La situación actual en la Provincia de Buenos Aires plantea serias preocupaciones sobre la legalidad y la seguridad de los sistemas informáticos que gestionan áreas críticas como la salud y la seguridad. A pesar de que el Estado invierte millones de pesos en salarios adicionales para los profesionales informáticos, se está incumpliendo la Ley 13.016, que exige la actualización de la matrícula de estos trabajadores en el Consejo Profesional de Ciencias Informáticas (CPCIBA). Esta contradicción no solo pone en riesgo la seguridad jurídica de los proyectos tecnológicos, sino que también expone un vacío en la supervisión de roles clave en la administración pública.
Un marco normativo contradictorio
La Ley 10.430, que regula el empleo público en la provincia, establece que la matriculación de los profesionales es un requisito solo al momento de su ingreso. Sin embargo, la Ley 13.016, sancionada posteriormente, exige la verificación anual de la matrícula para que el ejercicio de la profesión sea legal. Expertos consultados afirman que ambas leyes son complementarias: la primera define las condiciones laborales, mientras que la segunda establece requisitos profesionales irrenunciables.
A pesar de esta claridad normativa, la Subsecretaría de Gestión y Empleo Público, bajo la dirección de Paula Verónica Ferraris, ha ignorado la vigencia de la Ley 13.016. Este incumplimiento ha llevado a que al menos 900 empleados provinciales desempeñen funciones técnicas sin garantizar que su matrícula esté actualizada, a pesar de recibir un plus salarial del 65% por su especialización.
La inversión en salarios y el costo de la matriculación
Los sueldos promedios de estos profesionales ascienden a 1,5 millones de pesos, y el plus del 65% representa casi un millón de pesos adicionales al mes. En contraste, el costo anual de la matriculación en el CPCIBA no supera los 200 mil pesos, lo que plantea la pregunta de por qué el Estado no está cumpliendo con esta obligación.
Desde el Consejo Profesional de Ciencias Informáticas han alertado sobre esta problemática durante meses. En diálogo con este medio, confirmaron que han intentado establecer reuniones con la Subsecretaría, pero solo han recibido respuestas que insisten en que la Ley 10.430 no exige la renovación de matrícula. «El Estado no puede invocar una norma general para desconocer una ley específica que él mismo promulgó. Es un sinsentido jurídico», afirmaron desde la entidad profesional.
Riesgos y consecuencias del incumplimiento
Los riesgos derivados de esta omisión son múltiples. En primer lugar, la provincia podría enfrentar multas, tal como establece la Ley 13.016, por emplear a profesionales no habilitados. Además, los proyectos informáticos desarrollados por estos trabajadores podrían ser impugnados, ya que su labor carecería de aval legal. Esto genera un conflicto ético, ya que el Estado bonifica roles que, técnicamente, están siendo ejercidos en una situación irregular.
La falta de voluntad política para resolver este conflicto agrava aún más la situación. Tras los reclamos iniciales del CPCIBA, el diálogo se ha estancado. Fuentes internas del organismo sugieren que existe preocupación por un posible éxodo de profesionales hacia el sector privado, donde la matriculación es un estándar de calidad exigido.
La contradicción en la transformación digital
En un contexto donde la transformación digital es una prioridad para el gobierno provincial, resulta contradictorio que se inviertan recursos millonarios en tecnología, mientras se desestima un requisito básico para asegurar la idoneidad de quienes la implementan. Regularizar esta situación costaría menos que un mes de bonificaciones, pero requeriría que el Estado cumpla las leyes que él mismo creó.
Declaraciones de expertos y autoridades
Expertos en derecho administrativo y representantes del CPCIBA han expresado su preocupación por esta situación. «La falta de cumplimiento de la Ley 13.016 no solo afecta la calidad de los servicios públicos, sino que también pone en riesgo la confianza de la ciudadanía en el Estado», afirmó un abogado especializado en derecho administrativo.
Desde el CPCIBA, su presidente declaró: «Es fundamental que el Estado asuma su responsabilidad y garantice que los profesionales que gestionan los sistemas informáticos estén debidamente habilitados. La seguridad de los ciudadanos y la eficacia de los servicios públicos dependen de ello».
La percepción pública y el impacto en la confianza
La percepción pública sobre la gestión del gobierno provincial se ve afectada por este incumplimiento. La falta de transparencia y la contradicción entre la inversión en tecnología y la falta de cumplimiento de las normativas generan desconfianza entre los ciudadanos. «La gente espera que el Estado actúe con responsabilidad y que los recursos se utilicen de manera eficiente. Cuando se incumplen las leyes, se erosiona la confianza en las instituciones», comentó un analista político.
La necesidad de un cambio
Para abordar esta problemática, es imperativo que el gobierno provincial tome medidas inmediatas. La regularización de la matrícula de los profesionales informáticos no solo es una cuestión de cumplimiento legal, sino también de responsabilidad ética y profesional. La implementación de un sistema de verificación anual de matrículas podría ser una solución viable que garantice que los profesionales que gestionan los sistemas críticos estén debidamente habilitados.
Además, es fundamental que se establezca un canal de comunicación efectivo entre el CPCIBA y la Subsecretaría de Gestión y Empleo Público. La falta de diálogo ha perpetuado esta situación y ha impedido encontrar soluciones que beneficien tanto a los profesionales como a la administración pública.
Conclusiones
La situación actual en la provincia de Buenos Aires es un claro ejemplo de cómo el incumplimiento de las leyes puede tener consecuencias graves en la gestión pública. La inversión en tecnología y en salarios para profesionales informáticos no puede ser vista como un fin en sí mismo, sino como parte de un sistema que debe funcionar de manera integral y legal.
El Estado tiene la responsabilidad de garantizar que los sistemas informáticos que gestionan áreas críticas como la salud y la seguridad estén en manos de profesionales debidamente habilitados. La regularización de la matrícula de estos trabajadores es un paso necesario para asegurar la calidad y la legalidad de los servicios que se brindan a la ciudadanía.
La transformación digital es una oportunidad para mejorar la gestión pública, pero solo si se hace de manera responsable y cumpliendo con las normativas establecidas. La provincia debe actuar con urgencia para resolver esta contradicción y asegurar que sus sistemas informáticos estén en manos de profesionales competentes y legalmente habilitados.
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