La Municipalidad de Berisso hizo efectivo el inicio de la construcción de tres playones deportivos por parte de Sol Vial SA y el Organismo Provincial de Integración Social y Urbana (OPISU), colocando el cartel de obra correspondiente. Sin embargo, la adjudicación de este contrato millonario se encuentra envuelta en controversia debido a que el propietario de la empresa constructora, Facundo Dadin, está imputado en una causa por corrupción en La Plata que involucra un presunto perjuicio de $700.000 millones al erario público.
Detalles del contrato adjudicado en Berisso
La obra adjudicada a Sol Vial SA contempla la construcción de tres playones deportivos ubicados en la plaza San Cayetano de El Carmen, el Parque Cívico y el Barrio Obrero de Berisso. El monto total del contrato asciende a $325.143.079,03, una cifra que supera en un 7,6% el presupuesto oficial de $302.007.135,18, representando una diferencia de más de $23 millones.
La adjudicación se realizó mediante contratación directa, un procedimiento que evita los controles inherentes a las licitaciones públicas competitivas. Este mecanismo de contratación ha generado cuestionamientos, especialmente considerando los vínculos familiares o de amiguismo entre la empresa beneficiaria y el entorno directo del intendente Fabián Cagliardi.
El conflicto de intereses en el municipio
Tal como se publicó en El Correo Gráfico, el núcleo de la controversia radica en la estrecha relación entre Sol Vial SA y la administración municipal. Horacio «Pinito» Abel Dadin, padre del propietario de la empresa, se desempeña como empleado municipal en Berisso, específicamente como chofer en la Subsecretaría de Acción Política.
Según fuentes municipales consultadas, «Pinito» Dadin es descrito como el «chofer y mandadero exclusivo» del intendente Cagliardi, manteniendo con él una «relación de directa ligazón fraternal» y siendo un «habitante permanente del primer piso del Palacio Municipal».
Esta conexión familiar directa entre el beneficiario del contrato y una persona de máxima confianza del intendente configura lo que especialistas en la materia califican como una «clara falta de ética y un posible delito de conflicto de intereses».
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La imputación en La Plata: el caso de los barrios ilegales
Facundo Dadin enfrenta graves acusaciones judiciales en La Plata, donde fue imputado en marzo de 2025 junto al ex intendente Julio Garro y otros ex funcionarios por los delitos de «asociación ilícita, incumplimiento de los deberes de funcionario público, falsedad ideológica de documento público y administración fraudulenta».
La investigación, a cargo del fiscal Juan Cruz Condomi Alcorta, se centra en la aprobación irregular de aproximadamente 400 barrios cerrados ilegales. El presunto modus operandi consistía en que funcionarios municipales paralizaban deliberadamente los expedientes de desarrolladores inmobiliarios para condicionar su aprobación a la contratación obligatoria de Sol Vial SA para la ejecución de obras civiles.
Los desarrolladores denunciaron que eran dirigidos a reuniones con Facundo Dadin y Nahuel Julián Paradela (ex subsecretario municipal y actual director suplente de Sol Vial SA), quienes sugerían que el secretario de Obras Públicas Luis Barbier estaba «detrás de Sol Vial», garantizando el éxito del trámite a cambio del contrato.
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Caso testigo: la adulteración en «La Cañada»
Un ejemplo documentado por la justicia es el caso del barrio «La Cañada», donde se constató la adulteración de documentos para duplicar el costo de una rotonda. El presupuesto original de $39.080.657 fue incrementado a $63.818.306 con el propósito de incorporar a Sol Vial SA como contratista.
En marzo de 2025, la justicia ordenó allanamientos en las oficinas de la empresa y los domicilios de los imputados, secuestrando documentación y equipos informáticos considerados clave para la investigación. El perjuicio económico total para el municipio de La Plata y los compradores se estima en $700.000 millones de pesos.
Un modelo de negocio cuestionado
Un informe de inteligencia corporativa sobre Sol Vial SA revela una paradoja desconcertante: la empresa presenta una «ausencia casi total de registros de participación en licitaciones públicas abiertas» a nivel provincial y nacional. Esta falta de historial en procesos competitivos contrasta notablemente con la posesión de una «costosísima flota de equipos y maquinaria de última generación», valuada en «varios millones de dólares».
El perfil fiscal de Facundo Dadin también presenta inconsistencias. Mientras preside una constructora con contratos millonarios, figura como monotributista categoría F, con actividades registradas como «servicios de asesoramiento empresarial», «servicios jurídicos» y «servicios de seguros».
Extensión de la red: del fútbol a la política
La influencia de Sol Vial SA trasciende el ámbito municipal. La empresa obtuvo contrataciones directas por «más de 2 millones de dólares» en el Club Gimnasia y Esgrima La Plata para obras en el estadio y en el predio Estancia Chica, proceso que se realizó sin licitación.
Fuentes del ámbito futbolístico indican que el intendente Cagliardi habría «facilitado» esta contratación directa con la dirigencia del club. La situación generó polémica adicional al conocerse que Facundo Dadin es un reconocido simpatizante del club rival, Estudiantes de La Plata.
Antecedentes del intendente Cagliardi
El caso de Sol Vial SA no es el primer cuestionamiento por conflictos de interés que enfrenta la gestión de Fabián Cagliardi. El intendente fue previamente cuestionado por mantener su rol como empresario constructor mientras ejercía la función pública. Su empresa familiar, Avistar SRL, obtuvo contratos millonarios del Estado, incluyendo la construcción del Hospital Central de Derqui por más de 450 millones de pesos durante la pandemia de COVID-19.
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Vínculos políticos regionales
Sol Vial SA, con origen en Ensenada, ha recibido múltiples contratos en municipios gobernados por aliados políticos de Cagliardi. Bajo la gestión del intendente Mario Secco en Ensenada, la empresa fue adjudicataria de obras como la extensión de la calle Baradero, la pavimentación del barrio 5 de Mayo, mejoras en el Club Gutiérrez, caminos internos del Parque Martín Rodríguez y la plaza Yrigoyen en Punta Lara.
Tanto Cagliardi como Secco mantienen vínculos directos con el gobierno provincial de Axel Kicillof, participando conjuntamente en inauguraciones de obras. Esta concentración de contratos en empresas ligadas a dirigentes políticos plantea interrogantes sobre la transparencia en las licitaciones públicas.
Perfiles de los protagonistas
Horacio «Pinito» Abel Dadin, padre del empresario, tiene un historial particular en la administración pública. Durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner fue designado Delegado Técnico Administrativo en la Jefatura de Gabinete de Ministros, entonces a cargo de Aníbal Fernández, mediante una «autorización excepcional por no reunir los requisitos mínimos establecidos».
Su hijo Facundo, además de dirigir Sol Vial SA, ha desarrollado una extensa carrera en el sector público. Ha sido empleado del Ministerio de Seguridad de la Nación, delegado gremial de la Juventud en UPCN Capital, actualmente trabaja en la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires y en 2023 fue designado vocal suplente del Tribunal de Disciplina de la Policía de Seguridad Aeroportuaria.
Riesgos legales y políticos
La situación configura un escenario de alto riesgo legal y reputacional para todos los implicados. Para Sol Vial SA y Facundo Dadin, la imputación en La Plata podría derivar en severas sanciones penales, multas económicas y la inhabilitación para contratar con el Estado.
Para el intendente Cagliardi, quien actualmente el intendente, y electo concejal, el escándalo ensombrece su gestión municipal y su aspiración política. La evidencia de nepotismo y conflicto de intereses afecta directamente la percepción pública sobre la transparencia de su administración.
Impacto en la confianza pública
Este caso expone las debilidades sistémicas en los procesos de contratación pública en la provincia de Buenos Aires. La presunta utilización de vínculos familiares y políticos para la adjudicación de contratos millonarios socava la confianza ciudadana en las instituciones y compromete los principios de competencia, ética y uso eficiente de los recursos públicos.
La controversia plantea interrogantes fundamentales sobre los mecanismos de control necesarios para garantizar que la obra pública sirva al interés común y no a redes de favoritismo político. Mientras la justicia avanza en su investigación, la ciudadanía de Berisso observa cómo una obra que debería representar progreso comunitario se convierte en símbolo de las prácticas cuestionables en la gestión de los fondos públicos.
El futuro político de Cagliardi y el destino judicial de Sol Vial SA dependen del avance de las investigaciones en curso y de la capacidad de las instituciones para garantizar transparencia y rendición de cuentas en el manejo de los recursos del Estado.
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