Las playas de Berisso, a orillas del Río de la Plata, quedaron sin cobertura de guardavidas el pasado fin de semana y el próximo, tras una medida de fuerza en respuesta a lo que el Sindicato de Guardavidas del Río de La Plata (SiGuR) calificó como «despidos arbitrarios». La comunidad mostró su apoyo a los trabajadores, mientras la situación escaló hasta el Concejo Deliberante, donde se discutieron los motivos y repercusiones de los despidos.
Motivos del conflicto y contexto de los despidos
El paro, acatado al 100%, fue una reacción a la cesantía de tres guardavidas con trayectorias de 17, 15 y 10 años, respectivamente. Los sindicalistas señalan que el municipio, dirigido por el intendente Fabián Cagliardi, violó la Ley Provincial N° 14.798, que asegura la continuidad laboral de una temporada a otra. Según Pablo Olie, secretario general adjunto del SiGuR, la normativa es clara: «El municipio desconoce 15 años de lucha y conquistas. El artículo 18 establece que si un guardavida trabajó la temporada anterior, debe ser llamado nuevamente».
El municipio, por su parte, sostiene que los despidos se debieron a que los trabajadores no aprobaron el examen psicotécnico, algo que el sindicato cuestiona al no haberse presentado los resultados de dichos exámenes. Olie respondió: «La ley obliga a acompañar a estos trabajadores, no a despedirlos».
Reemplazos controvertidos y denuncias de nepotismo
Uno de los puntos que más encendió los ánimos fue el reemplazo de los despedidos por personas presuntamente cercanas a funcionarios municipales. Entre ellos, se destaca la incorporación de Nicolás Marotte, hijo del presidente de la bancada oficialista Gabriel Marotte, sin concurso público ni recurso a la bolsa de trabajo del sindicato. La falta de un proceso transparente intensificó las acusaciones de nepotismo y favoritismo.
Crisis de recursos en Berisso: ¿Realidad o prioridad selectiva?
El intendente Cagliardi se ha mostrado reticente a abordar estas críticas, señalando: «¿Por qué tengo que decir lo que hago con el Municipio?». Esta actitud ha sido percibida como opaca, alimentando la percepción de que el municipio prioriza sus intereses sobre los derechos laborales.
Sesión especial en el Concejo Deliberante: posturas y tensiones
El Concejo Deliberante convocó una sesión especial para tratar el expediente relacionado con los despidos. Asistieron los trabajadores afectados y representantes sindicales. El secretario adjunto Pablo Olie acusó al secretario municipal de Seguridad Ciudadana, Federico Ruiz, de actuar de manera «desleal y arbitraria».
Ariel Monti, otro miembro del sindicato, expresó: «Están jugando con el trabajo de todos nosotros. Están pidiendo un psicotécnico al que ni siquiera se someten ustedes los concejales». Una de las guardavidas despedidas reclamó la falta de transparencia en los exámenes y la negativa del municipio a entregar los resultados.
El concejal opositor Maximiliano Fernández advirtió: «Esto es una cuestión política, no laboral. Si no se resuelve ahora, más trabajadores podrían correr la misma suerte». La crítica se extendió al decreto de despido emitido el 30 de octubre, que Fernández calificó de «mamarracho administrativo».
El presidente del bloque Juntos, Matías Nanni, sumó su voz al afirmar: «El nivel de cinismo manejado en este tema es lamentable. Despidieron a tres trabajadores violando toda normativa, con excusas que no se sostienen».
Movilización y apoyo comunitario
El conflicto no ha pasado desapercibido para la comunidad, que ha mostrado un fuerte apoyo a los guardavidas. El domingo, una caravana recorrió desde el Puente 3 de Abril hasta la avenida 66, sumando la participación de vecinos y activistas. «Los guardavidas son los que cuidan nuestras vidas, incluso bajo el sol y con pocos recursos. No podemos permitir que se les trate de esta manera», expresó uno de los manifestantes.
El papel del oficialismo y respuestas insuficientes
Desde el oficialismo, Gabriel Marotte intentó justificar las acciones municipales con un llamado a la resolución: «Somos el oficialismo y trabajamos para la solución del conflicto». No obstante, la falta de acciones concretas dejó a muchos cuestionando la sinceridad del mensaje.
Mariana Astorga, concejal opositora, remarcó que una de las despedidas era mujer y sindicalista, sugiriendo un sesgo en la medida: «Están persiguiendo la actividad gremial. Esto no tiene justificación». Astorga lamentó también la escasa presencia del movimiento obrero en la defensa de los trabajadores.
El pedido de informes al Ejecutivo y la solicitud de reincorporación de los despedidos fueron aprobados por unanimidad, aunque no sin incidentes. Una de las trabajadoras afectadas se descompensó, generando un breve cuarto intermedio.
Próximos pasos y perspectivas
El sindicato SiGuR ha declarado que se mantendrán en «estado de alerta y asamblea permanente», advirtiendo que nuevas medidas de fuerza podrían aplicarse si no se alcanza una solución satisfactoria. «Defender los derechos de los guardavidas es defender la seguridad de todos», reza la consigna del gremio, que ha hecho un llamado a la solidaridad de la comunidad y por decisión unánime en la asamblea se llevará adelante un paro total en las playas de Berisso, para los días sábado 16 y domingo 17 de noviembre.
El desenlace de este conflicto dependerá en gran parte de la voluntad de diálogo del municipio y la presión que ejerza la sociedad. Hasta el momento, la respuesta de las autoridades ha sido vista como insuficiente, y el ambiente sigue cargado de tensión e incertidumbre.
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