Un conflicto que comenzó como una disputa vecinal por ruidos molestos escaló a un nivel de violencia extrema que ha conmocionado a la comunidad de Berisso. El pastor evangélico Juan Osman, líder de la iglesia Auditorio Altar, y su hija Paula Osman, enfrentan múltiples denuncias penales por amenazas de muerte y agresiones físicas contra vecinos, una funcionaria municipal y una sargento de policía. El caso, que involucra acusaciones de protección política por parte de la administración del intendente Fabián Cagliardi, expone profundas tensiones entre la libertad de culto y los derechos de los residentes a vivir en paz.
Violenta escalada: De quejas por ruido a amenazas de muerte
El epicentro del conflicto es la iglesia evangélica Auditorio Altar, ubicada en la calle 153 entre 9 y 10 de Berisso. Durante meses, los vecinos denunciaron de manera sistemática el volumen excesivo de los servicios religiosos, que se extendían hasta pasada la medianoche durante jueves, viernes, sábados y domingos. Sin embargo, la situación alcanzó un punto crítico el 1 de noviembre de 2025, cuando una simple solicitud para bajar el volumen de la música desencadenó un episodio de violencia descontrolada.
Según consta en las denuncias penales presentadas en la Comisaría Primera de Berisso, alrededor de las 15:38 horas de ese día, la abogada Lucía Merlano, vecina del templo, ingresó a la iglesia para solicitar amablemente que cerraran la puerta que daba a la calle para contener el estruendo. La respuesta fue una agresión brutal. Paula Osman, de 27 años e hija del pastor, se abalanzó sobre ella, intentando arrebatarle su teléfono celular mientras la amenazaba.
Las amenazas de muerte quedaron documentadas en las declaraciones testimoniales ante la policía. Según el testimonio de Merlano, durante el forcejeo escuchó frases como «A vos te voy a matar» y «a vos te pagaron para que hagas esto, paga el celular, te voy a matar». La denuncia penal señala que el pastor Juan Osman también participó en las amenazas.
La violencia no se detuvo con la primera víctima. La sargento Claudia Meza, de la Estación de Policía Departamental de Seguridad de Berisso, quien se encontraba presente en el lugar, también fue brutalmente atacada. En su declaración oficial, Meza relató que recibió dos golpes de puño en el rostro, y que Paula Osman la tomó por los cabellos, cayendo ambas al suelo durante la resistencia.
Las amenazas contra la oficial de policía fueron igualmente explícitas. Según su testimonio, escuchó: «ya vas a ver negra de mierda, yo te conozco, te voy a matar, dame el celular». El ataque a una agente de las fuerzas de seguridad en ejercicio de sus funciones elevó la gravedad del incidente de un conflicto vecinal a un desafío directo a la autoridad del Estado.
Funcionarios municipales También fueron víctimas
La violencia del 1 de noviembre alcanzó también a Gabriela Di Lorenzo, quien en ese momento se desempeñaba como Directora de Control Urbano Municipal de Berisso. Según las declaraciones testimoniales del vecino Mariano Sanpietro y reportes de El Correo Gráfico, Di Lorenzo fue agredida físicamente mientras intentaba intervenir en el incidente. Posteriormente, la funcionaria prestó su propia declaración sobre los hechos que presenció y sufrió.
Sanpietro, quien acudió a prestar auxilio, también fue víctima de las agresiones. En su denuncia, el vecino describió cómo las víctimas fueron arrastradas del cabello, golpeadas y arrojadas al suelo, requiriendo la intervención de una patrulla policial para resguardar su integridad física.
El catálogo de amenazas explícitas documentado en las denuncias incluye frases que revelan el nivel de intimidación ejercido:
- «Apaga el celular, te voy a matar»
- «Borra los videos o vas a ver lo que te pasa»
- «vos entraste a mi iglesia, te voy a matar, te vas a arrepentir»
- «te tenemos identificada, sabemos quiénes son y te vamos a matar»
- «Uds. no saben con quien se están metiendo, la van a pagar»
Estas declaraciones fueron incorporadas a la Causa N° 29/2025 «Osman Juan José S/Infracción al Art. 85 de la Ordenanza 1407/90», radicada en el Juzgado de Faltas N° 1, a cargo de la Jueza Dra. María Azul Lamoglie.
Antecedentes: Meses de denuncias ignoradas
La explosión de violencia del 1 de noviembre no fue un hecho aislado, sino la culminación de meses de reclamos vecinales sistemáticamente ignorados. Según una carta formal enviada al intendente Fabián Cagliardi el 16 de diciembre de 2025 por Jorge Drkos, propietario del inmueble donde funciona la iglesia, las quejas comenzaron en febrero de 2025.
El área de Control Urbano Municipal labró numerosas actas de inspección e infracción (N° 1806, 1809, 2101 y 2736), en las que se constató que los ruidos eran perceptibles a más de 50 metros del local, violando las ordenanzas vigentes. Esta documentación, junto con registros fílmicos, fue incorporada al expediente judicial que culminó en el Fallo N° 121/2025, actualmente apelado por el imputado.
Pero las quejas no se limitaban al ruido. Los vecinos denunciaron tácticas de intimidación sistemática que crearon un clima de temor en el barrio. Según el testimonio de Mariano Sanpietro y reportes de El Correo Gráfico, tras las denuncias iniciales, un grupo de hombres vestidos con mamelucos blancos de la Empresa AESA, liderados por el propio Juan Osman, recorrieron el vecindario golpeando puertas y gritando: «quienes son los que se metieron con el pastor».
Este acto de intimidación colectiva fue percibido por los residentes como una represalia directa y una advertencia para quienes continuaran con las denuncias. La presencia constante de vigilantes equipados con radios de comunicación contribuyó a crear un ambiente de tensión y vigilancia en el barrio.
Acusaciones de protección política
Los vecinos atribuyen la aparente impunidad del pastor Osman a una presunta protección política por parte de la administración del intendente Cagliardi. La principal acusación, reflejada en la investigación de El Correo Gráfico, apunta a un supuesto vínculo entre el gobierno municipal y el líder religioso.
Según el medio, Mauricio Giménez, Director Municipal de Culto, es también un influyente pastor evangélico que habría garantizado el voto evangélico para la candidatura de Cagliardi en las elecciones de 2019. Los denunciantes sostienen que esta conexión explicaría por qué los reclamos y las infracciones documentadas no tuvieron consecuencias efectivas durante meses. Además, llama la atención la extraña coincidencia de que el funcionario municipal trabajaba en el polo petroquímico de YPF, vinculado laboralmente con la empresa AESA, lo que podría haber influido en la falta de acción ante las denuncias de los hombres con mamelucos blancos mencionado por los vecinos.
La ironía de la situación es flagrante: el mismo departamento de Control Urbano que había constatado las infracciones repetidamente vio a su propia directora, Gabriela Di Lorenzo, ser agredida físicamente por los responsables de la iglesia. Dos semanas después del violento incidente, el 16 de noviembre de 2025, Di Lorenzo renunció oficialmente a su cargo.
Aunque la funcionaria aclaró en declaraciones a El Correo Gráfico que su dimisión respondió principalmente a «diferencias de criterio respecto a una habilitación comercial», el medio señaló que el choque con la iglesia fue un «catalizador» de la crisis. La secuencia temporal de los eventos —agresión física seguida de renuncia— envió un mensaje inquietante a la comunidad sobre el costo de confrontar a ciertos aliados del poder.
Medidas cautelares y respuesta judicial
Ante la gravedad de las amenazas de muerte y las agresiones documentadas, la UFIJ N° 17 dictó una medida cautelar con restricción perimetral para salvaguardar la integridad física de las víctimas. Esta orden judicial impide que Juan Osman y su hija Paula Osman puedan acercarse a las personas que denunciaron los hechos.
Las denuncias penales por lesiones y amenazas fueron radicadas en la Comisaría Primera de Berisso, dando inicio a una investigación formal que busca determinar responsabilidades penales. Paralelamente, el conflicto por ruidos molestos continúa su curso en el Juzgado de Faltas N° 1, donde ya existe un fallo condenatorio apelado por el pastor.
En la carta dirigida al intendente, el militante Jorge Drkos informó que ha iniciado acciones legales para rescindir el contrato de alquiler del local donde funciona la iglesia, y que llevará el reclamo a la Secretaría de Culto de la Nación.
La defensa del Pastor: Denuncia de persecución política
Frente a la avalancha de denuncias, el pastor Juan Osman ofreció su propia versión de los hechos a través de una publicación en sus redes sociales el 17 de diciembre de 2025. En su descargo, se presentó como víctima de una persecución política y una campaña de desprestigio.
Osman afirmó ser blanco de «mentiras y acusaciones falsas» y atribuyó el conflicto a su decisión de no alinearse con el poder político local: «por no estar o compartir en la política se me cierran las puertas». Como evidencia de esta supuesta persecución, enumeró una serie de eventos evangelísticos para los cuales, según él, se le suspendieron los permisos en distintos espacios públicos de la ciudad, como el Parque Cívico y el Gimnasio Municipal.
Sin embargo, la narrativa del pastor contiene una contradicción significativa. Según El Correo Gráfico, la notificación de que no contaba con autorización para el evento en el Parque Cívico le fue comunicada por el Director de Culto, Mauricio Giménez, el mismo funcionario que los vecinos señalan como su presunto protector político y nexo con el intendente. Esta inconsistencia debilita su argumento de persecución sistemática.
La versión de victimización del pastor contrasta fuertemente con la contundencia de las pruebas documentales: testimonios consistentes de múltiples víctimas —una abogada, una sargento de policía, una directora municipal y un vecino— que describen en sede judicial y policial agresiones físicas y amenazas de muerte explícitas.
Clima de terror en el barrio
En su carta al intendente, Jorge Drkos describe el clima de miedo y desesperación que viven los vecinos. «Los vecinos viven con miedo y desesperación quieren recuperar el derecho al descanso y a una vida sin amenazas», escribió. «Anhelan profundamente que Dios los ayude y que perdone al Pastor que ha amenazado de muerte a quienes habitan en la cercanía de su Iglesia».
La situación se repitió el domingo 14 de diciembre de 2025, cuando, según Drkos, en «una clara muestra de impunidad y de no respetar las mínimas normas de convivencia, volvieron a generar ruidos a volúmenes exageradamente altos», motivando nuevas denuncias vecinales.
El propietario del inmueble solicitó formalmente una reunión urgente con el Consejo Pastoral y el Director de Culto Municipal para exponer la problemática, recordando que en Berisso funcionan 48 iglesias evangélicas en armonía con la comunidad, lo que evidencia que el problema no es la fe sino las conductas específicas de esta congregación.
Un caso que expone tensiones institucionales
El conflicto desatado en este barrio de Berisso ha dejado de ser una simple disputa por ruidos molestos. Se ha convertido en un caso que expone profundas tensiones en la convivencia ciudadana y la capacidad de las instituciones municipales para hacer cumplir las ordenanzas de manera equitativa, sin importar los vínculos políticos o religiosos de los infractores.
La violencia física documentada contra cuatro personas —dos vecinos, una funcionaria municipal y una sargento de policía— junto con las amenazas de muerte explícitas registradas en múltiples testimonios oficiales, configuran un cuadro que trasciende ampliamente el ámbito de las infracciones administrativas. Las medidas cautelares dictadas por la fiscalía confirman que el sistema judicial ha tomado nota de la gravedad de la situación.
Mientras la justicia avanza para determinar las responsabilidades penales, los vecinos de la calle 153 entre 9 y 10 continúan viviendo en un estado de zozobra, esperando que las instituciones del Estado puedan garantizar su derecho al descanso y a una vida sin intimidación.
El caso plantea interrogantes fundamentales sobre los límites entre la libertad de culto —un derecho constitucionalmente protegido— y el derecho de los ciudadanos a vivir en paz, sin ruidos excesivos, sin amenazas y sin el temor de represalias violentas por ejercer legítimamente su derecho a la denuncia.
La respuesta de las autoridades municipales será determinante no solo para resolver este conflicto específico, sino para establecer un precedente sobre si todos los ciudadanos son iguales ante la ley o si existen privilegios derivados de alianzas políticas que permiten operar al margen de las normas de convivencia.
Según consta en los documentos judiciales y policiales que respaldan las denuncias, el miedo y la desesperación de los vecinos son palpables, especialmente cuando se acercan los fines de semana y temen nuevos episodios de música a volúmenes excesivos o la presencia de personas ajenas al lugar en actitudes intimidatorias.
Los incidentes han alterado la tranquilidad de un barrio caracterizado, hasta este conflicto, por su diversidad y respeto mutuo. Como expresó Drkos en su carta: «Los vecinos de esta comunidad no albergan odio en su accionar y no buscan censurar ni limitar la expresión de la fe», sino simplemente recuperar su derecho a vivir sin temor en su propio barrio.
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