La jueza de Garantías N°5 de La Plata, Marcela Garmendia, ordenó esta semana el cese inmediato por seis meses de toda obra, movimiento de suelo y apertura de calles en diez loteos irregulares de la ciudad. La medida golpea de lleno el entramado que investiga a Sol Vial, la constructora que en Berisso recibió contratos millonarios bajo la gestión del intendente Fabián Cagliardi y que hoy carga con una imputación por asociación ilícita en la megacausa de barrios cerrados ilegales «Garro Gate».
La resolución, dictada tras casi dos años sin imputaciones formales, incluyó además un duro cuestionamiento al fiscal Juan Cruz Condomí Alcorta, titular de la UFI N°16, a quien la jueza reprochó «demoras injustificadas» y «falta de impulso» procesal. Para Berisso, La Plata y Ensenada, la novedad reabre un frente que ya rozó al municipio berissense a través del vínculo entre Sol Vial Berisso y la familia Dadin.
Freno judicial a diez loteos y crítica al fiscal

Según pudo confirmarse, Garmendia hizo lugar a un pedido de medidas cautelares presentado por la Municipalidad de La Plata en octubre de 2024 y dispuso la acumulación de los expedientes que el fiscal mantenía tramitados por separado. En siete de las diecisiete páginas de su resolución, la jueza apuntó directamente contra Condomí Alcorta por no haber producido «auto de mérito alguno» pese al tiempo transcurrido.
«Entiendo que el análisis precedente constituye una exigencia del control de legalidad de la investigación, que debo cumplir en mi rol de Jueza Garante», sostuvo la magistrada en el fallo, según reprodujo el diario El Día.
Entre los investigados figuran el ex intendente platense Julio Garro, los ex funcionarios María José Botta, Marcelo Genoro, Luis Barbier y Nahuel Paradela (vicepresidente de Sol Vial), y los empresarios Ariel Bordigoni, Cecilia Mayocchi, Leandro Arrechea y Facundo Dadin, presidente de Sol Vial.
Imputación de Julio Garro en la investigación de barrios cerrados ilegales en La Plata
Los números de un fraude urbanístico

El relevamiento municipal en el que se apoya la causa dimensiona un daño que excede lo administrativo:
- 435 barrios y loteos ilegales o irregulares relevados en La Plata.
- 3.380 hectáreas comprometidas en la trama.
- 6.876 viviendas ya construidas sin infraestructura básica.
- 254 barrios asentados en zonas de peligrosidad hídrica media o alta.
- 165.000 personas que podrían haberse instalado en esos loteos.
- $700.000 millones de perjuicio económico estimado por la fiscalía, unos US$ 1.500 millones.
El mecanismo, según la investigación, consistía en paralizar expedientes técnicos que cumplían todos los requisitos hasta que los desarrolladores aceptaban contratar a Sol Vial para las obras viales y civiles, según reveló La Nación en marzo de 2025, cuando se imputó a Garro junto a otros siete acusados.
Adulteración de expedientes: el caso La Cañada

Uno de los hechos más gráficos de la causa es el del barrio La Cañada, en City Bell. Allí se detectó el reemplazo de fojas oficiales para inflar el costo de una rotonda vial: de $39.080.657 el 13 de julio de 2022 a $63.818.306 apenas 45 días después, un salto del 63,3% que benefició directamente a la empresa que hoy opera en Berisso. Los fondos, provenientes de la plusvalía urbanística destinada por ley a sectores vulnerables, terminaron financiando infraestructura de barrios privados.
El nexo con Berisso: Cagliardi, Dadin y los contratos de OPISU

El expediente platense no es ajeno a Berisso. Sol Vial Berisso es también el nombre que empezó a circular en el municipio desde que la constructora de Facundo Dadin ganó, por contratación directa y a través de OPISU, la construcción de tres playones deportivos por $325.143.079,03, un monto superior al presupuesto oficial de $302 millones.
El vínculo que despertó cuestionamientos éticos es familiar: Horacio «Pinito» Dadin, padre de Facundo, se desempeña como chofer municipal en Berisso y es descrito por fuentes locales como persona de máxima confianza del intendente Cagliardi.

A esa adjudicación se sumó, en marzo de 2026, la obra de calle 32, ganada por la UT Hidraco SA-Sol Vial SA con una oferta de $1.463 millones y un descuento del 36,62% que especialistas calificaron como una señal de presupuestos inflados. Sol Vial también obtuvo, sin licitación, contratos por más de dos millones de dólares en el Club Gimnasia y Esgrima La Plata para obras en el estadio y en Estancia Chica.
Un garante político de larga data

La investigación identifica a Aníbal Fernández como el nexo histórico que conecta a las partes: designó a Horacio Dadin en la Jefatura de Gabinete pese a que no reunía los requisitos mínimos, y mantiene vínculos políticos con Cagliardi, quien fue uno de sus financistas de campaña en 2015.
Los desarrolladores denunciaron condicionamientos
Según testimonios recogidos por la fiscalía, empresarios inmobiliarios que presentaron proyectos técnicamente completos vieron sus expedientes paralizados en despachos municipales hasta comprender que la vía de aprobación no era administrativa sino política. «Nos condicionaban a contratar a Sol Vial», declararon ante la investigación, en referencia al mecanismo que la fiscalía describe como un peaje empresarial impuesto desde la gestión municipal platense entre 2015 y 2023.
El fiscal Condomí Alcorta identificó reuniones informales, entre ellas encuentros en el country Grand Bell, donde se habrían definido los términos de esas contrataciones obligatorias antes de que los desarrollos privados obtuvieran luz verde. La existencia de esos encuentros forma parte del legajo que hoy la jueza Garmendia reclama profundizar, luego de constatar que la causa avanzó con un ritmo considerado insuficiente para la magnitud del perjuicio denunciado.
Impacto en Berisso, La Plata y Ensenada

Aunque el epicentro judicial es platense, el caso Sol Vial Berisso interpela directamente a los tres municipios de la región capital. En La Plata, la paralización cautelar afecta directamente a familias que ya habitan loteos sin cloacas, sin agua potable y sin transporte público suficiente. En Berisso, los contratos vigentes con la misma empresa alimentan el interrogante sobre si el municipio de Cagliardi revisará sus vínculos comerciales con una firma bajo imputación penal. En Ensenada, gobernada por Mario Secco, la conexión regional del entramado también generó cuestionamientos, dado que Sol Vial mantiene contrataciones directas en distintos puntos de la región capital sin pasar por licitaciones públicas competitivas.
La Municipalidad de La Plata, que impulsó la denuncia original en octubre de 2024, sostiene que la comercialización de parcelas sin aptitud urbanística generó «importantes perjuicios patrimoniales» para miles de familias que compraron de buena fe, según consignó InfoPlatense.
Riesgo político para la candidatura de Cagliardi desde 2025

El intendente de Berisso en 2025 confirmó que encabezaría la lista de candidatos a concejal por Fuerza Patria en las elecciones de septiembre de ese año. La evidencia de nepotismo y los vínculos con un empresario imputado por asociación ilícita y administración fraudulenta ensombrecen esa candidatura, en momentos en que el discurso oficial insiste en la austeridad presupuestaria frente a los recortes de coparticipación.
Para Facundo Dadin, presidente de una constructora que factura miles de millones de pesos pero figura ante el fisco como monotributista categoría F, la imputación en La Plata podría derivar en inhabilitación para operar en obra pública. Mientras tanto, miles de familias que compraron lotes en loteos irregulares permanecen en la incertidumbre jurídica de terrenos que no pueden escriturar.
¿Qué sigue en la causa?
La medida de Garmendia obliga a la fiscalía a reactivar una causa estancada, mientras Sol Vial amplía su presencia contractual en Berisso. Queda abierta la pregunta para los vecinos de la región: ¿alcanzará el freno judicial platense también a los contratos vigentes de la misma empresa en el municipio berissense?
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