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La Economía Popular abastecerá comedores escolares bonaerenses

La primera experiencia se realizará a través del Sistema Alimentario Escolar de Ensenada, que adquirirá más de 26 mil kilos de alimentos provenientes de fábricas recuperadas y cooperativas de pequeños productores agropecuarios.

A partir del aislamiento social preventivo y obligatorio que se inició en marzo por la pandemia, la Provincia de Buenos Aires aumentó el presupuesto de asistencia alimentaria escolar en un 137 por ciento. Ante la mayor demanda de alimentos, el sector de la Economía Popular ofrece una alternativa de abastecimiento a precios justos, que permite hacer frente a la especulación y sostiene el trabajo local.

En este contexto, este miércoles 1° de julio se entregaron 26 mil kilos de alimentos (arroz, polenta, arvejas y aceite) al Sistema Alimentario Escolar de Ensenada provenientes de fábricas recuperadas y cooperativas de pequeños productores agropecuarios. Es la primera adquisición que realiza el Estado al sector de la Economía Popular para abastecer comedores escolares, en el marco de una política de compras públicas que se ampliará a otros municipios.

“La Economía Popular es fundamental para pensar una nueva forma de producción y organización del trabajo. En ese sentido, el rol del Estado es muy importante para generar acciones y políticas públicas”, explicó Federico Ugo, Subsecretario de Economía Popular.

Desde el Consejo Provincial de la Economía Popular, Social y Solidaria, la Subsecretaría de Economía Popular del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad conformó mesas de trabajo para impulsar políticas públicas que tomen la agenda del sector. Dentro del espacio de producción y comercialización, propiciar las compras públicas de alimentos es uno de los ejes de gestión.

“Este tipo de iniciativas permiten acceder a mejores precios, ofreciendo alimentos de manera más directa y generando trabajo e ingresos para los y las trabajadoras de la Economía Popular”, opinó Rodolfo Pastore, Director del Departamento de Economía y Administración de la Universidad Nacional de Quilmes, que participó de la articulación de la compra.

De esta primera experiencia de comercialización también formaron parte actores como el Instituto para la Producción Popular (IPP), los espacios de intermediación entre productores y consumidores Todos Comen y Central Cooperativa, que es impulsada por la Universidad Nacional de Quilmes, y la Fundación La Base, que promueve finanzas solidarias a cooperativas.

“Es una muestra no menor de que el vínculo entre la producción cooperativa o familiar y el Estado se puede construir de manera directa, sin apelar a eslabones que no agregan valor pero suman precio”, agrego Enrique Martínez del IPP.

Esta compra al sector se suma al convenio por el cual la cooperativa Les Coopeva de Tandil confeccionó 1230 kits, que serán entregados a personas en situación de calle en la Provincia de Buenos Aires. En total, son 1100 boxers, 130 conjuntos de ropa interior femenina, 1200 bolsas y 1200 toallas, adquiridos desde el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad mediante la Dirección de Atención Inmediata a Familias en Situación de Calle.

Las compras de productos y contrataciones de servicios por parte del Gobierno Provincial a trabajadores y trabajadoras de la Economía Popular ya contaban con experiencias previas como las de las cooperativas que realizan tareas de saneamiento en arroyos, las que construyen viviendas, las que pintan más de 500 escuelas bonaerenses o las compras de alimentos a productores campesinos.

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Berisso Política Tercera Sección

Paulenko y González mantuvieron una reunión a sus medidas electorales con el Instituto de Políticas Públicas

Los profesionales técnicos, docentes y trabajadores militantes afines a las pretenciones de unidad de Alejandro Paulenko y Adriana González se reunieron para llevar adelante la reunión de la mesa técnica en el Instituto de Políticas Públicas (IPP).

El IPP es un ente creado en el 2018 en La Plata entre políticos, empresarios, gremialistas y la UNLP, ligados al peronismo para germinar políticas productivas y que el mismísimo presidente del PJ de Berisso y Secretario General de SUPeH Ensenada, Ramón Garaza preside.

La dupla peronista busca realizar proyectos que permitan desarrollar la ciudad con la participación de todos los sectores de la sociedad, «conteniendo como premisa a las clases más dañadas del entramado social con el fin de dar respuesta a sus necesidades básicas», donde según comentan «trabajaron sobre una serie de propuestas que permitan sacar la ciudad del estancamiento en el que se encuentra».

Según  resaltaron, «profundizaron en las distintas áreas como Trabajo, género, Turismo y deporte, producción, seguridad, salud y educación, el encuentro permitió el avance de ensayos que buscaran a partir de los distintos proyectos, consolidar el desarrollo de la ciudad en la búsqueda de una propuesta que permita la concreción de un municipio autosustentable, a la vez que buscará mediante las propuestas, dar respuesta a la difícil situación socio-económica por la que atraviesa el distrito».

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Berisso Gremiales Institucionales Política Región Capital Servicios Tercera Sección

Paulenko introdujo en el Concejo el pedido de suspención de la audiencia pública ante el tarifazo de gas

En el marco de la audiencia pública del gas realizada el pasado 4 de septiembre el concejal Alejandro Paulenko presentó en el HCD de Berisso un Proyecto de Resolución para solicitarle al intendente Jorge Nedela que se dirija a ENERGAS para requerir la inmediata nulidad de la audiencia pública para el aumento de la tarifa de gas en la provincia de Buenos Aires.

El proyecto surge de una construcción en conjunto con el Instituto de Políticas Públicas para el desarrollo Regional (IPP), luego de una conferencia de prensa en la que participaron Asociaciones de Defensa del Consumidor y la Multisectorial contra el Tarifazo.

Asimismo, los concejales del movimiento obrero, el platense Cristian Vander (Telefónicos) y el ensenadene Fernando Cancellieri (ATE Ensenada), presentaron este proyecto en los órganos deliberativos de sus distritos, dando intervención a los organismos correspondientes.

La medida busca brindar acompañamiento a la presentación realizada por 23 organizaciones de defensa del consumidor que forman parte de la comisión de usuarios de ENERGAS quienes han requerido formalmente la nulidad de la audiencia pública.

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La Plata Política Provincia Región Capital

Un espacio entre peronistas y kirchneristas en La Plata para pensar la unidad contra el neoliberalismo

La nueva organización está conformada por gremios, pymes, Facultades de la UNLP y organizaciones sociales para componer un frente social que nuclée los intereses de estos sectores frente a la destrucción del trabajo por las políticas de Cambiemos.

Con el objeto de conformar un frente social amplio para enfrentar las «políticas neoliberales» de Cambiemos, el peronismo afín al  kirchnerismo  inauguró el Instituto de Políticas Públicas para el desarrollo regional (IPP), una organización conformada por sindicatos, universidades, cámaras empresarias y movimientos sociales con el fin de unir las demandas de esos sectores de la región de La Plata, Berisso, Ensenada, Brandsen, Punta Indio y Magdalena.

La actividad fue en la sede del IPP (4 e/ 57 y 58), organizada por el Frente Gremial Regional. Allí asistieron legisladores, concejales y dirigentes del kirchnerismo y del peronismo local, autoridades de Facultades de la UNLP, miembros de base de gremios y militantes.

El concejal y sindicalista telefónico Cristian Vander afirmó a este medio que “esta iniciativa es para capacitarnos en cuestiones energéticas, económicas, contables”. Y añadió: “Es un espacio de formación para los militantes de las organizaciones sociales y gremiales para trabajar por la unidad de un frente social que le haga fuerza a las políticas neoliberales que implementa el gobierno de turno. Buscamos un acuerdo programático para trabajar en políticas sociales, que es lo que no está pasando en la región”.

Del IPP también participarán Facultades de la UNLP. El exdecano de la Facultad de Ingeniería y vicepresidente del Área Institucional de la UNLP, Marcos Actis, cuestionó la política de importaciones masivas del macrismo y pidió que la nueva organización funcione para “incentivar la producción nacional” y “trazar políticas a favor del entramado productivo”.

Entre los presentes en el acto que se realizó en una carpa blanca sobre calle 4 estuvieron los legisladores bonaerenses Florencia Saintout, Juan Manuel Pignocco y José Ottavis; los concejales Victoria Tolosa Paz, Cristian Vander, Norberto Gómez, Ana Castagneto; los dirigentes del peronismo local Julio Alak, Guillermo Cara, Gabriel Bruera, entre otros; autoridades de distintas Facultades y militantes sociales, estudiantiles y sociales.

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Análisis - Opinión Derechos Humanos Destacadas Institucionales Provincia Salud Sociedad

Adicciones: piden un nuevo marco normativo en la Provincia

“Cifras oficiales indican que en la Provincia una de cada cuatro investigaciones por droga es por tenencia para uso personal”

Así lo afirmó el Defensor del Pueblo Adjunto bonaerense y responsable del Observatorio de Adicciones y Consumos Problemáticos, Walter Martello. Advirtió que en algunos departamentos judiciales del interior de la Provincia el consumo personal representa más del 70% de las Investigaciones Penales Preparator (IPP).

También sostuvo que los últimos informes estadísticos dan cuenta de un aumento en la cantidad de IPP vinculadas a infracciones a la Ley de Estupefacientes Nº 23.737: pasaron de 32.739 en 2012 a 51838 en 2017, lo que representa un incremento del 58%. Asimismo, a nivel país, el número de personas encarceladas por este delito creció un 259% en 10 años.

El responsable del Observatorio de Adicciones remarcó que, en la provincia de Buenos Aires, se debería avanzar en un nuevo marco normativo y analizarse la posible instrumentación de distintas iniciativas recomendadas por organismos internacionales como son los Tribunales de Tratamientos de Drogas (TTD).

Fuente: elaboración propia en base a estadísticas de la Procuración bonaerense

Según las últimas estadísticas del Ministerio Público bonaerense, en 2016 el 24,86% de las investigaciones penales por infracciones a la ley de estupefacientes tuvieron que ver con hechos vinculados a la tenencia para consumo personal, mientras que el 5,84% a la tenencia simple.

Llamativamente, en los departamentos judiciales de Necochea y San Nicolás las investigaciones iniciadas a partir de denuncias por tenencia para consumo personal superan el 70%, mientras en regiones como Azul, Trenque Lauquen y Pergamino están por encima del 40%. “Si bien la incidencia de las causas por consumo personal viene bajando a nivel nacional y provincial, en algunos departamentos judiciales se registran tasas muy elevadas y, en algunos casos, incrementos interanuales llamativos en cuanto a la cantidad de investigaciones penales preparatorias iniciadas por tenencia de estupefacientes para consumo personal”, explicó Martello.

Fuente: “Memoria sobre la desfederalización en materia de Estupefacientes – Año 2016”. Ministerio Público de la Provincia

En cambio, en el fuero federal, las investigaciones que se iniciaron entre 2011 y 2016 en la provincia de Buenos Aires representaron el 39%.

Provincia de Buenos Aires – Fuero Federal

Fuente: Procuraduría de Narcocriminalidad –Ministerio Público Fiscal

 

Se estima que en la Argentina se consumen -en promedio- 13.341 kilos de cocaína y 184.991 kilos de marihuana. Y si bien el aumento de incautaciones registrado fue muy importante en los últimos dos años, no debe perderse de vista el enfoque sobre la demanda.

JOVENES

Contrariamente a lo que se cree, la participación de jóvenes de 16 y 17 años en delitos vinculados a la infracción a ley de estupefacientes representaron solo un 2,59 % del total de la IPP iniciadas en el fuero penal juvenil bonaerense durante el año 2017.

No obstante, se registra que son jóvenes los que colman las cárceles de la Provincia: la mayoría de los presos tienen menos de 30 años y uno de los principales motivos que lo llevan a delinquir está estrechamente relacionado con las adicciones.

Un relevamiento realizado el año pasado por el Ministerio de Justicia de la Nación, en base a una encuesta realizada a más de 1000 presos de hasta 25 años, mostró que el 60% dijo haber estado bajo los efectos de la droga o el alcohol durante su primer delito. Y el 65% afirmó haber cometido un robo intrafamiliar para comprar estupefacientes. La gran mayoría también reconoció que compraba droga con el dinero obtenido en hurtos.

Fuente: Informe sobre Jóvenes, Delitos y Justicia Penal – Ministerio de Justicia de la Nación – Año 2017

MUJERES

El Defensor del Pueblo Adjunto bonaerense también describió la cuestión de género y adicciones.
“Encontramos que, de las 726 las cárceles federales en diciembre del 2015, 444 fueron acusadas por infracciones a la Ley 23.737, es decir, el 61,2% de la población total femenina”, destacó Martello.

Esta tendencia también se registra en el sistema carcelario bonaerense: la infracción a la ley de estupefacientes es el principal delito que lleva al encarcelamiento de mujeres (34% de la causas), seguida por el “robo agravado por uso de armas” (18%) y el homicidio (8%). A su vez, la incidencia de los delitos vinculados con drogas en la población carcelaria femenina es casi cuatro veces superior que la población masculina que está tras las rejas o en prisión domiciliaria: 34% contra 9%. Además, el número registrado en 2017 de mujeres encarceladas por este tipode delitosfue 16% superior respecto a 2016.

Mujeres detenidas en la provincia de Buenos Aires
Año Total Incidencia Infracción a la Ley de Estupefacientes
2017 2578 34 %
2016 2207 33.58 %

“Es indispensable que las adicciones se traten exclusivamente como un tema de salud pública y se activen todos los dispositivos institucionales que existen, los cuales en muchos casos fueron creados por ley”, explicó Martello. Y puso como ejemplo la ley nacional n° 26586, mediante la cual se crea el Programa Nacional de Educación y Prevención sobre las Adicciones y el Consumo Indebido de Drogas.

La ley 26586 contempla:

-Capacitar al personal docente y no docente de cada institución escolar.

-Complementar esta tarea con la difusión de medidas preventivas, que ayuden a orientar comportamientos y evitar situaciones de riesgo, incluyendo la revisión crítica de actitudes dentro del propio sistema educativo

-Promover la vinculación con distintos sectores e instituciones, con el propósito de sensibilizar a la sociedad toda, sobre la necesidad de actuar conjuntamente en la prevención

-Crear un Consejo Consultivo, de carácter federal, en el que se encuentren representados la sociedad civil, credos, centros académicos y expertos de reconocida trayectoria y experiencia en la materia

El Defensor del Pueblo Adjunto consideró que un nuevo marco normativo también debería contemplar otras propuestas que se debaten en la Legislatura como la realización de un relevamiento anual que incluya información fehaciente, y actualizada, sobre el consumo y la comercialización de drogas ilegales en territorio bonaerense.

 

Tribunales de Tratamiento por Drogas: una alternativa contra las adicciones y el delito

Para Martello es indispensable que la Argentina se encamine a un nuevo paradigma en lo que se refiere al combate al narcotráfico, la reducción de la oferta en materia de estupefacientes y la prevención de las adicciones. “El abordaje debe ser integral, enfocado en una perspectiva de la salud y derechos humanos. Debemos ahondar en debates que admitan situar en el centro al individuo, superando definitivamente los enfoques basados exclusivamente en la represión y la prohibición”, explicó.

Como ejemplo a seguir, el Defensor del Pueblo Adjunto consideró que debería analizarse, a modo de prueba piloto, la implementación de los TTD impulsados por la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD), que depende de la OEA.

“Desde el Observatorio el año pasado participamos activamente en la asamblea de la CICAD y también pudimos indagar y analizar in situ cómo funciona el único tribunal de este tipo en la Argentina, en Salta, a través de una audiencia de seguimiento. Pudimos corroborar que las estadísticas de tratamiento diferenciado contribuyen a una menor reincidencia en el delito”, destacó el Defensor del Pueblo Adjunto.

Los TTD son un programa o procedimiento penal alternativo dentro del sistema de justicia, que está dirigido a infractores cuyos delitos están relacionados con su consumo problemático de drogas.

Funcionan en varios países del continente americano. A grades rasgos, presentan las siguientes características: cuando el juez o la jueza de la causa detecta que la persona sometida a un proceso penal por un hecho padece por la dependencia de sustancias psicoactivas, puede ofrecerle que se someta a un tratamiento de recuperación. Según los casos, puede constituir una alternativa de la pena, distinta a la prisión; o incidir directamente en la disminución de la pena aplicable al sujeto que ha prestado su consentimiento para someterse a dicho tratamiento. En caso de incumplir con el proceso de rehabilitación, se reactiva de forma inmediata el proceso judicial.

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Piden la expulsión de Mateo Nicholson tras una escucha por sobreprecios en cocinas para escuelas

El bloque de legisladores del Frente Renovador en la provincia de Buenos Aires le solicitó a la gobernadora María Eugenia Vidal el apartamiento inmediato del funcionario del área educativa -involucrado a través de una escucha telefónica- que pidió inventar un presupuesto. “Queremos saber cómo actuará Vidal ante el primer hecho de corrupción comprobado en su gobierno”, dispararon.

Ante la gravísima denuncia que se difundió durante esta semana en dónde un funcionario del área de Infraestructura del Ministerio de Educación bonaerense es escuchado pidiendo a una colaboradora que “invente” un presupuesto para la construcción de cocinas en las escuelas, el bloque de Sergio Massa presentará este lunes un pedido de informes exhaustivo en ambas cámaras parlamentarias para determinar si realmente se ha hecho una denuncia penal por presunto delito de acción pública y, de ser así, se enuncie en qué Fiscalía se radicó, cuál es el número de I.P.P, que se remita una copia de la misma, si se ha iniciado sumario administrativo, si se dispuso el apartamiento preventivo de los agentes involucrados, y cuál es el número del sumario administrativo.

Además, los presidentes de los bloques, José Luis Pallares y Rubén Eslaiman adelantaron que solicitarán la interpelación del Director General de Educación bonaerense, Gabriel Sánchez Zinny, para que explique lo que es el primer hecho de corrupción de la gestión de Vidal, ya que “nadie podrá negar que la voz es la del funcionario implicado, Mateo Nicholson”.

Por su parte, el vicepresidente de la comisión de Educación, Pablo Garate, cuestionó en duros términos la política educativa del gobierno actual: “Casualmente el área de infraestructura escolar es el lugar donde más déficit tiene la provincia de Buenos Aires, que no viene solamente de esta gestión, sino desde la época de (Daniel) Scioli, y me pongo en la piel de los directores de escuelas y de las cooperadoras que tienen que ver que un funcionario inventa gastos y sus escuelas se caen a pedazos. Eso nos obliga a investigar esta situación y a repudiar esta grave acusación y llevarlas hasta las últimas consecuencias”.

En ese sentido, Rubén Eslaiman, continuó con las críticas y dijo que “la política educativa de este gobierno es igual a la anterior: cierre de escuelas, achique de cursos en escuelas rurales y baja inversión escolar. Mientras tanto, tenemos un funcionario que está pensando en inflar un presupuesto para conseguir dinero”.

Por último, José Luis Pallares, titular del bloque en Senadores sostuvo: “Si esto es efectivamente real , será con seguridad el comienzo del fin de este nuevo relato que es Cambiemos, ahora no solo a nivel nacional sino también provincial”.

 

ATE exige que el gobierno lo aparte

ATE brindó una conferencia de prensa exigiendo que el gobierno bonaerense aparte de su función al director de Infraestructura escolar, Mateo Nicholson. El pedido se da a raíz de la seria sospecha de corrupción que pesa sobre el funcionario a partir de un audio difundido donde manda a inventar los presupuestos” y a “tirar para arriba” los montos de obras proyectadas

La conferencia estuvo encabezada por Oscar de Isasi, secretario general y Carlos Díaz, secretario adjunto. También estuvieron presentes “Churi” Uro, delegada general de la junta interna de delegados de Educación Sede y Diego Makedowsky, trabajador desplazado.

De Isasi exigió “A la gobernadora Vidal y  al director de escuelas Sánchez Zinni que separen a Nicholson de su cargo y el cese de la persecución a delegados y trabajadores en la DPI”

ATE se basa en el audio difundido. “Hay elementos serios en ese audio que probarían un acto de corrupción. Se escucha ahí la necesidad de inventar presupuestos, de inventar el costo de las obras”

“Exigimos que el gobierno bonaerense haga todas las acciones legales que correspondan e informamos que desde ATE estamos haciendo una presentación legal”

“A la vez denunciamos que Nicholson está ejerciendo persecución sobre los trabajadores de la DPI. Entendemos que ambos temas están relacionados. Romper la organización de los trabajadores en el sector es generar las condiciones de impunidad  para poder hacer todo tipo de acciones autoritarias y sin control”.

“Creemos que una política educativa no debe basarse en la corrupción y la persecución sino el dialogo y el consenso”, señaló el dirigente.

Finalmente reiteró el pedido de “reunión urgente con el director de escuelas, Sánchez Zinni, para que nos informe que medidas tomará para que se controle el proceso de la inversión de obra la publica”.

“Churi” Uro, dijo que: “Queremos terminar con cualquier tipo de impunidad en educación. La impunidad dentro de la DPI es moneda corriente. Se persigue a los trabajadores, a los delegados se los maltrata, con sumarios, con traslados”.

“Se tiene que terminar con la hostilidad a los trabajadores. La estamos pasando muy mal. Los aumentos paritarios han sido superados por la inflación, los salarios son bajísimos y los trabajadores tenemos todo el derecho de organizarnos, reclamar, hacer asambleas y paros”

“Exigimos que se separe a Mateo Nicholson”

Diego Makedowsky manifestó queEn el sector de DPI venimos transitando desde hace tiempo una lucha vinculada a todas las reivindicaciones, salarios, condiciones de trabajo, condiciones laborales, y al alto porcentaje de salarios en negro que percibimos”

“Evidentemente los derechos de los trabajadores son un obstáculo para esta política oficial, que pondría en juego ciertos negocios y direccionamiento hacia ciertas empresas”

“El audio es escandaloso. Muestra cuales son las políticas que se están llevando adelante en la dirección de escuelas”

“Necesitamos respuestas políticas. El desplazamiento de Nicholson y todo su gabinete, teniendo en cuenta que fue un funcionario suyo quien realizó una amenaza concreta contra mi persona. También Inventaron un sumario contra tres trabajadores, incluso un delegado, solo por reclamar derechos”

Carlos Díaz, opinó que “Esta situación no es un hecho aislado de la política provincial, desplegada por Vidal y Sánchez Zinni. Son incontables los conflictos si respuestas en educación. Más de  8 mil trabajadores no perciben sus salarios, se dilata la discusión del pase a planta permanente de los precarizados, se dilata la discusión por una bonificación para blanquear salario percibido en negro”

“Se suma a esto la persecución de Nicholson a los trabajadores y trabajadoras al frente de conflictos y asambleas. Exigimos la investigación profunda de este hecho que suma gravedad a la crisis educativa”

 

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Berisso INBOX Institucionales Servicios Sociedad

Berisso presente en el IV Consejo Provincial de Seguridad Pública

Berisso participó del IV Consejo Provincial de Seguridad Pública que tuvo lugar los días lunes 27 y martes 28 en la localidad de General Madariaga.

Encabezado por el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires Cristian Ritondo, y su par de Justicia Gustavo Ferrari, el Consejo tuvo por participantes a intendentes y representantes de distintos municipios del territorio bonaerense, diputados, senadores y funcionarios. En representación de Berisso, asistió el subsecretario de Seguridad Ciudadana Adrián Velázquez.

Durante su disertación, Ritondo determinó los lineamientos del encuentro. “Nos reunimos para debatir sobre los nuevos desafíos vinculados a la seguridad y a la necesidad de capacitación e incorporación de tecnología en la lucha contra el delito. »

En ese sentido, el funcionario provincial remarcó el papel de las nuevas tecnologías que «tienen un rol muy importante en la lucha contra el narcotráfico y las mafias», y se refirió específicamente al próximo Operativo Sol durante el que se pondrá en práctica un modelo ligado a la última tecnología de punta aplicada en seguridad.

Respecto del encuentro, el representante local Adrián Velázquez lo calificó de “muy positivo, puesto que se planteó el trabajo en conjunto, sobre todo de cara a combatir el narcomenudeo que es el pase manual de la droga, la compra y venta callejera”.

En cuanto a las nuevas tecnologías que se implementarán de manera paulatina en los distritos bonaerenses, Velázquez se refirió al “sistema informático integrado por el Ministerio Público, las comisarías, el Ministerio de Seguridad y el Servicio Penitenciario, que permitirá centralizar la información y agilizar la circulación de la misma”.

“El sistema posibilitará que cuando se tome una denuncia en una comisaría, automáticamente ingrese al Ministerio de Seguridad para su incorporación en las estadísticas y al Ministerio Público. Desde allí se devolverá la información con el número del IPP (Instrucción Penal Preparatoria), la Fiscalía y Defensoría intervinientes, hasta que la parte designe un defensor propio” detalló el subsecretario local.

Este sistema de intranet requiere de nuevos equipos que el Ministerio de Seguridad está entregando a las comisarías de los distintos municipios y “se espera que para el año próximo todos estemos conectados”. “Con lo cual tendremos un mejor y más rápido acceso a la información de que dispone el Ministerio Público”.

Por otra parte, Velázquez recordó que está a disposición de los vecinos una herramienta aportada por el Gobierno Provincial que consiste en una aplicación denominada “Seguridad Provincia” para denunciar on line casos de robo, hurto, narcotráfico y corrupción policial.

Disertantes durante el encuentro de Consejo

En el encuentro presentaron sus ponencias el Procurador General de la Provincia, Dr. Julio Conte Grand; el director del ReBA (Registro Provincial para la Comercialización de Bebidas Alcohólicas), Maríin Diago; y el titular de la APreViDe (Agencia de Prevención de la Violencia en el Deporte), Juan Manuel Lugones; quien mostró el trabajo realizado por este organismo en la lucha contra los barrabravas del fútbol.

Además, expusieron el director general de Asuntos Internos, Guillermo Berra; el director de Recursos Informáticos y Comunicaciones, Alberto Crovara (que brindó detalles sobre la novedosa aplicación para realizar denuncias a través del celular); el director provincial para la Gestión de la Seguridad Privada, Raúl Cadelli; y el titular del Registro Provincial de Verificación de Autopartes, Marcelo del Sol.

Por otra parte, las autoridades ministeriales aprovecharon la ocasión para realizar una reunión con intendentes y representantes de los municipios que formarán parte del Operativo Sol 2017/2018, en vistas de comenzar a diseñar estrategias que garanticen la seguridad en el período vacacional.

El Consejo de Seguridad Pública contó a su vez con la presencia del presidente de la Cámara de Diputados de la Provincia, Manuel Mosca; de los diputados Orlando Yans, Rodolfo Iriart y Marcelo Díaz, y de los senadores Jorge D’onofrio, Sergio Berni, Daniel Barrera y Marcelo Pacífico.

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