La exdirectora de Control Urbano de Berisso, Gabriela Di Lorenzo, rompió el silencio tras su renuncia del pasado 16 de noviembre y aclaró los verdaderos motivos de su salida del gabinete del intendente Fabián Cagliardi.
En declaraciones exclusivas a ELCORREOGRÁFICO, la funcionaria desmintió versiones que circularon sobre su dimisión y ratificó que su decisión estuvo vinculada a «diferencias de criterio respecto a una habilitación comercial», al tiempo que defendió su actuación en el conflicto con la iglesia evangélica del pastor Juan Osman y reafirmó su compromiso político con la gestión municipal.
Di Lorenzo, quien era concejal en uso de licencia por Unión por la Patria y había asumido la dirección en noviembre de 2024, negó categóricamente que su renuncia estuviera motivada por una clausura específica o por conflictos personales con el intendente de Berisso. «Mis diferencias de criterio no son con él», enfatizó la exfuncionaria, quien adelantó que regresará al Concejo Deliberante para continuar trabajando junto al bloque oficialista.
La versión de Di Lorenzo: diferencias por una habilitación, no por clausura
Consultada específicamente sobre los motivos de su dimisión a la Dirección de Control Urbano, Di Lorenzo fue contundente al desmentir las versiones que vinculaban su salida con la clausura de un establecimiento comercial supuestamente ligado al intendente Cagliardi.
«Mi renuncia no es por una clausura y el local al que hacen mención no está ligado al intendente», afirmó la exfuncionaria, poniendo fin a una de las especulaciones más difundidas en medios locales y redes sociales. Sin embargo, reconoció que su salida sí tiene relación con un conflicto de criterios respecto a una habilitación comercial específica.
«Solo te voy a decir que mi renuncia responde a diferencia de criterio respecto a una habilitación comercial, y que ese lugar fue clausurado muchas veces y ha hecho caso omiso en ponerse a derecho», explicó Di Lorenzo, quien se negó a dar mayores detalles sobre el establecimiento en cuestión, aunque sí aclaró un dato clave que desmiente otra versión que circuló: «No queda para el lado del monte y no vende solo bebidas».
Esta declaración es particularmente relevante porque en las últimas semanas circuló con fuerza la versión de que su renuncia estaba vinculada a la negativa de habilitar un «mega negocio de bebidas» con beneficios impositivos excepcionales. Si bien Di Lorenzo no negó la existencia de diferencias respecto a una habilitación comercial, sus palabras sugieren que el caso específico que motivó su salida no coincide exactamente con las características del proyecto que fue mencionado en distintos medios.
La exdirectora de Control Urbano tampoco quiso profundizar sobre la naturaleza exacta del establecimiento ni sobre los motivos técnicos o políticos de la «diferencia de criterio» que la llevó a presentar su dimisión indeclinable. Lo que sí dejó en claro es que se trató de un local con antecedentes de clausuras y que, según su evaluación, no había regularizado su situación a pesar de las múltiples oportunidades que tuvo para hacerlo.
El conflicto con la iglesia evangélica: «La denuncia penal no la hice yo»
Uno de los episodios que generó mayor controversia en torno a la renuncia de Di Lorenzo fue el supuesto conflicto con una institución religiosa, específicamente la iglesia evangélica ubicada en calle Unión, dirigida por el pastor Juan Osman. Algunas versiones señalaron que este incidente habría sido el detonante final que precipitó su salida del gabinete.
Sin embargo, Di Lorenzo brindó una versión detallada de los hechos que desmiente varios de los rumores que circularon y pone el foco en las denuncias de los vecinos por ruidos molestos y en un episodio de violencia física que involucró a una vecina y a ella misma.
«Respecto al señor Osman, he hecho todo lo que me correspondía hacer y las actuaciones elevadas al Juzgado de Faltas 1, allí está la decisión», explicó la exfuncionaria, dejando en claro que su actuación se enmarcó dentro de las competencias legales de su cargo y que la resolución del caso ahora está en manos de la Justicia.
Sobre la denuncia penal que circuló como uno de los motivos del conflicto, Di Lorenzo fue tajante al aclarar que no fue ella quien la presentó: «La denuncia penal no la hice yo, la hizo la vecina que fue golpeada y yo hice una declaración testimonial respecto a esa denuncia porque también fui agredida. Como lo hicieron dos vecinos más. Los vecinos te lo pueden confirmar también».
Esta declaración es clave porque desmiente la versión de que Di Lorenzo habría tomado una iniciativa personal contra la institución religiosa, cuando en realidad su intervención se produjo en el marco de una denuncia vecinal por ruidos molestos y posteriormente como testigo de un episodio de agresión física que involucró tanto a una vecina como a ella misma.
La exdirectora de Control Urbano también reveló que el conflicto con esta iglesia evangélica no es un hecho aislado, sino que responde a un historial de problemas con la comunidad en distintas ubicaciones de Berisso: «Los vecinos tienen mucho miedo. El pastor se enoja con todos. Ya tuvo problemas vecinales cuando estuvo en calle 8 y 148 y cuando estuvo en 30 y 164. Es con la única iglesia evangélica que hubo conflicto».
Estas palabras son particularmente significativas porque contextualizan el episodio como parte de una problemática más amplia de convivencia vecinal y no como un ataque personal o ideológico contra una institución religiosa. Di Lorenzo dejó en claro que su gestión nunca tuvo conflictos con otras iglesias evangélicas de la ciudad, lo que refuerza su argumento de que el problema no era de naturaleza confesional sino vinculado específicamente a las denuncias de los vecinos de esa zona.
«Seguiré trabajando con el intendente»: Di Lorenzo ratifica su compromiso político
Una de las preguntas más importantes que quedaban pendientes tras la renuncia era cuál sería el futuro político de Gabriela Di Lorenzo y si su salida del Ejecutivo implicaba una ruptura con el intendente Fabián Cagliardi y el oficialismo de Berisso.
En este punto, las declaraciones de la exfuncionaria fueron claras y contundentes. Consultada sobre su regreso al Concejo Deliberante, Di Lorenzo confirmó que retomará su banca legislativa pero ratificó su lealtad política al proyecto de gobierno: «Respecto al Concejo, aún no he vuelto. Pero no hay dudas que seguiré trabajando fuerte con nuestro bloque manteniendo mi compromiso con el intendente. Mis diferencias de criterio no son con él».
Esta declaración es fundamental para entender la naturaleza de la crisis que derivó en su renuncia. Di Lorenzo deja en claro que su salida no responde a un quiebre político con el intendente Cagliardi ni con el proyecto de Unión por la Patria en Berisso, sino a diferencias técnicas o de criterio respecto a decisiones específicas vinculadas a habilitaciones comerciales.
Al afirmar que «mis diferencias de criterio no son con él», Di Lorenzo desvincula directamente al intendente de la decisión puntual que motivó su dimisión, sugiriendo que las presiones o los desacuerdos podrían haber provenido de otros sectores dentro de la gestión municipal o de intereses externos al gobierno.
Esta postura también tiene implicancias políticas importantes de cara al funcionamiento del Concejo Deliberante de Berisso. Si Di Lorenzo retoma su banca manteniendo su compromiso con el bloque oficialista, su voto continuará siendo clave para la gobernabilidad del intendente Cagliardi, aunque su nuevo rol legislativo le permitirá ejercer un mayor grado de independencia en temas específicos donde considere que debe marcar diferencias.
El contexto político: una crisis que sigue generando especulaciones
Las declaraciones de Gabriela Di Lorenzo buscan poner fin a las múltiples versiones que circularon en las últimas semanas sobre los motivos de su renuncia, pero también abren nuevos interrogantes sobre la dinámica interna de la gestión municipal y sobre los conflictos de intereses que atraviesan la política en Berisso.
Si bien la exfuncionaria desmintió que su salida estuviera vinculada a un «mega negocio» específico ubicado «del lado del monte» y que vendiera solo bebidas, sí reconoció que existieron «diferencias de criterio respecto a una habilitación comercial». Esta admisión confirma que efectivamente hubo un conflicto relacionado con la autorización de un establecimiento comercial, aunque las características del mismo no coincidan exactamente con las versiones que circularon.
La pregunta que queda flotando es: ¿Quién o quiénes presionaron para que se otorgara esa habilitación comercial que Di Lorenzo consideraba inapropiada? ¿Se trataba de presiones provenientes de sectores del oficialismo, de intereses empresariales o de una combinación de ambos?
Di Lorenzo fue cuidadosa en sus declaraciones y evitó señalar responsables directos, limitándose a aclarar que sus diferencias no son con el intendente Cagliardi. Sin embargo, el hecho de que haya presentado una renuncia indeclinable en lugar de buscar una solución negociada sugiere que las presiones fueron lo suficientemente fuertes como para hacer insostenible su permanencia en el cargo.
La postura de la Cámara de Comercio: un dato que sigue siendo relevante
Aunque Di Lorenzo no mencionó específicamente en sus declaraciones a la Cámara de Comercio de Berisso, es un hecho público y notorio que la exfuncionaria mantiene un estrecho vínculo con ese sector. Tal como se informó en distintos medios locales, tras la renuncia de Di Lorenzo, el Ejecutivo municipal habría ofrecido el cargo de Director de Control Urbano a otros miembros de la Cámara de Comercio, quienes rechazaron la propuesta.
Este rechazo colectivo del sector comercial a asumir la dirección del área es un dato que no puede pasarse por alto al analizar la crisis. Si varios referentes comerciales declinaron hacerse cargo de Control Urbano, es porque evidentemente comparten la postura de Di Lorenzo respecto a que ciertas habilitaciones comerciales no deben otorgarse si implican condiciones de privilegio que afecten la competencia leal en el mercado local.
En ese sentido, aunque Di Lorenzo no profundizó sobre los detalles técnicos de la «diferencia de criterio» que motivó su renuncia, sus declaraciones son consistentes con la postura histórica de la Cámara de Comercio de exigir «igualdad de condiciones» para todos los establecimientos comerciales de Berisso.
Las implicancias para la gestión Cagliardi
La renuncia de Gabriela Di Lorenzo y sus posteriores aclaraciones tienen importantes implicancias para la gestión del intendente Fabián Cagliardi. Por un lado, el hecho de que la exfuncionaria haya ratificado públicamente su compromiso político con el intendente y con el bloque oficialista es una señal positiva para la estabilidad del gobierno, ya que evita una fractura interna que podría haber sido mucho más costosa políticamente.
Sin embargo, la crisis también deja al descubierto las tensiones que atraviesan el gobierno municipal en torno a las habilitaciones comerciales y al rol que deben jugar las autoridades de Control Urbano frente a las presiones de intereses sectoriales. El hecho de que una funcionaria con experiencia y legitimidad política como Di Lorenzo haya optado por renunciar antes que ceder en sus criterios técnicos es un indicador de que estas tensiones son profundas y no se resolverán fácilmente.
La Dirección de Control Urbano continúa acéfala mientras el intendente Cagliardi evalúa quién asumirá la conducción de un área que regula desde habilitaciones comerciales hasta la nocturnidad y que coordina operativos de seguridad. La designación del sucesor o sucesora será una decisión clave que marcará el rumbo de la política comercial del municipio y que será observada de cerca tanto por el sector empresarial como por el resto de la comunidad.
El desafío de la transparencia
Más allá de las explicaciones brindadas por Gabriela Di Lorenzo, la crisis en torno a su renuncia plantea un desafío más amplio en términos de transparencia y rendición de cuentas en la gestión pública. Los vecinos de Berisso tienen derecho a conocer con mayor precisión cuáles fueron las razones técnicas y políticas que llevaron a la salida de una funcionaria clave del gabinete.
Si efectivamente existieron presiones para otorgar una habilitación comercial que no cumplía con los requisitos correspondientes, es fundamental que la ciudadanía conozca los detalles del caso para poder evaluar si las decisiones de las autoridades municipales están siendo tomadas en función del interés público o de intereses sectoriales.
En ese sentido, las declaraciones de Di Lorenzo, aunque aclaran varios puntos importantes, también dejan abiertos interrogantes que deberían ser respondidos por las autoridades municipales con la mayor transparencia posible. ¿Cuál es el establecimiento comercial que motivó la «diferencia de criterio»? ¿Cuáles fueron las razones técnicas por las que Di Lorenzo consideraba que no debía habilitarse? ¿Quiénes presionaron para que se otorgara esa habilitación?
Estas preguntas no son menores y su respuesta es fundamental para garantizar que las decisiones sobre habilitaciones comerciales en Berisso se tomen con criterios claros, equitativos y en función del bienestar de toda la comunidad.
Una crisis que deja lecciones
Las declaraciones de Gabriela Di Lorenzo aportan claridad sobre varios aspectos de su renuncia a la Dirección de Control Urbano de Berisso, pero también confirman que efectivamente existió un conflicto de fondo vinculado a habilitaciones comerciales y a diferencias de criterio sobre cómo debe regularse la actividad económica en el municipio.
Su decisión de renunciar antes que ceder en sus convicciones técnicas y su compromiso de continuar trabajando políticamente junto al intendente Cagliardi desde el Concejo Deliberante la posicionan como una figura que prioriza la coherencia por sobre la comodidad del cargo. Al mismo tiempo, su salida deja al descubierto las tensiones estructurales que atraviesan la gestión municipal cuando los intereses sectoriales chocan con los criterios de la función pública.
El desafío ahora está en manos del intendente Fabián Cagliardi: encontrar un sucesor o sucesora para Control Urbano que pueda manejar con equilibrio las presiones internas y externas, y garantizar que las decisiones sobre habilitaciones comerciales se tomen con transparencia y en función del bien común de todos los vecinos de Berisso.
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