El presidente Alberto Fernández encabezó el viernes último la presentación del Plan Nacional de Acción contra las Violencias por Motivos de Género 2020-2022, junto a la ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta.
Desde la residencia de Olivos, el mandatario afirmó: “Este es un plan ambicioso porque debemos ser ambiciosos si no queremos ver más cómo las mujeres sufren y mueren a manos de los violentos. No podemos mirar impávidos que las mujeres tengan peores condiciones de trabajo que los hombres”.
“Entendamos la importancia de que la igualdad es una práctica y una conducta cotidiana que debemos asumir”, pidió y afirmó que “hay otra cultura que imponer en la sociedad argentina para hablarles a los millones de argentinos que se han sentido marginados y olvidados”.
“Debemos ayudar a un cambio que la sociedad entera debe llevar adelante, porque objetivamente esto nos obliga a reeducarnos como sociedad y a entender todo lo penoso y dañino que ha sido creer que algunos estamos en mejores condiciones que otras”, aseguró.
“Estamos dando un paso de los muchos que hay que dar para que la sociedad cambie definitivamente”, agregó el mandatario.
Asimismo, el jefe de Estado recordó que “ayer se cumplió un nuevo aniversario de la sanción de la ley de Identidad de Género, que fue el comienzo de un tiempo de más igualdad en un país donde la igualdad muchas veces no era la regla”.
Participaron también de la actividad la secretaria de Legal y Técnica, Vilma Ibarra; la secretaria de Políticas contra la Violencia por Razones de Género, Josefina Kelly Neira, y la asesora presidencial, Dora Barrancos.
Por su parte, la ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad agradeció a todos aquellos que participaron de la elaboración del plan y destacó que hubo más de 1.600 propuestas por parte de organizaciones sociales, los ministerios y de organismos de la sociedad civil.
“Este es un plan construido en un tiempo particular e implica más que una hoja de ruta porque el Estado tiene la obligación de dar condiciones subjetivas y materiales para que las personas en situación de violencia puedan ser protegidas”, subrayó Gómez Alcorta.
La asesora presidencial, Dora Barrancos, subrayó “la transversalidad del programa, porque no se puede realizar desde un solo ministerio, sino con la acción conjunta de todo el Gobierno” y enfatizó que “sin prevención no habrá eficacia en ninguna intervención del Estado en asistir y acompañar”.
Se trata de un programa de implementación activa de políticas contra la violencia por motivos de género, que se extiende desde junio de este año hasta junio de 2022, y que incorpora los derechos establecidos en la ley de Identidad de Género.
El plan nacional plantea, además, un cambio de paradigma en relación con el abordaje sobre la materia en la medida en que implicó un proceso participativo y federal para su elaboración, que incluyó la participación de la sociedad civil, organizaciones políticas, comunitarias, sociales y sindicales.
Para eso, se realizaron foros federales presenciales y virtuales, además de audiencias con actores institucionales de los tres poderes del Estado, para poner en debate experiencias en el ámbito de cada organismo y garantizar un tratamiento transversal e interseccional de la problemática.
Durante la actividad, la ministra anunció la implementación de 144 medidas entre las que mencionó la creación del programa Acompañar para la asistencia integral de personas en situación de violencia, y la conformación de 12 centros territoriales de políticas de género en todo el país, que se gestionarán con las provincias y los municipios.
También, informó que se optimizará y modernizará el acceso a la línea telefónica 144, con políticas de difusión e inclusión de recursos humanos para mejorar y ampliar su funcionamiento. Y anunció la creación del Registro Nacional de Promotores y Promotoras de Géneros y Diversidad a nivel comunitario para articular acciones de prevención y asistencia entre el territorio y el Ministerio nacional.
El objetivo del Programa es colaborar en la construcción de una sociedad más justa, igualitaria y con menores niveles de discriminación y violencia contra las mujeres y personas LGBTI+.
El plan «Ideológico»
Se trata de una apuesta histórica que emana del primer Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Argentina. Un plan integral, que se propone abordar de manera participativa, federal, multiagencial, transversal e interseccional una problemática estructural y que requiere del compromiso de todas, todos y todes para construir una sociedad más justa, igualitaria y con menores niveles de discriminación y violencia contra las mujeres y personas LGBTI+.
Tal como establece la Ley 26.485 de Protección Integral de las Mujeres, es competencia del MMGyD elaborar el Plan de Acción Contra las Violencias por Motivos de Género, que en esta oportunidad incluye los períodos junio de 2020 hasta junio del año 2022 ya que el plan anterior, elaborado por el entonces Instituto Nacional de las Mujeres, tuvo vigencia hasta diciembre del 2019.
Razones ideológicas del por qué del Plan:
Porque las violencias por motivos de género son una problemática extendida y estructural que afecta la vida de miles de mujeres y personas LGBTI+ en nuestro país, en la región y en el mundo y exigen la ejecución de políticas públicas que logren prevenirlas y que asistan y protejan a todas aquellas personas que las atraviesan.
Porque los altos índices de femicidios, travesticidios y transfemicidios son inaceptables y requieren respuestas urgentes y estructurales a la vez.
Porque las violencias por motivos de género constituyen violaciones a los derechos humanos de las mujeres y personas LGBTI+ y el Estado debe garantizar la promoción y protección de esos derechos para que se puedan desarrollar proyectos de vida autónomos y libres de violencias.
Porque la actual gestión de gobierno tiene la firme convicción de avanzar de manera inmediata con el compromiso de todo el Estado Nacional en la implementación de políticas activas y efectivas contra las violencias por motivos de género.
EL NUEVO PLAN NACIONAL DE ACCIÓN DEL MMGYD
El nuevo Plan Nacional de Acción , a diferencia de los anteriores, incorpora los derechos establecidos en la ley de identidad de género.
Es el resultado de un proceso participativo que recoge propuestas e ideas de personas de todas las regiones del país, de sectores públicos y de la sociedad civil.
Propone un nuevo paradigma en la forma de concebir, planificar y ejecutar las políticas públicas con enfoque de género y diversidad basado en la transversalidad, para que cada acción de gobierno tenga en cuenta el impacto diferenciado que tiene en las mujeres y personas LGBTI+. El Plan cuenta con más de 100 compromisos de responsabilidad de otros ministerios y agencias del Estado y son el resultado de un proceso de co-construcción y compromiso de todos los organismos en la transversalización de la perspectiva de género.
El nuevo plan implica un cambio de enfoque en el abordaje de las situaciones de violencia por motivos de género: de uno individual y que se sitúa en las situaciones de emergencia a un abordaje integral que busca modificar las condiciones estructurales que sostienen las situaciones de violencia. En ese sentido, se impulsarán políticas públicas que permitan crear condiciones materiales para que las personas y grupos más afectados por las violencias de género puedan desarrollar un proyecto de vida autónomo.
Las políticas del Plan tienen carácter federal y apuesta a construir modelos de gestión integrada y flexible entre Nación, Provincias y Municipios.
Tiene como definición no reproducir esquemas de victimización y revictimización en las intervenciones de las situaciones de violencia.
Promueve el acceso a la justicia como una forma de acceso a derechos, creando y diversificando las bocas de recepción de denuncias de casos de violencias por motivos de género. Se promoverá que se reciban denuncias no solo en oficinas judiciales o policiales sino en otras agencias del Estado para facilitar la posibilidad de denunciar en lugares cercanos, garantizando un trato adecuado y con perspectiva de género.
La gestión de la información en materia de violencias constituye un eje estratégico del plan y pone en el centro de las prioridades la producción de información para la toma de decisiones en la planificación e implementación de políticas públicas.
Reconoce la necesidad de implementar territorialmente las políticas de prevención, asistencia integral y protección de las violencias.
Reconoce a las organizaciones sociales y comunitarias como una parte esencial en el entramado de las políticas públicas.
PRINCIPALES MEDIDAS
Creación del Programa “Acompañar”, de asistencia integral para personas en situación de violencias por motivos de género;
Creación de Centros Territoriales Integrales de políticas de género y diversidad en todo el país;
Creación de la Mesa Interministerial de Abordaje Integral de las Violencias Extremas por Motivos de Género;
Desarrollo de un programa de modernización, optimización y difusión de la Línea144;
Creación de un sistema digital para emergencias en casos de violencias por motivos de género para los gobiernos locales;
Creación del Sistema Integrado de Casos de Violencia por Motivos de Género (SICVG);
Creación del Programa para el Apoyo Económico Urgente y la Asistencia Integral Inmediata para Familiares en casos de Femicidio, Travesticidio y Transfemicidio;
Programa de Apoyo y Fortalecimiento de la Red de Hogares, Refugios y Dispositivos de Protección Integral;
Implementación del Programa Potenciar Trabajo para personas en situación de violencias por motivos de género;
Creación del Programa Nacional de Prevención de las Violencias por Motivos de Género;
Creación del Programa Generar para el fortalecimiento institucional de áreas de género del sector público nacional y subnacional;
Creación del Programa Articular para el apoyo y fortalecimiento de organizaciones sociales y comunitarias de género y diversidad;
Creación del Registro Nacional de Promotorxs Territoriales de Género y Diversidad a Nivel Comunitario;
Relanzamiento del Programa de Escuelas Populares de Género y Diversidad;
Fortalecimiento de los servicios de salud sexual y reproductiva en la atención integral de las personas con derecho a la interrupción legal del embarazo (ILE).
