes en todas las escuelas de la provincia. Este gobierno no ha cambiado en nada las problemáticas que ya existián, es más, las ha profundizado. No están a la altura de las circunstancias”, sostiene Floreal Prieto. Lo que pasó en Moreno podría haber ocurrido en cualquier distrito de la provincia, incluso en el que Sánchez Zinny eligió para publicitar obras a un mes de la muerte de Sandra y Rubén. (Contexto)

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La fiscal Medina llevará la causa en contra del intendente Mario Secco

La investigación que tiene en la mira al intendente de Ensenada, Mario Secco, tuvo en las últimas horas un giro inesperado: la Procuración de la Corte decidió que la causa quede en manos de la fiscal Ana Medina y desafectó a sus pares Juan Cruz Condomí Alcorta yMarcelo Romero. Las razones no trascendieron y eso es lo que genera mayor incertidumbre.

«Por decisión de mis superiores, la causa pasó a la fiscal Ana Medina», confirmó el fiscal Marcelo Romero, quien explicó que la resolución se produjo el viernes pasado, por lo que la causa recién ingresó este martes al despacho de Medina.

La fiscal deberá indagar a Secco, pero lo hará, según trascendió, una vez que conozca los pormenores del expediente y reciba las pruebas pendientes.

Entre ellas, figura el informe de la Agencia de Prevención de la Violencia en el Deporte (APreViDe) a la que se solicitó que identifique, en las filmaciones de los incidentes del 14 de diciembre, si el jefe comunal ingresó al edificio junto a barrabravas del club Defensores de Cambaceres, de Ensenada.

En tanto, la defensa del alcalde K apeló este martes el rechazo a la eximición de prisión solicitada en el marco de la causa en que se lo imputa por los delitos de «coacción agravada, intimidación pública y entorpecimiento de la labor legislativa».

La apelación se produjo luego que la semana pasada el juez de garantías platense Guillermo Atencio rechazó el pedido de eximición de prisión solicitado por Secco, tras considerar que la expectativa de pena supera los 8 años de prisión.

La apelación fue presentada por el abogado de Secco, Javier Percow, y ahora deberá fallar la Cámara de Apelaciones y Garantías en lo Penal.

La causa se inició luego de que Secco ingresó en plena sesión de la Cámara de Diputados bonaerense, subió al estrado de la Presidencia y arrojó sobre la mesa del presidente cartuchos de gases lacrimógenos que la Policía había utilizado minutos antes para dispersar a manifestantes que se oponían al tratamiento de un paquete de leyes enviado por la gobernadora María Eugenia Vidal.

Secco fue identificado a partir de videos que registraron el momento en el que entró al recinto a los gritos, junto a un grupo de unas 20 personas, que ahora la Justicia también trata de identificar.

En el marco de una conferencia de prensa que brindó en las últimas horas, Secco dijo que no tiene miedo de ir preso y acusó al oficialismo de pretender «llevarse puesto a un intendente que ganó con el 60 por ciento de los votos». (NOVA)