Lo que debería ser la tranquila cadencia de un barrio tradicional de Berisso se ha roto. En el corazón de la calle «Unión», de Villa Porteña, descrito por quienes lo habitan como «un barrio de vecinos, de gente grande», una disputa por ruidos molestos ha escalado hasta convertirse en un complejo conflicto que pone al descubierto la presunta inacción del gobierno municipal y la delicada red de poder que entrelaza la política local con la influyente comunidad evangélica.
Lo que comenzó como un simple pedido de respeto por el descanso se ha transformado en una lucha ciudadana contra un sistema que, según los afectados, parece diseñado para proteger a los poderosos en lugar de garantizar la convivencia pacífica.
El corazón del conflicto se localiza en la calle 153, entre 9 y 10. Allí, un grupo de vecinos ha emprendido una batalla desigual contra la iglesia Auditorio Altar, liderada por el pastor Juan Osman. La denuncia principal se centra en el volumen ensordecedor de los eventos religiosos que se extienden durante jueves, viernes, sábados y domingos, comenzando por la tarde y finalizando pasada la medianoche.
Ante la falta de soluciones, los residentes señalan directamente a la Municipalidad de Berisso, encabezada por el intendente Fabián Cagliardi, a quien acusan de inacción y de sostener un presunto entramado de protección política. La experiencia de los residentes, narrada en primera persona, revela una odisea marcada por la frustración, la intimidación y una creciente desesperación ante la aparente sordera de las autoridades.
La odisea de los vecinos: Entre la intimidación y la desesperación
El testimonio directo de los afectados transforma una queja administrativa en un drama humano que ilustra el impacto tangible del conflicto en la vida cotidiana. Una de las vecinas que ha decidido hablar bajo reserva de su nombre completo, describe una situación insostenible. Los eventos de la iglesia, explica, «arrancan a las 6 de la tarde y terminan como a las 12:30 de la noche». El impacto en la vida familiar es devastador. «No podemos estar en el patio de mi casa porque es como tenerlos acá en la cocina», relata, y añade un detalle elocuente sobre la magnitud del ruido: «El televisor lo tengo que poner a 30 porque no se escucha».
La desesperación ha alcanzado niveles críticos. La frentista narra un episodio que encapsula el agotamiento de la comunidad: «otro día, el sábado pasado, tenía una de mis vecinas que vive exactamente al lado de esta iglesia, que pobre chica, estaba con un ataque de nervios tirándole piedras». Si bien reconoce que «no está bien lo que estaba haciendo», su empatía es total: «pero yo lo entiendo, era insoportable, era insufrible».
Antes de recurrir a las autoridades, los vecinos intentaron la vía del diálogo. Sin embargo, sus peticiones de «buena manera» fueron desestimadas por los responsables de la iglesia. Según el relato de la vecina citada, la respuesta fue tajante: les dijeron que «tienen todo en regla» y que «esto es así y va a seguir siendo este volumen».
La actitud de la iglesia no solo ha sido indiferente, sino que los vecinos la perciben como intimidatoria. Describen la presencia de «una especie de patobicas» que, equipados con «handy», los vigilan, generando un ambiente de hostilidad. Este clima de miedo se ha vuelto un elemento central del conflicto. El propio pastor Juan Osman, lejos de buscar una conciliación, envió una carta documento al intendente acusando a los vecinos de hostigamiento. El temor a represalias es palpable. «Yo tengo una hija adolescente», confiesa la denunciante, «no quiero dar mi nombre porque no sé con qué van a salir».
El conflicto va más allá del ruido. En un episodio que los vecinos citan como prueba de la impunidad con la que actúa la iglesia, se produjo una violación directa a la propiedad privada. «A una vecina mía le abrieron la medianera que da la casa de ella, hicieron una ventana ilegal», cuenta la vecina y agrega que «se puso firme» y logró que la cerraran, pero el incidente dejó una marca indeleble, demostrando que la invasión no es solo acústica, sino también física.
La respuesta institucional: Un laberinto de silencios y vínculos políticos
Frustrados por la falta de diálogo y amedrentados por la actitud de la iglesia, los vecinos dirigieron sus esperanzas hacia el municipio. Sin embargo, allí se encontraron con un laberinto burocrático y una red de vínculos políticos que solo profundizó su desesperación. El procedimiento formal para denunciar se ha convertido en un ritual inútil.
La mujer denunciante describe un mecanismo que se repite cada vez que llaman al Centro de Operaciones y Monitoreo (COM): «Llamamos al COM, mandan a la patrulla municipal y no sé cómo es el mecanismo, pero a los 10 minutos baja la música». El alivio es efímero. Pasado ese breve lapso, el volumen vuelve a subir, en lo que describe como «una guerra» constante. La sospecha de los vecinos es directa y apunta a una complicidad interna: «se ve que el secretario (NdeR: director) de culto lo deben tener ahí adentro».
Ese director Mauricio Giménez, el Director Municipal de Culto, una figura central en esta trama. Según fuentes públicas y la investigación de los propios vecinos, Giménez no es un funcionario neutral; es un influyente pastor referente de la iglesia «Esperanza de Vida» y, más recientemente la iglesia “Más que Vencedores” y que preside el Consejo Pastoral Evangélico de Berisso. Está vinculado políticamente al PJ-kirchnerismo local y asociado gremialmente a la Agrupación 11 de Agosto afín la actual conducción del gremio de SUPeH Ensenada de Nahuel Chancel.
Cuando los vecinos intentaron buscar mediación en la Dirección de Culto, «no nos atendió». En su lugar, fueron recibidos por la esposa del funcionario quien ocupa «un cargo» en dicha dependencia, un gesto que calificaron como «una tomada de pelo» y una confirmación de que no serían tomados en serio.
Al agotar las instancias inferiores, una de las vecinas llevó el reclamo hasta la máxima autoridad: el intendente Fabián Cagliardi. Durante un encuentro casual, le expuso la situación. La respuesta del jefe comunal fue tan breve como desalentadora: «Ah, sí, estoy al tanto». A esta lacónica admisión no le siguió ninguna acción. La evaluación de la vecina es lapidaria: «nada, ni cinco de bolilla».
La presunta inacción de la gestión Cagliardi es vista por los residentes a través del lente de la deuda política. Fuentes de la política local señalan a Mauricio Giménez como el operador clave que «le garantizó el voto de todas las iglesias evangélicas» al intendente en las elecciones de 2019. Esa deuda parece haber sido saldada con el nombramiento de su hombre de confianza, Ángel Gabriel Ocampo, a principio de su mandato en plena pandemia de COVID-19, y luego a mismo Giménez al frente de la oficina encargada de regular a las iglesias como la de Osman. Este caso se inscribe en un posible patrón de conducta.
Años atrás, cuando Giménez enfrentó una «fuerte denuncia« pública por acoso sexual, hostigamiento y amenazas, la municipalidad mantuvo un «absoluto silencio», ya que aparentemente era una «operación» que surgía desde el seno de la anterior conducción del SUPeH Ensenada con Ramón Garaza. Si bien el pastor se defendió públicamente, declarando haber sido «falsamente acusado» y que la justicia determinó su «inocencia», el episodio y la posterior falta de posicionamiento del gobierno local cimentaron la percepción de una alianza impermeable a las controversias.
La denuncia del evangelista pone en evidencia la decadencia del PJ y el gremialismo en Berisso
El camino a seguir: La judicialización como último recurso
Agotadas las vías de diálogo y administrativas, la única alternativa que les queda a los afectados es recurrir a la justicia. La judicialización del conflicto con el lider evangélico Osman se presenta no como una elección, sino como el último recurso ante la ineficacia y el presunto favoritismo del poder político local. Se han organizado como «un grupo grande de vecinos» y están «hablando para hacer una demanda legal con abogados». Ya habían presentado una denuncia formal ante el anterior juez de faltas, el Dr. Troncoso, y ahora deben reiniciar el proceso con la nueva magistrada, María Azúl Lamoglie.
Las exigencias de los vecinos son claras: «que se respete el volumen y los horarios». Como solución alternativa, proponen que la iglesia «acustice la sala». Citan como precedente el club Camoatí, ubicado en la misma zona, que tras los reclamos vecinales «acustizaron el lugar y tienen fiestas y no molestan a nadie». Este caso demuestra que la convivencia es posible si existe la voluntad.
Mientras tanto, el pastor Juan Osman mantiene un perfil público activo. En sus redes sociales y a través de campañas evangelísticas como «Hasta lo último de la Tierra», promueve un mensaje de «esperanza» y exhibe el potente equipo de sonido que utiliza en sus eventos con banda en vivo y deficienta ascutización mediante utilizar aislante aluminio de Eespuma poliuretano suspendido en el techo. Esta imagen contrasta con la angustia que genera en su entorno inmediato. Además, los vecinos han recabado información que sugiere un patrón de conducta reincidente, afirmando que Osman y su congregación ya habrían sido forzados a mudarse de un local anterior en la calle 30 por «muchísimas denuncias» similares.
Este conflicto en el corazón de Berisso trasciende una simple disputa por decibeles. Pone sobre la mesa un dilema fundamental entre la libertad de culto y el derecho a la convivencia pacífica. El caso se ha convertido en una prueba de fuego para las instituciones locales, planteando una pregunta crítica: ¿puede el sistema judicial actuar como un control efectivo sobre una estructura de poder municipal que parece comprometida por sus alianzas políticas? Atrapados entre el ruido ensordecedor y un silencio institucional igualmente abrumador, los vecinos de la vieja calle Unión esperan que la justicia les devuelva la paz que la política les ha negado.
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