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Peajes: aumentos del más de 2600 pesos mensuales en la autopista La Plata-Buenos Aires

“Utilizar el auto para ir a trabajar o estudiar implicaría un gasto de más de $2600 mensuales en peajes”

Así lo afirmó el Defensor del Pueblo Adjunto de la provincia de Buenos Aires, Walter Martello, durante la nueva audiencia realizada en el Pasaje Dardo Rocha. Consideró como una medida positiva la decisión de la empresa AUBASA de proponer descuentos mediante el sistema de Telepase, pero insistió con el reclamo de que se postergue la aplicación de incrementos en los peajes hasta tanto se esclarezca el contexto macroeconómico de la Argentina.

Martello sostuvo que “con este aumento, ir y venir desde La Plata a Capital Federal, en horario pico, saldrá 128 pesos. Es un 28% más de lo que cuesta actualmente. En caso de aplicarse la propuesta de AUBASA, será un impacto importante para el bolsillo de los que viajan en auto, de lunes a viernes, para trabajar o estudiar en La Plata o la Ciudad de Buenos Aires: deberán gastar no menos de $2600 mensuales, solo en peajes”.

“Si a ese costo se le suman los constantes aumentos de la nafta, nos encontramos ante una situación muy difícil de sobrellevar dado que las deficiencias del transporte público son notorias y seguramente habrá nuevos aumentos en los pasajes de colectivos ante la decisión del gobierno nacional de transferir el costo de los subsidios a la Provincia y a CABA”, destacó el Defensor del Pueblo Adjunto.

En ese sentido, pidió que se revalorice la importancia de las audiencias públicas y que no sea tomadas como un “mero ritualismo” “La doctrina establecida por la Corte Suprema de Justicia de la Nación establece que el Estado no puede legítimamente ‘decidir’ sin una previa y adecuada participación de los usuarios y sin tomar en cuenta, para justificar y fundar su acto, el resultado de aquella. Razón por la cual resulta imperioso estructurar procedimientos de audiencia pública que estén en condiciones de cumplimentar las exigencias marcadas por la Corte, y no resulten meros ritualismos que intenten cumplir, de manera mecánica y sin atender a su verdadera finalidad, sólo un paso formal antes de la aprobación de un acto administrativo”, destacó el Defensor del Pueblo Adjunto.

En caso de que igualmente la empresa AUBASA aplique el aumento propuesto en la audiencia, Martello pidió que al menos se “contemple la posibilidad de expandir las tarifas bonificadas” a usuarios viales. Una medida de este tipo, según el análisis que realizan desde la Defensoría del Pueblo, también podría servir para paliar la congestión del flujo vehicular durante las horas pico, en determinados tramos de la autopista.

El Reglamento de AUBASA, en su artículo 7, establece: “Los valores tarifarios y precios vigentes en cada momento se consideran como valores máximos regulados que podrá cobrar la concesionaria…podrá además, aplicar otras tarifas inferiores a las máximas establecidas en cada estación de peaje así como también en diferentes horarios, fijadas en consideración a situaciones objetivas. Para ello no requerirá autorización previa aunque deberá comunicarlo al órgano de control, a la autoridad Regulatoria y a la autoridad de aplicación, así como a los usuarios”.

“La autopista La Plata-Buenos Aires tiene apenas 50 kilómetros y el costo por transitarla se encuentra entre los más caros del país. Sin contabilizar el aumento que se propone ahora, desde que se creó AUBASA en 2013 se aplicaron incrementos que suman más de 212%. Esto le generó excedentes a la empresa y por ello creemos que, siendo una sociedad anónima que está en manos del Estado, debe primar el carácter social de AUBASA, dando lugar a medidas paliativas ante la difícil situación económica que estamos viviendo los argentinos, y especialmente los bonaerenses”, destacó Martello.

La empresa AUBASA propuso un descuento de 10% en todas las categorías a los usuarios que tengan Telepase. El descuento tendrá un 5% adicional los días domingo. Asimismo, los días hábiles, volviendo dentro de las dos horas, se podrá acceder a un 10% adicional.

“Saludamos que se apliquen este tipo de medidas, pero dado el contexto que vive el país es insuficiente. Es necesario tener mucha prudencia porque los bonaerenses ya no resisten ningún tipo de aumento tarifario”, concluyó Martello.

A continuación, se detalle el nuevo cuadro tarifario propuesto por la empresa AUBASA.

Cuadro peajes AUBASA LP-BA2
Cuadro peajes AUBASA LP-BA4
Cuadro peajes AUBASA LP-BA1
Cuadro peajes AUBASA LP-BA3
Cuadro peajes AUBASA LP-BA5

 

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Piden suspender los aumentos tarifarios en el ámbito de la Provincia de Buenos Aires

Basado en la resolución de la Corte Suprema de Justicia que exige que para el aumento de tarifas tiene que haber «razonabilidad», el legislador provincial Guillermo Escudero presentó un proyecto de ley que solicita dejar sin efecto los aumentos implementados a partir el 1ro de enero del 2018. «Los usuarios ya no pueden sostener el pago de tarifas de los servicios públicos», expresó.

El diputado provincial Guillermo Escudero remarcó: «las tarifas ya superan los límites y criterios de razonabilidad». Y en ese mismo sentido continúo: «Las tarifas deben ser justas y razonables, no solo surge del propio concepto del servicio público, sino que lo ha establecido cada uno de los marcos regulatorios», detalló el legislador.

«Solicitamos suspender los aumentos tarifarios en los servicios públicos de jurisdicción provincial (energía eléctrica, aguas y cloacas) a partir de la presente y dejar sin efecto los incrementos tarifarios dispuestos desde el 1 de enero de 2018».

«El Estado debe velar por la continuidad, universalidad y accesibilidad de los servicios públicos, ponderando la realidad económico-social concreta de los afectados por la decisión tarifaria con especial atención a los sectores más vulnerables, y evitando, de esta forma, el perjuicio social provocado por la exclusión de numerosos usuarios de dichos servicios esenciales como consecuencia de una tarifa que, por su elevada cuantía, pudiera calificarse de «confiscatoria», en tanto detraiga de manera irrazonable una proporción excesiva de los ingresos del grupo familiar a considerar», concluyó Escudero.

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Referentes en derechos humanos discuten la política de seguridad de Cambiemos

El jueves primero de marzo, a las 18 horas, se realizará la charla-panel “‘Hay que matarlos a todos’, los derechos humanos en el macrismo” para analizar la política de seguridad y derechos humanos desde la asunción de Cambiemos. La convocatoria es en el Aula Magna de la Facultad de Trabajo Social (9 y 63) de la ciudad de La Plata. Formarán parte del panel César Gonzalez, Esteban Rodriguez Alzueta, Guadalupe Godoy y Julián Axat.

“Hay que matarlos a todos”. Los Derechos Humanos en el macrismo, es una charla que propone la organización Atrapamuros para pensar a la política de seguridad y derechos humanos, a partir del caso Chocobar. Hace algunas semanas, Mauricio Macri declaró en conferencia de prensa que «como ciudadano» no entendía el procesamiento de Luis Chocobar, el policía que fusiló por la espalda a un joven luego de un robo. Previamente lo había recibido en la Casa Rosada para mostrarle su apoyo como presidente de la Nación, junto a la ministra de Seguridad Patricia Bullrich.

El terreno de los derechos humanos se ha convertido en uno de los centros claves de la disputa política desde la asunción del gobierno de Cambiemos. Discusiones sobre la Memoria, la Verdad y la Justicia; el fallo del 2×1 a los genocidas dictado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación; el avance sobre la frontera de la seguridad interna y la defensa nacional; la represión de la protesta social; el aumento de la autonomía policial y de las fuerzas de seguridad, las muertes de Santiago Maldonado y Rafael Nahuel, son algunos de los elementos que entran en discusión en las políticas en materia de Derechos Humanos en este tiempo.

¿Qué rol tiene hoy en día la policía? ¿Cómo avanza sobre y en los barrios? ¿Qué rol juega el gobierno nacional en esta materia? ¿Y alrededor de los Derechos Humanos? ¿Hacia dónde vamos en materia de seguridad? Son algunas de las preguntas que se buscan responder los especialistas en el tema.

Los/as invitados/as a formar parte del panel abarcan entonces todos estos ejes y temáticas. El mismo contará con la presencia de César González, poeta y cineasta villero que luego de su paso por la cárcel busca problematizar y transformar los estigmas del pibe chorro desde el arte y la cultura. Por otra parte participará Esteban Rodriguez Alzueta, abogado del CIAJ y especialista en temas de seguridad y policía, autor de varios libros al respecto. Julián Axat, abogado y ex Defensor Penal Juvenil, actual responsable de ATAJO (Programa de Acceso Comunitario a la Justicia). Y por último Guadalupe Godoy, abogada en los juicios por crímenes de lesa humanidad de La Plata y militante de Derechos Humanos.

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Ningún Genocida Suelto

Casa Abierta “Néstor Kirchner” Berisso manifiesta su rechazo al fallo de la Corte Suprema de Justicia Argentina para beneficiar a los genocidas de la última dictadura cívico-militar.

Lo resuelto por el más alto Tribunal de Justicia, ignora la lucha de más de 40 años de los organismos de Derechos humanos como las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, de los Hijos y Familiares de los detenidos desaparecidos y de gran parte de la sociedad argentina, que han denunciado los delitos y atrocidades cometidas por los militares y cómplices civiles, desde los que secuestraron bebes, violaron, torturaron, asesinaron e hicieron desaparecer a 30.000 compatriotas para implementar un plan económico de exclusión y pobreza.

Se intenta convalidar la impunidad y el retroceso en las políticas de memoria, verdad y, en especial, de justicia. Políticas que se han manifestado con sentencias en juicios emblemáticos que han tenido trascendencia internacional.

Pretenden equiparar los delitos de “Lesa Humanidad” con los delitos comunes.

Repudiamos esta sentencia y convocamos a movilizarnos hoy a Plaza de Mayo desde el Parque Cívico de nuestra ciudad.

No a la Impunidad y la amnistía encubierta.

Memoria, Verdad y Justicia

Por los 30.000 compañeros detenidos desaparecidos – Presentes​ ​!!

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La Defensoría del Pueblo accionará contra la Corte Suprema por la “desestimación frente al tarifazo”

El Defensor del Pueblo de la provincia de Buenos Aires, Marcelo Honores, dialogó en Radio La Plata (FM 90.9) con motivo de la desestimación de la Corte Suprema de Justicia, a la institución como representante ciudadano en el fallo contra el tarifazo.

“La Defensoría intervino frente al tarifazo que estaban sufriendo los bonaerenses, porque esa es su función, la de sostener los derechos de todos los habitantes del territorio”, comentó Honores.

Al mismo tiempo que agregó que la Corte Suprema de Justicia, “mal interpretó la intervención” del organismo bonaerense y por esa razón “desestimo la demanda”, en desmedro de todos los bonaerenses.

Si bien, es cierto que el cargo de Defensor del Pueblo bonaerense está vacante, como sostiene el fallo judicial, Honores fue designado como interino hasta el nombramiento de un titular en el cargo. Concurso que debe hacerse a través de una reunión de la Bicameral del Senado provincial donde se designan los Defensores.

“Mi puesto esta abalado por el Senado de la Provincia y debo defender y garantizar los derechos de los habitantes”, sentenció Honores, quien está al frente del organismo desde el 2015.

Además, el abogado sostuvo que la intervención en el tema del tarifazo era necesaria porque el organismo, que está compuesto por áreas de trabajo específicas y profesionales adecuados, “está legitimado para ello”, remarcando que para la Corte debería “pesar más el derecho de los ciudadanos contra el tarifazo, que un formalismo que fue mal interpretado”.

Honores, también destacó “su petición” frente al Senado para que “se convoque un proceso de búsqueda” de un defensor oficial, agregando que su intención no es “perpetuarse en el cargo” sin consenso.

Para finalizar, el radical manifestó que “están analizando la presentación frente a un organismo internacional” (como la Corte Iberoamericana de Derechos Humanos) porque este fallo de la Corte Suprema “desestima a la institución” y su relación con la sociedad.

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«El fallo de la Corte contra el Tarifazo es un avance pero no es suficiente»

Christian Miño, presidente de la CNCT, expresó la postura de la CNCT con respecto al reciente fallo contra el tarifazo de gas.


Luego de conocerse el fallo de la Corte Suprema de Justicia, que puso un freno al tarifazo del Gas, las Cooperativas de Trabajo y Pymes expresaron su opinión favorable pero limitada, ya que solo se aplica a usuarios residenciales.

En este sentido, Christian Miño, presidente de la CNCT, expresó que «si bien el fallo es un avance, producto del rechazo popular, no es suficiente, porque deja afuera a un gran número de sujetos sociales a los que las subas indiscriminadas e irracionales los pone en la disyuntiva de trabajar para pagar las tarifas o para llevar alimento a sus hogares. Este es el caso por ejemplo de las cooperativas de trabajo y las pymes, que además venimos sufirendo la caída del consumo interno y el achicamiento de políticas públicas de fortalecimiento del sector».

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Heller lamentó que el fallo no alcance a «instituciones sociales, empresas en general y pymes en particular»

“Si bien para los usuarios residenciales resulta positiva la decisión de la Corte, el fallo lamentablemente no alcanza a los usuarios no residenciales”, opinó esta tarde el diputado nacional Carlos Heller (Partido Solidario), al ser consultado sobre el fallo de la Corte Suprema de Justicia en relación a las tarifas del gas.

Para el referente nacional del movimiento cooperativo, “los considerandos del fallo son interesantes y también deberían ser aplicados, conceptualmente, al resto de los usuarios, especialmente al sector denominado usuarios de la categoría SGP (pequeños consumos comerciales o industriales), los clubes e instituciones sociales, las empresas en general y las pymes en particular”.

Heller también observó que atendiendo que “la Corte Suprema recuerda el artículo 42 de la Constitución Nacional, que establece que las autoridades proveerán a la protección de los derechos de los usuarios, a la defensa de la competencia contra toda forma de distorsión de los mercados, al control de los monopolios naturales y legales, al de la calidad y eficiencia de los servicios públicos” deberían considerarse “insostenibles los aumentos a los usuarios no residenciales, que en el caso de las actividades productivas y comerciales, se trasladan a los precios de los bienes e insumos producidos”, más aún cuando el alto tribunal también sostiene que, conforme a dicho artículo, se debe incorporar como condición de validez jurídica “el criterio de gradualidad”.

Asimismo, el legislador manifestó que según los primeros cálculos conocidos, “el fallo de la CSJ alcanzaría a menos del 30% de los usuarios de gas (los residenciales), lo cual lleva a sostener la necesidad de una legislación de emergencia y protectiva para la categoría SGP, las pymes en general, las empresas de la economía social y solidaria, los clubes e instituciones sociales”.

“La cuestión principal, más allá de los esenciales mandatos constitucionales que sostiene la CSJ –consideró Heller-, está vinculada con la esencia de las políticas económicas y con las transferencias de ingresos y riquezas de los que menos tienen hacia los sectores más concentrados de la economía”. “Los aumentos tarifarios consisten en la decisión de hacer recaer el costo de elevados subsidios a la producción hidrocarburífera (cuya cuantía forma parte de otra discusión) hacia los usuarios de los servicios, generando un impacto altamente negativo en la economía y en la sociedad, tratando de reducir un déficit fiscal que fue incrementado, entre otros, por la reducción de las retenciones y de otras cargas tributarias, que benefician principalmente a los sectores más concentrados de la economía”, concluyó el diputado nacional por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

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Ensenada

Corte Bonaerense aprobó la creación de la planta de residuos en Punta Lara

Comenzó la cuenta regresiva para el cierre del relleno sanitario de Punta Lara: la CEAMSE adjudicó a una empresa privada la obra de construcción de una planta de Tratamiento Mecánico Biológico (TMB) que se instalará en Ensenada y recibirá más de 800 toneladas diarias de residuos de La Plata y las localidades de la región.

“La de TMB es una tecnología ya probada a nivel mundial. CEAMSE ya opera una planta así en la zona norte”, explicaron en el consorcio que integran la Nación, la Ciudad y el gobierno provincial y que es el encargado de la recolección y disposición final de los restos domiciliarios de toda el área metropolitana.

Más allá del inminente cierre del basural, acordado ante la Corte Suprema de Justicia, para este año, la CEAMSE deberá hacerse cargo por 50 años del tratamiento de gases y de líquidos para evitar daños y contaminación.

En cuanto al funcionamiento que tendrá la nueva Planta que tendrá que estar lista para Enero de 2017, explicaron que; la planta de TMB funcionará con este mecanismo: primero, la separación del “material voluminoso” (heladeras viejas, troncos). Luego, un sistema llamado “tromel”, que concentra el material orgánico y que representa casi la mitad de la basura que tiran los habitantes de las localidades La Plata, Berisso, Ensenada, Magdalena, Brandsen y Punta Indio. Eso se reutiliza en suelos. Sigue con separación de materiales livianos (que se transforman en combustible derivado de residuos para usar en hornos y cementeras) y más restos reciclables, en forma manual. Con el 25 % que queda se arman fardos para rellenar canteras.

La obra fue adjudicada a la empresa ARX Arcillex S.A, una de las tres que se presentaron a la licitación en agosto de 2015. Tiene una inversión de $ 200 millones.