El Juzgado de Faltas N° 2 de Berisso emitió el 30 de diciembre de 2025 la Resolución N° 00138/2025 que ordena la clausura preventiva del templo evangélico Auditorio Altar, ubicado en la calle 153 entre 9 y 10 de esa ciudad. La medida, firmada por el Juez Dr. Germán Lorenzi en el marco de la Causa N° 110/2025, se fundamenta en que el establecimiento funciona sin la habilitación municipal correspondiente, violando las Ordenanzas 3902/21 y 1407/90.
La resolución judicial, que instruyó a la Dirección de Control Urbano a ejecutar la clausura con posible auxilio de la fuerza pública, representa el punto culminante de un prolongado conflicto que escaló desde denuncias por ruidos molestos hasta episodios de violencia extrema que incluyeron amenazas de muerte y agresiones físicas contra vecinos, funcionarios públicos y una sargento de policía.
La iglesia, liderada por el pastor Juan Osman, había sido objeto de múltiples inspecciones desde febrero de 2025 debido a las reiteradas quejas vecinales por el volumen excesivo durante los servicios religiosos que se extendían hasta pasada la medianoche los días jueves, viernes, sábados y domingos.
El violento incidente que desató la crisis
El conflicto alcanzó su punto crítico el 1 de noviembre de 2025, cuando una simple solicitud para reducir el ruido derivó en un episodio de violencia descontrolada que involucró a cuatro víctimas, según las denuncias penales radicadas en la Comisaría Primera de Berisso.
La abogada y vecina Lucía Merlano ingresó al templo alrededor de las 15:38 horas para pedir que cerraran la puerta y mitigar el sonido. Según su testimonio oficial, Paula Osman, hija del pastor, se abalanzó sobre ella intentando arrebatarle su teléfono celular mientras profería amenazas. En las declaraciones testimoniales consta que Merlano escuchó frases como «A vos te voy a matar» y «a vos te pagaron para que hagas esto, paga el celular, te voy a matar», según informó El Correo Gráfico.
La sargento Claudia Meza, de la Policía de Berisso, presente en el lugar, también fue víctima de agresión. En su declaración oficial relató haber recibido dos golpes de puño en el rostro y que Paula Osman la tomó de los cabellos, cayendo ambas al suelo. Las amenazas contra la oficial incluyeron: «ya vas a ver negra de mierda, yo te conozco, te voy a matar, dame el celular».
El episodio también involucró a Gabriela Di Lorenzo, entonces Directora de Control Urbano Municipal, quien fue agredida físicamente al intentar intervenir. El vecino Mariano Sanpietro, quien acudió a prestar auxilio, denunció haber sido golpeado y arrastrado del cabello, requiriendo la intervención de una patrulla policial.
Medidas judiciales y restricciones perimetrales
Ante la gravedad de los hechos denunciados, la UFIJ N° 17 dictó una medida cautelar con restricción perimetral para impedir que Juan y Paula Osman se acerquen a las víctimas. Las denuncias penales por lesiones y amenazas fueron formalmente registradas, dando inicio a la investigación penal correspondiente.
Paralelamente, el área de Control Urbano Municipal había labrado múltiples actas de inspección e infracción (N° 1806, 1809, 2101 y 2736) desde febrero de 2025, constatando que los ruidos eran perceptibles a más de 50 metros del local, constituyendo una clara violación a las ordenanzas vigentes. Esta documentación fue incorporada a la Causa N° 29/2025 en el Juzgado de Faltas N° 1, resultando en el Fallo N° 121/2025, que fue apelado por el pastor Osman.
Denuncias de intimidación sistemática
Los vecinos denunciaron que los actos violentos del 1 de noviembre no fueron un hecho aislado, sino parte de una campaña de intimidación sistemática. Tras las primeras quejas por ruidos molestos, un grupo de hombres vestidos con mamelucos blancos de la Empresa AESA, liderados por el propio Juan Osman, recorrieron el barrio golpeando puertas y gritando: «quienes son los que se metieron con el pastor», según testimonios recogidos por El Correo Gráfico.
Entre las amenazas documentadas en las denuncias se encuentran frases como «te tenemos identificada, sabemos quiénes son y te vamos a matar» y «Uds. no saben con quien se están metiendo, la van a pagar». Los residentes afirmaron que estos actos crearon un «clima de terror» en el vecindario.
Renuncia de la directora de Control Urbano
El 16 de noviembre de 2025, dos semanas después de ser agredida, Gabriela Di Lorenzo renunció a su cargo como Directora de Control Urbano. Aunque oficialmente declaró que su dimisión se debía a «diferencias de criterio respecto a una habilitación comercial», el medio El Correo Gráfico señaló que el violento enfrentamiento con la iglesia fue un catalizador de la crisis.
Acusaciones de protección política
Los denunciantes atribuyen la aparente impunidad del pastor a una presunta protección política por parte de la administración del intendente Fabián Cagliardi. La acusación central apunta a que Mauricio Giménez, Director Municipal de Culto y también pastor evangélico, habría garantizado el «voto evangélico» para la candidatura de Cagliardi en 2019, explicando la inacción municipal ante meses de infracciones documentadas.
Las sospechas se profundizan con el dato de que Giménez trabajaba en el polo petroquímico de YPF y estaba vinculado laboralmente con la empresa AESA, la misma cuyos empleados habrían participado en los actos de intimidación, según reportó El Correo Gráfico.
La defensa del pastor Osman
Juan Osman ha rechazado públicamente todas las acusaciones. En una publicación del 22 de diciembre en sus redes sociales, negó «de manera absoluta haber amenazado o agredido a persona alguna». Afirmó que, por el contrario, él y su congregación fueron «víctimas de violencia ya que personas ajenas a nuestra congregación ingresaron al Templo, agrediendo a los presentes», hechos que asegura haber denunciado ante la justicia.
En una publicación anterior del 17 de diciembre, atribuyó el conflicto a una persecución política por «no estar o compartir en la política». Como prueba, citó la suspensión de permisos para eventos evangelísticos en espacios públicos como el Parque Cívico. Sin embargo, la notificación de dicha suspensión fue comunicada por Mauricio Giménez, el mismo funcionario señalado como su presunto protector político.
Acciones del propietario del inmueble
Jorge Drkos, propietario del inmueble donde funciona la iglesia, inició acciones legales para rescindir el contrato de alquiler y denunció formalmente la situación ante el intendente. En una carta dirigida a la autoridad municipal, expresó: «Los vecinos viven con miedo y desesperación quieren recuperar el derecho al descanso y a una vida sin amenazas». Drkos también anunció que elevaría el caso a la Secretaría de Culto de la Nación.
Clausura preventiva: El desenlace judicial
La inspección realizada el 29 de diciembre de 2025 constató que el establecimiento funcionaba sin la habilitación municipal correspondiente, fundamentando la orden de clausura preventiva emitida al día siguiente por el Juzgado de Faltas N° 2. La medida representa un punto de inflexión en un conflicto que ha expuesto las tensiones entre la libertad de culto y los derechos ciudadanos a la paz y la seguridad.
El caso, que involucra violencia documentada contra funcionarios y fuerzas de seguridad, denuncias de intimidación y acusaciones de favoritismo político, plantea interrogantes sobre la igualdad ante la ley en Berisso. La respuesta de las autoridades judiciales y municipales será crucial para determinar si las normativas de convivencia se aplican de manera uniforme a todos los ciudadanos.
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