La designación de Paula Sidoti como escribana General de Gobierno de la provincia de Buenos Aires ha generado un intenso debate en el ámbito político y notarial. La controversia surge a raíz de la falta de matrícula profesional que la habilite para ejercer como escribana, un requisito legal establecido por la ley 10.830. Este artículo examina las implicaciones de esta situación y las reacciones que ha suscitado en diversos sectores.
La Ley y la falta de matrícula
Según el artículo 10, inciso c) de la ley 10.830, quienes ocupen el cargo de escribano General de Gobierno deben ser «escribanos matriculados o colegiados en la provincia de Buenos Aires con desempeño efectivo en el ámbito de la misma». Sin embargo, un informe del canal La Nación+ reveló que Sidoti no figura en la nómina de notarios activos, lo que plantea serias dudas sobre la legalidad de su nombramiento.
La falta de matrícula no solo afecta la legitimidad de su cargo, sino que también pone en riesgo la validez de los documentos y escrituras que ha avalado. En su perfil de LinkedIn, Sidoti menciona su título de abogada y experiencia en derecho administrativo, pero no hace referencia a una matriculación como escribana. Esta omisión ha generado críticas tanto dentro del Colegio de Escribanos como en sectores del oficialismo provincial.
Reacciones en el Colegio de Escribanos
La controversia escaló durante el reciente Congreso de Escribanos celebrado en La Plata a finales del 2024. La comisión directiva del Colegio debatió sobre la posibilidad de invitar a Sidoti al evento, pero su situación irregular generó un intenso cruce de opiniones. Fuentes consultadas por REALPOLITIK indicaron que Sidoti optó por tomarse unas «vacaciones estratégicas» para evitar el escrutinio público.
Desde el Colegio de Escribanos, la postura es clara: “No queremos a una escribana General de Gobierno fuera de la ley”, afirmaron miembros de la institución en off. Esta presión se suma a la de un sector del oficialismo provincial que también está pidiendo la desvinculación de Sidoti para reemplazarla por un profesional idóneo para el cargo.
Argumentos a favor y en contra
Quienes respaldan la continuidad de Sidoti argumentan que existe un «vericueto legal» que justifica su designación. Sin embargo, este planteo parece carecer de sustento frente a la letra clara de la ley 10.830, que exige cumplir con las condiciones específicas para ocupar el puesto. La falta de matrícula no solo es un tema legal, sino que también afecta la percepción de transparencia y legitimidad del gobierno provincial.
El rol de la Escribanía General de Gobierno
La escribanía General de Gobierno es un organismo clave que depende del ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Entre sus múltiples funciones se encuentran la autorización de escrituras públicas, la regularización dominial de interés social, la fiscalización de sorteos y la certificación de firmas en actos jurídicos donde interviene el estado bonaerense. La importancia de este organismo radica en su papel como garante de la seguridad jurídica para los ciudadanos.
El gobernador Axel Kicillof ha destacado públicamente la relevancia de la escribanía como herramienta de seguridad jurídica. Sin embargo, las dudas sobre la legitimidad del nombramiento de Sidoti ponen en entredicho el mensaje de transparencia que intenta proyectar la administración provincial.
La historia de la abogada Paula Sidoti
Paula Sidoti fue designada como la nueva Escribana General de Gobierno en marzo de 2020. Se presenta como una abogada especializada en derecho administrativo, con experiencia en la Escribanía desde 2010. Originaria de La Plata y militante peronista, ha ocupado cargos en la Cancillería y en el Consejo de la Magistratura de la Nación.
Su nombramiento ha sido objeto de críticas, especialmente en un contexto donde la transparencia y la legalidad son fundamentales para la confianza pública. La falta de matrícula profesional no solo afecta su credibilidad, sino que también plantea interrogantes sobre la gestión del gobierno provincial.
Críticas al funcionamiento de la Escribanía General de Gobierno
Paula Sidoti no solo enfrenta cuestionamientos sobre el cumplimiento de los requisitos para ocupar el cargo, sino también una crítica feroz de los usuarios por su funcionamiento cotidiano. Según las reseñas en Google, el organismo acumula comentarios negativos que destacan demoras, ineficiencia, maniobras ilegales y una atención al público catalogada como «vergonzosa». Esta situación ha generado un clima de descontento entre los ciudadanos que requieren servicios notariales.
Denuncias de los usuarios
Entre los comentarios más recurrentes, los usuarios señalan que en el organismo «nunca atienden el teléfono«, lo que dificulta la gestión de trámites básicos. Las largas esperas para obtener escrituras, incluso tras años de finalizados los procedimientos, son una constante en las quejas. Un usuario, Nicolás Arana, resume la frustración generalizada al afirmar: «Hace un año cancelé la hipoteca y todavía no me devuelven la escritura. Llamé diez veces y no atienden nunca». Este tipo de testimonios refleja una falta de atención y respuesta que ha llevado a muchos a cuestionar la eficacia del organismo.
Fernanda Gadea, otra afectada, denuncia que «hace nueve años quiero hacer mi escritura y me mandan a hacerlo por izquierda», lo que pone en tela de juicio la transparencia del organismo. Otros usuarios mencionan que las líneas de contacto no existen o simplemente no funcionan. Mirta Díaz, por su parte, destaca: «Hace un mes intento que me atienda el 0800. Ni por mail responden», mientras que otros directamente acusan al organismo de ser «irrespetuosos y negligentes». Estas quejas no solo evidencian un mal servicio, sino que también alimentan la percepción de que la escribanía no está cumpliendo con su función de manera adecuada.
Sueldo millonario y falta de resultados
Mientras las críticas se acumulan, este medio supo que Sidoti percibe un sueldo superior al del gobernador Axel Kicillof. Según las bases de datos consultadas por REALPOLITIK, Paula Sidoti cobra más de 2.500.000 pesos mensuales a través del ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires, que conduce Juan Martín Mena. Este monto se incrementa a partir de otro ingreso que recibe a raíz de un convenio del Colegio de Escribanos, alcanzando un total superior a los 4 millones de pesos. Esta cifra supera ampliamente el sueldo de Kicillof, que ronda los 3 millones.
La disparidad entre el salario de Sidoti y la calidad del servicio que ofrece ha generado un descontento adicional entre los ciudadanos. Muchos se preguntan cómo es posible que una funcionaria que no cumple con los requisitos legales y que enfrenta tantas críticas por la ineficiencia de su organismo reciba una remuneración tan elevada. Esta situación plantea interrogantes sobre la gestión de recursos públicos y la responsabilidad de los funcionarios en el ejercicio de sus funciones.
Implicaciones legales y éticas
La situación de Sidoti plantea serias implicaciones legales y éticas. La falta de matrícula no solo podría invalidar los documentos que ha firmado, sino que también podría abrir la puerta a cuestionamientos sobre la legalidad de las decisiones tomadas bajo su autoridad. Esto podría tener repercusiones significativas en la administración pública y en la confianza de los ciudadanos en sus instituciones.
La controversia también refleja un problema más amplio en la política argentina, donde la falta de cumplimiento de las normativas puede llevar a situaciones de corrupción y falta de transparencia. La designación de funcionarios sin las credenciales adecuadas puede erosionar la confianza pública y alimentar la percepción de que las normas son eludidas en beneficio de intereses políticos.
La opinión pública y el debate político
La controversia en torno a Paula Sidoti ha captado la atención de la opinión pública y ha generado un debate político significativo. En redes sociales y medios de comunicación, los ciudadanos han expresado su preocupación por la falta de transparencia en la gestión del gobierno provincial. La situación ha sido objeto de análisis en programas de televisión y foros de discusión, donde se cuestiona la idoneidad de los funcionarios públicos y la necesidad de cumplir con los requisitos legales.
Algunos analistas políticos han señalado que la defensa de Sidoti por parte de ciertos sectores del oficialismo podría ser vista como un intento de proteger a un aliado político, en lugar de priorizar la legalidad y la ética en la administración pública. Esta percepción podría tener un impacto negativo en la imagen del gobierno de Kicillof, especialmente en un contexto donde la confianza en las instituciones es crucial.
La [no] respuesta del Gobierno Provincial
Hasta el momento, el gobierno provincial no ha emitido una respuesta oficial sobre la controversia que rodea a Paula Sidoti. Sin embargo, la presión tanto del Colegio de Escribanos como de sectores del oficialismo podría forzar una revisión de su nombramiento. La falta de acción podría interpretarse como una falta de compromiso con la legalidad y la transparencia, lo que podría tener repercusiones en la percepción pública del gobierno.
El gobernador Kicillof, conocido por su enfoque en la justicia social y la transparencia, se enfrenta a un dilema: mantener a Sidoti en su cargo podría ser visto como un acto de complicidad con la irregularidad, mientras que su destitución podría ser interpretada como un reconocimiento de un error en el proceso de nombramiento.
Conclusiones
La controversia en torno a Paula Sidoti y su falta de matrícula profesional plantea serias preguntas sobre la legalidad y la ética en la administración pública de la provincia de Buenos Aires. La situación no solo afecta la credibilidad de Sidoti como escribana General de Gobierno, sino que también pone en entredicho la transparencia del gobierno de Axel Kicillof.
A medida que la presión aumenta, será crucial observar cómo se desarrolla esta situación y si el gobierno provincial tomará medidas para abordar las preocupaciones planteadas por la falta de cumplimiento de la ley. La confianza pública en las instituciones gubernamentales depende de la capacidad de los funcionarios para actuar de manera legal y ética, y la resolución de este caso será un indicador clave de la dirección que tomará la administración provincial en el futuro.
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