El máximo tribunal del país fijó un plazo perentorio tras la segunda audiencia entre la Provincia de Buenos Aires y el Estado Nacional. El gobernador Axel Kicillof encabezó personalmente el reclamo y logró que la Nación acepte comprometerse a un régimen de cobertura, luego de más de dos años sin transferencias al Instituto de Previsión Social (IPS).
El hecho que cambia la ecuación
En el acta firmada tras la audiencia del 21 de abril en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, consta que los representantes de ANSES y del Estado Nacional se comprometieron a continuar con las auditorías respectivas y a realizar una propuesta de solución en una nueva audiencia convocada para el 10 de junio del corriente año.
El resultado representa un giro sustancial respecto de la posición que el gobierno nacional venía sosteniendo. A diferencia de la primera audiencia, realizada el 17 de marzo, cuando la ANSES argumentó no contar con información suficiente para calcular la deuda, en esta oportunidad el gobierno nacional aceptó avanzar con un esquema concreto de cobertura.
Al salir del tribunal, Kicillof fue contundente. «Lo que discutimos hoy en la Corte Suprema es la deuda de 2,3 billones de pesos por las cajas de jubilados no transferidas por el gobierno nacional. Logramos un compromiso: el Ministerio de Economía de la Nación y ANSES deberán traer el próximo 10 de junio una propuesta concreta de pago, algo que venimos solicitando hace más de dos años», según elDiarioAR.
Qué hay detrás de la cifra
Los $2,3 billones reclamados no son un número abstracto: representan exactamente un tercio del presupuesto anual del IPS para 2026, el sistema que administra más de 374.500 jubilaciones y pensiones en la provincia. Para los vecinos de La Plata, Berisso y Ensenada, eso se traduce en un sistema previsional que lleva más de dos años siendo sostenido con recursos propios de la Provincia mientras la ANSES retiene fondos que la ley ordena transferir.
El sustento legal del reclamo es la Ley N° 27.260, sancionada durante el gobierno de Mauricio Macri, que obliga al Estado Nacional a compensar a las provincias —como Buenos Aires— que no transfirieron sus cajas jubilatorias al sistema nacional en los años noventa. El quiebre se produjo en marzo de 2024, cuando el gobierno de Javier Milei emitió el Decreto de Necesidad y Urgencia 280/2024, suspendiendo esas transferencias de manera intempestiva. La última acreditación al IPS data de diciembre de 2023.
Marina Moretti, titular del IPS, había sintetizado el impacto antes de la audiencia: «Ya cumplimos dos años sosteniendo esta situación y no es justo. Es un ataque directo a un sistema que los bonaerenses eligieron, porque cuando se intentó asimilarlo a la caja nacional, como buscó la gestión de Vidal, la sociedad no acompañó. Esto no es plata para Axel; se la sacan a los jubilados de la provincia».
El argumento que la Corte rechazó
En la primera audiencia del 17 de marzo, el máximo tribunal rechazó el argumento de la ANSES sobre la supuesta falta de información para calcular la deuda y le otorgó un plazo de 30 días para verificar esa situación. Desde el equipo técnico bonaerense calificaron esa postura como «inconsistente», al señalar que el organismo pudo validar deudas de otras nueve jurisdicciones en poco tiempo, mientras mantuvo sin resolución el caso de Buenos Aires, que concentra casi el 50% del déficit previsional de las provincias no transferidas.
El Presupuesto 2026 contempla una partida de $2,5 billones para este fin, lo que deja en evidencia que los fondos existen, pero se utilizarían como moneda de cambio política. En ese mismo período, la administración libertaria cerró acuerdos previsionales con Santa Fe, Córdoba y Chubut, entre otros. Buenos Aires, que no integra ese grupo, no recibió ningún ofrecimiento, y la vía judicial fue la única que quedó abierta.
Kicillof al frente y el peso de la presencia política
La presencia del propio Kicillof buscó darle peso político a un conflicto que, según la Provincia, lleva más de dos años sin respuesta del gobierno nacional. El gobernador estuvo acompañado por el fiscal de Estado Hernán Gómez, el ministro de Economía Pablo López, el asesor general Santiago Pérez Teruel y la titular del IPS, Marina Moretti. Por la Nación concurrieron funcionarios de ANSES y del Ministerio de Economía que conduce Luis Caputo.
Fuentes del gobierno de Kicillof subrayaron el resultado como «un avance concreto», al señalar que «la Nación aceptó que tenía que comprometerse a un régimen de cobertura».
El ministro López también valoró el resultado institucional: «Es importante el espacio institucional que ha dispuesto la Corte; esperamos llegar a la audiencia de junio con una propuesta de solución», según Letra P.
El contexto más amplio: ocho demandas y $15 billones en juego
La causa previsional es la más cuantiosa, pero no la única. La Provincia tiene en total ocho reclamos presentados ante la Corte Suprema de Justicia por distintas deudas que totalizan más de $15 billones, una cifra que representa un tercio del presupuesto sancionado para este año.
Entre esos reclamos se encuentran la eliminación del Fondo de Fortalecimiento Fiscal (FOFOFI) —que afecta directamente a las fuerzas de seguridad bonaerenses—, el recorte del histórico Fondo de Incentivo Docente (FONID), la supresión de subsidios al transporte en el AMBA y el conurbano, y la paralización de obra pública por más de 1.000 proyectos en territorio provincial, según datos del gobierno bonaerense.
El ministro López puso sobre la mesa otro eje estructural del conflicto: Buenos Aires aporta el 38% de la recaudación nacional pero recibe apenas el 7% del total distribuido, mientras la Nación concentra el 70%.
Qué sigue: el 10 de junio como fecha decisiva
El 10 de junio de 2026 es ahora la fecha clave en el calendario judicial y político bonaerense. Ese día, el Ministerio de Economía de la Nación y la ANSES deberán presentar ante la Corte Suprema montos y plazos concretos para regularizar el flujo de fondos hacia el IPS. Si el compromiso no se materializa en una propuesta seria, la Provincia queda habilitada para continuar con el litigio en la instancia judicial más alta del país.
«Ya llevamos dos años y pico donde esto no ocurrió y ya pasó en otras provincias. Llegamos a ese compromiso de Nación, de traer un monto para transferir el próximo 10 de junio», cerró Kicillof al bajar las escalinatas del palacio de Tribunales, según consignó Letra P.
Para los más de 374.500 jubilados y pensionados bonaerenses —muchos de ellos vecinos de La Plata, Berisso y Ensenada que dedicaron su vida laboral al sistema provincial— la respuesta que llegue ese día determinará si el Estado les respeta un derecho que ya ganaron, o si el ajuste también avanza sobre la jubilación como límite infranqueable.
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