El miércoles 3 de junio de 2026, el Honorable Concejo Deliberante de Berisso se convirtió en caja de resonancia de una de las maniobras municipales más escandalosas de los últimos años. Once concejales —diez del bloque PJ-Unión por la Patria y el edil Daniel del Curto de Unión, Renovación y Fe— votaron a favor de la aprobación del Expediente N° 4012-2741/26, que autoriza a la Subsecretaría de Hábitat y Vivienda a adquirir la Parcela 1392C, Circunscripción VII, Partida Inmobiliaria 27108 (114) en la zona costera de Palo Blanco por la suma de $1.400.000.
Nueve concejales de la oposición votaron en contra. El resultado dejó expuesta, una vez más, la capacidad del oficialismo de la gestión del intendente Fabián Cagliardi para instrumentalizar el cuerpo legislativo en beneficio de una operación que la propia Justicia penal ya había calificado como construida sobre acusaciones falsas.
El voto del 3 de junio no ocurre en el vacío. Es el último eslabón de una cadena de hechos que comenzó el 29 de octubre de 2024 y que ELCORREOGRÁFICO ha tenido acceso al expediente aprobado en exclusividad. Lo que el oficialismo presentó como una adquisición en defensa del «interés público» y la «preservación ambiental» es, en los hechos, la consumación institucional de un despojo que la justicia ya repudió pero que el bloque peronista decidió legitimar de todos modos desde el recinto legislativo.
La aprobación que no debería haber ocurrido
Para entender la gravedad del voto del 3 de junio, es indispensable recordar lo que la resolución judicial del 14 de julio de 2025 estableció con contundencia: Gabriel Ángel Ramallo Serrano no cometió delito alguno. El sobreseimiento definitivo dictado por la Justicia Penal de la Provincia de Buenos Aires en la causa «Ramallo Serrano, Gabriel Ángel s/Hurto» comprobó la «inexistencia de conducta delictiva alguna» y reveló que el tráiler municipal que supuestamente había sido robado había sido colocado por la propia Municipalidad de Berisso en el predio de Ramallo, con su consentimiento expreso, para protegerlo del vandalismo costero. En otras palabras: la denuncia que desencadenó el operativo de octubre de 2024 fue un montaje.
Sobreseimiento de Gabriel Ramallo expone graves irregularidades en la gestión de Cagliardi
Justicia otorga suspensión de juicio a Gabriel Ramallo por tenencia de armas heredadas
Detención y polémico desalojo en Berisso: el caso que sacude a Palo Blanco
Con ese fallo judicial como antecedente insoslayable, los once concejales que el miércoles aprobaron sin modificaciones la compra del terreno decidieron ignorar que la premisa que justificó todo el accionar municipal en Palo Blanco había sido destruida en sede judicial.
Los 11 ediles aprobaron una adquisición sustentada en un argumento que, según fuentes legislativas consultadas por este medio, implicó una grave omisión ante el juez de la quiebra del Banco Crédito Provincial (BCP): la municipalidad habría presentado fotografías que solo mostraban vegetación para argumentar que el terreno estaba desocupado, ocultando deliberadamente la posesión histórica de más de cuarenta años ejercida por la familia Ramallo.
La familia que no existe para el expediente
La Parcela 1392C tiene 23.083 metros cuadrados ubicados sobre el Camino Palo Blanco y la playa del Río de la Plata. El lote perteneció originalmente a América Cardile de Sabatini según el registro catastral de 1963 y su titular registral es el extinto Banco Crédito Provincial, en proceso de quiebra desde 1997.
sobre ese suelo, desde la década de 1970, la familia Ramallo construyó su historia: fue su madre Virginia quien compró el predio que habitó y que en ese entonces pertenecía a Mario Pompemeyer, trabajador del emblemático frigorífico Swift, y allí nació y se crió Gabriel Ramallo, consolidando lo que el derecho civil argentino reconoce como una posesión pública, pacífica, continua y con ánimo de dueño susceptible de usucapión veinteañal, un proceso que la familia ya tenía en trámite judicial al momento de la demolición.
«Gabi ha cuidado el pasto que protege la arena y ha plantado cada árbol que ven. La playa está en este estado gracias a su dedicación», declararon vecinos ante el cuerpo deliberativo en la sesión de noviembre de 2024. La hija del vecino, Gabriela Ramallo, fue aún más directa ante los ediles: «Mi papá, con casi 70 años, estuvo una semana encerrado en una jaula, siendo una persona libre y feliz que no molestaba a nadie. No podemos entender el daño que nos ocasionaron. Esto no es solo una vivienda, es historia. Lo que hicieron fue un atropello terrible».
Esa historia, ese arraigo y esa posesión documentada brillaron por su ausencia en el Expediente N° 4012-2741/26 que once concejales aprobaron esta semana.
60 pesos: El precio de una «ganga» municipal
Las tasaciones presentadas ante el juez de la quiebra por la Subsecretaría de Tierra, Vivienda y Hábitat, a cargo del funcionario Adrián Risculese, arrojan una contradicción que desafía cualquier lectura de buena fe. El martillero Gustavo César Marini valuó el inmueble en $1.300.000 en febrero de 2026. Su colega Marcelo Edmundo Aguirre lo tasó en $1.500.000 pero incluyó en su informe una observación que resultó convenientísima para la operación: el terreno sería «anegadizo, zona inundable» y quedaría «bajo el agua en tres años».
Con esa descripción catastrófica de por medio, la compra directa por $1.400.000 —equivalente a aproximadamente $60 por metro cuadrado de los 23083 del lote— fue habilitada judicialmente como adquisición de un activo de «escaso valor económico relevante».
La contradicción es atroz: el mismo Estado que declaró ante el juez que esa tierra no valía nada porque sería cubierta por el Río de la Plata, desplegó maquinaria «de guerra» para arrebatársela a sus poseedores históricos y luego la adquirió con urgencia y en efectivo. “Hablan del gobierno nacional, de los recortes, pero acá en Berisso motosierra no, topadora sí”, sintetizó un productor local amigo de los Ramallo, cuya frase quedó grabada en las actas del Concejo el año pasado.
Si la tierra realmente valiera tan poco, el operativo del 2024 habría sido absurdo. Si el operativo fue real y deliberado, la tasación es fraudulenta.
Los ediles que dijeron sí
La votación del 3 de junio expone, además, una fractura política de consecuencias imprevisibles para el PJ-UxP de cara al ciclo electoral 2027. Los diez concejales del bloque oficialista sumaron al edil Del Curto para alcanzar la mayoría de once, mientras que los nueve votos de la oposición —integrada por La Libertad Avanza, la UCR-AMUBE y Juntos por el Diálogo Federal— que se atuvieron de emitirlo resultaron insuficientes para frenar la aprobación.
Entre los antecedentes que pesan sobre este voto se cuenta el pedido de informes aprobado por unanimidad en noviembre de 2024: la gestión Cagliardi jamás respondió el requerimiento dentro del plazo legal de 72 horas ni con posterioridad. El Concejo exigió transparencia; el Ejecutivo respondió con silencio. Y el mismo Concejo, bajo el mismo bloque mayoritario, acaba de recompensar ese silencio con una aprobación sin modificaciones.
Mientras el bloque oficialista blindaba al intendente en el recinto, la Subsecretaría de Tierra, Vivienda y Hábitat, conducida por Adrián Risculese, avanzaba en la adquisición de la Parcela 1392 C mediante la figura de venta directa dentro del proceso falencial.
El argumento presentado ante el juez de la quiebra fue, según fuentes con acceso al expediente, tan burdo como efectivo: se exhibieron fotografías que solo mostraban vegetación, alegando que el terreno «carece de construcción» y que allí «no vive nadie», cuando en la cartografía oficial de ARBA la imagen satelital da cuenta de los techos de la vivienda en la parcela. Cuatro décadas de historia familiar, con actos materiales ininterrumpidos de habitación y mantenimiento, fueron borrados con una carpeta de fotos convenientes.
El ex concejal y actual secretario de Seguridad Gabriel Marotte, hombre fuerte del bloque de Cagliardi, defendió las acciones del Ejecutivo argumentando que el conflicto no involucraba las tierras de la familia sino una parcela vinculada a la quiebra del Banco Crédito Provincial. «Tuve reuniones con el señor Ramallo y le he perjurado que jamás nos íbamos a meter en sus parcelas», afirmó ante sus pares y que el municipio «respeta la propiedad privada», según consignó FM Tres Ciudades. Los hechos posteriores convirtieron esa promesa en papel mojado, ya que el oficialismo sumado a del Curto votó exactamente lo contrario: la adquisición institucional del terreno cuya historia familiar y cuya posesión histórica son precisamente el corazón del conflicto.
Una denuncia penal abierta y funcionarios que escudados con fueros
El escenario no se agota en el Concejo. Sobre el intendente Cagliardi, el exsecretario de Seguridad y actual concejal Federico Ruiz y los comisarios José Mezza y Leonardo Gallo pesa la denuncia penal PP N° 06-067961-24/00 radicada en la UFI N° 1 por presunta corrupción, abuso de autoridad y connivencia policial-municipal. La demolición del 29 de octubre de 2024 fue ejecutada sin orden judicial de desalojo específica; el propio personal policial presente en el operativo, según testimonios incorporados a la investigación, habría manifestado que «esto está mal, esto es ilegal». Ese episodio es hoy materia de investigación formal.
Que funcionarios bajo investigación penal hayan continuado gestionando la adquisición de la misma tierra que fue el objeto del presunto despojo, y que el Concejo haya convalidado esa gestión con once votos el 3 de junio de 2026, constituye un dato político de primera magnitud para la Región Capital. La justicia ha restituido el honor de Gabriel Ramallo. Pero las topadoras fueron detenidas por vecinos y amigos para no demoler su vivienda, el kiosco que era su sustento y cuatro décadas de historia familiar. Ninguna ordenanza puede deshacer de quien nació en su terruño.
Sigue el canal de noticias de El Correo Gráfico en WhatsApp y mantente al día con las últimas novedades. ¡No te pierdas ninguna actualización!
Descubre más desde ELCORREOGRÁFICO
Suscríbete y recibe las últimas entradas en tu correo electrónico.