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Apagón de La Plata: Edelap sigue prestando un mal servicio y las sanciones fueron «vergonzosas»

El ex director de Asuntos Legales y ex miembro del Directorio de EDELAP SA, el abogado Marcelo Szelagowski, señaló que “transcurrido ya un año del gran apagón que perjudicó al menos a 120.000 personas, la empresa distribuidora de energía eléctrica de la región del Gran La Plata sigue prestando “un vergonzoso servicio con deficientes parámetros de calidad” y que esto se debe en gran medida a “EDELAP S.A. no fue debidamente sancionada por no tomar las previsiones y efectuado las inversiones para que el apagón jamás sucediera. Ninguna inversión relevante realizó en los diez años anteriores al hecho, y sigue sin hacerlas”.

Y afirmó además: “Hoy en día, EDELAP S.A sigue impune a pesar del gran daño que le generó a miles de usuarios” y reiteró sus críticas al señalar que “actualmente la vieja Segba parece una empresa del primer mundo al lado de esta payasada”.

Por otra parte, el letrado y ex directivo de la empresa, mostró optimismo por el rechazo de la medida cautelar que solicitara EDELAP S.A. ante el Juzgado Contencioso Administrativo Nro. 4 de nuestra ciudad, donde la Dra. María Ventura Martínez “acertadamente rechazó la acción interpuesta por la empresa que sostuvo que el pago de la multa impuesta por el OCEBA de $ 203.647.464,86 con destino a los futuros consumos de los usuarios damnificados, ‘pone en juego la prestación del servicio público que la misma presta’”.

Szelagowski también afirmó: “Lo cierto es que la resolución del OCEBA 279/2019 fue más que benigna en su momento, una multa ‘despreciable’ frente a los daños causados y por sobre todo la irresponsabilidad y falta de diligencia y previsión que siguen demostrando día a día EDELAP, por un estrago culposo que justificaba y justifica con holgura la pérdida de la Concesión”.

Y sentenció: “Hoy el servicio público esencial sigue en manos de una compañía irresponsable, que sigue mandando facturas ‘estimadas’ y cobrando consumos inexistentes imposibles de impugnar, sumas que jamás serán recuperadas; así las cosas comercios vacíos con consumo casi de “0 kw/h pagan sumas equivalentes a las del mismo período del año anterior, frente a un OCEBA que parece ser víctima del “gatopardismo” donde nada ha cambiado.

Szelagowski resaltó la gravedad de lo ocurrido al recordar que “EDELAP presentó los planes operativos de emergencia 2017 y 2018 y no consta al tiempo de su presentación documento alguno referido a la criticidad del abastecimiento de la Subestacón City Bell, habida cuenta el conocimiento que tenía la inoperatividad del cable subterráneo 230 de EDESUR, dicho en términos sencillos, los Directores de EDELAP S.A. conocían que el cable estaba cortado y nada hicieron, pero la verdad es mucho más grave: hace 40 años City Bell, el Oeste de City Bell y Villa Elisa eran quintas de fin de semana y quintas de horticultores, pero hoy viven miles de familias con carácter permanente.”

Según el exdirectivo de la compañía, el crecimiento demográfico y la expansión urbana de la ciudad “debieron ser acompañados por la construcción de una subestación en Villa Elisa y otra en Gonnet para el abastecimiento de la zona, y esto no se realizó.”

Según el abogado, «las sanciones aplicadas en su momento por el gobierno provincial fueron ‘vergonzosas’ dada la relación de los gobernantes de entonces con los mismos grupos económicos dueños de la generación y la distribución, minimizando la falla que derivó en el apagón, que se debió a la grave falta de inversión y a la ‘grosera ausencia’ de los organismos de control, por lo que sigue ameritando quitarle la concesión a la empresa».

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El sindicato de trabajadores administrativos de Energía van al paro el 16/1

A raíz de la actitud persistente de las empresas que se niegan a efectuar la recomposición salarial pactada en la paritaria 2018, la Asamblea General de Representantes junto con la Comisión Directiva de APSEE (Asociación del Personal Superior de Empresas de Energía) definieron realizar un paro de actividades el 16 de enero.

El encuentro se llevó a cabo y por unanimidad se resolvió, además, continuar con la no realización de la extensión de la jornada laboral. En referencia a este tema, el secretario general de APSEE, Carlos Minucci, afirmó: “Los trabajadores tenemos vocación de diálogo, pero también de lucha, y bajo ningún concepto podemos aceptar que se nos cercenen los derechos”.

A su vez, recordó que desde el inicio de las negociaciones, el gremio intentó evitar tomar medidas drásticas, pero ante la falta de respuesta “por vía democrática y con el aval de todo el cuerpo de representantes, se llegó a esta decisión”, explicó el dirigente.

En esa línea, el reclamo de APSEE se enfoca no sólo en garantizar los derechos laborales de los trabajadores, sino también en la defensa del servicio público. Al respecto, Minucci aseguró: “Sabemos que la energía eléctrica es un servicio fundamental y no queremos afectar al usuario, que es quien también está sufriendo la falta de inversiones de las empresas. Pero llegamos a un punto crítico que, en definitiva, también encubre un intento de flexibilización y disciplinamiento, que no vamos a permitir”.

 

 

 

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El ajuste que apura Macri, eje del foro de intendentes de Cambiemos

El subsidio al transporte, la pérdida del Fondo Sojero y la coparticipación fueron parte del menú en el encuentro de jefes comunales oficialistas. También hubo diferentes posturas sobre las PASO.

Un punteo de siete temas a tratar fue el menú de este viernes en el foro de intendentes de Cambiemos que se desarrolló en Vicente López, con el alcalde anfitrión, Jorge Macri, como principal bastonero de la jornada que reunió a los mandatarios locales del PRO y de la UCR. Se plantearon algunas preocupaciones que se desprenden de las medidas del gobierno nacional y se escuchó atentamente al ascendente ministro de Producción de la Nación, Dante Sica, quien estimó que en el segundo trimestre de 2019 se verán los índices favorables en lo que hace a la actividad productiva, la cual, sostuvo, está en alza pese a la turbulencia permanente.

El temario fue la ley de Responsabilidad Penal, el Fondo Sojero, la Resolución del OCEBA que establece que los distribuidores de luz no pueden incluir en sus facturas “conceptos adicionales vinculados al servicio público de distribución de energía eléctrica”, como tampoco “conceptos ajenos a la prestación del servicio público de distribución de energía eléctrica”, a excepción del alumbrado público, en una medida que afecta a las arcas municipales, el Fondo Educativo, la coparticipación, el subsidio al transporte y la infraestructura escolar a municipios.

Las inquietudes centrales de los intendentes fueron la quita de fondos a futuro que implica la eliminación del Fondo Sojero y también la falta de certeza sobre de cuánto será la coparticipación este año.

Los intendentes oficialistas saben que están atados en buena medida a las decisiones del gobierno nacional y la administración central viene marcando que el camino está surcado por el ajuste para el futuro más cercano.

La eliminación de los subsidios al transporte también fue uno de los temas que más atención despertó en el Foro. Como informó este medio, significa cerca de 25 mil millones de pesos de los que se desprenderá la Nación. Ese costo, en principio, sería absorbido por el gobierno provincial de María Eugenia Vidal.

Fue el intendente de Tandil, Miguel Lunghi, quien habló al respecto este viernes y dijo que, si la Provincia no se hace cargo, el boleto de colectivo en su distrito podría orillar los 50 pesos.

En un informe realizado por la Defensoría del Pueblo bonaerense se detalla que el municipio que conduce el radical percibe, en concepto de subsidio al boleto y al gas oil para el transporte público, un total de 144.201.844 pesos.

Días atrás, en diálogo con Letra P, el intendente de Bahía Blanca, Héctor Gay, también aseguró que esperaba que la Provincia se hiciera cargo de esos subsidios. Para su municipio implica 398.916.800 pesos.

“Pregunté por la coparticipación y nadie la sabe”, confió un intendente de la UCR que participó este viernes del Foro. El tema de los fondos rodeó la mesa.

PASO Y MAL ENTENDIDO

El mismo intendente respaldó, en parte, el planteo de revisar las elecciones Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) que dejaron trascender los intendentes del PRO con anclaje en el conurbano a través de una nota publicada este jueves en el diario Clarín.

Sin embargo, el intendente aclaró que el radicalismo “llevará el planteo a las conducciones partidarias” y que no se iban a pronunciar al respecto en ese ámbito del Foro. Los jefes comunales del PRO aseguraron que lo difundido está sacado de contexto.

Creen que ya no hacen falta las PASO como herramienta. “En esta economía tan frágil como está, estamos hablando de casi 7 mil millones de pesos para llevar adelante una elección que no resuelve nada y encima le genera a la gente la molestia de tener que ir a votar dos veces por los mismos candidatos”, le explicaron desde ese sector amarillo a Letra P.

ESCUELAS SEGURAS

El uso del Fondo Educativo también fue un tema de central atención para los intendentes. Tras la explosión en la Escuela 49 de Moreno se puso el ojo en la ejecución de obras de que las intendencias tienen que llevar adelante través del Fondo Educativo.

Actualmente este fondo, que se compone a través de la ley nacional de financiamiento educativo, debe ser empleado en un 50% para infraestructura escolar en los distritos del conurbano bonaerense y en un 40% a las comunas del interior bonaerense.

Hay un proyecto de ley presentado por el presidente del bloque de Cambiemos en el Senado bonaerense, Roberto Costa, que modifica esta ecuación y propone que ese porcentaje de afectación específica para invertir infraestructura educativa sea del 90% para los distritos del Conurbano y 85% en el interior provincial. Los jefes comunales rechazan esta idea y este viernes plantearon que se haga una evaluación de cada distrito en particular. Este posicionamiento es compartido con sus pares peronistas.

Tras la foto de rigor y cuando se dio por terminada la jornada, varios intendentes se trasladaron hacia una charla que encabezó el gurú ecuatoriano del presidente Mauricio Macri, Jaime Durán Barba. (Letra P)

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La Corte Suprema convocó a una audiencia pública por el caso Farmacity

El máximo órgano de justicia estableció un plazo de 30 días para la participación de Amigos del Tribunal a los fines de que efectúen presentaciones de carácter jurídico, técnico o científico relativas a la cuestión debatida.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación fijó para el 29 de agosto, a las 10, una audiencia pública informativa en el marco de la causa que determinará la autorización para que la cadena Farmacity SA pueda operar como farmacia en el ámbito de la provincia de Buenos Aires, y si corresponde a la Provincia o a la Nación regular ciertos aspectos de la actividad farmacéutica.

Según informó el Centro de Información Judicial (CIJ), el máximo órgano de justicia estableció un plazo de 30 días para la participación de Amigos del Tribunal a los fines de que efectúen presentaciones de carácter jurídico, técnico o científico relativas a la cuestión debatida.

En la audiencia participarán los ministros Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco y Juan Carlos Maqueda. Los ministros Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz se han excusado de intervenir en la causa.

Cabe recordar que el conflicto lo inicia la firma Farmacity S.A. con el objeto de que se declare la inconstitucionalidad de los artículos 3° y 14 de la Ley 10.606 de la Provincia de Buenos Aires, que regula la propiedad de los establecimientos farmacéuticos y no incluye en la enumeración de las distintas categorías de sujetos que pueden ser titulares de ellos a las sociedades anónimas, como la firma actora.

La firma solicitó que se reconozca su derecho a ser propietaria de farmacias, a que sean regularmente habilitadas y a explotarlas en el ámbito de esa provincia, dentro de cualquier ubicación autorizada por las normas de planeamiento urbano.

El conflicto comenzó en 2010, cuando Farmacity quiso instalar un local en Pilar, habilitación que fue negada por la Provincia, porque la legislación provincial no permite la explotación de farmacias por parte de sociedades comerciales o fondos de inversión, al considerar que las farmacias cumplen un rol de servicio público. (InfoGEI)

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Proponen que la Legislatura provincial cree un Observatorio de Servicios Públicos

El diputado provincial, Guillermo Escudero junto a distintas asociaciones y organismos abocados a los derechos del consumidor pedirán la creación de un Observatorio de Servicios Públicos.

Esta iniciativa fue motivada ayer, luego del encuentro presentado por el diputado provincial, Guillermo Escudero y el secretario de la asociación DEUCO, Roberto Daoud donde referentes sociales y representantes de asociaciones abordaron la problemática del usuario de servicios públicos desde la perspectiva actual de aumentos, deficiencia de los servicios y falta de inversiones.

“El objetivo del Observatorio es crear una nueva herramienta que defienda a los usuarios frente a los tarifazos, que evidencie la ineficacia de las empresas y la falta de correlato entre los aumentos y las inversiones,” argumentó el diputado.

Recordemos que durante la jornada en conmemoración por el Día Internacional de los Derechos del Consumidor, se debatió sobre diferentes temáticas a cargo de profesionales y referentes sociales: Universalidad de los Servicios Públicos, Pedro Bussetti (Presidente de DEUCO) y Jorge San Miguel (Sindicatura de usuarios de OCEBA); rentabilidad versus razonabilidad tarifaria, Rafael Irigoiti (Federación de Instituciones) y Daniel Moreira (Frente Productivo); políticas y acciones protectorias de los usuarios del Servicio Público, Adrián Ganino, (Director de Comercio y defensa del consumidor de San Martín) y Henry Stegmayer (Consejo consultivo del consumidor de la Defensoría del Pueblo)

Luego de un abordaje productivo y un debate de intercambio entre especialistas y usuarios se coincidió en la urgente creación de un observatorio que controle el cumplimiento de las empresas y defienda al usuario.

Escudero pedido de observatorio1
Escudero pedido de observatorio3
Escudero pedido de observatorio2

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Presentación ante OCEBA contra el mal servicio de EDELAP

El diputado provincial por Unidad Ciudadana, Guillermo Escudero, en carácter de legislador y de usuario, presentó una denuncia a EDELAP donde solicita al OCEBA (Organismo de Control de Energía Eléctrica de la Provincia de Buenos Aires) que ordene a la empresa a garantizar la regularidad del servicio público de energía eléctrica y el cese en forma inmediata del aumento dispuesto por la última resolución.

Entrevista telefónica en «El Correo»

Lunes a Viernes de 7.30 a 9 horas, FM Difusión 98.1

Debido a los cortes indiscriminados y a los recurrentes reclamos de los usuarios por las interrupciones intermitentes de energía, sin previo aviso y sin resoluciones aparentes, a través de esta denuncia se pretende que la autoridad competente inicie de oficio la investigación pertinente y constate: las zonas afectadas y denunciadas, que se constituya en el lugar y releve la situación de los usuarios, que ordene a EDELAP a indemnizar los daños y prejuicios sufridos por los usuarios, principalmente comerciantes y realice los respectivos descuentos por la interrupción del servicio y que de lugar al cese de los aumentos establecidos.

“EDELAP no está cumpliendo con la obligación en su carácter de concesionaria del servicio público de electricidad, y su actuar negligente además de afectar la seguridad, la salud, la vivienda, el bienestar y el medio ambiente promueve incertidumbre al no cumplir con su principal objetivo que es “Garantizar la operación, confiabilidad, igualdad, libre acceso, no discriminación y uso generalizado de los servicios”, de acuerdo a lo establecido en el Marco Regulatorio” expresó Escudero, al respecto.

Recordemos que desde hace aproximadamente, dos años la empresa ha sido beneficiada, compensada y sustentada económicamente con aumentos y condonaciones sin precedentes. En este orden, la empresa ha recibido una condenación de 1789 millones de pesos, siendo en proporción a su zona y a la cantidad de usuarios la más beneficiada. Por lo cual “aun habiendo sido beneficiada económicamente, la empresa no cumple con la Responsabilidad Social de garantizar un servicio esencial y tampoco ha dado muestras de haber desarrollado un plan de inversión serio y sustentable en el tiempo, ni un plan de contingencias para dar respuestas concretas en inmediatas ante las recurrentes suspensiones” afirmó el diputado.

En este marco, en la denuncia presentada esta mañana por el diputado provincial, Guillermo Escudero en OCEBA se considera que la empresa tiene por objeto primordial: abastecer de energía eléctrica a usuarios radicados dentro del área de concesión en los términos del art. 10 ley 11769.

Esa distribución además ha sido acompañada por la declaración de servicio público con lo que ello implica. Es decir, no solo es una actividad de distribución sino que el legislador ha resuelto darle un status superior de protección para el usuario con esa declaración. El art. 2 de la ley 11769 dice que, “La distribución y el transporte de energía eléctrica constituyen servicios públicos de la Provincia de Buenos Aires destinados a atender necesidades indispensables y generales de electricidad de los usuarios de acuerdo con la presente Ley, su reglamentación, las regulaciones aplicables, y con los términos de los contratos de concesión y las licencias técnicas correspondientes.”

“El derecho del servicio eléctrico debe ser continuo y uniforme, diario y de 24 horas al día” concluyó Escudero.

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Garro cerró contrato millonario con ESUR

A pesar de las críticas a la empresa, a pesar de los reclamos de la oposición, a pesar de que la empresa, presentadora de servicio desde la dictadura militar y denunciada miles de veces por mal servicio, aumenta su contrato en 18 millones de pesos, Julio Garro volvió a cerrar un trato con ellos.

Fue el presidente del Concejo Deliberante, Fernando Ponce, quien anunció que a partir del 1° de marzo, la empresa Esur, estará a cargo de la recolección de residuos en la Ciudad y manifestó que; “en menos de un mes el servicio estará normalizado”.

En cuanto a los términos del contrato, se informó que actualmente es de unos 33 millones de pesos por mes, y se ampliaría en $18 millones, o sea, pasará a ser de $51 millones.

El aumento de más de un millón de pesos por mes es explicado por los garristas, con la simple explicación que la empresa incorpora al sistema unas 2 mil calles del Partido, y realice en la recolección de los desechos no habituales.