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Estafa a la DGCyE: silencio en Berisso del peronismo y kirchnerismo ante un dirigente imputado

Esta semana tomó revuelo a ser arrestado funcionarios de la división Automotores de la Dirección General de Cultura y Educación (DGCyE) quienes obtuvieron millones de pesos con los que compraron yates, cuatriciclos, vehículos y motos de agua, entre otros objetos, a través de compras falsas con 600 tarjetas de débito. Entre los aprehendido se encontró un dirigente de Berisso afín al kirchnerismo y el PJ local.

Según publicó Clarín, “la banda de personal jerárquico del ministerio de Educación bonaerense que durante al menos ocho años desvió millones de pesos de fondos públicos. Hay dos detenidos, otros dos jefes implicados y al menos cinco personas más investigadas.

«Fue desarticulada tras varios allanamientos realizados por la Policía de la provincia de Buenos Aires, en de City Bell, Punta Lara, Berisso y La Plata”.

El Diario El Día comentó que el allanamiento en un predio de la localidad de El Dique en Ensenada, “entre pajonales y galpones oficiales en los que hay poco movimiento, autos, camionetas y camiones “carancheados”, se la arreglaron durante años para seguir moviéndose y quemar decenas de miles de litros de combustible. Nadie se dio cuenta, hasta el 24 de abril, de que los fantasmas no existen y que detrás de la cuenta que da alrededor de 25 millones de pesos en nafta y gasoil para vehículos dados de baja, había un fraude al Estado Provincial. Y un robo sistemático de dinero”.

Fuentes ligadas a la investigación, comenta Infobae, explicaron que las detenciones ocurrieron tras una serie de allanamientos que se hicieron en La Plata y Berisso, en los que se secuestraron los bienes, en la causa que instruye el fiscal penal de La Plata, Juan Cruz Condomí Alcorta (UFI n°16).

La causa se inició el 26 de abril, cuando la policía detuvo en un control policial a un hombre de 29 años identificado como Walter Cejas, quien trabajaba en una estación de servicio (Axion) situada en la calle 44 y 31 de La Plata.

El fiscal platense explicó que el hombre «se puso nervioso» y cuando se le requirió la documentación de la camioneta Grand Cherokee que conducía se le cayeron 15 tarjetas de débito y 50.000 pesos en efectivo.

Los efectivos policiales comprobaron que Cejas tenía tarjetas de débito Bapro Copres, que utilizan los organismos públicos para cargar combustible en vehículos oficiales y así llevar a cabo una millonaria estafa que afectó directamente al gobierno provincial.

Educación tiene 600 autos oficiales en total

La investigación se basa en 15 plásticos, pero no se descarta que pudiera extenderse a otras tarjetas. Durante los allanamientos del jueves aparecieron otras dos en uno de los domicilios y seis más, cortadas en pedazos, en otro. Por ahora, el fiscal no les sumó a la evidencia por considerar que se trata de “descartes” de la banda, según se indicó.

Imagen: Diario El Día

Modus Operandi

Al parecer, la banda operaba con más de 600 tarjetas de débito, con las cuales obtuvieron millones de pesos para comprar bienes que terminaron siendo personales y también para adquirir un flujo importante de efectivo.

Desde la investigación sospechan que en la malversación podrían estar involucrados también otros empleados de la estación de servicio, ya que un día después de la detención de Cejas se suicidó el encargado general de ese comercio, Maximiliano Normann, de 44 años.

A la semana siguiente, el 3 de mayo, Condomí Alcorta pidió 4 detenciones pero le fueron denegadas, explica El Día, hasta que este jueves, la jueza de garantías Marcela Garmendia autorizó el arresto del director de Servicios Generales, Néstor Osvaldo Casado; del subdirector de Transporte Terrestre, Horacio Mankowski; y los jefes del Departamento de Combustible y Automotores, Gustavo Chiramberro y Diego Burgos.

Las actuaciones contra los ilícitos

El procedimiento fue coordinado por efectivos de la Superintendencia de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas y Crimen Organizado dependiente del ministerio de Seguridad bonaerense.

La investigación recayó, entre otras personas, sobre el director de Servicios Generales, el subdirector de Transporte Terrestre, el jefe de Movilidad y el coordinador del área de Combustibles, todos ellos funcionarios de la Dirección General de Cultura y Educación.

Unos 300 mil pesos por mes, en promedio, durante 6 ó 7 años

Solo cayeron los últimos dos, ya que al director Casado y sub director Mankowski los ampara aún un pedido de eximición de prisión, todavía en proceso de evaluación.

En el pedido de detención que presentó el fiscal se imputa a esos cuatro sospechosos y a Cejas los delitos de asociación ilícita y malversación de caudales públicos.

En ese documento, al que pudo acceder este diario, define en el rol de coautor a los cinco. Esto es, sin jerarquías. La investigación está abierta, según las palabras de Condomí Alcorta, a la participación de “otras personas en las maniobras recaudatorias”.

«La maniobra viene desde 2014, según la investigación, por lo que se puede decir que es millonaria la malversación de caudales en perjuicio de la administración pública provincial», afirmó el fiscal. Ante la cantidad de dinero robado a través de este mecanismo, Condomí Alcorta solicitó que los bienes de los investigados sean embargados, hasta tanto se compruebe el monto total sustraído.

Entre lo secuestrado también se encontró un yate, un motor home, cuatriciclos, motos de agua, motos de alta cilindrada y automóviles, entre ellos varios de alta gama, y un arma. Asimismo se estima que los montos provenientes del erario provincial para dichas tarjetas ascendían en forma semanal desde 250.000 a 1.000.000 de pesos.

Cayó una banda de funcionarios públicos que estafaba al gobierno bonaerense con compras truchas 02
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Tras ser arrestados en sus domicilios, dos viviendas situadas en Gonnet y Villa del Plata con despliegue de metros y confort que sorprendieron a los investigadores, Chiramberro y Burgos fueron citados a declaración indagatoria.

Contra lo que suele suceder (normalmente las defensas se toman más tiempo para leer la causa y las pruebas en contra del detenido), ambos se sentaron ante Condomí Alcorta.

Una fuente de Tribunales contó que se declararon inocentes y señalaron como responsables de la millonaria estafa a los funcionarios de rango superior que, según la investigación, integran la gavilla. “Hablan de ambos, pero centralizan en Casado, que es el director del área. En contrapartida ellos dicen desconocer la maniobra y, por ejemplo, cómo es que se le asignaba plata a tarjetas de débito vinculadas a vehículos que estaban dados de baja”, indicó una fuente de Tribunales en relación con las declaraciones de Chiramberro y Burgos.

Las palabras no convencieron al fiscal de cambiar la dirección de las imputaciones. “Uno de ellos manejaba directamente las tarjetas. Hasta tenía la llave de la caja de seguridad donde se guardan, pero resulta que no sabe por qué corresponden a autos fuera de servicio”, dijo en tono sarcástico la fuente.

El fiscal ya cuenta con algunas actas de la cartera educativa, del periodo 2012-2019, donde consta la baja o donación de al menos 40 vehículos (2013).

En el mismo periodo de 7 años solo se dieron de baja 20 tarjetas de débito como las que emplean los choferes cuando van a reponer combustible a la estación de servicio.

Ritondo: «Esta banda delictiva que venía estafando al Estado provincial y de esta forma a los ciudadanos»

El ministro de Seguridad provincial, Cristian Ritondo, expresó: «El trabajo llevado adelante por el personal policial en esta investigación permitió desarmar esta banda delictiva que venía estafando al Estado provincial y de esta forma a los ciudadanos de la Provincia».

Las personas implicadas, desde los cargos que ocupaban, eran las encargadas de administrar, entregar y controlar el normal funcionamiento de las tarjetas desde donde se desviaban los fondos. Para la Justicia, esos hechos fueron practicados aproximadamente desde 2014, en forma organizada y planeada, con distribución de roles.

Mankowski, de funcionario municipal kirchnerista a aspirar controlar el SOEME de Balcedo intervenido

Horacio Makowski se desempeñaba como subsecretario jerárquico de Automotores del ministerio bonaerense de Educación hasta los allanamientos realizados en esta causa de estafa con tarjetas truchas, es hombre conocido en Berisso por desempeñarse como coordinador operativo del es programa «Argentina Trabaja» durante la gestión de Enrique Slezack, quien lo desvinculó tras su alineación en 2015 a la candidatura de Juan Ignacio Mincarelli para intendente del PJ – Frente para la Victoria.

El dirigente alineado al Partido Justicialista, es secretario General de la Agrupación 11 de Septiembre, y acompañó en las elecciones de 2017 a la Agrupación UNICA de los hermanos Mincarelli en la compulsa de las PASO y generales.

Además se desempeñó como presidente del Club Villa Paula, institución que usó políticamente para realizar reuniones políticas de ex director del Ministerio del Interior y Transporte, Juan Mincarelli. Mientras, es pública en sus redes sociales sus paseos de distintos viajes por Europa o playas brasileñas o su afición por la pesca embarcado en lancha, hoy incautada por la justicia.

En el 2018, tras la intervención judicial del gremio SOEME (Sindicato de Obreros y Empleados de Minoridad y Educación) y aprehensión de Marcelo Balcedo, Mankowski lanzó su agrupación gremial «Nueva Soeme Verde y Blanca«, desligándose de las investigaciones del exsecretario sindical detenido en Uruguay para candidatearse este año en agosto a las elecciones gremiales.

Tras los hechos, el SOEME intervenido se desligó de la estafa que investiga la Justicia, cuyo Cuerpo Colegiado expresó que “ninguna persona, ni bienes vinculados a la administración, ni a las autoridades del Sindicato están relacionadas con la mencionada causa judicial”. (Fuentes: Diario El Día, Clarín, Infobae, Infocielo, Mundo Gremial)

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Alertan sobre una nueva estafa de WhatsApp que te roba la cuenta: pueden ver todos tus mensajes

En diferentes países de la región se está denunciando una nueva modalidad de robo de cuentas de WhatsApp. Cómo funciona.

Autoridades policiales de la región están alertando sobre una modalidad delictiva que afecta a los usuarios de WhatsApp. Según informan, se está usando una modalidad que abusa del proceso de verificación de cuentas por SMS para tomar control de los usuarios de WhatsApp.

De acuerdo a la información que difundió el Ministerio del Interior del Uruguay, “las víctimas reciben un mensaje de texto desde un número extranjero del cual se envía un Código 991-210 y un Link» (que se ve así https://v.whatsapp.com/991210?s=1)

De inmediato reciben un mensaje de un contacto de WhatsApp para que “le reenvíe el código y después de unos segundos pierden el control de su WhatsApp a manos de quien envió el mensaje malicioso”.

“De ese modo se produce ‘un secuestro virtual’, en que la persona que ataca registra el número telefónico de la víctima en la aplicación de otro teléfono, accediendo a la sesión de WhatsApp pudiendo leer y enviar mensajes a su nombre, y acceder a grupos”, informó la secretaría de Estado.

Según medios del vecino país del Paraguay, ya son varias las denuncias. Diosnel Alarcón, jefe del Departamento de Cibercrimen de la Policía Nacional, en entrevista cradial confirmó el caso.

¿Cómo funciona?

Al momento de activar una cuenta nueva, WhatsApp envía un mensaje de texto al teléfono del usuario con un código de verificación de seis dígitos. Con dicho código la aplicación puede certificar que esa persona efectivamente posee el número de teléfono en su poder, lo cual da pie a que se pueda habilitar la cuenta para utilizar el servicio de mensajería.

Los ciberdelincuentes engañan a los usuarios y envían ellos, primero, un enlace de autenticación.

Como WhatsApp no autoriza el servicio de mensajería en más de un dispositivo, en ese momento el usuario real queda sin poder utilizar el servicio con su número de teléfono y el delincuente es el que finalmente tiene acceso.

Estas cuentas luego se usan para efectuar diferentes ataques o estafas digitales.

Forma de protegerse

En cuanto a la protección ante un ataque de este tipo de ataque, se indica que “si uno no se ha dado de alta recientemente, no ha solicitado código de verificación y recibe un mensaje con un código o enlace de verificación, nunca comparta ese código con nadie, ni haga click en ningún enlace, ya que de esta manera estará completando el proceso de alta del atacante”, expresaron las autoridades a medios locales.

Interpol Uruguay puso el caso en conocimiento de la Línea Verde 911 a efectos de informar a la población. (Infotechnology.com)

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Mega estafa en Berisso: «La punta del iceberg» del fraude a más de 500 trabajadores

El vienres último enn el programa radial «Abriendo La Agenda» que se emite por FM Difusión 98.1 de Berisso (Lunes a viernes de 7.30 a 9 hs), se contó la Causa Judicial que desencadenó en una investigación llevada adelante por la UFI nº11 a cargo del fiscal Dr. Álbaro Garganta y bajo las órdenes del Juez de Garantía nº4 a cargo del Dr. Juan Pablo Masi, donde por una denuncia de un damnificado se constata de una red criminal que se dedicó a defraudar con pagarés en blanco a más de 500 trabajadores de la región. Tras dar a luz en informe judicial, la producción del programa y de El Correo Gráfico fue amenazado por unos de los imputados del caso.

El hecho último se da luego que se lleva adelante en la última semana una serie de allanamientos en distintos domicilios de Berisso, La Plata y Ranelagh por parte de la DDI La Plata. Estos allanamiento se dio tras una causa iniciada por Federico Castaño, un damnificado de un embargo en la Justicia Comercial por un pagaré apócrifo ejecutado el 28 de diciembre de 2016.

Tras esperar la feria judicial, Castaño inicia los trámites judiciales para saber el por qué le están descontando más cerca del 20% de su sueldo presentándose en el Juzgado donde le embargaron parte de su sueldo.  quien lo demanda es identificado como Marcelo A. Sandi, de la ciudad de Berisso quien acusa a Castaño de adeudarle pagarés por sumas que van desde los 100.000 a 150.000 pesos.

A raíz de esto castaño y sus representados dan cuenta que en distintos juzgado civiles y comerciales,  Sandi tiene otros centenar demandas a  trabajadores con estabilidad económica y sueldos elevados y que sería parte de una organización dedicaría al fraude económico donde se encuentra un abogado de nombre Juan Manuel Rodríguez y un tercero que harían de testaferro, al igual que Sandi, de nombre Leonardo Ariel Vitale, entre otras personas domiciliadas en la ciudad de Berisso.

Tras esto realizan un cruzamiento los abogados de castaño de las distintas causas de demanda de pagos de pagarés apócrifos en la UFI nº11  a cargo de Álvaro Garganta (causa IPP nº7664/17), bajo las del Juez de Garantías nº4 a cargo de Juan Pablo Masi, donde sobresale haber realizados estas personas causas comerciales a más de 500 trabajadores de Berisso en su mayoría por una suma que supera los 22.000.000 de pesos en «prima facie», donde se harían con los intereses de embargo judicial en cuentas del Banco Provincia.

En el proceso de investigación el Juez Masi ordenó la semana pasada realizar una serie de allanamientos en 8 lugares distintos de Berisso, la Plata y Ranelagh por parte de la  DDI de La Plata en conjunto con la Comisaría Primera de Berisso, recolectando en esta causa documentación relevante tales como computadoras, teléfonos celulares, pagarés en blanco y firmados en divisa argentina y norteamericana;  a razón de ésto quedaron imputados los tres mencionados Rodríguez, Vitale y Sandi, mientras la investigación prosigue su curso judicial y de investigación en la fiscalía de turno.

Sobre ésta investigación judicial pesa la existencia de organización que por más de 5 años se dedica a este fraude a trabajadores de clase media y nonotributistas, como además oficiaban de prestamista por sumas inferiores a trabajadores municipales y/o cooperativistas de la ciudad de Berisso en donde la Justicia se encontraría trabajando e involucrará a más personas que sería parte afín a este ilícito.

Amenazas a este Medio

Tras la publicación radial de este informe basado en datos proporcioandos de fuentes judiciales cercana a la causa, unos de lso imputados, identificado como Marcelo Sandi realizó un llamado, no identificándose, a la Radio Difusión en donde este medio produce el progra  «Abreindo la agenda», denunciando realizar acciones legales correspondiente.

No quedando conforme conelllamado, el sujeto se acercó al estudio de FM Difusión en tono agresivo desmintiendo el informe realizado por una actuación Judicial donde se lo es mencionando y aseverando demandar a los medios y amenazó de muerte al productor, diciendo relaizar las denuncias correspondientes.

Tras este hecho, se realizó la denuncia correspondiente en la Comisaría Primera de Berisso por la seguridad integral y la producción de este medio estñá a dispocición de la Justicia de turno en ejercicio del derecho de informar sobre una causa judicial en donde más de 500 trabajadores están siendo víctimas de una red criminal.

Desde este medio se agradece a todos los trabajadores de prensa, medios, funcionarios y a todos los adherentes que se solidarizaron por este hecho bajo el derecho de informar.

Audio completo emitido en «Abriendo la Agenda»

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La Plata Política

Policía Comunal Platense: Amenazan con echar a quienes denuncien la «estafa» de @PabloBruera

El escándalo no cesa en la Policía Comunal que impulsa el intendente Pablo Bruera. Luego de que este medio denunciara un abrupto e injustificado recorte en el pago de las becas que reciben los integrantes de la fuerza, el Comisario y Director de Formación, Mario Camaño, los amenazó: “El que denuncia ante la prensa pierde el trabajo”.

El miércoles último, INFOPLATENSE hizo pública una denuncia de los integrantes de la Policía Comunal, quienes advirtieron que el secretario de Seguridad de la Municipalidad, Guillermo Escudero, con el aval del intendente Pablo Bruera, les recortó de 9 mil a 1.500 pesos el dinero a percibir durante los tres meses que dura la capacitación.

Tal y como se detalló, los 700 efectivos se encuentran hace dos meses realizando tareas de formación y capacitación, para lo cual el municipio se había comprometido a abonarles 3 mil pesos por mes con el objetivo de que puedan dedicarse en tiempo completo a su nuevo trabajo. Pero nada fue como se esperaba, y al cabo de los dos primeros meses, sólo les abonaron 1500 pesos y les informaron que difícilmente iban a cobrar el resto del dinero.

Esta situación, que causó una gran indignación y desolación entre los futuros oficiales de policía, fue denunciada por este medio como una gran “estafa” de parte del intendente Pablo Bruera, quien es el jefe máximo de la Policía Comunal.

Pero luego del escándalo generado con la denuncia, ahora el Comisario y Director de Formación de la Policía Comunal, Mario Camaño, se presentó ante los trabajadores y los amenazó con despedir “de inmediato” a quienes tengan diálogo con prensa y salgan a denunciar esta irregularidad en los pagos.

Nos dijo que si alguien habla con la prensa, pierde el trabajo”, explicó un joven que ingresó a la policía con la esperanza de poder formarse como persona, y se encontró con integrantes de “mafia organizada para delinquir y estafar”, según denunció en una conversación telefónica mantenida con este medio al hablar de los hermanos Bruera.

Vale recordar que ayer el concejal del Frente Renovador, José Arteaga, le reclamó públicamente al intendente Pablo Bruera que diera a conocer dónde habían sido destinados los millones de pesos que debían financiar el sueldo de los trabajadores.

Esto se debe a que la suma total prevista para saldar los sueldos de 3 mil pesos de los 700 agentes de la Policía Comunal durante los tres meses que dura la capacitación era de 6.300.000 pesos, pero con este recorte abrupto ejecutado por el Municipio, el gasto final será de 1.050.000 pesos, es decir que hay más de 5 millones de pesos que al día de hoy no se saben dónde están ya que no fueron destinados al pago de los sueldos.

INFOPLATENSE

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La Plata Política

Denuncian millonaria estafa de @PabloBruera a los integrantes de la Policía Comunal de #LaPlata

Los trabajadores que se están capacitando para integrar la futura Policía Comunal denunciaron que el intendente Pablo Bruera los estafó, ya que de los 9 mil pesos que debían cobrar por los tres meses de instrucción, les pagaron $1500 y no quieren darles el resto. Se movilizarán a las puertas del Municipio.

Los casi 700 trabajadores que desde hace dos meses se están capacitando para formar parte de la nueva Policía Comunal, denunciaron que hoy el secretario de Seguridad Comunal, Guillermo Escudero, los estafó con el aval del intendente Bruera.

Según denunciaron a INFOPLATENSE los agentes que se encuentra realizando las capacitaciones, el municipio se había comprometido con todos los inscriptos a pagarles 3 mil pesos por mes, lo cual al mismo tiempo está comprendido en la instrumentación de la Policía Comunal acordada junto al Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires.

De esta forma, los trabajadores debían cobrar a lo largo de los tres meses que dura la enseñanza, la suma total de 9 mil pesos. Pero si bien ya hace dos meses que iniciaron, recién hoy el municipio les entregó el primer pago, y fue con un sorpresivo e irrisorio recorte del 50%.

Escudero en persona fue el responsable de entregar los cheques de 1500 pesos a cada uno de los aspirantes a integrar la Policía Comunal, y según explicaron a este medio “nos avisó que pueden llegar a pagar otros 1500 pesos en enero, pero que el municipio no va a pagar los 9 mil pesos acordados inicialmente”.

La indignación y la desolación invadieron esta mañana a los trabajadores, que en la mayoría de los casos se habían anotado dejando atrás otro tipo de trabajos o changas que realizaban para mantener a sus familias vivir mes a mes.

“Yo vivía de mi sueldo, y ahora que renuncié para abocarme a ser Policía, me encuentro con que lo primero que hace el intendente es incumplir con su promesa y estafarnos, pagándonos sólo 1500 pesos en dos meses, cuando en verdad ya tendríamos que haber cobrado al menos 6 mil pesos”, explicó un trabajador que pidió reservar su identidad por miedo a represarías.

Según contaron los propios agentes a este medio, Escudero se hizo presente con los cheques de 1500 pesos -firmados por Pablo Oscar Bruera y la Jefa del Departamento de Tesorería, Marta Massei– y con algunos bolsones de ropa para entregarle la vestimenta oficial a unos 200 trabajadores, en tanto que argumentó el recorte salarial diciendo que “el municipio hizo una inversión y un esfuerzo enorme para pagar esta ayuda a los policías”.

En esa línea, se anticipó que si bien la gestión Bruera amenazó con expulsar de la fuerza a quienes realicen algún tipo de reclamo, los trabajadores se están organizando para marchar frente a las puertas del Palacio Municipal en caso de que no se termine de abonar “hasta el último peso” de lo pautado.

¿DÓNDE VA EL DINERO NO PAGADO?

La suma total prevista para saldar los sueldos de 3 mil pesos de los 700 agentes de la Policía Comunal durante los tres meses que dura la capacitación era de 6.300.000 pesos, pero con este recorte abrupto ejecutado por el Municipio, el gasto final será de 1.050.000 pesos, es decir que hay más de 5 millones de pesos que al día de hoy no se saben dónde están ya que no fueron destinados al pago de los sueldos.

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