El ministerio de Justicia y Derechos Humanos desmiente los dichos vertidos por miembros de la Comisión Provincial por la Memoria que hacen referencia a la liberación masiva de detenidos en las unidades penitenciarias bonaerenses.
Concretamente destaca que la mesa interinstitucional de diálogo nunca analizó medidas de excarcelación anticipadas a las penas establecidas por el Poder Judicial.
A 19 días hábiles de la gestión se normalizó la provisión de alimentos, de medicamentos y se pudo crear la mesa ejecutiva con la función de aliviar la crisis penitenciaria, que tiene una superpoblación del 110%.
El próximo 5 de febrero una representación de la mesa comenzará a visitar unidades penitenciarias para ver la realidad edilicia y escuchar y atender a los internos y familiares de detenidos.
El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Julio Alak, anunció la creación de una mesa de diálogo que se reunirá con internos y familiares a partir del miércoles 5 de febrero, en los centros penitenciarios de la provincia de Buenos Aires, en el marco de la segunda reunión de la Mesa Interinstitucional que trata la crisis carcelaria.
El Ministro dijo que “en 19 días hábiles de gestión ya se logró normalizar la provisión de alimentos, de medicamentos y crear una mesa ejecutiva con la función de aliviar la superpoblación penitenciaria, que es la más alta en la historia de la Argentina”, y destacó que “nunca hubo un servicio penitenciario en ninguna Provincia que tenga una superpoblación del 110%”.
Asimismo, el jueves 6 de febrero se van a juntar los equipos técnicos que buscarán generar un plan consensuado entre los tres poderes del Estado bonaerense, los organismos de Derechos Humanos, la Iglesia y representantes del Poder Judicial Federal.
En este marco, Paula Litvachky, integrante del CELS, destacó la convocatoria del ejecutivo provincial y expresó que “lo importante son las medidas inmediatas que se van tomar para bajar el nivel de presión sobre el sistema de encierro y empezar a trabajar sobre la cantidad detenidos, que hay hoy en las comisarías de la Provincia».
La Mesa Interinstitucional de Diálogo fue creada mediante una resolución firmada por el gobernador de la Provincia, Axel Kicillof, con el fin de comenzar a buscar soluciones para resolver la grave situación que atraviesa el Servicio Penitenciario. Los encuentros se llevarán de manera mensual, con una evaluación trimestral.
“Estos problemas son muy complejos, donde está en juego la entidad humana de la Justicia. Estamos tratando con personas, que por la circunstancia de estar privados de libertad no deben perder su condición de tales, principalmente su condición de dignidad. Tenemos que acercar la cárcel de la Constitución a la cárcel de la realidad”, señaló el vicepresidente de la Cámara Federal de Casación Penal, Gustavo Hornos.
También participaron de la reunión los miembros de la Suprema Corte, José Villafañe; el defensor del Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires, Mario Coriolano; la senadora, Agustina Propato; el subsecretario de Derechos Humanos, Matías Moreno; el Capellán del Servicio Penitenciario Bonaerense, Carlos Pont Gasques; los representantes de la Comisión Provincial por la Memoria, Rodrigo Pomares; el Procurador General, Julio Conte Grand; el Defensor del Pueblo, Guido Lorenzino; entre otros presentes.
El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Julio Alak, se reunió este jueves con los integrantes de la Suprema Corte, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), y miembros de otras organizaciones, para desarrollar la primera reunión que busca resolver la situación de las cárceles bonaerenses.
“Nos convocó la crisis que estamos viviendo en el servicio penitenciario, una crisis que se da por la terrible sobrepoblación que existe, hoy tenemos una cifra exorbitante de internos que se ha duplicado en los últimos años”, destacó Alak.
Por su parte el presidente de la Comisión Provincial por la Memoria, Adolfo Pérez Esquivel, afirmó: “quisiera hacer un llamado a todos los internos y decirles que va a haber soluciones, que den un poco de espacio ya que es un gobierno entrante. Tenemos que encontrar caminos de humanización pero también de control y de formación del personal penitenciario.»
La Mesa Interinstitucional de Diálogo fue creada mediante una resolución firmada por el gobernador de la Provincia, Axel Kicillof, con el fin de comenzar a buscar soluciones para resolver la grave situación que atraviesa el Servicio Penitenciario. Los encuentros se llevarán de manera mensual, con una evaluación trimestral.
“Celebramos la convocatoria de esta Mesa por el ministro de Justicia, Julio Alak, porque es un hito histórico. Que hayan estado presentes las distintas áreas del ministerio de Justicia, todos los poderes del Estado, como así también organizaciones de la sociedad civil, permiten ver que se ha logrado un cambio importante de cómo revertir esa crisis humanitaria”, ponderó el defensor del Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires, Mario Coriolano.
Durante el encuentro se comenzaron a delinear distintas políticas que se llevarán a cabo para resolver el crítico escenario de hacinamiento y superpoblación que existe en las cárceles provinciales, donde hay más de 49 mil privados de la libertad para un número de plazas adaptadas disponibles de 29 mil.
Además el titular de la cartera de Justicia remarcó que “decidimos comenzar a trabajar de forma permanente para solucionar los problemas que tenemos, progresivamente buscaremos ir saliendo de la crisis humanitaria en la que recibimos las cárceles”.
Participaron de la reunión los miembros de la Suprema Corte, Eduardo de Lazzari; José Villafañe; y Eduardo Eskenazi; el defensor del Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires, Mario Coriolano; El Obispo Católico, Víctor Fernández; el Capellán Católico del Servicio Penitenciario Bonaerense, Carlos Pont Gasques; los representantes de la Comisión Provincial por la Memoria, Adolfo Pérez Esquivel y Roberto Cipriano García; el Procurador General, Julio Conte Grand; el Defensor del Pueblo, Guido Lorenzino; entre otros.
El ministro de Justicia y Derechos Humanos bonaerense, Julio Alak, brindó declaraciones a la prensa respecto a la conformación y reglamentación de la Mesa Interinstitucional de Diálogo para el abordaje integral de la problemática de las condiciones de detención de las personas privadas de su libertad, alojadas en comisarías, alcaidías y unidades del Servicio Penitenciario de la Provincia.
«En principio la Mesa se va a reunir esta semana, el día lo tenemos que confirmar, porque a partir de este decreto, el Ministerio está habilitado para dictar una resolución determinando y convocando a los integrantes, de acuerdo a la acordada de la Corte, no podemos conformar una comisión que no se ajuste a lo que se dispuso judicialmente. Pero pensamos que este jueves o viernes ya la comisión va a estar trabajando, va a elaborar un plan de trabajo, para que podamos seguir durante todo el mes de enero avanzando». explicó el Ministro.
De acuerdo a una resolución de la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires, se instrumentó crear una Mesa de Diálogo con representantes de los tres poderes; organizaciones no gubernamentales, especialmente vinculadas a los Derechos Humanos, también con la Defensoría del Pueblo de la provincia, y otros organismos como la Iglesia Católica. A partir de su conformación, todos estos actores empezarán a analizar en forma institucional los reclamos que vienen efectuando las diversas internas e internos que están en el ámbito del Servicio Penitenciario bonaerense, en cuanto a sus condiciones de detención.
Respecto al cuadro de situación Alak manifestó: «hemos recibido realmente una herencia tremenda en cuanto a sobrepoblación penitenciaria. Las cárceles bonaerenses tienen una capacidad aproximada para 23 mil personas y hoy hay 49 mil internos e internas. Es decir que tenemos la sobrepoblación penitenciaria más alta de la Argentina, que ronda en el 110%. Y además, según lo estableció el último Ministerio de Seguridad, la tasa de criminalidad alcanzó 309 cada 100 mil, también la más alta del país».
Y agregó: «La provincia de Buenos Aires es la única provincia denunciada y sancionada ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por el sistema penitenciario y carcelario. Realmente la situación es muy grave y se ha agudizado en los últimos meses producto de la falta de alimentos suficientes para los internos, un problema que tiene aproximadamente 150 días, a lo que se le suma también la falta de medicamentos».
A su vez, el Ministro recordó que Casación Penal de la provincia calificó, en un fallo hace dos meses, la situación que los internos viven en estos centros de detención como una «crisis humanitaria». Y dijo «Es una calificación de máxima preocupación que deviene de los tratados internacionales que Argentina ha asumido».
En cuanto a la estrategia de trabajo de la Mesa Interinstitucional de Diálogo el ministro explicó que en una primera instancia deben actualizar la información que han recibido, y luego comenzaran a analizar la situación global y también las sectoriales. En una segunda instancia se relevará cuáles son las unidades que tienen mayor índice de población y se estudiará cuidadosamente las situaciones individuales de las personas que quedan en libertad.
«A partir de la resolución de la Corte de llegar a una Mesa de Diálogo, ha venido un proceso esperanzador, con levantamiento de medidas de fuerza, con levantamiento de huelgas de hambre en muchas unidades, aunque aún subsisten en un número importante de personas que con el correr de los días esperemos se vaya normalizando», explicó Alak sobre los sucesos de los últimos días. Y agregó que «hay una posición firme de este gobierno de asumir el desafío que significa el problema de la provisión de alimentos y medicamentos y pensar medidas para su solución»
A continuación el Ministro se refirió al funcionamiento del Servicio Penitenciario y sus autoridades y dijo: «Nosotros hemos mantenido a las actuales autoridades hasta que esta crisis que está sufriendo el sistema, producto de una emergencia grave, se mantenga. Por lo tanto vamos a tomar los cambios que haya que tomar en el momento oportuno. Hoy las autoridades continúan en funciones». Y agregó que «vamos a una normalización progresiva de las instituciones en general y del Servicio Penitenciario Bonaerense en particular».
Respecto a la emergencia penitenciaria Alak recordó que la misma «ya está declarada por la administración anterior por lo cual no hay que crearla, ya está dispuesta, lo único que hay es una prórroga, pero va a continuar».
Para finalizar, Alak se refirió a la infraestructura penitenciaria y aseguró que «está en grave crisis». «La infraestructura es en muchos casos obsoleta, en otros hay situaciones de riesgo y obviamente que hacen falta más espacios. Estamos en una etapa de revisión, los espacios están determinados por el número final de internos e internas que vamos a encontrar, estamos actualizando la estadística lugar por lugar. El número ronda 49 mil dentro de las cárceles, 4 mil en domiciliarias y 4 mil en comisarías. Esto hace un universo casi de 56 mil privados de la libertad, lo cual es una cifra alarmante y excesivamente alta para la infraestructura que heredamos del Servicio Penitenciario provincial», explicó el Ministro.
Al finalizar el acto de jura del gabinete provincial, el flamante ministro de Justicia y Derechos Humanos, Julio Alak, dio declaraciones a la prensa respecto a la situación carcelaria en la provincia de Buenos Aires: «En PBA existe una Suprema Corte con alto prestigio y gran capacidad de gestión. Con ellos vamos a tratar los temas más importantes. También tenemos por delante una política de DDHH muy importante que desarrollar. Lo que tiene hoy más actualidad es la situación de las cárceles. Es un tema urgente por la sobrepoblación que es la más alta que se ha registrado en la historia penitenciaria de Buenos Aires. Tenemos 49.400 internos con 24.000 plazas. Es decir, que el déficit y la sobrepoblación alcanza a aproximadamente 20.000 internos que están viviendo en condiciones que hay que mejorar».
En tanto el ministro también se refirió a las huelgas de hambre sucedidas en los últimos días y adelantó la conformación de una mesa de diálogo con todos los sectores involucrados. «En función de esta situación que Casación de la provincia, que es el máximo tribunal de justicia, la había calificado en septiembre como una crisis humanitaria por las condiciones de la población carcelaria. La Corte ya confirmó en su momento tomar medidas. Casación lo reiteró en el mes de septiembre. Ayer la Corte por superintendencia dictó un acordado en donde nos notifica la necesidad de crear una mesa de diálogo. El gobernador va a ser notificado en breve de esta decisión. Lo más probable es que conformemos una mesa de diálogo con todos los sectores involucrados, sectores estatales, me refiero al Ministerio de Justicia como representante del poder ejecutivo, al poder legislativo con sus dos cámaras, a los sectores que la Corte decida enviar y a los organismos de DDHH. Nos interesa mucho la participación de la Iglesia que ha tenido una historia de preocuparse por el sistema carcelario, lo ha manifestado el Papa. Vamos a conformar la mesa de diálogo lo más rápido posible. El gobernador me notificará hoy o mañana.»
Asimismo agregó que «Buenos Aires necesita una política criminal adaptada a las convenciones internacionales, ajustada a los fallos de la Corte Interamericana y adaptada a la interpretación del caso Verbitsky. La política penitenciaria no puede estar autonomizada de la política criminal. Y la política criminal se debe hacer en los compromisos internacionales que tiene la Argentina, en la Constitución y en las normas. Hay abundante normativa tanto internacional como comunitaria para elaborar una política criminal que resuelva esta deuda de la democracia. El problema de las cárceles es una deuda de la democracia. Hay que hacerlo entre todos. Merece una reforma profunda que va a llevar tiempo pero hay que encararla. Hay que resolver cuestiones transitorias como las huelgas de hambre que empezaron a desprenderse de una falta de alimentos y medicamentos”.
Para finalizar, Alak hizo mención a las personas que aún no tienen condena y dijo que: “es un tema que se va analizar en la mesa de diálogo que la Corte Suprema de Justicia decidió que se convoque. Y agregó: «Hay que elaborar una política criminal ajustada a las normas internacionales. Cuando nos notifique el gobernador lo vamos a analizar en la mesa de diálogo para diseñar una política criminal que solucione el tema carcelario de PBA”.
La gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, afirmó que “esta es la primera cárcel que se construye en veinte años en la provincia, cuando llegamos, esta obra estaba paralizada desde 2014: solamente se había ejecutado en un veinte por ciento” y agregó “nosotros la tomamos, la terminamos y la convertimos en esta unidad modelo” porque «la reinserción social es posible y este es un camino de dignidad para no volver a cometer un delito».
Así lo dijo la gobernadora al inaugurar este mediodía en la ciudad de Campana un nuevo penal modelo para jóvenes de 18 a 21 años, destinado a promover la reinserción social de los detenidos mediante la educación y el desarrollo de talleres laborales.
«Este es un desafío. Es el camino de la dignidad para los que estamos afuera, de sentirnos más protegidos, y para los que están adentro, de encontrar un camino para no volver a cometer un delito», aseveró Vidal y agregó “cuando asumimos encontramos un sistema penitenciario donde se hablaba mucho de derechos humanos pero la mayor parte de los detenidos no tenía nada que hacer durante el día, ni estudiar ni trabajar”.
La mandataria bonaerense, explicó: “Lo que suceda durante el tiempo de detención va a ser clave para que no vuelvan a cometer delitos. Queremos mostrar que la reinserción es posible: lo que pasa dentro de las cárceles tiene que ver con la seguridad. Cuando el trabajo de resinserción no se hace bien, viene la reincidencia, y eso contribuye al delito».
Según Vidal, «muchos miraron para otro lado durante muchos años, pensando que lo que pasaba aquí adentro no lo miraba nadie. Nosotros lo vimos: vimos la corrupción y el delito que se cometían dentro de las cárceles, y vimos el estado de abandono en el que estaban. Todavía no son las cárceles que queremos, pero estamos mucho más cerca que cuando llegamos».
«Además –continuó-, no transamos con la corrupción carcelaria, removimos a toda la cúpula penitenciaria, mejoramos la capacitación».
La Unidad Penitenciaria 57 estará destinada al alojamiento de unos 600 jóvenes de entre 18 y 21 años que tendrán la posibilidad de completar estudios secundarios y terciarios y capacitarse en talleres laborales, para facilitar su reinserción social al momento de que se cumplan sus condenas.
Acompañada por el ministro de Justicia, Gustavo Ferrari; el secretario de Derechos Humanos provincial, Santiago Cantón; el intendente de Campana, Sebastián Abella; el director de la nueva unidad, Manuel Gastón Collado; y Fernando Manzanares, asesor del Ministerio de Justicia que coordinó el proyecto de la Unidad Modelo; la mandataria indicó que la cárcel será destinada a alojar a muchachos que «han cometido su primer delito, en muchos casos, que no son homicidas, no son violadores, no han secuestrado».
El proyecto, impulsado por la gobernadora y el ministro Ferrari, prevé la plena ocupación de los internos a través de la educación, el trabajo, el deporte y el abordaje asistencial intensivo, enfocado en la salud y las adicciones.
Ferrari destacó que “en este penal va a ser obligatorio estudiar, aprender un oficio y seguir un régimen de pautas de disciplina y de convivencia”, y resaltó “la primera reforma del Sistema Penitenciario en democracia impulsada por la gobernadora, María Eugenia Vidal, con la que logramos una mejor profesionalización del Servicio para que las personas que cometieron delitos y están detenidas, se puedan rehabilitar y no vuelvan a cometerlos cuando salgan”.
Desde el inicio de la gestión de Vidal, el ejecutivo bonaerense promovió un cambio de paradigma en la lucha contra la inseguridad, que abarca cuatro aspectos fundamentales: la Policía, la Ley y la Justicia, la Inclusión Social y el Servicio Penitenciario.
En este último punto, se inició una reforma destinada a transparentar el sistema, mejorar la capacitación de los agentes, garantizar las condiciones de habitabilidad y la reinserción social de los detenidos, y contribuir a la seguridad en la Provincia.
La Unidad Modelo de Campana alojará a 616 jóvenes de 18 a 21 años, de sexo masculino, que estén cumpliendo una pena menor a los cinco años de reclusión, relacionada con delitos como robos, hurtos o encubrimientos.
Para ingresar al programa desarrollado en el nuevo penal, los internos deberán firmar un “acta de conformidad” con la que se comprometerán a cumplir pautas de convivencia como el respeto de horarios y tareas del pabellón, la asistencia a las actividades educativas, laborales, de capacitación y deportivas, más las reglas relacionadas al aseo personal, limpieza de los lugares comunes y cuidado edilicio.
La unidad ofrecerá a sus internos las herramientas necesarias para que «puedan empezar una vida lejos del delito», desde sus cuatro módulos que incluirán celdas, aulas, talleres y un polideportivo central.
Las salas de clase conformarán una escuela con capacidad para 480 internos -la más grande del Servicio Penitenciario Bonaerense- y un aula taller móvil donde se dictarán cursos de alfabetización digital.
Los talleres de trabajo, en tanto, ocuparán más de 800 metros cuadrados y tendrán una capacidad para 200 jóvenes.
Al inicio de la gestión, las 55 cárceles de la provincia de Buenos Aires tenían problemas edilicios graves y estaban en estado de abandono. No contaban con los elementos básicos para garantizar la seguridad del personal penitenciario y los internos. No había candados suficientes para el cierre de rejas, puertas y portones, y los agentes no poseían los insumos mínimos para cumplir sus funciones y proteger su seguridad.
En 2015 solo había 51 talleres en funcionamiento. Las 28 panaderías instaladas mostraban falta de mantenimiento, las maquinarias estaban fuera de servicio o en desuso. Los quince talleres textiles estaban cerrados y había 37 talleres de chapa, pintura y mecánica inactivos.
El Gobierno nacional ya tiene listo un primer borrador del proyecto de ley para bajar la edad de imputabilidad a los 15 años, que se enviaría al Congreso en febrero, durante el período de sesiones extraordinarias.
En su artículo 1, se establece la responsabilidad penal de los adolescentes mayores de quince (15) y menores de dieciocho (18) años al momento de la comisión del hecho.
El artículo 2 estipula que la ley se aplicará al adolescente a) de quince (15) años que cometiere algún delito reprimido con pena máxima de quince (15) años de prisión o más en el Código Penal o en las leyes especiales; b) mayor de dieciséis (16) y menor de dieciocho (18) años que cometiere un hecho previsto como delito de acción pública en el Código Penal y las leyes especiales, con excepción de aquellos reprimidos con pena máxima de prisión igual o menor de dos (2) años, o sancionados con pena de multa o inhabilitación como pena principal.
El artículo 5 sostiene que la finalidad principal del sistema penal juvenil es fomentar en el adolescente el sentido de la responsabilidad por sus actos y procurar su integración social. Con ese objetivo, este régimen comprenderá un abordaje integral, interdisciplinario y restaurativo.
En el artículo 11 se establece que el adolescente tendrá derecho a ser juzgado en un plazo razonable, sin dilaciones injustificadas o indebidas. La duración máxima del proceso penal estará fijada en cada ley procesal y no deberá exceder el término de tres (3) años contados desde el acto de la formalización de la investigación preparatoria o acto procesal equivalente.
En la misma línea que el 11, el artículo 12 sostiene que “la privación de la libertad procederá como último recurso, de forma fundada, revisable, y por el plazo más breve posible”, al tiempo que afirma que los adolescentes “no serán pasibles de sanciones privativas o restrictivas de la libertad en función de infracciones de naturaleza contravencional o de faltas”.
Por otro lado, sobre los requisitos para la privación de la libertad, se establece que “procederá como último recurso, de forma fundada, revisable, y por el plazo más breve posible”. Además, se prohíbe el alojamiento en dependencias de las fuerzas de seguridad o en establecimientos carcelarios junto a personas mayores de edad.
El artículo 15 hace referencia al criterio de oportunidad de la Justicia. Establece que el fiscal podrá prescindir total o parcialmente del ejercicio de la acción penal respecto de un adolescente, excepto cuando el delito que se le atribuyere tuviere prevista una pena máxima superior a los diez (10) años de prisión.
En otro apartado, en el artículo 29, se hace mención de las sanciones socioeducativas, disciplinarias y privativas de la libertad, que incluye el asesoramiento, orientación o supervisión periódica del equipo interdisciplinario; asistencia a programas educativos; asistencia a programas de formación ciudadana; asistencia a programas de capacitación laboral; participación en programas deportivos, recreativos o culturales; concurrencia a los servicios de salud acorde a su edad; participación en un tratamiento médico o psicológico; o cualquier otra prevista en las leyes procesales especializadas provinciales.
El artículo 85 se refiere a los casos en los que los menores seguirán siendo considerados inimputables, y en ese sentido sostiene que durante el proceso de investigación “el fiscal deberá realizar una investigación preliminar a los efectos de determinar la existencia y circunstancias de un hecho ilícito, y la presunta intervención en el mismo de la niña, niño o adolescente” en la que el acusado “gozará del derecho a ser escuchado” y no podrá ser detenido: “Queda expresamente prohibida la adopción de cualquier medida de coerción procesal”. (NCN)
La gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, visitó los talleres de trabajo de la Unidad Penitenciaria de Olmos, situada en el partido bonaerense de La Plata.
Acompañada por el ministro de Justicia, Gustavo Ferrari; y por la jefa de la institución carcelaria, Norma Puccia; Vidal supervisó las obras de reacondicionado integral del galpón de cinco mil metros cuadrados destinado a los talleres que ofrecen a los internos actividades para su reinserción social, como completar los estudios primarios y secundarios y cursos de capacitación laboral.
En la Unidad Penitenciaria de Olmos unos 150 presos participan de los talleres de panadería, carpintería, herrería, confección de colchones, bobinados, lustre, tapicería, premoldeados de cemento, elaboración de fideos, tornería, disposición de tecnología de desuso, encuadernación y textil.
La gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, encabezó este miércoles una nueva reunión de gabinete ampliado donde aseguró: “Voy a pelear todos los días para que en la provincia nunca más se vuelva a hablar de abandono y soledad”.
El encuentro, conducido por la gobernadora, comenzó pasadas las 10.20 en la República de la Niños, en La Plata, con la presencia de ministros, subsecretarios, intendentes y legisladores provinciales y nacionales.
“En mi balance del año hay dos cuestiones profundas a destacar, que son muy positivas: la primera es entender que este iba a ser un año distinto al planificado y tener capacidad de respuesta y eso se reflejó en la dos prioridades que nos propusimos, sostener el trabajo, y por eso cuidamos a las pymes y priorizamos la obra pública y, en segundo lugar, acercar al Estado a los más castigados por la inflación, pero no después que los golpee, sino antes que llegue la inflación, adelantarnos y estar ahí”, aseguró Vidal al comenzar su exposición.
“Más allá que hemos tenido un año muy difícil, pudimos estar y seguir haciendo y creo que como equipo estuvimos a la altura, y tenemos que seguir estando, ese es nuestro principal desafío”, afirmó Vidal.
En este sentido, señaló que “nunca dejamos de hacer lo profundo y lo estructural: este año hicimos la reforma judicial, la segunda etapa de la reforma de la policía” y, en materia de salud, “sigue creciendo el SAME y este plan de atención primaria que es primero en la historia en el conurbano”.
En Educación, dijo Vidal, “se consolidó el programa Red de Escuelas de Aprendizaje en las 2 mil escuelas más vulnerables, hay 600 escuelas secundarias que ya iniciaron una reforma y hay instituciones que ya están recibiendo sus kits de robótica”.
En el cierre, Vidal destacó: “Cuando comencé a recorrer la provincia, lo primero que se me transmitía era soledad, abandono y resignación, por eso gran parte de nuestro esfuerzo es combatir ese sentimiento y por eso nuestro gobierno dice estar y hacer, lo qué pasó este año es que no dejamos solos a los bonaerenses”, remarcó y dijo “esto es así, porque a todo el equipo le interesa la provincia, la queremos”.
En este marco, aseguró que la provincia continúa realizando obras hidráulicas y que hay otras obras de infraestructura que no se van a detener. “No estamos solos, porque el gobierno nacional sigue con su compromiso con la provincia”, destacó la gobernadora y dijo que “seguimos haciendo lo profundo y lo importante porque somos un equipo, somos muchos poniendo el hombro”, dijo Vidal.
“Lo nuestro no es el atajo, no es la fácil, no es la avivada, porque es de verdad y por eso no es lineal, hay avances y retrocesos”, sostuvo y dijo: “Voy a pelear todos los días para que en la provincia nunca más se vuelva a hablar de abandono y soledad”.
Principales aspectos del encuentro
La reunión de Gabinete ampliado empezó con una presentación del Jefe de Gabinete de Ministros, Federico Salvai, quién le dio paso al vicegobernador Daniel Salvador.
Salvador hizo una fuerte convocatoria “a reforzar el compromiso” y dijo que “Vidal es la expresión más genuina de la renovación política”.
A continuación, Salvai brindó un detalle de los avances en la gestión bonaerense tomando los cuatro ejes centrales: integración social, lucha contra las mafias, grandes obras, y transparencia y responsabilidad.
El jefe de Gabinete hizo un repaso de algunos números de la gestión. Por ejemplo, explicó que se trabajó en 66 guardias hospitalarias (terminadas o por terminarse) y se llevaron adelante 1400 operativos del programa El Estado en tu Barrio en zonas vulnerables. También recordó que al comenzar la gestión Vidal había 6000 patrulleros inutilizados y ahora hay 2500 nuevos, y que por primera vez en 60 años se han cambiado cañerías. Además, indicó que nunca en 23 años se habían licitados casinos y que en esta gestión se clausuraron tres.
Salvai también puntualizó que desde el principio de la gestión se hicieron 630 obras viales, 340 de hidráulica en ejecución y 237 obras de cloacas y aguas.
Después, el ministro de Infraestructura, Roberto Gigante, repasó las 1800 obras finalizadas en los primeros tres años de gestión, mientras que el Ministro de Economía, Hernán Lacunza, realizó una presentación sobre el presupuesto, los números de la provincia y la comparación con la gestión anterior y recalcó “la inversión en obra pública en estos años fue de 7111 millones de dólares, el doble que los ocho años anteriores”.
Se trata de Norma Puccia, oriunda de Olavarria y lleva 27 años de servicio. Será la segunda mujer en estar a cargo de una cárcel bonaerense.
En un acto encabezado por el jefe del Servicio Penitenciario Bonaerense Xavier Areses, Norma Puccia asumió como jefa del Complejo Penitenciario Lisandro Olmos.
Se trata de un hito en la historia bonaerense, ya que será la segunda mujer en estar a cargo de una cárcel bonaerense.
«Esto representa un gran avance para la institución y reivindica el rol fundamental que cumple la mujer dentro de la misma», dijo el ministro de Justicia, Gustavo Ferrari.
Según publicó el portal Infoeme, a flamante jefa penitenciaria del penal de Olmos es oriunda de Olavarria y lleva 27 años de servicio. Ingresó a la Escuela de Cadetes en el año 1991 y fue parte de la quinta promoción femenina. Como oficial subalterno se desempeñó en la Unidad 15 de Batán, 8 de Los Hornos, 6 de Dolores, 5 de Mercedes y en la 7 de Azul. Luego pasó a cumplir funciones en la Unidad 38 de Sierra Chica donde tuvo su primer cargo de relevancia como Subdirectora de Administración.
Posteriormente, en el año 2015 fue designada como directora de la cárcel de mujeres de Azul. Y en 2017 fue designada como directora de la Unidad 27 de Sierra Chica.
Durante el año en curso asumió como Secretaria de Coordinación del Complejo Penitenciario Centro Norte, conformado por las Unidades 7 y 52 Azul, 14 y 30 General Alvear y 37 Bárker.
Ahora, mediante la Resolución N° 66, firmada por el subsecretario de Política Penitenciaria, Juan Baric, fue designada como la máxima autoridad del Complejo Penitenciario Lisandro Olmos. (InfoGEI)
