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Garro dispuso de salidas saludables para menores de 12 años

Tras presentar los alcances de la Fase 3 de aislamiento que entró en vigencia este lunes en la ciudad, el intendente Julio Garro detalló como se implementarán las salidas saludables para los menores de 12 años durante este primer período. Además, estudian futuras etapas para adolescentes, adultos y mayores de 65 de acuerdo a la evolución epidemiológica.

“Siguiendo las recomendaciones de la Provincia de Buenos Aires para que los chicos salgan acompañados de sus padres, diseñamos un sistema de salidas saludables”, expresó el intendente Garro, quien remarcó: “La Plata tiene 325 espacios verdes, por eso preferimos que vayan a una plaza y no a un supermercado, pero el espíritu es el mismo”.

Según se precisó, el programa comenzará esta semana con chicos de hasta 12 años, quienes podrán salir los martes, jueves, sábados y domingos, durante un período de hasta 2 horas por día y acompañados por uno de sus padres.

Además, deberán circular solo por el perímetro de los espacios públicos, siempre en el sentido de las agujas del reloj; y podrán hacerlo en parques, plazas y/o ramblas de hasta 500 metros del domicilio de residencia, manteniendo el distanciamiento social y uso de tapabocas para mayores de seis años.


En este contexto, el Jefe Comunal anticipó que “se diseñó una segunda etapa para los adultos mayores”, y afirmó: “Aun no tenemos fecha de implementación porque dependemos de la evolución epidemiológica de la Ciudad y, además, del funcionamiento de la etapa 1 (salidas de los niños)”.

La misma, que deberá ser presentada ante el gobierno de la Provincia de Buenos Aires conforme al avance del Coronavirus en el Partido, se implementaría de lunes a viernes, en el horario de 11 a 13; en tanto que comprende circulación barrial y en espacios públicos de cercanía (hasta 500 metros del domicilio de residencia), circulación solo por el perímetro de los espacios públicos en el sentido de las agujas del reloj, y distanciamiento social y uso de tapabocas obligatorio.

Conjuntamente, Garro puntualizó: “La tercera etapa posibilita la actividad individual de adolescentes y el resto de los adultos”, y ratificó: “La alcanzaremos cuando las 2 anteriores se hayan logrado con éxito. Requerimos de una evolución epidemiológica que no alcanzamos. Por eso, no tenemos fecha para su implementación”.

“Estamos trabajando junto a una mesa de especialistas analizando todas las semanas como avanza la situación del COVID-19 en la ciudad, antes de autorizar una nueva Fase”, sostuvo el mandatario local, y concluyó: “Les pido a todos que seamos rigurosos en el cumplimiento de las pautas que fijamos. Es la manera de poder seguir avanzando. Aprendimos mucho durante estos meses, pero todo va a seguir dependiendo del esfuerzo y el compromiso de cada uno de nosotros”.

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Desarrollan una guía interactiva de aplicaciones educativas

Fue desarrollada por el Observatorio de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Defensoría del Pueblo bonaerense. Desde cualquier teléfono móvil, tablet o computadora permite instalar aplicaciones recomendadas por organismos oficiales como el Ministerio de Educación de la Nación, la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia y la Unión Europea. El objetivo de esta herramienta es acompañar el Plan de Continuidad Pedagógica que se viene aplicando en el contexto del aislamiento preventivo, social y obligatorio.

Walter Martello, Defensor del Pueblo Adjunto y responsable del Observatorio de Derechos de NNyA, explicó que la idea surgió a partir de distintos resultados de relevamientos realizados por la Defensoría.

Por ejemplo, el último estudio cuantitativo y cualitativo, elaborado de forma conjunta con el Colegio Nacional de la Universidad Nacional de La Plata (CNLP/UNLP), mostró que no todos los alumnos/as tienen acceso a Internet. A su vez, entre quienes tienen conectividad, 1 de cada 10 manifestó dificultades a la hora de disponer de equipos ya que en su entorno familiar son varios hermanos/as y en algunos casos, producto del trabajo de los padres, tienen que compartir el celular y/o la computadora. A su vez, varios de los/as jóvenes entrevistados/as advirtieron sobre la necesidad de mejorar la calidad del servicio de Internet en los barrios, y expresaron su preocupación debido a que el acceso al servicio de datos no es libre.

“Con esta guía, intentamos colaborar con docentes, estudiantes, padres y madres en este contexto tan particular que nos toca vivir por la pandemia del covid-19, teniendo muy presente la masividad que tiene la telefonía celular e Internet en nuestro país, y sabiendo que la calidad del servicio no siempre es la mejor. Por ello resulta fundamental hacer más eficiente los tiempos de navegación en la red”, explicó Martello.

Acceso a Internet como derecho humano

Según el último informe del INDEC sobre accesos a Internet, dados a conocer la semana pasada, en la Argentina la tasa de crecimiento de los accesos mediante telefonía móvil es siete veces superior respecto a los accesos desde puntos fijos o residenciales (redes telefónicas, operadores de cable, fibra óptica al hogar e inalámbricas fijas).

Cabe destacar que el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas estableció, en el año 2016, que el acceso a Internet es un derecho básico y afirmó “la importancia de que se aplique un enfoque basado en los derechos humanos para facilitar y ampliar el acceso a Internet”.

“Creemos que, producto de algunas decisiones adoptadas por el gobierno anterior, como fue el desmantelamiento del Plan Conectar Igualdad, hubo un retroceso en las políticas para reducir la brecha digital, que ahora se intenta revertir. Una de las claves de la acción estatal debe ser garantizar que los/as NNyA tengan un acceso adecuado, asequible y seguro a los dispositivos, así como asegurar que haya una buena conectividad”, explicó Martello.

El Defensor del Pueblo Adjunto también destacó la necesidad de tener en cuenta una de las principales Observaciones del Comité de Derechos del Niño respecto al covid.19. Concretamente, debe contemplarse que el aprendizaje en línea no exacerbe las desigualdades existentes ni reemplace la interacción alumno/a-maestro/a.

La enseñanza on line es una alternativa creativa al aprendizaje en el aula, pero plantea desafíos para los/as NNyA que tienen acceso limitado o nulo a la tecnología o Internet o que no cuentan con el acompañamiento adecuado de los padres. Por ello el Comité exhortó a que estén disponibles soluciones alternativas para que estas niñas, niños y adolescentes se beneficien de la orientación y del apoyo brindado por las y los docentes.

 

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Iniciativa para garantizar derechos de niños y adolescentes durante la emergencia sanitaria

Se trata de una guía práctica elaborada de forma conjunta por el Organismo de Niñez y Adolescencia, que depende del Ministerio del Desarrollo de la Comunidad de la provincia de Buenos Aires, y por el Observatorio de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (NNyA) de la Defensoría del Pueblo bonaerense, a cargo de Paula Ferro y Walter Martello respectivamente. Es una herramienta para la concientización y difusión del alcance del Sistema de Promoción y Protección Integral de Derechos de NNyA que, durante la emergencia sanitaria decretada a raíz del Covid-19, tiene plena vigencia y forma parte de la estructura del ministerio que conduce Fernanda Raverta.

Con un lenguaje claro, conciso y sintético, la guía explica sobre distintas alternativas para actuar ante posibles episodios de violencia institucional por parte de integrantes de fuerzas de seguridad en la vía pública, como así también brinda orientación básica acerca de qué se debe hacer, y a qué lugares se puede recurrir, cuando se registran casos de niñas, niños y adolescentes en situación de calle.

Walter Martello, Defensor del Pueblo Adjunto y responsable del Observatorio, explicó que “lo que tiene que quedar en claro es que el decreto de emergencia por el Covid-19 no suspende ni elimina ninguno de los derechos y garantías de los NNyA en la Argentina. Es más, existe un conjunto de dispositivos institucionales que funcionan y deben dar respuesta ante distintas problemáticas sociales donde se ponen en juego el interés superior del niño”.

Dentro del Organismo de Niñez, funcionan distintos dispositivos como la Línea 102 y el 0800-666-NIÑO (6466), con guardias las 24 horas que articulan con los Servicios Locales distribuidos en los 135 municipios de la provincia de Buenos Aires. Los Servicios Locales son las unidades técnico-operativas que intervienen ante episodios de maltrato, acoso, hostigamiento y cualquier tipo de vulneración de los derechos vinculados a los NNyA.

“Es importante que la comunidad sepa que el accionar de las fuerzas de seguridad, cuando se encuentran con niños o niñas en situación de calle, solo debe limitarse a dar intervención al Servicio Local del municipio correspondiente. Asimismo, si bien los NNyA tienen la misma obligación que los adultos respecto a cumplimiento del aislamiento social durante la cuarentena, el hecho de que sean encontrados en la vía pública no puede justificar el uso de la fuerza física”, concluyó Martello.

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IOMA garantiza la asistencia psicológica a distancia en el aislamiento

En virtud del aislamiento social preventivo y obligatorio dispuesto por la pandemia del Coronavirus, IOMA resolvió garantizar la cobertura de asistencia psicológica a distancia, para que adolescentes y adultos puedan continuar sus tratamientos psicoterapéuticos con sesiones virtuales, a través de un convenio con el Colegio de Psicólogos de la Provincia.

Se adoptó esta medida en conocimiento de las consecuencias psíquicas que un evento inesperado y disruptivo como el que estamos viviendo genera en las subjetividades.

Teniendo en cuenta que en el caso de los niños el tratamiento no presencial no es una opción, se decidió mantener y ampliar la cantidad de entrevistas de orientación a padres y madres, que son quienes deben contenerlos en estos días difíciles y especiales, en particular a aquellos con discapacidades o patologías graves que no pueden en este contexto asistir a sus tratamientos.

Estas medidas también adoptaron en conocimiento de la importancia de asistir y orientar a los adultos que cuidan de estos menores.

Desde la Obra Social entendemos también que esta modalidad de atención tendrá una extensión diferente en el tiempo según las necesidades de cada grupo, de modo que en el caso de las personas adultas mayores podrán continuar con este tipo de asistencia hasta tanto sea seguro que concurran nuevo a los consultorios

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Puesta en funcionamiento de la Dirección de Niñez y Adolescencia en Berisso

A partir de la demanda en torno a las diversas problemáticas que atraviesan los niños y adolescentes de la ciudad, la Municipalidad de Berisso puso en funcionamiento la Dirección de Niñez y Adolescencia, un espacio estipulado, contemplado y reglamentado en el marco de la Ley Nacional N°26061 y la Ley Provincial N° 13298 que hace referencia a la protección integral de niños, niñas y adolescentes.

La dependencia, que funciona en el Dispensario Tetamanti (166 5 y 6) tiene como finalidad la asistencia, resguardo y restablecimiento de derechos a través de políticas públicas y medidas de promoción y prevención.

“Nuestro trabajo se centra en restablecer los derechos vulnerados de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes. Trabajamos por y para ellos”, sostuvo la directora de Niñez y Adolescencia, Ana Pedrosa, quien agregó: “Es un orgullo que la Municipalidad haya creado un área que aborde diversas problemáticas, es una acción que da cuenta del lugar que ocupa la niñez y adolescencia para el Estado municipal”.

Seguidamente, la responsable del área hizo un repaso de las acciones que se llevan a cabo. “En esta época del año, pusimos en marcha acciones de recreación y entretenimiento, haciendo énfasis en temáticas vinculadas con los valores, generando vínculos a través del juego. Trabajamos no solo con los Servicios Locales, sino también en promoción y prevención con el niño, el adolescente y las familias”.

“También se planifican acciones en conjunto con instituciones que más convocan a la niñez para el armado de mesas barriales e instancias de capacitación”, añadió Pedrosa.

La Dirección, además tiene a su cargo el programa ENVION municipal, el cual funciona en el Centro Integrador Comunitario en barrio Obrero y en Villa Argüello; el Programa de Operadores de calle y próximamente se lanzará el Programa de Juegotecas en comedores y merenderos y un nuevo espacio que habilite la contención y acompañamiento a adolescentes mediante talleres, entre otros programas que se gestionan y están próximos a implementar, los cuales se articulan con organismos provinciales, municipales y no gubernamentales.

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Análisis - Opinión Derechos Humanos Institucionales Provincia

Martello: “No existen indicadores ni estadísticas oficiales que justifiquen medidas xenofóbicas”

Asi lo afirmó el Defensor del Pueblo Adjunto de la provincia de Buenos Aires. Destacó que, al analizar la evolución de los indicadores de adolescentes judicializados en el fuero federal surge que hubo una importante disminución, entre 2017 y 2018, que alcanza a casi 7% en la cantidad de involucrados. “La caída, en términos porcentuales, fue tres veces mayor (-24%) si el foco lo ponemos específicamente en los adolescentes extranjeros con intervenciones judiciales”, explicó Walter Martello, que tiene a su cargo el Observatorio de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Defensoría.

Desde el Observatorio se elaboró un informe que incluye un pormenorizado seguimiento de las principales estadísticas oficiales referidas a la población carcelaria extranjera y a los delitos que se les imputa a ciudadanos nacidos en otros países. El informe también alerta que el Estado argentino actualmente se encuentra en la mira de organismos vinculados a Naciones Unidas por mantener normativas migratorias que violan pactos internacionales de derechos humanos, los cuales encuentran incorporados al ordenamiento jurídico de nuestro país.

“Las propias cifras oficiales permiten vislumbrar que existen otros factores realmente determinantes, que deberían ser abordados de forma seria y responsable, a partir de un enfoque integral, si es que realmente se quieren disminuir el accionar delictivo en nuestra sociedad”, explicó Walter Martello. En se sentido, consideró que “el nivel de instrucción es una variable que no debería ser soslayada ya que los presos que nunca estuvieron escolarizados o que tienen la primaria incompleta llegan casi al 35%, seis veces más que la incidencia porcentual de presos extranjeros. Eso no es todo: la cantidad de internos penitenciarios que estaban desocupados, antes de caer presos, llega al 41%, casi siete veces el porcentaje de presos extranjeros”.

El Defensor del Pueblo Adjunto remarcó que “si el sistema penitenciario federal y provincial se encuentran colapsados, ello no parece ser una consecuencia de la cantidad de internos extranjeros. Por el contrario, el número de presos no argentinos se mantiene estable desde 2017, con una tendencia a la baja, según se puede constatar fácilmente en las estadísticas oficiales del SPF, que son de acceso libre. Es más, actualmente la cantidad de extranjeros en cárceles federales es levemente inferior en la actualidad respecto a lo que se registraba el año pasado».

 

En tanto, en la provincia de Buenos Aires, los indicadores medidos en porcentajes de extranjeros alojados en cárceles, acusados de delitos vinculados a la violación a la Ley de Estupefacientes, es aún más bajo que a nivel nacional: 10,24% en el caso de las mujeres y 11,20% en el caso de los hombres, de acuerdo a las cifras informadas por el último reporte estadístico del Ministerio Público de la provincia de Buenos Aires.

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Walter Martello está preocupado por las leyes de niñez en la provincia de Buenos Aires

“Recortes y demoras en los Programas de niñez vacían Una Legislación de Avanzada” advirtió el Defensor del Pueblo Adjunto de la provincia de Buenos Aires, Walter Martello, al participar en el Encuentro-debate “Integración y los Derechos de la Infancia y la Ciudadanía«, en el Colegio de Abogados de La Plata en el marco del 30° aniversario de la Convención de los Derechos del Niños.

A 15 años de la sanción de las normativas que estructuraron el Sistema de Protección Integral de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, se evidencian serios incumplimientos. Más de un tercio de los 125 artículos de la Ley Nacional N° 26.061 aún no fueron reglamentados, mientras la mayoría de los programas padecen recortes y/o desfinanciamiento. Algo similar ocurre en las jurisdicciones provinciales, entre ellas Buenos Aires.

Algunas instituciones como el Defensor del Niño bonaerense -que debería haberse concursado hace más de una década- ni siquiera entraron en funcionamiento y tampoco tienen presupuesto asignado.
¿Por qué resulta clave que las leyes, una vez aprobadas y luego promulgadas en el Boletín Oficial, sean reglamentadas? Se trata de una potestad del Poder Ejecutivo. La reglamentación es hacerlas operativas. Es decir, ponerlas en práctica, indicando y estableciendo un “cómo hacer”; así como reducir las ambigüedades, especificando y explicando aspectos de la misma. De esta forma, se puede establecer una correcta interpretación de lo expresado en cada uno de los artículos que se reglamenta.

La situación socioeconómica se ha agravado, notoriamente, en los últimos dos años. Prácticamente todos los indicadores de desarrollo humano vinculados a NNyA han mostrado signos de estancamiento o retroceso. Algunos de ellos hablan por sí solos: uno de cada dos NNyA de hasta 14 años es pobre; mientras que 1 de cada 10 (10,9%) se encuentra por debajo de la línea de la indigencia. A su vez, hay más de 231 mil niños y adolescentes, de 4 y 17 años, que no concurren a ningún establecimiento educativo y otros miles tienen seriamente comprometido su derecho a la salud: el año pasado, según indicadores del INDEC, 38.000 niños, niñas y adolescentes dejaron de tener acceso a obra social, mutual y/o servicio de emergencia.

En ese escenario, las últimas estadísticas oficiales, que registraron un marcado aumento del desempleo, hacen prever que las próximas mediciones respecto a las condiciones de vida de este sector social mostrarán indicadores aún más graves.

Las respuestas del Estado no sólo resultan insuficientes. Las políticas de ajuste están impactando de lleno en los programas que tienen, entre sus objetivos, desplegar acciones para garantizar el interés superior del niño/a. Un claro ejemplo es la pérdida de incidencia que ha tenido la Secretaria Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF) -organismo especializado en el ámbito del Poder Ejecutivo Nacional- en la distribución de los recursos presupuestarios: mientras que en 2017 se le asignaba 0,15% del total del presupuesto nacional, en 2018 pasó al 0,13% y actualmente se encuentra en 0,08%, es decir, la mitad de la incidencia que tenía hace dos años.

En términos nominales, la pérdida de incidencia de la SENAF se traduce en aproximadamente unos $3000 millones menos respecto a lo que se viene asignado a la totalidad de los programas de esta secretaria. Esta cifra representa más del doble del presupuesto que tiene asignado el programa social que concentra todas las acciones para para la promoción y protección de los derechos de NNyA a nivel nacional.

En provincia de Buenos Aires, si bien la pérdida de incidencia no fue tan marcada en los últimos dos años, se viene registrando un proceso similar a cuenta gotas, de forma casi ininterrumpida, desde 2007. El Ministerio de Desarrollo Social bonaerense, que tiene a su cargo la aplicación de la Ley Provincial 13.298 de Promoción y Protección Integral de los Derechos de los Niños, pasó de recibir poco más del 5% del total del presupuesto de la Provincia a casi la mitad: 2,51%. De haberse mantenido la asignación de 2006, el presupuesto de esa cartera debería ser de casi $47.000 millones: el doble de lo asignado actualmente. A su vez, entre 2008 a 2017 quedó un saldo de recursos de Desarrollo Social sin ejecutarse por más de $1.166 millones, cifra que equivale a 10 veces el presupuesto de los Juegos Deportivos bonaerenses o 6 veces el presupuesto del Programa Envión

En tiempos de crisis, el Estado no está exento de cumplir con sus obligaciones a la hora de defender y garantizar los derechos de NNyA. Es más, recortes o desfinanciamientos, como los antes descriptos, van en contra de la Observación General N° 19 (Año 2016) del Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas (CRC, por sus siglas en inglés):

“El interés superior del niño debe ser tenido en cuenta a lo largo del ejercicio fiscal y en los pasos del proceso presupuestario. Los niños y las niñas deben ser una prioridad en las asignaciones presupuestarias y en el gasto, como un medio para garantizar el máximo rendimiento de los limitados recursos disponibles”.

¿Son prioridad los niños, niñas y adolescentes en las políticas públicas? Resulta imposible encontrar una respuesta que no sea negativa. No por casualidad están sin reglamentar los artículos de la mencionada ley nacional y provincial que establecen la asignación privilegiada e intangibilidad de los recursos públicos destinados a garantizar los derechos de los NNyA. En rigor, la falta de cumplimiento de este marco normativo también afecta otros derechos esenciales como el Derecho a la Vida y a la Intimidad Familiar; al Deporte y al Juego Recreativo; a la Seguridad Social; y se vulnera el Principio de Igualdad y no Discriminación.

En ese contexto, tampoco tenemos que perder de vista otros aspectos esenciales contemplados en marco normativo del Sistema de Protección Integral. Desde el Observatorio de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes de la Defensoría del Pueblo nos encontramos estudiando el nivel de cumplimiento del artículo 8 de la Ley 13.298 y del artículo 8.2 del correspondiente decreto reglamentario, que a su vez se relacionan con el artículo 583 del nuevo Código Civil. Estamos hablando, específicamente, del derecho a la identidad de niños y adolescentes, para lo cual resulta necesario que se establezca la obligatoriedad -en cabeza del Ministerio Publico- de realizar de oficio la acción de filiación para determinar la paternidad de un/a niño/a anotado en el Registro de las Personas solo a nombre de la madre.

Defensor del Niño

Una particularidad de la Ley N°13.298, que fue sancionada unos meses antes que la ley nacional, fue que el decreto reglamentario 300/05 creó la figura del Defensor de los Derechos del Niño. Se trata de un órgano unipersonal e independiente con autonomía funcional en el ámbito del Ministerio de Desarrollo Humano (hoy Desarrollo Social).

Dicho decreto estableció que sólo se podía acceder a ese cargo por concurso especial, fijándose un mandato de 4 años y la posibilidad de ser reelegido/a por otro período similar. Entre sus funciones, se contempló la defensa, promoción y protección de los derechos del niño frente a hechos, actos u omisiones de la administración pública provincial, municipal o de cualquier integrante del Sistema de Promoción y Protección del Derecho del Niño; controlar el estado y condiciones de detención del niño en conflicto con la Ley Penal; fijar criterios y estándares de evaluación del estado y condición de los adolescentes detenidos. El decreto también estipuló plazos de actuación: la violación a esos estándares podía ser comunicada por todo ciudadano al Defensor, quien debía proceder a su verificación en el plazo de 48 horas. En caso de ser comprobada la violación, las autoridades responsables debían atender las necesidades planteadas.

Cabe aclarar que el Defensor del Niño no estaba contemplado en la letra de la Ley N° 13.298. El cargo fue creado por el Poder Ejecutivo provincial en la reglamentación de la ley. Pero la figura en cuestión resultaba -y aún resulta- sumamente útil, principalmente en los casos de vulneración de derechos de adolescentes detenidos ya que están planteados mecanismos idóneos de reclamación, plazos a cumplir y deslinde de responsabilidades. Finalmente, pasados 15 años, nunca hubo designación pese a los reiterados reclamos de ONGs y asociaciones de derechos humanos. El Decreto 300/05 a la fecha está vigente. Pero no se cumplió el mandato de creación de la figura del Defensor del Niño, constituyendo una inexplicable deuda del poder político con la sociedad.

Desafío 2023

Estamos a un paso de celebrar el 30° aniversario de un acontecimiento histórico, que marcó un antes y un después en lo que se refiere a los derechos que le asisten a todos las niñas, niños y adolescentes. El 20 de noviembre de 1989, la Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó y adoptó la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN), un tratado internacional que recoge todos los derechos de NNyA, el cual fue ratificado por nada menos que 195 Estados, entre ellos la Argentina, que lo incorporó a la Constitución nacional con la reforma de 1994. Se trata de la convención más ratificada de la historia y obliga a todos los países que la suscribieron a rendir cuentas sobre su cumplimiento ante el Comité de Derechos del Niño, conformado por 18 expertos internacionales e independientes.

Haberle dado jerarquía constitucional a la CDN en Argentina motivó que, en las últimas dos  décadas, se avanzara en un marco normativo a nivel nacional y provincial que, desde el punto de vista formal, cumple con gran parte de los estándares internacionales. Ahora bien, ¿qué ocurre en la práctica? Nuestro país está lejos de ser un alumno ejemplar. Es más, las últimas observaciones específicas del Comité a la Argentina incluyen severos llamados de atención que, al menos por el momento, no están siendo debidamente atendidos por el Estado nacional ni por la mayoría de las provincias.

La Argentina viene esquivando el aplazo de la ONU. Pero tendrá que hacer frente a un exigente examen dentro de poco más de tres años. En enero de 2023 el Estado nacional debe reportarse nueva ante el CRC. ¿Qué vienen cuestionando los expertos internacionales? Entre otros puntos, la proliferación de hechos de discriminación, exclusión social y física, así como abuso sexual y psicológico contra niñas, niños y adolescentes, con especial énfasis en los casos donde las víctimas resultan ser niños/as con discapacidad. Asimismo, el Comité viene instando a que se garantice que todos los/as niños/as tengan igual acceso a educación de calidad, salud, protección social, y vivienda adecuada.

En materia de derecho a la vida y desarrollo, el CRC urgió a nuestro país a erradicar las causas de la mortalidad infantil, y el impacto que un ambiente de detención puede provocar en la salud mental de menores de edad. Del mismo modo, recomendó adoptar una ley sobre justicia penal juvenil en línea con la Convención y los estándares internacionales, debiendo asegurar que la detención sea utilizada como último recurso, sin incluir medidas para aumentar las sentencias o reducir la edad de imputabilidad penal.

Seguramente resultará casi imposible, ante el actual contexto socioeconómico, poder cumplir con todas las observaciones del Comité en un plazo tan corto. Pero si no comenzamos a tomar en serio la necesidad de establecer prioridades, apuntando a salvaguardar los derechos de los sectores sociales que más sufren las consecuencias de la crisis, nos alejaremos cada vez más de la senda del desarrollo.

[1] Término utilizado salvando las distancias del verdadero sentido jurídico procesal del término, y al solo efecto enunciativo.

Programas de niñez: recortes y demoras en su implementación vacían una legislación de avanzada

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Alertan y reclaman para frenar a las Tabacaleras por la venta on line y delivery de cigarrillos

La tabacalera que controla más del 70% de las marquillas en Argentina comenzó a instrumentar un servicio de compra on line y envío a domicilio de cigarrillos en la región metropolitana. La otra tabacalera de peso en el mercado local realiza sorteos y promociona eventos musicales masivos, contraviniendo la legislación vigente. Las estrategias publicitarias, en distintas partes del mundo, también incluyen influencers con millones de seguidores jóvenes, la mayoría adolescentes, en redes sociales.

En Argentina, según datos oficiales, mueren 123 personas [1] por día por culpa del consumo del tabaco, lo que representa un fallecimiento cada 12 minutos. A su vez, el tratamiento de estas patologías representa cerca del 40% del total de los costos médicos en nuestro país [2].

Cabe destacar que este año, en un fallo sin precedentes en Argentina, la Justicia condenó a una tabacalera a indemnizar a la familia de un hombre que murió de cáncer de pulmón. La sala C de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil condenó, en un fallo dividido, a Nobleza Piccardo (ahora BAT) a indemnizar con casi tres millones de pesos -más intereses y costas- a María Adelina Quidi y Sabrina Isabella Valenzi, mujer e hija de Miguel Isabella Valenzi que falleció de cáncer de pulmón en 1998 a los 46 años.

Como el hombre fumaba desde los 14 años, en principio la demanda incluía a otras tabacaleras. Sin embargo, según la sentencia, únicamente “se acreditó que (Miguel Isabella Valenzi) consumía habitualmente la marca ‘Jockey Club’ -elaborada y comercializada por Nobleza Piccardo S.A.I.C”. Por lo tanto, el reclamo legal sólo continuó contra esta última firma (ver fallo tabaco).

Pese a los significativos avances que se registraron en los últimos años en la lucha contra el tabaquismo, a partir de la sanción de leyes regulatorias y la disminución de la cantidad de fumadores, las tabacaleras no parecen dispuestas a dar el brazo a torcer. Por ello, no escatiman recursos para encarar nuevas estrategias de marketing, comercialización y publicidad que, en algunos casos, podrían estar infringiendo distintas normativas. El objetivo de las tabacaleras es claro: mantener la cantidad de fumadores y captar consumidores jóvenes. En ese sentido, el interés ya no pasa solamente por los tradicionales cigarrillos rubios o negros ya que las tabacaleras han desarrollados nuevas unidades de negocios, cada vez más rentables, vinculadas a los saborizados, los cigarrillos electrónicos y los vapeadores.

El mercado argentino resulta por demás apeticible ya que uno de cada cuatro personas en nuestro país fuma, lo que representa aproximadamente 9 millones de consumidores, dentro de un negocio controlado por dos tabacaleras multinacionales. Una de ellas es Phillip Morris que, a través de su marca más conocida Marlboro, comenzó a promocionar de forma digital, a través de un mailing, el servicio de compra on line de cigarrillos, que incluyen la posibilidad de tener un delivery con un costo adicional de apenas 80 pesos. Por ahora, el servicio se instrumenta solamente en la región metropolitana: Capital Federal y Gran Buenos Aires. ¿Qué requisito hay que cumplir? Solamente registrar un número de Documento Nacional de Identidad. En rigor, dicho sistema de verificación de la edad, que debería evitar la compra de cigarrillo por parte de menores de 18 años, no resulta para nada fehaciente, es frágil y vulnerable. Por ello, esa modalidad estaría infringiendo el art.21 inc d de la Ley 26.687 y su decreto reglamentario, que establece:

“Queda expresamente prohibida la venta, distribución u ofrecimiento a través de Internet, correo postal, teléfono u otra modalidad de comunicación que impida el contacto directo entre el vendedor y el comprador o receptor, a excepción de que se verifique de manera fehaciente que el comprador y/o el receptor del producto elaborado con tabaco es mayor de DIECIOCHO (18) años”.

La otra multinacional del tabaco, con fuerte presencia en Argentina, es British American Tobacco (BAT) que, a través de su marca Lucky Strike, está apostando fuertemente a estrategias de marketing y publicidad on line, avanzando en iniciativas que también serían contrarias a la legislación vigente. Concretamente, la tabacalera está auspiciando fiestas y desplegando estrategias publicitarias en recitales masivos, como el que realizará dentro de pocas semanas uno de los grupos de música más convocantes de nuestro país en Córdoba. Eso no es todo: Lucky Strike, a través de su plataforma digital está sorteando entradas, para lo cual sólo se requiere ingresar un número de celular una vez que se ingresa en la página web de marquilla.

Cabe destacar que la Ley nacional 26.687 prohíbe en su artículo 5 “la publicidad, promoción y patrocinio de los productos elaborados con tabaco, en forma directa o indirecta, a través de cualquier medio de difusión o comunicación”. La prohibición se refuerza a través de su artículo 8, en donde se establece: “Prohíbese a los fabricantes y comerciantes de productos elaborados con tabaco, realizar el auspicio y patrocinio de marca en todo tipo de actividad o evento público, y a través de cualquier medio de difusión”.

Ahora bien, ¿Internet y las diferentes plataformas digitales deben ser considerados como medios de difusión?  La Ley 27.078 denominada “Argentina Digital” define en el artículo 6 inciso i), que las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) son el conjunto de recursos, herramientas, equipos, programas informáticos, aplicaciones, redes y medios que permitan la compilación, procesamiento, almacenamiento y transmisión de información, como por ejemplo voz, datos, texto, video e imágenes, entre otros.  Internet es una TIC y es por naturaleza un medio de comunicación, de hecho, es “Él” medio de comunicación y difusión más completo y global que conocemos, en donde confluyen y se funden los medios de difusión tradicionales como la gráfica (texto), la radio (sonidos), y la televisión (imágenes). Es decir, no queda ninguna duda de que internet es un medio de difusión y por lo tanto, la emisión de publicidad de tabaco por internet infringe el mencionado artículo 8 de la Ley de Control de Tabaco N° 26.687.

¿Y cómo “controlamos” lo que se difunde en Internet si este medio tiene fama de ser ingobernable? La propia Ley 27.078 establece en su artículo 57 que los Prestadores de Servicios de TIC no podrán bloquear, interferir, discriminar, entorpecer, degradar o restringir la utilización, ofrecimiento o acceso a cualquier contenido, aplicación, servicio o protocolo salvo orden judicial o expresa solicitud del usuario. Si contamos con una ley que estipula límites para ciertos tipos de publicidad, en caso de que un prestador la difunda, ¿no estaría violando el artículo 8 de la Ley de Control de Tabaco? Y en ese caso por orden judicial se podría hacer cesar y someter al prestador y a la tabacalera al régimen sancionatorio de las respectivas leyes 27.078 y 26.687.

Estrategia global

Las iniciativas de marketing y publicidad antes descriptas se enmarcan en la estrategia global de las denominadas Big Tobacco. Es decir, las “cinco grandes” compañías más grandes de la industria tabacalera mundial: Philip Morris InternationalBritish American Tobacco, Imperial BrandsJapan Tobacco International y China Tobacco, que vienen invirtiendo cifras millonarias en marketing y publicidad en las redes sociales y en distintas plataformas digitales. En ese sentido, en las principales ciudades del mundo, estas compañías tabacaleras organizan eventos extravagantes diseñados para conectarse con los jóvenes.

A menudo con alcohol, música en vivo y anfitriones atractivos, estos eventos lujosos no escatiman gastos mientras buscan nuevos compradores para sus productos de tabaco.  Esas personas que asisten a las fiestas son jóvenes influyentes, cuidadosamente seleccionados, a quienes se les anima a compartir fotos de sus glamorosas aventuras patrocinadas por el tabaco con amigos y seguidores en las redes sociales usando hashtags atractivos como #iamonthemove y #decideyourflow. Y aunque los influencers tienen más de 18 años, sus seguidores en las redes sociales son mucho más jóvenes.

La publicidad de productos de tabaco promueve la iniciación al consumo, disminuye la motivación para dejar de fumar, naturaliza el consumo e incentiva a los ex fumadores a que vuelvan a consumir. Frente a esto, la prohibición completa de toda forma de publicidad constituye una medida necesaria y eficaz para reducir el consumo en toda la población.

Heterogeneidad legislativa

La Argentina muestra una gran heterogeneidad en materia de legislación subnacional dado que hay provincias que adhirieron a la ley nacional y otras que, como el caso de la provincia de Buenos Aires, avanzaron con regulaciones propias que elevan el estándar mínimo de protección.

La normativa provincial más avanzada, que cumple con varios de los estándares establecidos por organismos internacionales, es Tierra del Fuego. Allí, en el año 2017, se aprobó una ley que incluye la prohibición completa de todo tipo de publicidad, promoción y patrocinio de productos de tabaco, abarcando los puntos de venta y la exhibición de productos.

Resulta imperiosa necesidad de avanzar con regulaciones más restrictivas, tanto a nivel nacional como subnacional (especialmente en la provincia de Buenos Aires), a fin de garantizar el derecho a la salud. De esta manera lo han entendido distintos Comités Internacionales de Derechos Humanos, como el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales que, en 2018, le recomendó al Estado argentino ajustar sus regulaciones internas sobre publicidad de productos del tabaco, a fin de cumplir con sus obligaciones inherentes a la protección y promoción del derecho a la salud establecidas en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que tiene jerarquía constitucional en Argentina.

Preocupó también al Comité el impacto negativo sobre la salud del alto consumo de tabaco, el nivel insuficiente de los impuestos que se aplica y la precaria regulación sobre las campañas de publicidad. El Comité recomendó adoptar medidas de prevención del consumo de tabaco, en especial con la prohibición de la publicidad, el aumento del impuesto a un nivel suficiente para tener un efecto de disuasión del consumo y la adopción de medidas de información sobre el impacto negativo en la salud, con énfasis en la protección de los niños, niñas y adolescentes.

El Comité también instó al Estado argentino a ratificar el Convenio Marco de Control de Tabaco (CMCT) impulsado por la OMS y a ajustar las regulaciones internas sobre la publicidad de los productos del tabaco a las normas establecidas en este Convenio. El CMCT ya fue ratificado por 180 países. En cambio, si bien Argentina adhirió al convenio a través de la firma del entonces presidente Néstor Kirchner, ya pasaron 16 años y esa decisión aún no fue avalada por el congreso nacional.

La ratificación del CMCT prevé herramientas, medidas y mecanismos de cooperación internacional que no pueden ser reemplazados por políticas nacionales: la protección de los pequeños productores, la interferencia de la industria y el comercio ilícito, por ejemplo, no pueden ser abarcados totalmente por legislación nacional. Si no se ratifica el Convenio, Argentina seguirá quedando fuera de la ayuda internacional que brinda el CMCT a sus miembros.  A su vez, la ratificación facilita que Argentina pueda ingresar a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

[1] Investigación premiada por la Organización Mundial de la Salud realizada por el Instituto de Efectividad Clínica y Sanitaria (IECS), institución académica independiente y sin fines de lucro afiliada a la Facultad de Medicina de la UBA.

[2] Pichon-Riviere A, Bardach A, Augustovski F, Alcaraz A, Reynales-Shigematsu LM, Teixeira Pinto M et al. Impacto económico del tabaquismo en los sistemas de salud de América Latina: un estudio en siete países y su extrapolación a nivel regional. Rev Panam Salud Publica. 2016;40(4):213–21.

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En Argentina crecen los casos en adolescentes entre 15 y 19 años

Tuberculosis:

Este 24 de marzo, es el Día Mundial de la Tuberculosis, con tal motivo, la Tisio-Neumonóloga, Dra. María Cristina Brian, Coordinadora de la Sección Tuberculosis de la Asociación Argentina de Medicina Respiratoria, difundió información sobre la enfermedad y el estado de situación en Argentina.

La tuberculosis continúa siendo una enfermedad con gran incidencia a nivel mundial, lo que la convierte en una de las de mayor morbimortalidad, y la décima causa de defunción, principalmente en las personas VIH/SIDA; mientras en Argentina, crecen los casos en adolescentes entre 15 y 19 años y se estima que un 55% de los casos infantiles están subdiagnosticados y subtratados.

La vulnerabilidad social, el acceso limitado a los servicios de salud, la estigmatización, la falta de un marco sanitario acorde, el hacinamiento en las grandes ciudades y la discriminación, son algunos de los factores -inherentes a la micobacteria- que dan lugar a que esta enfermedad siga generando cada vez más casos.

Cómo se transmite

El bacilo Mycobacterium tuberculosis o Bacilo de Koch (BK) se transmite de persona a persona, no existiendo ningún vector intermedio, como sucede por ejemplo en la enfermedad de Chagas, donde la vinchuca es el trasmisor. El contagio más frecuente se realiza a través de la vía aérea. El enfermo al toser, estornudar, escupir o simplemente hablar, libera al exterior por estos diferentes mecanismos los bacilos, que al estar en el aire y ser aspirados por personas sanas penetran en el organismo pudiéndolos infectar y enfermar.

Cómo se presenta

Si bien es más frecuente en los pulmones, la enfermedad puede presentarse en todo el organismo (cerebro, riñón, huesos, etc). En la tuberculosis pulmonar activa los síntomas son: tos persistente irritativa o productiva, esputo sanguinolento pudiendo tener episodio de hemoptisis (sangre que se expectora), dolor torácico, anemia, falta de apetito, pérdida de peso, cansancio, fiebre y episodios frecuentes de sudoración nocturna.

Estos signos, a veces solapados durante muchos meses, ocasionan demoras en la búsqueda de atención médica y su sospecha. Esto se debe a que puede confundirse con otras enfermedades, lo que aumenta el riesgo de no tener un diagnóstico temprano, facilitando el contagio a otras personas.

Tuberculosis en Argentina

En nuestro país solo durante 2017 se notificaron 11.659 casos en el país (tasa 26,5 casos por cada 100.000 habitantes) y las cifras de pacientes afectados van en aumento.

El grupo etario que mayor crecimiento ha tenido es el de los adolescentes entre 15 y 19 años. Éstos a menudo se presentan con infección tuberculosa, producto generalmente de los múltiples contactos que tienen en su vida de relación social, en su medio ambiente y en las diferentes instituciones educativas a las que concurren. Esto en particular requiere hoy más que nunca un estudio exhaustivo de los contactos de los enfermos con tuberculosis.

Se estima que en nuestro país la TB farmacorresistente más el abandono de los tratamientos y las dificultades socioeconómicas, contribuirán a que esta patología se convierta en poco tiempo en una severa crisis de salud pública. De todas formas, con la introducción de nuevos fármacos y el acortamiento de los tratamientos, crece la esperanza de controlar en un futuro la mayor parte de los casos.

Prevención

La tuberculosis es una enfermedad curable y prevenible. Por otra parte, existiendo un tratamiento gratuito altamente eficaz para prevenir, curar y evitar la mortalidad, resulta esencial fortalecer las acciones para garantizar su efectiva aplicación, especialmente en las áreas y grupos de población más vulnerable.

En 2018 la ONU incorporó el tema de la tuberculosis en su agenda a través de una declaración que advierte que la TB requiere una respuesta amplia, particularmente en el logro de la cobertura sanitaria universal, en la que se aborden los factores socio-ambientales y económicos determinantes de la enfermedad. La Organización se comprometió a trabajar junto a los programas de Control para acelerar colectivamente y con carácter de urgencia sus actividades, inversiones e innovaciones tanto a nivel nacional como mundial, para luchar contra esta enfermedad prevenible y tratable.

Desde la Asociación Argentina de Medicina Respiratoria se busca generar conciencia en la población, promoviendo la prevención de la enfermedad para mejorar el diagnóstico, el tratamiento y curación, para poder entre todos poner fin a la discriminación y al estigma que genera esta patología, impulsando la investigación y la innovación. (InfoGEI)

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Durante el 2018 se cometieron 281 femicidios en todo el país

Según un relevamiento del Defensor del Pueblo de la Nación:

El Observatorio de Femicidios del Defensor del Pueblo de la Nación, en su publicación del informe anual de 2018 durante el período comprendido entre el 1º de enero y el 31 de diciembre, relevó 281 femicidios de los cuales 29 son vinculados y 6 son personas Trans.

El trabajo contiene el total de casos relevados de asesinatos a mujeres (niñas, adolescentes y/o adultas), personas Trans, perpetrados por hombres por razones asociadas con su género, caratuladas como femicidio, muerte dudosa bajo sospecha de femicidio, incluye los casos de femicidios vinculados, todos ellos en un contexto de violencia extrema hacia la mujer.

El 17,4% de las víctimas fueron menores de 18 años; el 28,8% de entre 19 a 30 años, el 31,7% corresponde a víctimas de entre 31 a 50 años y el 21,0% de las víctimas tenía más de 50 años. Dentro del rango de víctimas menores de 18 años, se destacan 27 casos de niñas menores de 12 años.

En cuanto a las víctimas colaterales, 156 niños quedaron sin sus madres, muchos de ellos fueron testigos del femicidio y, en algunos casos, fueron sus propios padres quienes cometieron los crímenes.

Asimismo, se pudo comprobar que 8 mujeres fueron asesinadas estando embarazadas.

Del total de víctimas, 55 mujeres denunciaron previamente a su atacante una o más veces, en algunos casos existía orden de restricción o prohibición de acercamiento del agresor y en 3 casos se le había otorgado un botón anti pánico a la víctima.

La mayor cantidad de casos (77,8%) fueron cometidos por hombres mayores de edad. Sobre la modalidad del hecho: se puede afirmar que el método más empleado por los femicidas fue el uso de armas de fuego en 78 casos, seguido por el apuñalamiento en 64 casos.

De las 281 víctimas, 15 mujeres también fueron violadas durante el ataque y en particular, 2 mujeres fueron violadas hasta la muerte como única modalidad.

La provincia con mayor prevalencia de femicidios fue Buenos Aires con un total de 105 casos en el año. Le siguen las provincias de Córdoba y Santa Fe con 23 casos cada una; Tucumán con 17 casos confirmados, Mendoza con 16 y Chaco con 15.

Cabe resaltar que, en comparación con el año 2017, la provincia de Salta bajó significativamente el número de femicidios, habiéndose registrado 9 casos durante el 2018 y 24 en el año anterior. No obstante, en el resto de las provincias se verificaron un número significativo de casos.

Asimismo, el informe incluye asesinatos de mujeres en los cuales a las víctimas o a los victimarios se los vincula al narcotráfico, según surge de la información obtenida de diversos artículos periodísticos, teniendo en cuenta el Modelo de Protocolo Latinoamericano de Investigación de las Muertes Violentas de Mujeres por Razones de Género (femicidio/feminicidio), elaborado por la Oficina Regional para América Central del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y ONU Mujeres en el año 2014.

La Defensoría del Pueblo de la Nación está analizando realizar las recomendaciones pertinentes entre diversos organismos para que todas las herramientas legales que tiene a su alcance y los compromisos internacionales que ha asumido se puedan cumplir de manera efectiva.